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Kicillof denunció al Estado nacional ante la Corte por eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Áxel Kicillof, a través de la Fiscalía de Estado, elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, al considerar que se hizo “de forma arbitraria e inconstitucional” y solicitó que se salde la deuda contraída durante los últimos cuatro meses.

Mediante una presentación, el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernan Gómez, solicitó que se declare inconstitucional el decreto 2024-192 a raíz de considerar que “derogó de manera arbitraria e inconstitucional el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) creado por el artículo 4 del Decreto N 735 del 9 de septiembre de 2020, con el objeto de contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia”.

A su vez, en la presentación se solicita, como medida cautelar y hasta tanto se dicte sentencia definitiva, que se ordene al Estado Nacional a cumplir con el pago del saldo adeudado por los meses de noviembre y diciembre de 2023 y enero y febrero del presente año, relativo a este Fondo.

Asimismo, solicitó que “se suspendan los efectos del decreto y se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción de la asignación y distribución del FOFOBI”.

En cuanto al detalle de partidas, se informó que por el mes de noviembre de 2023 las partidas suman un monto de 11.164 millones de pesos; en tanto que en diciembre correspondían 33.676 millones de pesos; mientras que enero -que debía trasnferirse en los primeros 10 días del mes de febrero- contabiliza un monto de 43.959 millones de pesos.

En total, las partidas presupuestarías retenidas, según la demanda elevada por el gobernador Kicillof, alcanzan los 88.799 millones de pesos, a lo que debe incluirse el monto correspondiente al mes de febrero de este año, lo cual de acuerdo con la resolución N 524/20, se constituye con el 1,18% del monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2 de la Ley N 23.548.

En el marco de la presentación judicial, se reclamó la intervención del máximo tribunal, aduciendo a que “recientemente ha confirmado esta misma competencia en casos similares, que involucraron cuestiones relativas a coparticipación federal de impuestos”, citando como ejemplos los casos de Sante Fe, San Luis, Buenos Aires y CABA.

En relación al perjuicio causado en las arcas provinciales con esta medida del Gobierno nacional, se informó que la eliminación de este recurso afecta “el pago de los salarios del personal policial” y se sostiene que “el personal policial lleva a cabo una esencial tarea encargándose del arduo propósito de garantizar la seguridad de la población”.

Vale recordar que este lunes, el Gobernador Kicillof consideró que con esta medida Milei “somete al pueblo a un ajuste salvaje y se roba el recurso del pueblo de la provincia, porque no son recursos ni de un gobernador ni de un presidente, son recursos de la gente”.

Denunció que “el decreto 192 que de manera sorpresiva, arbitraria e intempestiva elimina el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia, es equiparable a varios de los recortes que están realizando estos días”.

También informó que “ese fondo se utilizó en primer lugar para recuperar sueldos de la Policía, comprar equipamiento y patrulleros, chalecos anti balas, formación y capacitación de la provincia de Buenos Aires” y consideró que “ese fondo no es para el gobernador, es par la seguridad de los bonaerenses”.

“También ese fondo esta vinculado a programas que fueron útiles y oportunos, y que es necesario continuar, como los comedores escolares”, dijo Kicillof, quien precisó que “este fondo afecta las plazas carcelarias, los centros de salud, los comedores y nuevas escuelas”.

Fuente: Telam.

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Foro en la UNS: la UIBB expuso sobre la cadena de valor de la actividad petroquímica

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Una exposición sobre la cadena de valor de la actividad petroquímica llevó a cabo la Unión Industrial de Bahía Blanca. Fue durante el debate acerca del presente y futuro del Polo Petroquímico realizado ayer en el Aula Magna de la UNS.

El panel estuvo a cargo del coordinador-jefe del Centro de Estudios Económicos de la UIBB, Martín Goslino, quien complementó sus conceptos con experiencias formuladas por líderes de tres Pymes locales.

Se trató, en su conjunto, del primer Foro Petroquímico Bahía Blanca “Presente y Futuro del Polo Petroquímico” -organizado por el Instituto Petroquímico Argentino-, que reunió a referentes del sector productivo, académico y gubernamental para debatir sobre los desafíos y oportunidades de una de las principales actividades económicas del país.

“Nosotros, desde la UIBB, nos hicimos cargo de un panel relacionado con la cadena de valor de la actividad petroquímica, que puede ir hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante vemos cómo se le va agregando valor o riqueza a los productos. Hacia atrás, hay que hablar de los proveedores. Enfocamos entonces la charla ‘hacia atrás’, concretamente al desarrollo de los proveedores”, explicó Goslino.

“Todo esto porque pensamos en los proveedores no como unos meros prestadores de servicio que hoy los tenés, mañana ya no y se reemplazan por otros, sino pensarlos como aliados estratégicos de mediano-largo plazo. No como un prestador de servicio de corta duración”, señaló.

El economista invitó a tres empresarios Pymes para que cuenten sus experiencias y opiniones en base a una serie de preguntas sobre qué instancias se podrían llevar a cabo para mejorar la cantidad y calidad de los proveedores para que las empresas puedan calificar. Y qué pueden hacer éstas para fomentar dicha relación.

Se trató de Valeria Alonqueo, de AVG Servicios Industriales; Santiago Martín, de ERS Soluciones Industriales; y Ariel Rodríguez, titular de Francisco Lonas SRL.

“Los tres son proveedores de empresas del Polo Petroquímico local e, incluso, algunos de otros lugares como Vaca Muerta. Ariel Rodríguez, por ejemplo, tiene unos cuantos años en el rubro. Valeria Alonqueo, la particularidad de pertenecer a la segunda generación de una empresa proveedora, siendo su papá y su tío los fundadores; y en el caso de Santiago Martínez, lidera una empresa relativamente nueva que hace trabajos y mantenimiento en altura a través de cuerdas.

“Cada uno de ellos fue dándonos ideas de cómo se puede mejorar esta relación entre las grandes empresas y los proveedores. Les preguntamos cómo se han tenido que adaptar a cada requerimiento, en qué cosas se sintieron más acompañados. Qué transformaciones tuvieron que hacer las empresas, por ejemplo, en cuanto a los procedimientos de documentación y certificaciones. Un trabajo codo a codo con los integrantes de las empresas para ver qué solución le encontraban a cada problema. Una situación que mencionaron como muy interesante es que una vez que se encontraron adentro de la empresa, empezaron a detectar otras oportunidades donde se pueden prestar soluciones. Eso, obviamente, te fortalece, te hace muy fuerte”, relató.

El cierre derivó, en la voz de Goslino, en la carencia de un programa integral de desarrollo de proveedores.

“Más bien detectamos la existencia de acciones aisladas, incluso dentro de nuestra propia institución. Con la mejor de las intenciones a veces éramos más reactivos que proactivos o llevábamos a cabo una actividad que después no era sometida a un seguimiento. Entonces nos propusimos lanzar para el año que viene un programa integral de desarrollo de proveedores no sólo de las empresas del Polo Petroquímico, sino de todas las grandes empresas, incluso las que están viniendo por las grandes inversiones o las que ya están acá como las firmas cerealeras”, señaló.

El programa, manifestó Goslino, tiende a acompañar a las Pymes en su crecimiento como proveedores.

“Que haya certificaciones, capacitaciones y formación. Y que nosotros seamos la entidad que articule todo ese contexto. Lo tomamos como un desafío en virtud de lo que fue la jornada petroquímica, pero en realidad apuntamos a vincular a todas las Pymes de Bahía y la Región con las grandes empresas”, cerró el economista de la UIBB.

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Advierten que renovar los colectivos no alcanza si las calles están en mal estado: “Todo está relacionado”

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Después de varios años de demoras, el proyecto para reorganizar el transporte público de Bahía Blanca comenzó a transitar su camino institucional. Para Cecilia Metlicich, integrante de la Comisión de Usuarios Testigos, la presentación representa un paso esperado desde hace tiempo, aunque advirtió que todavía falta conocer uno de los aspectos centrales de la iniciativa: el diseño de los nuevos recorridos.

“Es algo que está demorado desde 2018. Se fue prorrogando por distintas razones y, finalmente, llegó el día”, señaló, en diálogo con Panorama, por LU2.

La principal expectativa está puesta en la modificación de las trazas. Según explicó, el esquema actual presenta superposiciones entre distintas líneas, mientras que otros sectores de la ciudad carecen de cobertura o tienen que caminar entre 10 y 15 cuadras para acceder a un colectivo.

“Un solo pasajero no puede subir a dos o tres líneas al mismo tiempo. Esa superposición hace que se pierda kilometraje, mientras hay barrios que directamente no tienen servicio“, analizó.

Metlicich anticipó que la Comisión espera ser convocada para estudiar el expediente y participar de las discusiones. También consideró fundamental incorporar la opinión de los vecinos, ya que cualquier modificación de recorridos puede generar tanto beneficios como dificultades para los usuarios.

“Cuando se mueven las trazas, algunos sectores pueden quedar mejor conectados, pero otros quizás pierdan el colectivo que les pasaba a una o dos cuadras y tengan que caminar un poco más. Habrá que evaluar cómo se desarrolla esta nueva etapa”, sostuvo.

Las frecuencias, una deuda que dejó la pandemia

Más allá de los recorridos, la frecuencia de los colectivos aparece entre los problemas que la nueva concesión deberá atender. Metlicich señaló que el servicio nunca recuperó los niveles anteriores a la pandemia, especialmente durante la noche y los fines de semana.

“Perdimos el servicio nocturno. No lo prestaban todas las líneas, pero algunas circulaban y hoy eso ya no ocurre. Los fines de semana también tenemos esperas muy prolongadas”, indicó.

En ese contexto, valoró el funcionamiento del boleto combinado, una herramienta que la propia Comisión había impulsado años atrás y que permite realizar conexiones entre líneas. Sin embargo, advirtió que su utilidad queda condicionada por los tiempos de espera.

“Nosotros habíamos presentado un proyecto entre 2012 y 2013 y finalmente se hizo realidad hace un par de años. Funciona muy bien, pero si una persona tarda en esperar el primer colectivo y después tiene que esperar otro, el viaje se hace eterno, sobre todo los fines de semana”, explicó.

Por eso, consideró que una redistribución de las líneas podría mejorar las conexiones y reducir los tiempos de traslado.

Barrios nuevos y recorridos condicionados por las calles

La expansión urbana también plantea un desafío para el transporte. De acuerdo con Metlicich, numerosos barrios nuevos no tienen colectivos cerca y sus habitantes deben trasladarse hasta las rutas o avenidas principales para acceder al servicio.

Como ejemplo, mencionó la línea 521, que llega hasta el Conicet, pero no ingresa en los barrios ubicados a los costados de su recorrido. “Va por una traza principal, pero los barrios de alrededor quedan afuera. Los vecinos tienen que llegar hasta la ruta para poder tomar el colectivo”, describió.

A esa dificultad se suman las condiciones de algunas calles por las que circulan las unidades. La Comisión realiza relevamientos periódicos de los recorridos y presentó su último informe durante el año pasado.

En esas recorridas detectaron sectores donde fue necesario modificar las trazas para evitar arterias que no estaban en condiciones. Uno de los casos señalados es el de la línea 506: “Se me viene a la cabeza la esquina de Corrientes y Brandsen. Actualmente, la línea circula por Darwin”.

“Es una calle chiquita, que no está preparada para semejante tráfico… Tuvimos que observar situaciones en las que los recorridos debían alejarse o acercarse para esquivar alguna calle”, explicó.

Para la referente, la renovación de las unidades tampoco puede analizarse por separado del estado de la infraestructura vial. “Por más que el colectivo sea nuevo, si en su recorrido encuentra dos o tres pozos seguidos y eso se repite durante todo el trayecto, no va a durar mucho tiempo en buenas condiciones. Todo está relacionado”, advirtió.

El precio del boleto y los costos del sistema

Otro de los puntos que planteó la representante de los usuarios es el esquema de financiamiento del transporte. Desde la Comisión consideran que los subsidios distorsionaron el valor real del pasaje y que una distribución más eficiente de los kilómetros recorridos podría contribuir a aliviar los costos del sistema.

“Todo lo que no paga el usuario lo termina pagando el resto. Por eso también es importante que el kilometraje esté bien distribuido y que los colectivos puedan levantar pasajeros a lo largo de todo el recorrido”, concluyó Metlicich.

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El Gobierno aumentó un 2,2% las prestaciones por discapacidad

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El Gobierno nacional dispuso un incremento del 2,2% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, correspondiente a noviembre de 2026. La actualización alcanza a todas las prestaciones, sin distinción por tipo de servicio, y se calculó en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

La medida fue establecida por una resolución de la Secretaría Nacional de Discapacidad y se enmarca en el sistema creado por la Ley 24.901, que regula las prestaciones destinadas a garantizar la atención integral de las personas con discapacidad.

La actualización se aplica sobre los valores que habían sido aprobados mediante la Resolución 1/2026, del 14 de octubre, cuando se había dispuesto un aumento del 1,9% para ese mes, también en función de la evolución de la inflación.

Por otra parte, la normativa ratificó el reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica, en concepto de zona desfavorable.

Los nuevos valores fueron incorporados en un anexo de la resolución y comprenden al conjunto de las prestaciones contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

El nomenclador incluye servicios de rehabilitación, transporte, educación especial, centros de día, hogares, residencias, estimulación temprana y apoyos para la integración escolar. Los valores se dividen en las categorías A, B y C para parte de esas modalidades, mientras que otras prestaciones integran una categoría única.

Discapacidad: cuáles son los valores actualizados

El anexo de la resolución detalla los nuevos aranceles según categorías y modalidades. Entre los principales valores vigentes desde noviembre figuran:

  • Centro de Día con jornada doble: categoría A, $1.166.692,96. Categoría B, $979.967,23. Categoría C, $746.193,92.
  • Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: categoría A, $1.310.557,92. Categoría B, $1.100.312,05. Categoría C, $839.377,84.
  • Hogar permanente: categoría A, $2.194.516,03. Categoría B, $1.842.808. Categoría C, $1.465.570,71.
  • Estimulación temprana: $439.719,68.
  • Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24.
  • Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.
  • Transporte: $953,22 por kilómetro.
  • Alimentación: $5.223,37.

El anexo también actualiza los valores de formación laboral, escolaridad y residencias. Para la categoría A, la formación laboral con jornada doble quedó en $1.145.104,43 y la escolaridad primaria con jornada doble en $1.228.995,40. En tanto, la residencia permanente tendrá un arancel de $1.429.302,41 en esa categoría. Entre las prestaciones de rehabilitación, el valor de hospital de día con jornada doble asciende a $1.113.666,92.

Fuente: Agencia DIB

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