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Kicillof denunció al Estado nacional ante la Corte por eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Áxel Kicillof, a través de la Fiscalía de Estado, elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, al considerar que se hizo “de forma arbitraria e inconstitucional” y solicitó que se salde la deuda contraída durante los últimos cuatro meses.

Mediante una presentación, el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernan Gómez, solicitó que se declare inconstitucional el decreto 2024-192 a raíz de considerar que “derogó de manera arbitraria e inconstitucional el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) creado por el artículo 4 del Decreto N 735 del 9 de septiembre de 2020, con el objeto de contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia”.

A su vez, en la presentación se solicita, como medida cautelar y hasta tanto se dicte sentencia definitiva, que se ordene al Estado Nacional a cumplir con el pago del saldo adeudado por los meses de noviembre y diciembre de 2023 y enero y febrero del presente año, relativo a este Fondo.

Asimismo, solicitó que “se suspendan los efectos del decreto y se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción de la asignación y distribución del FOFOBI”.

En cuanto al detalle de partidas, se informó que por el mes de noviembre de 2023 las partidas suman un monto de 11.164 millones de pesos; en tanto que en diciembre correspondían 33.676 millones de pesos; mientras que enero -que debía trasnferirse en los primeros 10 días del mes de febrero- contabiliza un monto de 43.959 millones de pesos.

En total, las partidas presupuestarías retenidas, según la demanda elevada por el gobernador Kicillof, alcanzan los 88.799 millones de pesos, a lo que debe incluirse el monto correspondiente al mes de febrero de este año, lo cual de acuerdo con la resolución N 524/20, se constituye con el 1,18% del monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2 de la Ley N 23.548.

En el marco de la presentación judicial, se reclamó la intervención del máximo tribunal, aduciendo a que “recientemente ha confirmado esta misma competencia en casos similares, que involucraron cuestiones relativas a coparticipación federal de impuestos”, citando como ejemplos los casos de Sante Fe, San Luis, Buenos Aires y CABA.

En relación al perjuicio causado en las arcas provinciales con esta medida del Gobierno nacional, se informó que la eliminación de este recurso afecta “el pago de los salarios del personal policial” y se sostiene que “el personal policial lleva a cabo una esencial tarea encargándose del arduo propósito de garantizar la seguridad de la población”.

Vale recordar que este lunes, el Gobernador Kicillof consideró que con esta medida Milei “somete al pueblo a un ajuste salvaje y se roba el recurso del pueblo de la provincia, porque no son recursos ni de un gobernador ni de un presidente, son recursos de la gente”.

Denunció que “el decreto 192 que de manera sorpresiva, arbitraria e intempestiva elimina el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia, es equiparable a varios de los recortes que están realizando estos días”.

También informó que “ese fondo se utilizó en primer lugar para recuperar sueldos de la Policía, comprar equipamiento y patrulleros, chalecos anti balas, formación y capacitación de la provincia de Buenos Aires” y consideró que “ese fondo no es para el gobernador, es par la seguridad de los bonaerenses”.

“También ese fondo esta vinculado a programas que fueron útiles y oportunos, y que es necesario continuar, como los comedores escolares”, dijo Kicillof, quien precisó que “este fondo afecta las plazas carcelarias, los centros de salud, los comedores y nuevas escuelas”.

Fuente: Telam.

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Detectan más de 190 toneladas de carga ilegal en las rutas bonaerenses

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Más de 190 toneladas de mercancía ilegal fueron detectadas en operativos realizados en los últimos días en las rutas bonaerenses. Fue gracias a retenes claves en La Plata, Cañuelas, Ezeiza, Ituzaingó, Peaje Hudson, Dock Sud, las intersecciones de la ruta 6 y 3; 6 y 215; y sobre la ruta 205.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida”, sostuvo Marinucci, y detalló: “Cada camión que transita por nuestras rutas con más carga de la permitida representa un grave riesgo, para el conductor y para terceros. La sobrecarga genera que no se vire de la misma manera, no se frene a tiempo y además de eso deteriora la cinta asfáltica”.

Cabe destacar que, mediante la incorporación de balanzas dinámicas, la cartera provincial desarrolla a diario operativos para la prevención vial. Al mismo tiempo, se combate la evasión impositiva de la carga no declarada.

Colectivos y alcoholemia

Asimismo, se verificaron las condiciones en las que se desarrolla el transporte de pasajeros, tanto automotor como fluvial. De esta forma, se constataron las habilitaciones y documentación correspondiente, las óptimas condiciones de los vehículos para circular y el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Así, se inspeccionaron 351 vehículos y se labraron 32 actas por diversas infracciones al régimen de transporte terrestre de pasajeros. En la misma línea, se verificaron 62 embarcaciones en el Delta bonaerense, en la Estación Fluvial de Tigre, en las que se registró a una de ellas en falta.

Para concluir, la Subsecretaria de Política y Seguridad Vial desarrolló operativos de alcoholemia en el Peaje Dock Sud de la Autopista Buenos Aires – La Plata y detectó a 49 conductores que dieron positivo. Los infractores fueron multados y detenidos a la vera de la calzada para impedir que sean un riesgo para ellos mismos, como para terceros.

Fuente: Agencia DIB

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El Gobierno tiene bajo la lupa a más de 20.000 pensiones por invalidez

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En medio de en un contexto sensible en torno al tema discapacidad y tras una larga crisis con este sector vulnerable de la sociedad, el Gobierno nacional anunció este martes que mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral, cuyos titulares tendrán un plazo de 30 días hábiles para presentar documentación que justifique la continuidad del beneficio.

La decisión se tomó en el marco de una auditoría que detectó presuntas irregularidades médicas y patrimoniales, aunque según el vocero presidencial, Adrián Ravier, aún no se hizo una presentación sobre los casos en la Justicia.

Durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada, Ravier informó que la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de esas prestaciones debido a que, según afirmó, no se registraron presentaciones ni antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para justificar su continuidad.

“Es importante aclarar que esta medida no implica determinar que los titulares no presenten una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa”, explicó.

Ravier precisó que las personas alcanzadas por las suspensiones podrán presentar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías o aportar otros antecedentes que permitan revisar su situación. Los trámites podrán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y de las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, conforme al procedimiento que establezca el organismo.

Desde el Gobierno aseguran que la eliminación de las pensiones no afectará a ningún ciudadano que padezca una discapacidad real. En ese sentido, afirman que fue la gestión de Alberto Fernández la que más aumentó los beneficiarios, pero por motivos políticos y no porque se repartieron para quienes las necesitaban.

Ravier explicó que las pensiones no contributivas por invalidez laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar y carecen de medios de subsistencia, por lo que su otorgamiento no depende exclusivamente de la existencia de una discapacidad o de la tenencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La existencia de bienes registrados a nombre de los beneficiarios fue presentada por el Ejecutivo como un indicio que requiere revisión, aunque no implica por sí misma la acreditación de una maniobra fraudulenta.

Fuente: Agencia DIB

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El Municipio pone a disposición 156 lotes con servicios para la construcción

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El Municipio de Bahía Blanca presentó el Programa de Apoyo Habitacional que tendrá como objetivos la adjudicación de tierras con servicios instalados, en esta primera oportunidad, se hará en tres sectores de la ciudad: Villa Serra, Villa Talleres e Ingeniero White.

En el Salón Héroes de Malvinas se realizó la presentación con la presencia del intendente, Federico Susbielles, la secretaria de gobierno Vanessa Arias, el director de la Agencia de Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo, la subsecretaria de hábitat Paola Ariente, y el director de urbanizadora municipal, Diego Dorcazberro.

Con una inversión provincial de 1700 millones de pesos se ponen a disposición 156 lotes municipales con los servicios públicos y el cordón cuneta incluido, en los barrios de Villa Talleres, Ingeniero White y Villa Serra.

Estos terrenos están pensados para la construcción de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente. El Municipio dispone de estos terrenos con los servicios públicos ya instalados y las familias deberán edificar una vez que hayan pasado por un período adjudicatorio previo con requisitos necesarios para el mismo.

El estado municipal pondrá a disposición 27 lotes en Villa Serra, 93 en Villa Talleres y 36 en Ingeniero White: “Lo que va a hacer el municipio es iniciar un proceso virtuoso a partir de este primer loteo, donde empecemos a desarrollar más lotes para que puedan haber nuevas inscripciones. Estos lotes que vamos a sortear, tienen en el financiamiento, en la posibilidad de acceso, en el desarrollo municipal de la infraestructura, el facilitar a estas familias que no pueden acceder a un terreno una posibilidad concreta. El lote se paga, ese dinero entra en un mecanismo solidario que lo que hace es generar más lotes“, dijo Diego Palomo.

Cada familia adjudicada deberá pagar un anticipo de 1 millón de pesos al recibir el lote y luego abonará unas 48 cuotas mensuales de 229.166 pesos: El pago de las mismas, iniciará una vez cumplido el plazo de 24 meses previstos para construir.

Los interesados tendrán 30 días para anotarse a través de la aplicación Mi Bahía: “Los requisitos para la inscripción son el ser mayor de edad, obviamente, no tener propiedades a su nombre en otro lugar de Bahía Blanca o la zona, tener la capacidad de poder afrontar la construcción de un módulo habitacional de 30 metros cuadrados en un lapso de tiempo de 24 meses. Tener domicilio, erradicación en Bahía Blanca desde hace más de dos años, entre otros muchos que normalmente son los que se piden siempre para este tipo de planes”, dijo Ariente.

Si cumplen, una vez que ingresen en la aplicación, tendrán que llenar un formulario con varias preguntas que tienen que ver con la capacidad para construir y el nivel socioeconómico. Terminado esto, se avaluará la información y de estar aprobado, ingresarán en un sorteo para cada grupo de lotes que tendrá una prioridad de titulares y suplentes.

“La ley provincial nos exige entregar lotes con servicio, pero eso lleva un costo muy grande que a veces los municipios no pueden afrontar, por eso, se hace necesaria esta articulación y esta decisión política del Intendente Municipal, en conjunto con la provincia, de poder destinar fondos y cumplir con esto”. finalizó Ariente.

En tanto el intendente municipal, Federico Susbielles, dijo que es un avance muy grande para los vecinos de la ciudad, ya que hay en este caso una política de Estado destinada a facilitarle el acceso a la vivienda a los bahienses:

“Estos 156 lotes que se van a sortear son el primer paso. No es fácil poner a disposición estos terrenos, desde el año 2017 que no se realizaban sorteos de este tipo. Este es un Municipio que va a empezar a movilizar tierras, gracias a la provincia que aporta la infraestructura de servicios con esta inversión de 1700 millones de pesos pondremos a disposición de los bahienses la chance de tener el acceso a la vivienda propia y cumplir con uno de los objetivos que nos habíamos puesto antes de ser gobierno”.

“Bahía necesita genera soluciones habitacionales, por eso es muy importante este primer paso que estamos dando, esta es la Bahía Blanca que se viene, la de otorgar derechos e invertir en obra pública en un contexto en el que Nación no aporta nada”.

“Al tener una planificación y llegar antes, estamos ahorrando dinero y construyendo como corresponde, de la manera adecuada, para un desarrollo digno de todos los bahienses”, finalizó el intendente.

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