El interbloque de La Libertad Avanza (LLA) y las bancadas dialoguistas del Senado acordaron sesionar este jueves con un puñado de temas. Entre ellos se encuentran la modificación del régimen vigente de cortes en biocombustibles -bioetanol y biodiésel- y una nueva transferencia de competencias penales de Nación a la Ciudad, mientras que quedó afuera la ley “Hojarasca” del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que seguirá en la fila.
La definición se consumó en una cumbre informal realizada en los despachos centrales del radicalismo, bancada comandada por Eduardo Vischi (Corrientes). También estuvieron sus pares de LLA, Patricia Bullrich (Capital Federal); PRO, Martín Goerling (Misiones); y Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes), entre otros.
Para que lo consensuado tenga validación real, todo tendrá que confirmarse mañana, cuando se realice la reunión de Labor Parlamentaria -14- que liderará la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con todos los referentes del Cuerpo. Es decir, kirchnerismo incluido. La idea es sesionar desde las 11.
De cara a la jornada de este miércoles aparecen plenarios para comenzar los debates de los proyectos sobre Inocencia Fiscal II y el que cambia la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo apuesta a dictaminar ambas iniciativas -todo un desafío- para que queden listas y aprobarlas la semana próxima. Nadie asegura que esto se logre consumar, aunque libertarios lo intentarán. Dependerá de la voluntad de sus aliados.
Para el recinto del jueves además se estima la votación de dos o tres pliegos judiciales que quedaron rezagados por largos meses. Tampoco se descartan cuestiones de privilegio desde el kirchnerismo cuando se inicie el convite.
El despacho de mayoría sobre biocombustibles fue rubricado días atrás, en un plenario de las comisiones de Energía; y Presupuesto de la Cámara alta. Al principio, el sector azucarero pareció ser el más beneficiado y, con el correr de las semanas, se amortiguó en dosis bajas la tensión entre dicho sector -bioetanol- con el contrario, el del biodiésel.
La nueva modalidad activaría, para el primer caso, un corte obligatorio que pasará del 12% al 15% al año de estar sancionada la ley. Dicho porcentaje se compone de 6% para el producto elaborado con caña de azúcar, 6% con maíz y un 3% abierto de la libre competencia.
Para el biodiésel, el corte se mantendrá en el 7,5% durante el primer año y luego subirá al 10%. En tanto, se distinguirá entre empresas integradas, las cuales participan de toda la cadena productiva, y las no integradas, en referencia a pymes regionales. Las dudas que quedan apuntan a la transición para el último grupo y pujas sectoriales que, de continuar así, podrían generar una fuerte puja en el recinto. No sería lo recomendable por los distritos involucrados y los intereses en juego.
Para el primer caso de transferencia de competencias judiciales, la Ciudad investigará y juzgará delitos contra: el honor, como calumnias e injurias; la integridad sexual, como abusos, corrupción, prostitución y explotación; la libertad, como servidumbre, privación ilegítima y sustracción o instigación a fugarse; y seguridad del tránsito, como entorpecer el normal funcionamiento de los transportes, entre otros. Vale recordar que, para que todo esto funcione, deberá estar acompañado de los recursos correspondientes.
En tanto, el segundo implica que la justicia porteña intervendrá en todos los delitos no federales cometidos por menores de edad. Esto incluye a los adolescentes de entre 14 y 18 años. Para menores de 14 se prevé una intervención tutelar. Ambos textos fueron firmados el jueves pasado, en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, presididas por los oficialistas Gonzalo Guzmán Coraita (Salta) y Agustín Monteverde (Capital Federal).
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