Axel Kicillof desplegará esta semana una agenda en Chaco, en la provincia de Buenos Aires y en Montevideo (Uruguay) para fortalecer su proyección nacional en medio de la disputa de liderazgos del peronismo hacia 2027. El itinerario combina actos políticos, actividades partidarias y la participación junto a dirigentes progresistas de la región.

La semana inicia para Kicillof en el distrito de Vicente López. Allí, encabezará el lanzamiento del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC). Se trata de un espacio que tiene al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, como presidente. El acto es organizado por el dirigente del distrito del conurbano norte. El objetivo es articular a diferentes sectores de la economía del conocimiento y, en última instancia, acercarlos a la figura de Kicillof y su proyección política electoral. Sujarchuk ya ocupó ese rol a nivel nacional durante la conducción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. En el mes de mayo, el jefe comunal coordinó una reunión entre Kicillof y el empresario Eduardo Constantini, encuentro que llevó adelante en su distrito. De momento, Sujarchuk no aparece en la tira de posibles sucesores a la gobernación dentro del peronismo.

En Chaco, Kicillof, encabezará distintas actividades junto al senador nacional y ex gobernador, Jorge Milton Capitanich. Entre ellas, participará en la asunción de autoridades de la CGT local. También presentará su libro “De Smith a Keynes” en la Universidad Nacional del Nordeste. Este despliegue responde a la intención de fortalecer lazos en el interior del país y proyectar una imagen de alcance federal, en tiempos de disputa interna y en la antesala de una posible competencia presidencial dentro del peronismo. Pese a que diga que no es año de candidaturas, los movimientos que viene dando el gobernador se parecen a los de un candidato.

En el medio, la carrera PBA

En paralelo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), impulsado por Kicillof, realiza plenarios seccionales en la provincia de Buenos Aires. El más reciente tuvo lugar en Ramallo, en la Segunda sección electoral. Ocurrió el sábado pasado y hasta el distrito del norte provincial llegaron ministros, intendentes y entre ellos algunos posibles candidatos a la sucesión bonaerense, como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente de La Plata, Julio Alak y su par de La Matanza, Fernando Espinoza. Los tres, junto a Jorge Ferraresi y Gabriel Katopodis, son quienes el mandatario bonaerense habilitó a recorrer la provincia, pensando en 2027, cuando él no podrá ir por una reelección. La semana pasada, Ferraresi realizó distintas charlas en la Quinta sección electoral: Tandil y Necochea. Estuvo escoltado por el jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

En su entorno, explican que Kicillof “dejará correr” a todos los posibles candidatos a la gobernación. No solo a los propios, sino también a quienes no se encuadran dentro del MDF. La llamada Liga de Intendentes tiene sus nombres —Federico Achával (Pilar), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Otermín (Lomas de Zamora)—; el Frente Renovador apostaría al intendente de San Fernando, Luis Andreotti, mientras que el kirchnerismo guarda sigilo, aunque hubo ciertos movimientos de la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, que fueron en ese sentido.

Actos propios

El sábado 22 finalmente se concretará el lanzamiento del MDF Juventudes. El acto iba a realizarse el 6 de junio, pero fue pospuesto por el fallecimiento del Indio Solari. El gobernador también les había pedido a los referentes de juventud que articulen con otras provincias. Por eso, se espera que el acto del próximo sábado tenga carácter federal.

Las actividades del gobernador bonaerense se dan en un contexto de negociaciones y tensiones dentro del peronismo. La reciente cumbre entre Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner abrió un período de diálogo, pero persisten las incógnitas sobre el armado de una alternativa competitiva para 2027.

Por su parte, la CGT organiza un acto para el 17 de octubre, buscando ganar peso en la mesa política del peronismo y presionar para ser tenida en cuenta en la definición de candidaturas y alianzas; situación que no ocurrió en la cumbre que gobernadores del PJ encabezaron días atrás. Sin embargo, Kicillof prepara un evento propio para esa fecha, en línea con su intención de mostrarse autónomo. Será el sábado 17 en el municipio de La Matanza.

El viernes, Kicillof dejará la gobernación y participará del Tercer Congreso Panamericano en Montevideo, Uruguay. El evento reunirá a cerca de un centenar de referentes progresistas de la región. Entre los invitados figuran la dirigente chilena Jeannette Jara, la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, el expresidente colombiano Ernesto Samper y parlamentarios del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Kicillof formará parte de la delegación argentina junto al diputado nacional y excanciller Jorge Taiana y el representante argentino en el Parlamento del Mercosur, Gabriel Fuks. El congreso abordará temas como integración económica, reindustrialización, soberanía digital, seguridad, multilateralismo y políticas de bienestar, bajo el lema “Solidaridad entre los pueblos. Soberanía entre las naciones”.

El contexto regional, marcado por el avance de gobiernos de derecha, pone en alerta a los sectores progresistas. El evento en Montevideo, se inscribe en ese intento de construir una agenda común ante los desafíos políticos y económicos de la región. Kicillof buscará repetir fotos con líderes regionales. Será, además, en la antesala de la elección de Brasil en la que Lula Da Silva irá por la reelección en un escenario polarizado con el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro; una dinámica que el peronismo sigue de cerca.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, y la CTA Autónoma marcharán este jueves 20 de agosto al Palacio de Hacienda para reclamar soluciones ante el sobreendeudamiento de millones de familias argentinas, en lo que constituye un nuevo mojón conjunto entre las organizaciones sociales y sindicales frente al gobierno de Javier Milei.

La concentración partirá a las 14:00 desde dos puntos centrales: Paseo Colón y Estados Unidos y la intersección entre las avenidas Independencia y Paseo Colón y la Avenida Independencia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250. El reclamo apunta a visibilizar la situación de más de 5,5 millones de familias con créditos impagos o atrasos graves, que en su mayoría contrajeron deudas para cubrir alimentos, medicamentos y servicios básicos.

En el comunicado que convoca a “una masiva movilización”, la UTEP, cuyo secretario general es Alejandro Gramajo, describen: “La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar. La falta de crédito formal empuja a miles de familias a las garras de los usureros para cubrir necesidades básicas como lo es la comida. Por eso movilizamos el próximo 20 de agosto en unidad de lucha al Ministerio de Economía junto con la @cgtok @cta_autonoma @cta”.

El telón de fondo de la protesta es una crisis de morosidad sin precedentes en la historia reciente del país. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares trepó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. En términos absolutos, 5,8 millones de argentinos acumulan atrasos superiores a 90 días, lo que representa un aumento del 132% desde febrero de 2024. La situación es aún más grave en el sector de las fintech y billeteras virtuales, donde la morosidad alcanza al 33% de los deudores, según un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) precisó que la mora bancaria pasó del 2,5% al 12,1% entre noviembre de 2024 y abril de 2026, mientras que en los monederos electrónicos saltó del 7,3% al 29,6% en el mismo período. “Cuando le preguntÁs a una persona que debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”, señaló Hernán Letcher, director del CEPA, en declaraciones al medio español elDiario.es. Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% aún mantiene deudas activas.

Un sondeo de la consultora Management & Fit anticipado por Infobae reveló que más del 50% de las familias argentinas atraviesa dificultades de ingresos que, en más de la mitad de los casos, les impide llegar a fin de mes. El 71,9% de esos hogares recurre a alguna forma de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal. Incluso, desde la Fundación Pensar —el think tank del PRO, aliado del gobierno— se reconoció que las familias no se endeudan para financiar bienes durables o inversiones, sino para cubrir gastos cotidianos de supervivencia.

La frase que encendió la controversia

La movilización tiene un blanco político concreto: la posición del Gobierno nacional, que descartó toda intervención estatal en la crisis. El presidente Milei fue el primero en marcar el tono. El domingo 2 de agosto, durante una entrevista con el periodista Luis Majul en LN+, el mandatario rechazó cualquier asistencia pública a los deudores con una pregunta que se volvió el eje del debate: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”.

Al día siguiente, en diálogo con Radio Mitre, Milei ratificó esa postura y definió la situación como “una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”. El ministro de Economía, Luis Caputo, siguió la misma línea días después, durante una conferencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde descartó medidas extraordinarias y afirmó que se trata de “un tema entre privados”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, cerró el ciclo de declaraciones oficiales el 11 de agosto con un mensaje dirigido a los deudores: “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen”.

Frente a esas declaraciones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a contraatacar el 8 de agosto con un informe titulado “La culpa es de Milei”, en el que su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, expuso que la mora bancaria de las familias se quintuplicó en menos de dos años. “La gente que se está endeudando es porque los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas”, afirmó Kicillof, y rechazó la tesis de la responsabilidad individual al señalar que el fenómeno se extiende en todas las provincias, todas las edades y ambos géneros.

Proyectos legislativos en el Congreso

La crisis también llegó al Congreso de la Nación, donde distintos bloques de la oposición presentaron cerca de una treintena de iniciativas legislativas. Una de las propuestas más concretas, impulsada por los diputados Diego Giuliano y Caren Teep, plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas a través de una línea de crédito de la ANSES, destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas. El proyecto fija créditos de hasta 1,5 millones de pesos, con un costo financiero total limitado a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales, y establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del beneficiario.

Otra iniciativa, con respaldo de legisladores de distintos partidos, contempla una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados, planes de pago extendidos de hasta 60 meses y una tasa preferencial para quienes estén en situación de mora. Algunos proyectos van más lejos y proponen la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE), que permitiría identificar y asistir de forma diferenciada a quienes contrajeron deudas para cubrir alimentación, vivienda, salud, educación y servicios básicos. En el Senado, otra propuesta busca quitas de intereses y planes de pago de hasta 60 meses para familias en mora.

En paralelo a las iniciativas parlamentarias, la Fundación Alameda y más de 40 organizaciones de todo el país lanzaron una campaña de recolección de firmas para exigir que el Congreso trate una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. “¿Por qué esa misma decisión política no puede ponerse al servicio de quienes se endeudaron para comer, pagar el alquiler, comprar medicamentos o evitar que les corten la luz, el gas o el agua?”, planteó Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda y ex legislador porteño.

La UTEP amplía su frente de acción

Para los movimientos sociales y las asociaciones gremiales la marcha del 20 de agosto no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente de un plan de lucha que busca articular a la central obrera con sectores populares para protestar contra las políticas del gobierno libertario. “El 71,9% de esos hogares recurre a alguna forma de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal.”

Después de la acción del jueves, la UTEP continuarán su plan de movilizaciones con una concentración cuando delibere el Consejo del Salario Mínimo —aún sin fecha confirmada—, una participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria el 2 de septiembre y acciones de acompañamiento a la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre próximo, ocasión en la que UTEP y la CGT convocarán a sumarse a la misa que se oficiará en Luján y buscará una audiencia privada con el sucesor de Jorge Bergoglio, el impulso de la lucha por “las tres T”, tierra, techo y trabajo.

El reencuentro entre Mauricio Macri y Karina Milei volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo político entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2027. La legisladora porteña Laura Alonso, referente del espacio macrista, respaldó ese camino y afirmó que el PRO “acompaña el cambio que está llevando adelante la Argentina”, aunque marcó diferencias conceptuales concretas con el gobierno de Javier Milei.

En declaraciones al programa A confesión de parte, conducido por Romina Manguel en Radio Splendid, Alonso fue enfática en que el diálogo entre ambas fuerzas no implica una fusión ni una subordinación del PRO al espacio libertario. “Nosotros estamos trabajando todo este año para fortalecer nuestro partido”, dijo, y recordó que Macri inició en marzo una serie de giras bajo el nombre “El próximo paso”, con el objetivo de proyectar al PRO como fuerza autónoma con agenda propia.

La legisladora trazó una distinción que considera central entre las dos fuerzas: mientras Milei responde a la escuela austríaca de economía con una visión marcadamente antiestatal, el PRO se define como un partido de gestión, planificación e instituciones. “Ninguna sociedad funciona sin Estado, porque básicamente el Estado es la construcción colectiva”, sostuvo Alonso, y añadió que el partido amarillo cree en el rol del Estado en educación, salud e infraestructura, a diferencia del libertarismo, que lo considera prescindible en esas áreas.

En esa línea, comparó los perfiles de ambos líderes: Milei como economista de formación teórica e ideológica, y Macri como ingeniero con “una mirada de la construcción, de la planificación, del cemento, de las bases”. Esa diferencia de origen, sostuvo, define modos distintos de entender la transformación del Estado: el PRO apunta a reformarlo y hacerlo eficiente; el libertarismo, a reducirlo.

El punto de encuentro entre ambas fuerzas, según Alonso, es el rechazo al populismo y el sostenimiento del equilibrio fiscal. “El cambio es salir del populismo. El cambio es decir que vamos a respetar el equilibrio fiscal como respetamos a la Constitución Nacional”, afirmó. Desde esa base compartida, el PRO se posiciona como aliado del gobierno nacional, pero con capacidad de levantar, en sus palabras, “una tarjeta amarilla” cuando considera que algo no funciona bien.

Esa tensión entre apoyo y diferenciación quedó expuesta en el debate sobre el costo social del ajuste. Alonso reconoció que millones de familias se endeudaron para pagar comida y medicamentos, y que el impacto cotidiano del programa económico es real. Frente a las declaraciones de Milei, quien calificó el endeudamiento de los particulares como “un problema entre privados”, la legisladora optó por otro enfoque: “Hay dosis de la medicación”, señaló, al reclamar que el gobierno modere el ritmo del ajuste sin abandonar el rumbo. Como ejemplo de política concreta, mencionó una ley aprobada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que habilita al Banco Ciudad a refinanciar deudas con tarjetas de crédito para familias en dificultades.

La dirigente también salió al cruce de quienes cuestionan la viabilidad del PRO como segunda marca frente a LLA. “¿Para qué voy a comprar PRO si tengo a La Libertad Avanza, que está en el gobierno?”, planteó como pregunta de la ciudadanía, para responderla con la gestión de la Ciudad como argumento: “La ciudad, con equilibrio fiscal, no dejó de prestar ningún servicio ni dejó de hacer ninguna obra”.

Respecto al escenario opositor, Alonso fue taxativa. La reunión que juntó a Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa la llamó “el tren fantasma” y los señaló como exponentes del populismo inflacionario y la corrupción. Recordó el desempeño de Kicillof como ministro de Economía de Cristina Kirchner y el de Massa al frente del Palacio de Hacienda, cuando la inflación mensual rozó el 40%. Ese escenario, dijo, refuerza la necesidad de consolidar “el polo no populista antikircherista”.

Sobre el federalismo y la gestión bonaerense, Alonso reclamó avanzar en la autonomía de los municipios de la provincia de Buenos Aires y criticó la concentración de decisiones en La Plata. “La Plata como nudo político no sirve para nada”, afirmó, y elogió a intendentes como Soledad Martínez en Vicente López y Ramón Lanús en San Isidro, quienes, según dijo, se hacen cargo de funciones que el gobierno provincial abandona. Cerró con un llamado a una reforma impositiva coordinada entre los tres niveles del Estado, para evitar que la baja de cargas en un nivel sea compensada por suba en otro: “Cuando baja esto, nadie se tiene que hacer el vivo en alguna provincia de por ahí que lo sube”, advirtió.