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Jueces para Bahía: las propuestas de Kicillof enviadas en los pliegos

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Cinco de los 210 nombres que propuso el gobierno provincial para cubrir las vacantes en el Poder Judicial corresponden al Departamento Judicial Bahía Blanca.

De esta manera ya son 400 los pliegos que envió la conducción del gobernador Axel Kicillof a fin de paliar una situación que es acuciante en el ámbito tribunalicio, ya que existían unas 700 vacantes, algunas desde hacía muchos años.

Ahora es el turno de la Cámara de Senadores la que analice las propuestas y decida en ese sentido. Las coberturas, en el caso local, serán para el ámbito Penal, Civil, de Familia y la Defensoría.

El juez Christian Alberto Yesari, hasta hoy integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 1, fue nombrado para cubrir la vacante en la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, puesto que se descubrió con la jubilación de su colega Guillermo Giambelluca.

Alberto Antonio Manzi, de confirmarse su pliego, ocupará el lugar de la jueza Susana Graciela Calcinelli (también jubilada) en el Juzgado de Garantías Nº 3, donde venía desempeñándose.

La titularidad de la Defensoría General del Departamento Judicial Bahía Blanca fue propuesta para la doctora Fabiana Paola Vannini (foto), quien hasta el momento se desempeñaba como defensor oficial en ese ámbito.

A la Cámara en lo Civil y Comercial, de prosperar el planteo, irá el doctor Patricio Javier Lombardi, hasta el momento secretario de ese cuerpo.

Por último, María Laura Berterreix, hasta ahora secretaría de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones, pasaría al fuero provincial para cubrir la vacante en el Juzgado de Familia Nº 3.

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Causa Cuadernos: Cristina Kirchner será indagada el próximo martes en Comodoro Py

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El Tribunal Oral Federal 7 rechazó los recursos interpuestos por los imputados en la denominada causa Cuadernos que buscaban la nulidad del juicio. De esta manera, indagarán a Cristina Kirchner de manera presencial el próximo martes 17 de marzo. Luego será el turno del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Uno de los primeros planteos en ser rechazado fue el presentado por la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que pidió la nulidad total del juicio, alegando irregularidades en la asignación del caso al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli. “La lectura del expediente no evidencia los vicios”, aseguró el TOF 7.

Por otra parte, los magistrados ratificaron a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el proceso.

El TOF 7 rechazó los recursos de los imputados, que buscaban la nulidad del juicio de la causa Cuadernos

El TOF7 rechazó los planteos las defensas que pidieron la nulidad a lo largo de las 13 audiencias en la causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a la expresidenta, acusada de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita.

El pedido de nulidad partió desde la defensa de la exmandataria y de otros imputados, como es el caso del exministro de Planificación Federal, que argumentó irregularidades en la instrucción y cuestionó la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

El TOF 7 dijo que la intención de las partes de “obturar el juicio en las puertas de su inicio, desde una visión sistemática no es posible reeditar todas las objeciones planteadas, porque el Tribunal se vería obligado a volver sobre sus pasos. No se introdujeron argumentos novedosos que justifiquen apartarse de lo ya decidido”.

Para el abogado de Cristina Kirchner los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formar parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

En la última audiencia la fiscal Fabiana León opinó que estos argumentos no debían prosperar y alertó sobre el riesgo de prescripción para algunos delitos si las estrategias defensivas logran extender el proceso.

Durante su exposición, la fiscal aseguró que para que esta causa llegue a juicio, tuvieron que soportar “expresiones de todo tipo, operaciones de prensa, todo tipo de situaciones que han sido inútiles frente a la firmeza que ha mostrado el tribunal y la decisión inquebrantable de la fiscalía de llegar a la situación de debate oral, que es la forma en que deben resolverse este tipo de cuestiones”.

Fuente: TN

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Buscan prohibir los celulares en cárceles bonaerenses para que dejen de ser “call centers del delito”

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Un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses fue presentado en la Legislatura provincial por el diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza(LLA), con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El legislador afirmó que actualmente los penales “son un call center del delito”.

La iniciativa fue bautizada como “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel, con la colaboración de familiares de detenidos que operaban fuera del penal de Magdalena.

Protocolo “sin justificación”

El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido por la Resolución 476/20, implementado durante la pandemia de Covid-19 para facilitar las comunicaciones de los internos ante las restricciones sanitarias. Según el legislador, esa medida ya no tiene justificación en el contexto actual.

Además, plantea modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense para que las comunicaciones de las personas privadas de la libertad se realicen exclusivamente mediante teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Restricciones e inhibidores de señal

La propuesta también establece que cada interno podrá comunicarse hasta un máximo de dos horas diarias, pero sin tener acceso libre a los teléfonos. Los aparatos deberán ser utilizados únicamente en los horarios y espacios habilitados y luego retirados por el personal penitenciario.

Otro punto central del proyecto es la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos, con el objetivo de impedir comunicaciones clandestinas con el exterior.

Para evitar delitos

Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene desde la época de la pandemia, pero sigue vigente el uso de celulares”, sostuvo Liberman al presentar la iniciativa. En ese sentido, remarcó que el objetivo es impedir que desde los penales se sigan cometiendo delitos como estafas o extorsiones telefónicas.

El legislador también propuso reforzar los controles internos mediante requisas diarias, para evitar que los detenidos ingresen o mantengan teléfonos de manera ilegal dentro de las unidades penitenciarias.

Aportes de especialistas

Según explicó, el proyecto se elaboró con aportes de especialistas y equipos jurídicos, entre ellos colaboradores de la jueza Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de Azul, Carlos Pagliere (h), y personas vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación.

En los fundamentos de la iniciativa, Liberman citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo.

Procedimiento

El proyecto también fija un procedimiento para la implementación de la norma. Una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos, quienes dispondrán de 24 horas para entregar voluntariamente los teléfonos que tengan en su poder, incluso aquellos no declarados.

Cumplido ese plazo, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes de cada unidad penitenciaria para secuestrar los dispositivos y sancionar a quienes incumplan la normativa.

Fuente: Agencia DIB

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Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado

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En medio de una fuerte disputa interna, el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, Diego Valenzuela, no asumirá finalmente como titular de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria y, en cambio, jurará como senador bonaerense, cargo para el que fue elegido en septiembre.

La decisión del Gobierno nacional está vinculada con un freno que, por orden de Karina Milei, llegó al decreto anunciado el año pasado (y nunca publicado) sobre el lanzamiento de la nueva Agencia Nacional de Migraciones. La actual ministra Alejandra Monteoliva, en concreto, no avanzará por el momento por lo anunciado en noviembre por su antecesora, Patricia Bullrich.

Al frente de esa área iba a estar Valenzuela, uno de los primeros intendentes del PRO en saltar a las filas de La Libertad Avanza (LLA).Sin embargo, la propia Monteoliva dijo que si bien están trabajando en la Agencia de Seguridad Migratoria y en una reorientación de la política migratoria, no le pudo poner fecha al nuevo organismo.

De hecho, las políticas migratorias del Ministerio de Seguridad continuarán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones. Es decir, por ahora no se creará una nueva agencia especializada en coordinación fronteriza, inteligencia migratoria ni una Policía para frenar amenazas transnacionales.

Frente a este panorama y en medio de tensiones entre Karina Milei y sectores que responden a Bullrich, Valenzuela decidió asumir la banca en el Senado y desde allí empezar a construir músculo político para ser uno de los posibles candidatos para la Gobernación. Allí ya están anotados el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja.

Fuente: Agencia DIB

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