La Justicia de Garantías de Bahía Blanca rechazó un recurso de habeas corpus preventivo que había presentado uno de los defensores en la causa por la muerte en el gimnasio Sport Club.

Se trata del recurso formalizado por el abogado Agustín Robbio, quien asesora a los dueños de la franquicia que administraba las instalaciones ubicadas en la avenida Cabrera al 4.100, donde a principios de junio falleció el cliente Juan Roberto Cafasso (68), al caer desde un entrepiso.

Robbio fue crítico con la decisión de la fiscalía, habilitada por el juez Guillermo Mércuri, de incautar (mediante presentación judicial y/o allanamiento) los teléfonos o tablets de los propietarios del comercio.

En el escrito consideraba que todo fue “un show innecesario” y que “no había razones” para la medida, “carente de motivación”, porque ni siquiera existe imputación y, por otro lado, que “pasó un mes y medio del hecho y no había urgencia”, teniendo en cuenta que la orden se dio en medio de las vacaciones de invierno.

“Sin perjuicio de ello nos hemos presentado a estar a derecho denunciando sus domicilios y estos letrados hemos asumido su representación”, dijo.

Robbio también explicó que algunos de los dueños están de receso y otros, como Germán y Gastón Decker, son empresarios y viajan periódicamente a Buenos Aires por temas comerciales, con lo cual pueden no estar presentes en la ciudad.

Con el secuestro de los teléfonos, el fiscal Cristian Aguilar -a pedido de la querella, encabezada por los abogados Martiniano Greco y Carlos Carnevale- busca determinar si los dueños y/o encargados del gimnasio intercambiaron mensajes previamente por los riesgos que existían en el lugar, ya que el entrepiso -que no estaba autorizado- carecía de paredes.

El rastreo abarcará WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, iMessage, correos electrónicos, registro de llamadas, contactos, grupos, archivos adjuntos, fotos, videos, documentos PDF, planos, informes, notas y calendarios, entre otros servicios y aplicaciones.

Se buscará determinar si, antes del hecho, existieron diálogos sobre los peligros del entrepiso montado, que tenía banners que simulaban paredes, pero no tenían ningún tipo de contención.

Fuente: La Nueva.

IPC Online informó que en julio registró una inflación de 1,26%, medio punto menos respecto de junio, cuando había alcanzado 1,76%.

Detalló también que es la menor variación mensual observada en la serie presentada desde julio del año pasado. En efecto, la interanual dio 26,94% y la acumulada de este 2026 arrojó 14,14%.

Indumentaria fue el capítulo de mayor aumento, con 3,59%, seguida por Atención médica y gastos para la salud, con 2,34%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,11%. En el extremo opuesto, Esparcimiento cayó 1,70% y actuó como el principal freno sobre el nivel general.

El capítulo Alimentos y Bebidas se ubicó en 1,56% a raíz de subas en minutas, con 8,10%; leche, 5,09%; verduras frescas y congeladas, 4,93%; cerveza, 4,29%; bebidas gaseosas, 3,41%; empanadas y pizzas, 3,05%; té, 2,85%; agua envasada, 2,77%, y quesos, 2,70%.

“La trayectoria confirma una desaceleración interanual, aunque con comportamientos muy heterogéneos entre capítulos y productos. Seguimos por debajo de todos los acumulados comparados. De continuar esta tendencia, no sería raro que nuestra estimación sea la primera en quebrar el piso de 1% mensual y de los 20% acumulados interanuales”, cierra el informe.

Fuente: Frente al cano.

La presentación que la defensa de Cristina Kirchner realizó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría abrir una nueva discusión judicial en la Argentina. Al menos esa es la interpretación del abogado Francisco Oneto, quien representa al presidente Javier Milei en distintas causas y sostuvo que un eventual pronunciamiento del organismo internacional habilitaría una vía extraordinaria para revisar la condena de la exmandataria, aunque aclaró que ello no implica que la sentencia pueda revertirse automáticamente.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, Oneto cuestionó una de las afirmaciones que más se repitió desde que se conoció la presentación internacional: que el trámite ante la ONU no tendría ningún efecto en el ámbito local.

“Es desacertado afirmar que eso no tiene efectos”, sostuvo el abogado, antes de explicar que el Código Procesal Penal Federal contempla la posibilidad de promover un recurso de revisión cuando existe un pronunciamiento de un organismo internacional de derechos humanos en el marco de una comunicación individual.