El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Áxel Kicillof, a través de la Fiscalía de Estado, elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, al considerar que se hizo “de forma arbitraria e inconstitucional” y solicitó que se salde la deuda contraída durante los últimos cuatro meses.
Mediante una presentación, el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernan Gómez, solicitó que se declare inconstitucional el decreto 2024-192 a raíz de considerar que “derogó de manera arbitraria e inconstitucional el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) creado por el artículo 4 del Decreto N 735 del 9 de septiembre de 2020, con el objeto de contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia”.
A su vez, en la presentación se solicita, como medida cautelar y hasta tanto se dicte sentencia definitiva, que se ordene al Estado Nacional a cumplir con el pago del saldo adeudado por los meses de noviembre y diciembre de 2023 y enero y febrero del presente año, relativo a este Fondo.
Asimismo, solicitó que “se suspendan los efectos del decreto y se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción de la asignación y distribución del FOFOBI”.
En cuanto al detalle de partidas, se informó que por el mes de noviembre de 2023 las partidas suman un monto de 11.164 millones de pesos; en tanto que en diciembre correspondían 33.676 millones de pesos; mientras que enero -que debía trasnferirse en los primeros 10 días del mes de febrero- contabiliza un monto de 43.959 millones de pesos.
En total, las partidas presupuestarías retenidas, según la demanda elevada por el gobernador Kicillof, alcanzan los 88.799 millones de pesos, a lo que debe incluirse el monto correspondiente al mes de febrero de este año, lo cual de acuerdo con la resolución N 524/20, se constituye con el 1,18% del monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2 de la Ley N 23.548.
En el marco de la presentación judicial, se reclamó la intervención del máximo tribunal, aduciendo a que “recientemente ha confirmado esta misma competencia en casos similares, que involucraron cuestiones relativas a coparticipación federal de impuestos”, citando como ejemplos los casos de Sante Fe, San Luis, Buenos Aires y CABA.
En relación al perjuicio causado en las arcas provinciales con esta medida del Gobierno nacional, se informó que la eliminación de este recurso afecta “el pago de los salarios del personal policial” y se sostiene que “el personal policial lleva a cabo una esencial tarea encargándose del arduo propósito de garantizar la seguridad de la población”.
Vale recordar que este lunes, el Gobernador Kicillof consideró que con esta medida Milei “somete al pueblo a un ajuste salvaje y se roba el recurso del pueblo de la provincia, porque no son recursos ni de un gobernador ni de un presidente, son recursos de la gente”.
Denunció que “el decreto 192 que de manera sorpresiva, arbitraria e intempestiva elimina el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia, es equiparable a varios de los recortes que están realizando estos días”.
También informó que “ese fondo se utilizó en primer lugar para recuperar sueldos de la Policía, comprar equipamiento y patrulleros, chalecos anti balas, formación y capacitación de la provincia de Buenos Aires” y consideró que “ese fondo no es para el gobernador, es par la seguridad de los bonaerenses”.
“También ese fondo esta vinculado a programas que fueron útiles y oportunos, y que es necesario continuar, como los comedores escolares”, dijo Kicillof, quien precisó que “este fondo afecta las plazas carcelarias, los centros de salud, los comedores y nuevas escuelas”.
Esta mañana un grupo de vecinos y comerciantes de la ciudad se congregaron en el puente de la calle Don Bosco, pasando la Comisaría Quinta, el cual está inutilizado para el paso de autos, camionetas y camiones desde la inundación del 7 de marzo, ya que solo se permite el paso peatonal o la circulación de motos y bicicletas.
Puntualmente, reclaman por la colocación de un puente alternativo que mejore el tránsito y permita un mayor movimiento en el sector comercial.
“No nos vamos a oponer a que lo derrumben, pero necesitamos que se instale uno alternativo porque mucha gente lo utiliza”, señaló uno de los vecinos.
Cabe señalar que la Municipalidad ya comenzó con los trabajos en el sector. La última información señaló que por estas horas se está llevando a cabo “la excavación sobre la base del canal para la correspondiente relocalización de las interferencias de servicios”.
“Los trabajos se enmarcan en el Plan de Refuncionalización del Canal Maldonado, una obra clave para fortalecer la seguridad hidráulica de Bahía Blanca y proteger a la comunidad”, agregaron desde la Comuna.
Luego de conocerse el fallo de Cámara de Apelaciones de Nueva York, que benefició a Argentina al suspender todas las demandas hasta que se defina la cuestión de fondo en la demanda por la expropiación de YPF, el Gobierno celebró la media y aseguró que se trata de un “hito histórico” que no tiene precedentes.
El Gobierno dijo, además, que por primera vez desde que se inició el juicio por YPF, la estrategia jurídica tiene “rigor técnico y responsabilidad institucional en todas las instancias que demanda este proceso”.
En un comunicado de la Oficina del Presidente, que firma el propio Javier Milei, se destacó “el consistente trabajo del último año de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaria de Justicia y la Cancillería, para lograr una ”decisión histórica y sin precedentes a favor de la República Argentina en el juicio por YPF”.
“La Cámara estadounidense concedió la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia y de todos los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito, hasta tanto sea resuelta la apelación de fondo relativa al juicio de YPF. De esta manera, el tribunal de Nueva York hizo lugar al pedido presentado por el Gobierno argentino el 6 de marzo de 2026 y suspendió, además, audiencia de apelación relativa al discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios”, se explicó.
“Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país. La resolución refleja también el reconocimiento por parte de la justicia de los Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina”, agregó.
El comunicado detalló el “trabajo mancomunado” de María Ibarzabal (la Secretaria Legal y Técnica), Sebastián Amerio (Procurador del Tesoro), Juan Stampalija (Subprocurador) y del Canciller, Pablo Quirno.
Finalmente, se destacó que el país “retomará con firmeza el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, desplegando todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger sus derechos soberanos y los intereses de sus ciudadanos”.
El desempleo en la Argentina llegó al 7,5% en el último trimestre de 2025, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). A partir de las cifras se proyecta quecasi 1,7 millones de personas sufrieron la falta de trabajo durante ese período.
El dato que publicó el INDEC releva el mercado de trabajo en un grupo de 31 aglomerados urbanos. Para alcanzar ese cálculo, se tienen en cuenta la estimación de la población y el porcentaje de los desocupados dentro de la población económicamente activa.
En términos interanuales, la tasa de desocupación también mostró un aumento. En el mismo trimestre de 2024 había sido de 6,4%, lo que marcó una suba de 1,1 puntos porcentuales.
Suba del desempleo con actividad estable
El informe del Indec mostró que la tasa de actividad se ubicó en 48,6%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 45%. Ambos indicadores se mantuvieron prácticamente sin cambios frente al trimestre anterior.
En ese contexto, el incremento del desempleo se explicó por una mayor cantidad de personas que salieron a buscar trabajo sin encontrarlo. La población económicamente activa alcanzó a 14,6 millones de personas en los aglomerados relevados.
La presión sobre el mercado de trabajo —que incluye desocupados, subocupados y ocupados demandantes— llegó al 30%, con una leve suba en la comparación trimestral.
A su vez, el 16,5% de la población económicamente activa estuvo compuesto por ocupados que buscaron otro empleo, lo que reflejó dificultades para mejorar ingresos o condiciones laborales.
Formalidad vs. informalidad
En relación con la calidad del empleo, el informe mostró que se mantuvo en torno del 43%, un punto por encima del mismo período de 2024.
Entre los ocupados, al cierre de 2025, el 71,5% (9,7 millones) eran asalariados y el 28,5% (3,8 millones) no asalariados. Y dentro de los trabajadores en relación de dependencia, el 63,7% tenía descuento jubilatorio, mientras que el 36,3% se encontraba en condiciones informales.
Además, el 11,3% de los ocupados estaba subocupado y el 29,2% sobreocupado, lo que refleja las tensiones existentes en la estructura del mercado laboral.
Mayor impacto en los jóvenes
La desocupación mostró un comportamiento dispar según la edad. El aumento fue más marcado entre los jóvenes de 14 a 29 años. En la comparación interanual, la tasa subió 4,1 puntos porcentuales en mujeres jóvenes y 4,5 puntos en varones del mismo grupo etario.
De esta manera, la desocupación alcanzó el 16,8% en mujeres jóvenes y el 16,2% en varones, niveles que duplicaron el promedio general.
Entre los adultos de 30 a 64 años, en cambio, el indicador se mantuvo relativamente estable, con tasas significativamente más bajas.
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