La CGT anunció este jueves que el próximo 30 de abril realizará una movilización a Plaza de Mayo, en la víspera del Día del Trabajador. Según indicó Jorge Sola, uno de los miembros del triunvirato que conduce la organización sindical, será en reclamo por “la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar”. Además, habrá una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco.

Tras una reunión del Consejo Directivo Nacional de la central gremial, el triunvirato se paró delante de los periodistas y Sola se plantó frente al micrófono. “Hicimos un profundo análisis de la realidad sociolaboral y económica que está atravesando nuestro país. Como es noticia en cada uno de los medios, cada una de las actividades estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo, ya sea en la formalidad o la informalidad, o los monotributistas. El endeudamiento familiar ha aumentado, hay pérdida constante de trabajadores y crecimiento del desempleo”, comenzó su discurso el representante del sector de Seguros. Lo escoltaron sus compañeros Cristian Jerónimo, del sindicato del Vidrio, y Octavio Argüello, de Camioneros.

“En conmemoración por el próximo Día del Trabajador, el 1 de mayo, vamos a hacer una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15, en la que se va a llevar adelante también una celebración religiosa conmemorando al papa Francisco, su relación con la defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales como tales. Ese vínculo que el papa Francisco ha llevado adelante con la solidaridad como bandera”, detalló Sola.

Y agregó: “A partir de eso, de esa situación, y en esa conmemoración, vamos a reclamar el estado actual de situación de los trabajadores y trabajadoras, de caída del poder adquisitivo, pérdida del salario y endeudamiento familiar”.

Ya respondiendo preguntas de los periodistas presentes, Sola resaltó que “cuando se lleva adelante una política económica, no debe ser desarraigada de lo que siente la gente”.

“Y lo que está padeciendo la gente hoy es el ajuste brutal, que no es de ahora, viene sucediendo desde el mismo momento en que este gobierno asumió. Y que sucede en el poder adquisitivo, pero también sucede en la discapacidad, en los laburantes, los jubilados, sucede en la educación, y ese malhumor social se trasunta en una manera de expresarse que cada uno de ustedes perciben en las notas que hacen”, esgrimió.

En relación a la caída del poder adquisitivo, Sola consideró “importante la defensa irrestricta la posibilidad de que cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales”.

“Si hay algo que este Gobierno ha hecho y siempre ha denostado es el control de precios. Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es, precisamente, el control sobre uno de los valores y de los precios, que es el control de los salarios”, manifestó el líder sindical.

Luego, se quejó de que, para las negociaciones salariales, “el Gobierno pone un techo que está debajo de la inflación promedio”, mientras que “le cuesta muchísimo sostener la inflación en valores normales, y eso impacta directamente en el poder adquisitivo”.

Por otro lado, en relación a la judicialización de la reforma laboral, con una medida cautelar que actualmente pesa sobre más de 80 artículos de la ley, los dirigentes de la CGT consideraron que, entre otras cosas, en lo que se aprobó en el Congreso hay una “violación del principio protectorio del derecho del trabajo, donde en una relación contractual siempre el trabajador es la parte más débil que debe protegerse”.

También se refirieron a la transgresión del principio de progresividad que marcan nuestra Constitución y los tratados internacionales, que marcan que todo derecho social, una vez que se tiene ganado un derecho, no puede retroceder”.

Con las cuentas en rojo, intendentes de distintos puntos del país confluirán el martes 14 de abril en la puerta del Ministerio de Economía de la Nación para reclamar en la cartera de Luis “Toto” Caputo por el impacto que deja en las finanzas locales, principalmente, la baja en la coparticipación, la suba en el combustible y la falta de obras nacionales. Son varios los dirigentes que están motorizando esta acción de la que también podría participar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Uno de los que está detrás de la movida es el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Desde el entorno del funcionario provincial plantearon a Infobae que la convocatoria es a intendentes bonaerenses, pero que también habrá presencia de jefes distritales de otras pvovincias. El objetivo es obtener una foto federal.

No solo Katopodis está detrás de esta acción. Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM) que preside el intendente de La Matanza, el peronista Fernando Espinoza, también se definió convocar el martes a las puertas del edificio ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 250, frente a Casa Rosada.

Este miércoles por la tarde hubo un zoom en el que intendentes de distintas provincias dieron cuenta de la situación económica que atraviesan sus distritos y coincidieron en presentar un reclamo formal. Uno de los puntos centrales es cómo impactó la suba de combustible, que en el mes de marzo registró un incremento del 24% atado al conflicto bélico en Medio Oriente.

En la provincia de Buenos Aires, admiten que están “con la soga al cuello” y más aún los del interior. “Con cada intendente que habemos juntado la plata para pagar los aguinaldos”, planteó este miércoles el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. Ejemplificó: “en julio del año pasado el gasoil valía $1.100 y hoy vale $2.100. Nuestro distrito recibió la misma cantidad de dinero de coparticipación en marzo de este año que en julio del año pasado. Los costos han aumentado muchísimo”.

Los intendentes hablan de un efecto cascada en lo que respecta a la coparticipación. Bajó la recaudación, disminuyó la coparticipación que reciben las provincias y por decantación los fondos que llegan a los distritos. Además, tampoco se materializa en obras públicas el impuesto al combustible que recauda el gobierno nacional.

En la provincia de Buenos Aires los jefes comunales del radicalismo, pero también del peronismo, buscarán que el primer desembolso que haga el gobierno bonaerense del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal sea de libre disponibilidad. Esta semana Kicillof reglamentó el primer pago. El fondo, cuya finalidad es que la Provincia acceda a deuda y destine una parte a los municipios, se sostiene con el 8% de las sumas que el Ejecutivo bonaerense obtenga por endeudamiento. Si ese porcentaje no alcanza, existe un mínimo garantizado de $250.000 millones para los años 2026 y 2027.

Actualmente, la distribución del 70% de estos recursos abarcará a los 135 distritos, utilizando el Coeficiente Único de Distribución, mientras que el 30% se asignará mediante tres programas provinciales. Los intendentes buscan que ese 30% en rigor sea de libre disponibilidad. Es otra de las herramientas que buscan los jefes comunales para paliar los números en rojo de cara al pago de sueldos y, sobre todo, aguinaldos de mitad de año.

La acción del martes será también una foto política del peronismo. A la avanzada de la FAM que preside el matancero Espinoza hay que sumarle la reunión que la semana pasada mantuvieron en la ciudad de Paraná, el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN). Como dio cuenta Infobae, en la capital entrerriana se juntaron los mandatarios de los principales centros urbanos. Este grupo de intendentes pidió audiencia con el ministro de Gobierno, Diego Santilli y con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, para que la distribución del impuesto a los combustibles y de ATN tiene que tener carácter de ley”. Este martes, se pararán nuevamente frente a la puerta del Ministerio de Economía de la Nación.

El Intendente, Federico Susbielles, recorrió esta mañana el avance en la construcción de dos nuevas cisternas y del acueducto que conectará los barrios Patagonia, Bosque Alto y los Chañares,  una intervención clave para potenciar el servicio de agua potable y acompañar el crecimiento urbano.

Desde la Comuna indicaron que el proyecto incluye dos grandes reservorios y 13 kilómetros de cañería con sus correspondientes estaciones de bombeo, lo que permitirá optimizar el suministro y la presión de agua en Cerri, Villa Bordeu, Chañares, Don Ramiro y aledaños, además de ampliar la posibilidad de conexión en distintos sectores de la ciudad que hoy no cuentan con la factibilidad del servicio.

“Venimos de pasar el mejor verano de las últimas décadas en materia de abastecimiento y distribución de agua, y eso no es casual: hay una decisión del gobernador Axel Kiciloff de invertir en la ciudad para mejorar el servicio de agua potable”, expresó Susbielles.

“Estamos convencidos de que cuando concluya este plan de obras habremos solucionado un problema histórico de Bahía Blanca”, aseguró el jefe comunal.

La inversión de las obras en marcha supera los 30 mil millones de pesos y forma parte del plan hídrico multianual impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.