El oficialismo y la oposición dialoguista dan por hecho que habrá sanción de la reforma laboral en el Senado, la semana que viene. El acuerdo, se sabe, incluye modificaciones al texto original. Expone los alcances de las tratativas con buena parte de los gobernadores -radicales, del PRO, peronistas aliados, líberos- y por eso mismo se destaca el capítulo sin cerrar: una baja puntual del impuesto a las Ganancias que impactaría negativamente en los fondos para las provincias por coparticipación. Hay dudas incluso sobre la posición final del Gobierno. Y en cualquier caso, las miradas apuntan a Luis Caputo. El foco político se corrió hacia el ministro, en un clima tensionado además por el sacudón de la marcha atrás con el índice de precios que elabora el INDEC.

Patricia Bullrich le puso un número al nivel de entendimiento con los socios y dialoguistas del Senado. “Un 95%”, dijo después de reunirse con jefes de bancadas y legisladores de espacios de menor peso y hasta unipersonales. La jefa política de los violetas en la Cámara alta fue precisa además al señalar que la resolución del tema Ganancias está en manos de Diego Santilli y del ministro de Economía, es decir, el que negocia con los jefes provinciales y el que maneja la lapicera de los números.

El artículo impositivo alimenta todo tipo de especulaciones y una de ellas, con origen en provincias, hasta pone en duda la decisión oficial de sostener la rebaja de Ganancias –sin distinción del porte de las empresas y con aplicación inmediata-, porque tampoco las cuentas nacionales estarían en el mejor momento para esa poda. Sería algo así como una combinación de necesidades. “No hay síntomas de mejora de la recaudación. Viene mal desde los últimos meses del año pasado y se repitió la baja en enero. El discurso del Gobierno si cambia de decisión podría descargar las culpas sobre las provincias”, resume una fuente atenta a las últimas señales de la larga negociación.

El Gobierno celebró que se fuera desarmando la posibilidad de una cita del conjunto de los gobernadores en el CFI. El impulso de los jefes provinciales del peronismo duro la había alentado como un rechazo global a la reforma, aunque en rigor el punto en común es la reacción por Ganancias y su efecto negativo en la coparticipación federal. El grueso del proyecto cosecha apoyo, aunque con matices y cambios. Un caso notorio de reclamo de algunos mandatarios fue la fijación de diferencias entre grandes empresas y pymes para la aplicación de artículos como el fondo para atender indemnizaciones, bajo la poco feliz sigla de FAL.

Fuentes cercanas a gobernadores vienen señalando que existe una baja de recaudación que afecta a sus distritos –por coparticipación federal e impuestos propios-, como resultado de diversos factores, empezando por la caída o freno del consumo. Y ya antes de la convocatoria formal a sesiones extraordinarias circulaba una versión -con origen en gobernadores cercanos a Olivos- sobre la alternativa de escalonar entre este año y el próximo la aplicación de la baja en Ganancias para empresas. Otros hablan directamente de dejar el tema para el 2027. Y esperar que para entonces se note el crecimiento del empleo formal que pronostica el Gobierno.

Caputo, con aval presidencial, se convirtió en la pieza más gravitante de la negociación. Lo fue también en las tratativas por el Presupuesto 2026, que debió dejar en el camino un capítulo de peso para garantizar la sanción en el Senado. Curioso, pero ahora hay quienes comparan los fondos logrados por las provincias (ATN, compensaciones variadas, alguna obra, según el caso) con el “costo” que tendría el renglón impositivo de la reforma laboral, capaz de desdibujar o revertir lo logrado a fines de diciembre.

El ministro convive y trata de evitar las internas en el círculo más estrecho de Olivos, es decir, con Karina Milei y Santiago Caputo, aunque a veces se producen roces, incluso con los dos al mismo tiempo. Pero está claro el respaldo de Javier Milei, esgrimido en estas horas frente al oleaje generado por la decisión de frenar el cambio de IPC. Esa modificación era explicada hasta hace apenas días como un avance en sintonía con el FMI y con los cambios reales en materia de consumo. No sólo lo difundía así el INDEC, para el debut en la medición de enero, sino también el Banco Central y comunicadores formales e informales del oficialismo.

La precipitada renuncia de Marco Lavagna, más allá del rápido movimiento para reemplazarlo, provocó un fuerte impacto público, aunque no es el primer caso de un funcionario que deja el cargo como consecuencia de tensiones con Economía. El antecedente más reciente fue la salida, hace dos semanas, de Paul Starc. El entonces titular de la UIF emigró hacia otro cargo por sus diferencias sobre la implementación de la ley de “inocencia fiscal”.

El problema para el Gobierno con el caso del INDEC es más amplio. Incluye y supera la lectura sobre las internas, porque golpea sobre la credibilidad del principal organismo de estadísticas, con interrogantes hacia el frente externo, y porque alimenta sospechas en un terreno especialmente significativo como es la contención de la inflación. Un capital político central para la gestión violeta.

El Gobierno buscó bajarle el volumen al tema, con dos líneas discursivas. La primera dice que, en rigor, la decisión presidencial siempre fue modificar el IPC una vez que estuviera afirmado el “proceso de deflación”. Y la segunda agrega que el registro de enero con la nueva medición no hubiera sido muy diferente al número del índice ratificado: algo por encima de los 2 puntos porcentuales. Más aún: que podría estar incluso una décima por debajo.

Por supuesto, esa comparación entra ahora en el terreno de las especulaciones y de las operaciones, al punto de que la versión oficial sobre el frustrado estreno del “nuevo” IPC se enfrenta con versiones que lo colocan por encima de los tres puntos. No falta algún señalamiento sobre la alternativa de publicar las dos mediciones para cerrar el tema. En cualquier caso, de mínima, resulta llamativo el nuevo capítulo de costos autoprovocados. En este caso, con Economía en el foco político.

El clima está enrarecido. Una vez más. Como tantas otras veces a lo largo del 2025, cuando la interna del peronismo bonaerense tuvo picos de máxima tensión y la fractura expuesta fue cercana y real. Los diálogos abiertos entre el kicillofismo y el cristinismo por la renovación de autoridades en el PJ Bonaerense están cruzados por intereses y movimientos tácticos de ambas partes. Hay ruido.

La posibilidad de que Axel Kicillof sea presidente del partido sigue estando latente. Pero, si se da, no será a cualquier precio. Tiene que haber un acuerdo integral en la conformación de la lista de consejeros, la junta electoral y las secretarías del partido. “Si no salen con nada raro los primos de La Cámpora, la posibilidad de que sea Axel está vigente”, sostuvo un importante dirigente del Movimiento al Futuro (MDF) ante la consulta de Infobae.

En La Plata, donde se concentra el círculo más chico y de mayor confianza del Gobernador, mantienen una postura más refractaria respecto a las negociaciones abiertas, de la que el kicillofismo forma parte. “Axel no puede aceptar ni rechazar algo que nunca pasó. No hubo propuesta y no hay negociación”, sentenciaron bien cerca del mandatario bonaerense.

En la Gobernación consideran que la posibilidad de que Kicillof sea presidente del PJ proviene de “una operación de La Cámpora”. En ese sentido, un funcionario de estrecha relación con el mandatario provincial le planteó a este medio: “Lo único que les interesa es condicionar a Axel y seguir con el barro de la interna para coartar la posibilidad de crecimiento nacional”. En definitiva, creen que la propuesta para que sea presidente del partido es una trampa para llenar de espinas su camino presidencial.

La definición que sale del corazón del kicillofismo es la misma que existía en el esquema político más chico que tiene el Gobernador durante los últimos meses del año pasado. “Una unidad cerrada entre cuatro paredes no le sirve a nadie. El partido tiene órganos que sirven para dirimir esas cuestiones. Ahí se tienen que resolver”, indicaron en el entorno de Kicillof.

Esa afirmación abre la posibilidad de que, finalmente, la situación se dirima en una elección interna, y que el Gobernador siga empujando a Verónica Magario como su principal candidata a reemplazar a Máximo Kirchner en la silla presidencial del partido. Esa posibilidad se terminará de resolver a lo largo de esta semana y, sobre todo, antes del domingo, cuando venza el plazo para presentar las listas de candidatos.

En el MDF hay un concepto general en el que están todos de acuerdo: el presidente del PJ Bonaerense debe ser alguien del MDF que responda directamente al Gobernador. Y también hay dos líneas internas distintas respecto a lo que debe hacer el líder de esa coalición: los que creen que es un error político de Kicillof ser presidente del partido, porque implica quedar encerrado de los deseos del cristinismo; y los que consideran que su desembarco al frente del PJ cierra el conflicto interno y le da un empujón más a su liderazgo nacional, proyectado desde Buenos Aires.

Kicillof no mantuvo ninguna conversación con Cristina o Máximo Kirchner en el último tiempo. Subsiste el silencio. En La Plata aseguran que a la madre y al hijo “no les interesa hablar con Axel”. Es decir, dan cuenta de una relación absolutamente rota, motivo por el que no hay posibilidad de consensuar objetivos comunes. Sin embargo, hay puentes de diálogo abiertos que evitan que la fractura quede a la vista definitivamente.

Así como en el kicillofismo sostienen que no hubo propuesta formal por parte de Máximo Kirchner para que Kicillof agarre la conducción del PJ, en el cristinismo afirman que existió una reunión de la que participaron dos dirigentes (uno cercano a Kirchner y otro a Kicillof) que suelen estar muy inmiscuidos en todas las negociaciones entre ambos sectores, y que en ese encuentro la propuesta del líder de La Cámpora se transmitió con fidelidad.

Este martes hubo una reunión en la que hubo representantes de ambo campamentos peronistas y que tuvo lugar después de una en la que se habló exclusivamente de las tareas de la junta electoral. Hay representantes de ambos lados que están destinados a materializar los puentes de diálogo. Del kicillofismo son Verónica Magario, Gabriel Katopodis, Andrés “Cuervo” Larroque y Mariano Cascallares; y del cristinismo son Federico Otermin, Mariel Fernández, Leonardo Nardini y Facundo Tignanelli. Todos se vieron ayer.

En ese encuentro, que fue una primera aproximación hacia la posible unidad, se empezó a poner sobre la mesa las localidades en las que hay más conflictos para lograr un acuerdo integrador. En el listado aparecen Mar del Plata, Chascomús, Tandil, San Nicolás y Tres de Febrero, entre otras tantas. Son algunas de las ciudades en las que también hubo problemas para lograr la unidad previo a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre del año pasado.

En la reunión también se habló de cómo será la distribución del consejo partidario por secciones y de cómo se integrarán las ramas de mujeres, gremios y jóvenes. Hoy es probable que haya un nuevo encuentro para tratar de seguir encaminando la negociación. Algunas voces potentes del MDF aseguran que Kicillof puede aceptar ser candidato si se dan las condiciones. Y sino habrá interna o, eventualmente, el cristinismo tendrá que aceptar a Magario al frente del partido.

En La Plata son mucho más cautos porque consideran que la jugada política de Máximo Kirchner es una encerrona que busca deslegitimar al Gobernador. “No te lo ganaste, yo te lo dí”, fue la definición que utilizaron en el entorno más íntimo del ex ministro de CFK para representar el objetivo de la estrategia del líder camporista. Cerca de Kirchner le bajan la espuma a los idas y vueltas, y advierten que lo que puede terminar complicando el acuerdo son las diferencias internas de la coalición del Gobernador. El partido de los símbolos se juega con pierna fuerte.

Todo está por verse. Hay tironeos internos en el MDF y una decisión clara del sector de los Kirchner de ejercer presión sobre Kicillof para que acepte conducir el PJ Bonaerense. Ese lugar que nunca antes le ofrecieron y que él dejó saber el año pasado que no quería ocupar. No hay sentencias firmes a esta altura de la semana. Sobreviven las pujas internas dentro de la interna. Hay más dudas que certezas.

Mientras aguarda el tratamiento en el Congreso de la nueva ley de Glaciares, el presidente Javier Milei ya tiene pensado hacer un nuevo viaje a los Estados Unidos para hablar frente a cientos de empresarios en busca de inversiones, igual que harán los principales referentes del Gobierno en otros eventos similares.

Tal como anticipó Infobae, el mandatario nacional tiene previsto disertar en el Council the las Americas, un foro de debate con muchísimo prestigio en norteamérica, que reúne a algunos de los más importantes directivos de compañías internacionales.

Será el próximo 10 de febrero, en la ciudad de Miami y en la previa de la Gala Prosperidad Hispana, a la que también fue invitado y que se realizará en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump.

Al menos 150 empresarios locales han adelantado su interés en escuchar a Milei, después de lo que fue su exposición sobre la economía moderna en el Foro de Davos hace algunas semanas.

“Dado el vínculo profundo entre la moral y los mercados libres, estos últimos nos hacen mejores personas. Ya que gracias a los mercados dinámicamente eficientes podemos al mismo tiempo progresar económicamente, defender la propiedad privada, mantener la paz, alcanzar la armonía social y fortalecer aquellas virtudes sociales que son indispensables para una sociedad próspera”, sostuvo en aquella oportunidad.

En paralelo, el canciller, Pablo Quirno, llegó este martes a Washington para asistir a una cumbre sobre minerales críticos convocada por la administración de Trump, en el marco de la cual se reunirá con varios funcionarios republicanos.

Como primera actividad en la capital estadounidense, el ministro de Relaciones Exteriores visitó el Atlantic Council, donde mantuvo un encuentro a puertas cerradas con autoridades de este think tank y con directivos de diferentes empresas que manifestaron interés en invertir en la Argentina.

Este miércoles será el acto central, en el que estarán el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, además de representantes de los países invitados.

La convocatoria fue hecha también a las naciones del G7 (EEUU, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Canadá y Japón), a los que se sumaron, además de la comitiva proveniente de Buenos Aires, Corea del Sur, Australia, México, Nueva Zelanda.

El objetivo de la jornada es debatir sobre los minerales críticos, como son las tierras raras, el litio, el cobre y el níquel, que el gobierno norteamericano considera fundamentales para no perder lugar en medio de la pelea comercial con China.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá en un evento en Arabia Saudita sobre países en vías de desarrollo, donde coincidirá con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

El enviado argentino será uno de los oradores principales de la AlUla Conferencia sobre Mercados de las Economías Emergentes (ACEME, por sus siglas en inglés), que se realizará entre el 8 y 9 de febrero próximos.

El encuentron está dirigido a responsables de políticas, incluidos ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales, así como a académicos, líderes del sector público y privado, instituciones internacionales y regionales, académicos y expertos en economías de mercados emergentes.

Una vez que finalice el evento, Sturzenegger viajará a Miami para acompañar a Milei en la cumbre del Council of the Americas, donde también podría estar Quirno, aunque todavia no se definió esto último.

Asimismo, el Presidente también estará en Nueva York a mediados de marzo para encabezar el “Argentina week”, una feria en la que se promoverán las posibilidades de negocio en el país.

El debate en el Congreso

Todos estos viajes en busca de inversiones se llevan a cabo mientras en el Senado está pendiente el tratamiento de la nueva ley de Glaciares, que beneficia las explotaciones mineras y es parte del temario para estas sesiones extraordinarias.

La iniciativa del Gobierno para modificar la actual normativa plantea transferir facultades clave a las provincias, otorgándoles mayor control sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en su territorio.

El proyecto establece limitar el alcance de la protección nacional sobre los glaciares y los ambientes periglaciares, focalizando la potestad en manos provinciales, bajo el amparo del artículo 124 de la Constitución Nacional.

Esta medida es respaldada principalmente por los distritos que componen la denominada Mesa de Litio (Catamarca, Jujuy y Salta), así como también los de la Mesa de Cobre (Mendoza y San Juan).

En una nota que enviaron a la Nación, estas jurisdicciones sostuvieron que “la Ley de Glaciares, en su redacción actual, ha provocado controversias sobre su alcance e interpretación, lo que termina por obstaculizar el logro de su finalidad última: promover el desarrollo económico sostenible de nuestras Provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras”.

El punto central del proyecto reside en la relectura del artículo 6 de la legislación sancionada en 2010, que hasta ahora prohíbe actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales en ambientes protegidos al considerarlos reservas de agua dulce.

La ley también define de manera precisa qué se considera “glaciar” y “ambiente periglaciar”: en el primer caso, es “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente… cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación”, mientras que la segunda caracterización abarca áreas con suelos congelados que regulan los recursos hídricos.

En la nueva propuesta, el Gobierno sostiene que las restricciones actuales “han conspirado gravemente contra el pleno ejercicio de las legítimas prerrogativas provinciales referidas a la explotación racional de sus recursos naturales”.

Así, la iniciativa recoge —en el artículo 1— un nuevo criterio de interpretación: “La protección de los glaciares y del ambiente periglaciar deberá interpretarse de un modo compatible” con el texto constitucional, al mismo tiempo que otorga peso decisorio a las autoridades “que determine cada jurisdicción”.

El cambio sustancial radica en el procedimiento de autorización de actividades en estas zonas, ya que serían ahora las autoridades provinciales las encargadas de identificar, tras una evaluación de impacto ambiental, “qué actividades proyectadas implican una alteración relevante”, así como determinar “cuáles glaciares y qué ambiente periglaciar cumplen con alguna de las funciones hídricas previstas”.