Los intendentes de la provincia de Buenos Aires deberán limitar el uso de un fondo proveniente del endeudamiento a conseguir por el gobernador Axel Kicillof y destinar el 30% de esos recursos a obras, programas del Ministerio de Transporte o del Instituto Cultural. Es que finalmente, el plan para que tengan la potestad de usar el 100% de dichos fondos de la manera que consideren más apropiada naugrafó.

Este jueves, y luego de varias idas y vueltas, la Cámara de Diputados prácticamente dio por cerrado el tema cuando volvió a posponer por segundo día consecutivo la reunión de comisión de Presupuesto en la que se iba a abordar el pedido de los jefes comunales.

En el Ejecutivo leen que con estos movimientos se encubre una estrategia de un sector del peronismo en acuerdo con la oposición para intervenir sobre los fondos en cuestión, dado que los proyectos que se imponían le daban a una comisión bicameral la facultad de autorizar los pagos; mientras que desde la UCR y el PRO le achacan al gobierno de Kicillof que nuevamente “no cumple los acuerdos en los que se embarca” y, a la par, se preparan para acorralar al titular de IOMA, Homero Giles con una sesión especial que será el próximo lunes, ante las reiteradas críticas por el funcionamiento de la obra social del Estado provincial.

Finalmente, la comisión de Presupuesto que se iba a reunir este jueves volvió a suspender su encuentro, tal como sucedió el miércoles. Allí había un solo tema a tratar en el orden del día: un proyecto de ley del diputado del bloque UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena, que modificaba la ley de endeudamiento aprobada a fin de año en ambas cámaras y le daba a la comisión bicameral, creada en el marco del seguimiento de la deuda, la potestad de intervenir sobre el pago de los fondos a los distritos, además de -lo más crucial para los intendentes- la libre disponibilidad de los mismos. Es decir, que los intendentes puedan usarla para lo que necesiten. Es que la actual normativa establece que el 70% del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal -el creado en el marco de la autorización de deuda- se distribuya de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante sea a través de programas provinciales de los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos y Transporte y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Modificar este punto es lo que, desde hace algunos meses, los intendentes vienen pidiendo cambiar.

Entonces se fueron presentando proyectos de ley en esa dirección. Además del de Garciarena, el otro bloque del radicalismo también elevó una iniciativa y el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich otra. En tanto que en Fuerza Patria, según pudo saber Infobae, también trabajaban sobre un anteproyecto en caso de ser necesario.

La proliferación de iniciativas fue el argumento que caló para que el miércoles la comisión no se reúna. “Tenemos que acordar un proyecto unificado”, planteó un legislador oficialista. Este jueves, donde tampoco hubo reunión de comisión, el argumento que emanó desde autoridades de la comisión es que 113 distritos ya iniciaron el proceso administrativo para destinar ese 30% de fondos -que no son de libre disponibilidad- a la ejecución de obras, mientras que otros dos lo usarán para programas del Instituto Cultural.

La facultad de la comisión bicameral que se planteó en el proyecto de endeudamiento es el foco de conflicto. En la oposición recuerdan que el Ejecutivo “no contemplaba siquiera la creación de una bicameral para controlar la toma de deuda, ni cómo repartir los fondos que le iban a llegar a los municipios”, aportó un diputado PRO ante la consulta de este medio.

El Ejecutivo mira los movimientos legislativos y vuelve a poner la lupa sobre sus socios del peronismo, además de la esperable reacción de la oposición. “Nosotros no tenemos problemas con que los fondos sean de libre disponibilidad, pero lo van a tener que tratar porque los intendentes están a la espera”, plantean cerca de Kicillof ante la consulta de este medio. Este lunes, lo propio había dicho el ministro de Gobierno Carlos Bianco, asegurando que la distribución de los fondos en disputa debería ser toda por CUD.

Entonces, ante este posicionamiento, en la oposición remarcan que “Kicillof no cumple los acuerdos”, porque “esto que estamos debatiendo ahora se había planteado cuando definimos el endeudamiento”, aseguró un integrante de la comisión de Presupuesto por la oposición.

“Acordamos que sea así. En ese momento, por la interna que tiene adentro del peronismo, se definió que el 30% los fondos se usen a través de los ministerios, uno por cada sector. Entonces, si vamos a rediscutir los términos, pongamos a debatir todos los proyectos que hay”, aseguran en el PRO que tiene su propia propuesta, que es que sea de libre disponibilidad, mediante CUD, definiéndose además por los ingresos de los distritos y autorizados por la comisión bicameral. Un diputado de ese espacio remató: “Esto es por culpa del gobernador. Es para dilatar el pago”. Al 31 de agosto se debería ejecutar la segunda transferencia estipulada de hasta $50 mil millones de pesos.

IOMA, próxima parada

En tanto que el próximo lunes se convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados bonaerense pedida por la oposición. El objetivo es discutir los proyectos de ley referidos al funcionamiento de IOMA. Los bloques de La Libertad Avanza, los dos de la UCR, el PRO, Espacio Abierto-Hechos, Coalición Cívica y Unión y Libertad presentaron el 1 de junio un pedido de una sesión especial. Reúnen la cantidad necesaria de firmas y ahora deberán juntar el quórum de la mitad más uno (47 diputados sentados en sus bancas).

Hay un listado de proyectos alusivos al desempeño de la Obra Social del Estado bonaerense. Desde pedidos de informes por las deudas que acarrea con los municipios, un proyecto para crear una comisión bicameral para monitorear el funcionamiento del IOMA hasta el pedido de interpelación a su presidente, Homero Giles, entre varios otros. Incluso la autarquía del IOMA.

El encuentro, de concretarse, será el lunes a las 13 horas. Sin embargo, existe la posibilidad de que dicha sesión especial se caiga. Según supo este medio, hay conversaciones para que Giles asista a una reunión de carácter informativo y más reducida, es decir, con algunos representantes de los bloques, para así hacer caer una sesión donde la oposición juntaría el número para aprobar todos los proyectos de ley que impulsan.

Mauricio Macri se refirió este jueves a la polémica en torno a los pliegos judiciales que se trataron hoy en el Senado, y celebró la aprobación de la totalidad, incluido el de Verónica Michelli, la candidata a jueza que el presidente Javier Milei quiso vetar. “Tienen un rol clave para generar confianza, porque respetan la Constitución Nacional y dentro de eso los derechos de propiedad”, afirmó el exmandatario.

El líder del PRO sostuvo que el nombramiento de magistrados debe estar guiado por criterios institucionales y no por afinidades personales. “Tenemos que nombrar los mejores jueces y estar seguros de que no necesitamos ser amigos de ninguno, porque cada uno tiene bien claro qué dice la Constitución y la va a hacer respetar”, sostuvo al ingresar a la Legislatura porteña, donde fue homenajeado por haber participado del °76 campeonato sudamericano de Bridge, una iniciativa del legislador radical Francisco Loupias, que responde a Daniel “Tano” Angelici.

Al acto asistieron, entre otros, los legisladores Waldo Wolff, Laura Alonso, Gimena Villafruela, Rocío Figueroa, Pablo Donati, Patricia Inés Glize, Aldana Belén Crucitta, Silvia Lospennato e Ignacio José Parera. También el Secretario Administrativo, Christian Gribaudo. El que no concurrió fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La sesión que se desarrolló esta tarde en el Senado dio a entrever cómo las descoordinaciones entre diferentes facciones del oficialismo terminan produciendo dinámicas políticas indeseadas en momentos clave.

El bloque de La Libertad Avanza había acordado con la oposición ayer en la reunión de Labor Parlamentaria que este jueves se debatieran en el recinto diferentes iniciativas como la aprobación de 50 pliegos de jueces y fiscales, así como el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Lo curioso es que cuando se tenía amplia expectativa sobre la media sanción de esta última, el oficialismo terminó pidiendo el aplazamiento del mismo en el medio de la sesión.

El proyecto que fue diseñado por el ministro Federico Sturzenegger tuvo una ardua discusión en las comisiones del Senado. Esta implicó cambios en decenas de artículos, dejando como esencia una iniciativa que modifica el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo, la ley de tierras rurales y la normativa sobre manejo del fuego.

Vale la pena recapitular. El bloque libertario, que es presidido por Patricia Bullrich, venía de días de tensión mediática producto de que su jefa de bancada se había opuesto públicamente a rechazar el pliego de María Verónica Michelli como jueza federal, algo que habían solicitado los hermanos Milei producto de que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien hizo coberturas extendidas en causas que compromenten al oficialismo como $LIBRA. Su pliego tenía casi todas las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para poder tratarse fácilmente en el recinto.

En paralelo, había otras 73 nominaciones provenientes del Poder Ejecutivo que estaban en condiciones de pasar al recinto. Bullrich y los jefes de bloque de la oposición acordaron ayer no tratar el de Michelli, hacerlo la semana próxima y que se avance con una primera tanda de 50 concursos en la sesión de este jueves. En el transcurso entre Labor Parlamentaria y el inicio de la sesión no se logró dar con un criterio claro que estableciera quiénes de los 73 eran pasibles de integrar esa primera tanda. Es ahí donde comienzan los cortocircuitos al interior del oficialismo.

“Es completamente discrecional que haya 50 y no todos”, afirmaron en el karinismo. ¿Por qué el oficialismo aplazó su tratamiento si es que contaba con los votos? Al menos dos importantes fuentes del Gobierno reconocen que se debió a una negociación a último momento con la oposición por los pliegos judiciales.

En la lista preliminar que se sugirió para la sesión de este jueves no estaban dos nombres sugerentes. Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, quien tiene terminales políticas con el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Asimismo, tampoco figuraba la candidata Yamile Susana Bernan, quien es esposa de Diego Guerendiain, mano derecha y primer jefe de Gabinete que tuvo el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Quienes conocen los posicionamientos del karinismo sobre la política judicial acusan de al ala del asesor presidencial Santiago Caputo por haber tenido intenciones de que no fueran incluidos en la convocatoria de esta sesión. Algo que es rechazado de manera tajante por el sector aludido: “Nos operan porque tienen que justificar sus manejos”.

Esta mañana, los operadores judiciales del karinismo comenzaron a activar contactos con diferentes actores políticos de la oposición como para presionar a que se trataran la totalidad de los pliegos, entre ellos el de Rosatti. Media hora antes de que iniciara, Bullrich había ampliado el listado en dos oportunidades distintas: primero fue de 50, luego se pasó a 53 y más tarde se terminó en el número final de 73 candidaturas. El único que no estaba era el de Michelli.

Tras una tensa discusión en el medio del recinto, Bullrich tuvo que llamar a un largo cuarto intermedio para evitar que la sesión se le desmadrara. La pausa y la reunión con los referentes del recinto se extendió por más de una hora. Desde ese momento diferentes fuentes legislativas decían por lo bajo que corría peligro el proyecto desregulador que había pedido Milei.

El saldo final de la negociación fue la siguiente, según indicó una importante fuente del Gobierno: “El kirchnerismo y varios de la oposición vieron la desesperación del oficialismo y les dijeron que iban a aprestarse a votar solo si incluían sobre tablas el pliego de Michelli y daban de baja la discusión del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Finalmente aceptaron”.

Una vez que se reanudó la sesión y se votaron todos los pliegos, el senador de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Agustín Coto, solicitó que el proyecto desregulador volviera a comisión, lo cual aplazará su discusión sin nueva fecha aparente.

Ahí es donde emergen las críticas de otros sectores del Gobierno hacia quienes manejan la política judicial del oficialismo. “Entregaron una proyecto que había costado mucho negociar y que era importante para Milei solo para apurar un par de pliegos”, esgrimen. Ahora mismo no hay prevista una fecha clara para volver a discutir esa normativa. En el karinismo se atajan diciendo que puede ser la semana que viene, pero la cercanía del Mundial de Fútbol implicará una baja significativa en la dinámica legislativa.

El episodio expone que la supuesta concertación que buscaron comunicar Karina Milei y Patricia Bullrich no se traduce al plano de lo real. En el entorno de la hermana presidencial acusaron a la senadora de haber realizado la primera selección de los 50 pliegos “porque quieren que la inviten a negociar los asuntos judiciales”. En cambio, quienes están con la jefa de bloque de La Libertad Avanza apuntan a la “desprolijidad” con la que se manejó el Ejecutivo en la administración de pliegos como el de Michelli.

La positiva noticia de que el Poder Judicial volverá a llenar vacantes judiciales después de cinco años de sequía terminó viéndose empañada por las desconexiones entre distintas huestes del oficialismo. En tanto, el presidente Javier Milei no tiene previsto convalidar la promoción de Michelli como jueza y está decidido que enviará una nueva candidatura en las próximas semanas, tal y como hizo con Juan Manuel Yalj a comienzos de 2012. La historia no es la misma, pero rima.