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Jubilados: Tras una protesta pacífica, hubo momentos de tensión con mnanifestantes encapuchados

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Jubilados y otros manifestantes se acercaron esta tarde masivamente a la plaza del Congreso, donde se desplegó un importante operativo de seguridad. Hasta el momento, no se produjeron incidentes y la marcha transcurría de forma pacífica.

Desde las cuatro de la tarde se desplegó una fila de policías detrás de las vallas que separan el Congreso de los manifestantes, que aguardan tranquilamente. Los policías motorizados están junto a un camión de hidrante.

Hacia las cinco de la tarde, se escuchan los primeros estruendos pero son petardos que explotan en el aire lanzados por los manifestantes. A esta altura sigue llegando más gente, que marcha lenta y pacíficamente. La totalidad de la plaza del Congreso está siendo ocupada por distintos sectores entre jubilados, autoconvocados, agrupaciones estudiantiles, docentes, gremios, entre otros. No ocurre ningún disturbio, no se siente una atmósfera de tensión.

Según se anunció, el presidente Javier Milei, que suspendió su viaje a Israel, monitorea desde Casa Rosada los hechos. Con el fotoperiodista Pablo Grillo internado en el Hospital Ramos Mejía a raíz de una herida de gravedad producto del impacto un gas lacrimógeno lanzado por un gendarme, el Gobierno busca evitar los enfrentamientos y limitarse a “mantener el orden público”.

Pasado el mediodía, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encargada del diseño del despliegue policial visitó el despacho de la secretaria genera de la Presidencia, Karina Milei. En paralelo, Casa Militar desplegaba un vallado a la altura de calle Reconquista para blindar el acceso a los manifestantes que, el pasado miércoles, arrojaron piedras al Palacio de Gobierno.

“Marcha o violencia: no es lo mismo. Alterar el orden público y la vida democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse. Las Fuerzas actuarán”, definió la funcionaria a través de sus redes sociales.

En el Poder Ejecutivo atribuyen la convocatoria a la izquierda y al kirchnerismo, y dan por descartada la presencia de barras bravas, pero insisten con que se trata de una “una marcha política” que apunta a “desestabilizar”.

Bajo esa premisa es que utilizaron el sistema de comunicación de las estaciones de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para emitir mensajes disuasivos a los manifestantes. En las pantallas y altavoces de las terminales se proyectó la advertencia: “La policía va a reprimir todo atentado contra la República”.

En paralelo, 900 policías se encuentran apostados en los alrededores del Parlamento, en un operativo conjunto con fuerzas federales. Además, se retiraron 350 contenedores de residuos en la zona para evitar que sean utilizados en posibles enfrentamientos.

Sin embargo, y pese a que aseguran no detectar diferencias con la movilización del pasado miércoles, el Ministerio de Seguridad dispuso de un protocolo particular que consiste en el despliegue de un extenso vallado que blinda los principales accesos al Congreso.

El trazado de la “zona estéril” apuesta a evitar que las fuerzas de seguridad establezcan contacto con los manifestantes, y a concentrar la protesta en la plaza para que las calles y avenidas no estén afectadas, aunque para instrumentarlo, la cartera debió interrumpir la circulación.

El operativo fue coordinado el pasado martes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, su segundo, Diego Kravetz; el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta; en el despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció por su canales oficiales que “premiará” con una recompensa de $10 millones “destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025”. (DIB)

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Fentanilo contaminado: ordenaron nuevos allanamientos para calcular embargos millonarios en la causa por 111 muertes

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El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó nuevos allanamientos en los laboratorios vinculados a la producción del fentanilo contaminado de HLB Pharma, en una causa que ya investiga la muerte de 111 pacientes. Los procedimientos se realizaron en las plantas productoras Ramallo SA, ubicada en esa localidad bonaerense, y HLB Pharma Group SA, que operaba en el municipio de San Isidro. Según pudo reconstruir de manera exclusiva Infobae, la medida judicial —llevada adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina— tuvo como objetivo identificar cada una de las máquinas y avanzar en su valuación para “precisar el embargo” que el magistrado impondrá a los 14 imputados que tiene la causa.

La medida será definida luego de las nuevas declaraciones indagatorias que comenzarán a tomarse a partir de abril. En una primera etapa, los sospechosos habían sido interrogados por 20 muertes, pero la magnitud de la tragedia sanitaria llevó a sumar 91 víctimas fatales más, además de 49 sobrevivientes con secuelas y nuevas pruebas incorporadas al expediente.

En todos los casos, Kreplak los consideró “prima facie” responsables de los delitos de “adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas con resultado de muerte, en al menos 20 casos”, una figura penal que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión.

Las imágenes exclusivas que reproduce este medio fueron grabadas por las cámaras de seguridad ubicadas en el ingreso de las dos plantas de producción. Allí se observa a la comisión judicial en el ingreso y salida de los laboratorios responsables de elaborar el medicamente adulterado con bacterias resistentes a antibióticos.

Según consta en el expediente, el principal señalado es el empresario Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Ramallo. Entre los otros 13 procesados figuran su madre, Nilda Furfaro, integrante del directorio, y su hermano, Diego García, también directivo de los laboratorios.

La nómina incluye además a directores técnicos y responsables del control de calidad, es decir, los encargados de supervisar los medicamentos producidos en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El juez federal ya dispuso un embargo récord de un billón de pesos sobre García Furfaro como garantía ante eventuales responsabilidades civiles y penales.

En su primera resolución, de 401 fojas, Kreplak analizó el rol de cada integrante de la cadena de producción y control del medicamento adulterado, que estaba contaminado con bacterias multirresistentes. Según los peritajes del Cuerpo Médico Forense, estos microorganismos provocaron la muerte de pacientes o aceleraron su fallecimiento tras la administración del potente anestésico.

Los embargos millonarios

El magistrado también dispuso los siguientes embargos:

  • Diego Hernán García: $500.000.000.000
  • Nilda Furfaro: $500.000.000.000
  • Javier Martín Tchukrán: $500.000.000.000
  • Damián Roberto García: $500.000.000.000
  • Carolina Ansaldi: $100.000.000.000
  • José Antonio Maiorano: $100.000.000.000
  • Adriana Iúdica: $100.000.000.000
  • Wilson Daniel Pons: $50.000.000.000
  • María Victoria García: $50.000.000.000
  • Edgardo Gerardo Antonio Sclafani: $50.000.000.000
  • Eduardo Darchuk: $50.000.000.000
  • Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar: $10.000.000.000
  • Rocío del Cielo Garay: $10.000.000.000

Tras las nuevas indagatorias, Kreplak deberá definir si mantiene, aumenta o reduce estas cifras en los próximos procesamientos.

El mayor desastre sanitario reciente

La tragedia ya es señalada como el mayor desastre sanitario de la historia argentina reciente, y se la ubica en el mismo nivel de impacto que episodios como el Tragedia de Once y el incendio del boliche Tragedia de Cromañón.

La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 e investiga la presunta muerte de 111 pacientes y la afectación de otros 49 sobrevivientes por la aplicación de ampollas de fentanilo contaminadas.

El caso se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta sanitaria y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.

La investigación incluyó estudios del Instituto Malbrán, que detectaron en las ampollas la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica.

Hasta el momento, el análisis de las historias clínicas realizado por el Cuerpo Médico Forense determinó que, en al menos 111 casos, existió una infección asociada al fentanilo adulterado. Además, se comprobó que la exposición a estas bacterias incrementó significativamente el riesgo de muerte, especialmente en pacientes con cuadros clínicos complejos.

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El Gobierno evalúa llevar a la Corte la pelea por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

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Al Gobierno se le están acabando las opciones para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada el año pasado por parte de la oposición. La Cámara Contencioso Administrativo Federal publicó este martes un fallo que ordena al Poder Ejecutivo Nacional a aplicar esa normativa de manera inmediata, remarcando que la medida no representaba un impacto fiscal sustancial y que el Estado debía priorizar el derecho constitucional a la educación pública universitaria.

Con la decisión judicial firmada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, el Gobierno debe decidir cuál será el próximo paso: implementar las partidas presupuestarias y los desembolsos que prevé la Ley o apelar a la última instancia posible antes, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Dar marcha atrás no es una opción”, aseguró a Infobae una fuente gubernamental que tiene una incidencia total en la decisión final. La postura predominante en el Gobierno es, por estas horas, apelar a la última instancia posible, el máximo tribunal, para ganar tiempo mientras intentan avanzar en el Congreso con su proyecto de ley universitario, el cual implica menor inversión presupuestaria que el que rige actualmente.

Los equipos legales de la Presidencia de la Nación, la Procuración del Tesoro y, principalmente, el del Ministerio de Capital Humano, están evaluando la factibilidad de realizar este movimiento. El responsable de la interlocución con las universidades es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien responde a la ministra Sandra Pettovello. Este tema en particular es uno que tiene interrelación total con la política fiscal que ejecuta el ministro de Economía, Luis Caputo.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, recordó que “el PEN debe cumplir con la ley” y que la omisión podría constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”. Añadió que aunque el Estado recurra a la Corte Suprema, la propia jurisprudencia del alto tribunal sostiene que las medidas cautelares no son sentencias definitivas y, por lo tanto, escapan a su competencia.

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El Gobierno no puede salir del escándalo Adorni y ya lleva casi un mes de desgaste

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“¿Hay más?”, le preguntaron a Manuel Adorni hace exactamente una semana en Casa Rosada. Su respuesta fue tajante: “No”. Mintió. El lunes por la tarde se conoció que dos jubiladas le vendieron un departamento tasado en 230 mil dólares en la mejor zona de Caballito. Cada una le prestó 100 mil para que se los comprara. Adorni ocultó esa información a sus jefes. En realidad, a “El Jefe”, Karina Milei, hoy su principal -y quizás único- sostén para estar en el cargo. Mientras la Justicia citaba a la escribana que escrituró la vivienda, organizaciones sociales hacían un escrache en la puerta del barrio cerrado de Exaltación de la Cruz donde Adorni se compró una casa de fin de semana. En Caballito, mientras tanto, docentes de la Universidad de Buenos Aires hicieron una clase pública. Demasiada exposición para un Gobierno que quiere detener una avalancha judicial y de información que aparece minuto a minuto. Este mediodía Adorni iba a dar una nueva conferencia de prensa. La idea era mostrar iniciativa para cerrar el escándalo. Los nuevos datos publicados hicieron que haya un cambio de planes. El próximo 29 de abril el jefe de gabinete debe ir a realizar el informe de gestión al Congreso. Ya se anotaron más de 4900 preguntas de los diputados. Apenas unos diputados. ¿Llega?

Por encima del escándalo Adorni, la causa Libra sigue siendo para los hermanos Milei el gran agújero que impacta en el corazón del poder. El domingo pasado, una extensa investigación de Mariel Fitz Patrick en Infobae consignó que una hora antes del posteo que publicó el Presidente promocionando una estafa, hubo 6 llamadas entre las 17:53 y las 18:58, de las cuales 5 fueron entre el broker Mauricio Novelli y el Presidente, y la sexta entre Novelli y Karina Milei. Después, y hasta la medianoche del mismo día, hay 13 llamadas más: 4 con Milei, 7 con su hermana y 2 con Santiago Caputo. Los llamados no frenaron. Al día siguiente, 15 de febrero, desde la madrugada hasta casi la medianoche, se registraron 9 llamadas de Novelli con Caputo y 5 con Karina Milei.

En uno de los tantos audios, el 2 de noviembre del 2024, tres meses antes del escándalo, Novelli habla de un pago mensual a “Kari”: ““Qué hacés, Ara? ¿Cómo andás? Eh, sí, no hay problema. Coordínalo ahí con, con Camilo, ¿viste? Yo mañana a la ofi no voy, pero obviamente ustedes pueden ir sin problema. Eh, tiene que cobrar, o sea, hay que sacar lo de Derek, ¿viste? Que son los 800 siempre de, de todos los meses. Eh, y bueno, ahí se sumaría lo tuyo y también ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle, ¿viste? A, a Karina. Así que si querés, mañana coordínate para un pedido donde sumen los 800 más los 400 tuyos…. más los 4.000 , digo, de, de, de Karina y listo”.

Un funcionario de Casa Rosada dialogaba con este cronista cuando miró su celular y observó el dato de la baja en la pobreza. La comparación de la agenda fue inmediata: “Baja la pobreza pero se habla de Adorni”, reconoció. El dato del INDEC le dio un nuevo aire al Presidente. La pobreza cerró el año en 28,2%. La comparación es con el registro del segundo semestre de 2024, que había sido de 38,1%. Se trata del nivel más bajo desde el primer semestre de 2018 (27,3%, durante el gobierno de Mauricio Macri). El dato duro contrasta con testimonios de primera línea. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, contó en Infobae en Vivo que en su municipio hay 600 comedores. En total son 400 familias las que buscan un bolsón de comida por día. Además, reconoció el problema de presupuesto: “Tenemos un retraso de 8 meses en el pago a proveedores”. ¿Y la provincia de Buenos Aires auxilia a los distritos? Desde La Plata se transfiere el pago para alimentos en escuelas, por un lado, y a través de Desarrollo de la Comunidad (a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque y Santiago Fidanza). ¿Podría haber más? Según el gobierno de Axel Kicillof, es imposible por el recorte de fondos de Nación. Estiman una deuda de más de 12 billones de pesos. La provincia recurrió a la Corte Suprema, ya hubo una audiencia en marzo y el tribunal fijó otra para el 21 de abril, focalizada en la deuda de la ANSeS con el sistema jubilatorio provincial.

Dentro de los sectores que están perdiendo con el nuevo modelo macroeconómico la preocupación de la actividad se trasladó al temor -creciente- por el estiramiento en la cadena de pagos. Sin estar rota, lo cual sería aún más preocupante, el pago diferido de cheques y el pedido de prórroga para abonar a proveedores comenzó a ser tema de conversación. Una financiera que tiene como clientes a este tipo de PYMES lo explicó a Infobae: “Aparecen cada vez más empresarios con cheques a 30 o 60 días que no los pueden aguantar. Algún proveedor no paga, otro lo estira y la empresa tiene que salir a ‘reventar’ el cheque en alguna cueva”. ¿Qué tasa de interés se paga por estos días? Uno de ellos le contó a este medio que abonó 0,37% por día, lo que le dió una tasa del 11,1% al mes. “Es cierto que es lo que se cobra. Pero el riesgo de que el cheque esté sin fondos lo corremos nosotros”, aclaró un tomador de cheques. “Reventas el cheque y con esa tasa que te cobran el margen se va a cualquier lado. No es sostenible mucho tiempo, a menos que repunte la actividad”, agregó otro.

Más allá de la excelente noticia que fue el fallo de Estados Unidos por YPF, vale ir al detalle de la “célebre página 50”. Allí la justicia de Estados Unidos aclara que la Argentina violó el estatuto de YPF aunque la ley local esté por encima. Dice el texto: “En definitiva, ninguna de las partes involucradas en estos dos casos discute que la República violó los Estatutos de YPF. La República lo hizo tras limitar su margen de maniobra con un requisito de oferta pública de adquisición y promocionar repetidamente estas protecciones en su folleto de salida a bolsa y en los documentos presentados ante la SEC en la década de 1990. Petersen II, 895 F.3d en 200. Su razón para hacerlo era, claramente, asegurar a los inversores privados —muchos de ellos radicados en Estados Unidos— que estarían protegidos en caso de que la República decidiera renacionalizar la mayor compañía de petróleo y gas del país si las circunstancias económicas y políticas cambiaban, como ocurrió a principios de la década de 2010. Es muy probable que la República no hubiera podido recaudar 1.100 millones de dólares con los ADR de YPF que cotizan en la Bolsa de Nueva York sin estas protecciones para los inversores. Y su negativa a respetar esas protecciones dos décadas después de haberlas establecido genera dudas sobre la seguridad de la inversión extranjera en el país en general”.

Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales, resumió ante este medio: “Eso será analizado por años y terminará perjudicando a Argentina en el largo plazo. No inmediatamente, pero es muy importante la conclusión de los jueces”.

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