El gobierno de Javier Milei anunció recientemente una agenda legislativa con fuerte impronta económica para el segundo semestre. Este viernes ingresó por mesa de entrada de la Cámara de Diputados la reforma del régimen de Inocencia Fiscal y para las próximas semanas se espera la llegada del proyecto para garantizar la independencia del Banco Central (BCRA).

Los libertarios aclaran que el cronograma todavía no está definido pero apuntan a convocar a una sesión especial para finales de agosto. Esto le daría margen al Senado para avanzar con otro proyecto de alto impacto político: el de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye la flexibilización de las restricciones para la venta de tierras a extranjeros.

El tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada sufrió un nuevo revés la semana pasada, cuando Patricia Bullrich se vio obligada a llamar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por falta de apoyo de los aliados. No obstante, la jefa del bloque de senadores de LLA se reunió este jueves con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para analizar los cambios que el oficialismo está dispuesto a aceptar para conseguir los votos. Si los tres proyectos, Inocencia fiscal, BCRA y Propiedad Privada, coinciden en el temario, la jornada legislativa inevitablemente será maratónica.

El texto definitivo de la ley de inocencia fiscal, que comenzará a discutirse en las próximas semanas en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, que presiden respectivamente los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, propone varios cambios significativos al régimen que el Gobierno sancionó en diciembre pasado.

La nueva versión del régimen de Inocencia Fiscal ya no exigirá como requisito que los contribuyentes no superen ingresos anuales por $1.000 millones y que tengan como patrimonio menos de $10.000 millones. Es decir, el régimen quedará abierto para todas las personas humanas sin importar su nivel de ingresos o patrimonio. No obstante, la única excepción serán los Grandes Contribuyentes, que no accederán a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos por la ley.

Por otro lado, se redefine el concepto de “discrepancia significativa” que le permite a ARCA rechazar la declaración de impuestos simplificada. Solo se considerará una discrepancia importante si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta la ARCA supera el 15% del impuesto. Y además, si no alcanza el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria (actualmente $5 millones). A su vez, cuando ocurra una objeción, la persona contará con quince días para corregir la situación, pagar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.

La principal polémica girará en torno a la posibilidad de que funcionarios y otras personas políticamente expuestas adhieran al régimen, tal como ocurrió con Manuel Adorni, quien presentó su Declaración Simplificada de Ganancias en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito. De hecho, diputados de Unión por la Patria y Provincias Unidas ya presentaron proyectos propios para excluir a funcionarios y políticos.

En esa línea, el diputado peronista Eduardo Valdés argumentó que “quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque libertario consideraron poco probable que se acepten cambios en este sentido para ampliar los consensos. Se muestran confiados en que los mismos bloques que apoyaron la ley original en diciembre volverán a jugar en tándem con el oficialismo. En aquella oportunidad, se consiguieron 130 votos gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca, un diputado de Por Santa Cruz.

Por otro lado, los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central serán presentada por el propio Milei en las próximas semanas. Según anunciaron, el punto central del proyecto será reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.

La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Ahora el Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.

Según la visión de los libertarios, ambos proyectos contribuirán a consolidar la estabilidad financiera ya que permitirán “remonetizar” la economía y ampliar el crédito con dólares que actualmente están fuera del sistema y también ahuyentaría los fantasmas de que próximos gobiernos vuelvan a financiar déficit con emisión monetaria, con el consecuente aumento de la inflación.

Avances, frenos y negociaciones definen el destino de los proyectos claves en el Congreso. Las iniciativas legislativas más relevantes —reforma electoral, venta de tierras a extranjeros, subsidios y nombramiento de jueces— exponen diferencias profundas entre oficialismo y oposición, y muestran cómo la dinámica política actual condiciona la aprobación o el estancamiento de cada propuesta.

El oficialismo impulsa leyes que pueden modificar el escenario nacional en temas como organización electoral, atribuciones del Banco Central, regulación del lobby, salud mental, etiquetado de alimentos, acceso de extranjeros a tierras, Ley Hojarasca y subsidios en zonas frías.

Cada proyecto enfrenta obstáculos de distinta naturaleza: algunos encuentran un rechazo firme, otros generan disputas internas y solo unos pocos cuentan con consenso suficiente para avanzar.

Proyectos con bloqueos y falta de consenso

La reforma electoral, iniciativa prioritaria para Karina Milei y La Libertad Avanza, se encuentra completamente detenida. Aunque el oficialismo la planteó y debatió, aún no existen modificaciones concretas y los gobernadores no están dispuestos a dar su aval sin acuerdos previos.

Al mismo tiempo, la reforma del Banco Central también permanece en pausa, sin presentación formal ni fecha definida para su discusión. Según detalló Ramón Indart en Infobae A las Nueve, “está en veremos, por lo menos hasta la discusión de lo que llaman las comisiones y los dictámenes,” subrayando la falta de definición sobre el contenido y el momento en que llegará al recinto.

El Gobierno presentó otras tres iniciativas —Ley de Lobby, Salud Mental y Etiquetado Frontal— en una tanda que buscó instalar nuevos debates. Sin embargo, según Indart, estas propuestas quedaron “guardadas” y enfrentan un freno total: “No hay un avance con aliados.” El periodista atribuyó la falta de movimiento a la ausencia de consenso político y a la baja prioridad que les asignan los actores centrales del oficialismo.

Debate y futuro incierto

Entre los proyectos con posibilidades abiertas, Indart ubicó la Ley de Venta de Tierras a Extranjeros. Esta iniciativa, destacada por Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, tiene fecha de sesión para el 6 de agosto. El Gobierno sostiene que cuenta con los votos necesarios, pero la oposición lo niega.

El debate sobre los extranjeros genera posiciones encontradas. Para Indart, el término “extranjero” resulta funcional para el Gobierno como herramienta de debate y construcción política. Mientras el oficialismo utiliza este tema para posicionarse frente a la opinión pública y tejer alianzas, la oposición lo usa como argumento de rechazo.

La Ley Hojarasca sigue sin definiciones claras. Indart indicó que algunos puntos generan resistencia interna, especialmente por la negativa de Sturzenegger a modificar aspectos clave. Zona Fría, que apunta a eliminar subsidios en distintas regiones, enfrenta dudas en distritos de la provincia de Buenos Aires y consejos deliberantes buscan alternativas para mantener beneficios. El Gobierno insiste con la eliminación del subsidio, pero las resistencias locales mantienen el tema en evaluación.

Acuerdos y aprobación asegurada

El único proyecto con vía libre es el nombramiento de jueces. El Poder Ejecutivo envió 25 propuestas nuevas para la designación de magistrados. El Congreso avanzará con el tratamiento de estos pliegos la próxima semana y el oficialismo confía en lograr los acuerdos necesarios.

La prioridad en este bloque recae en la reforma judicial limitada a los nombramientos. No se trata de una modificación del sistema, sino de la aprobación de las listas de jueces propuestas por el Ejecutivo. El trámite parlamentario incluye negociaciones puntuales pero, según Indart, existe consenso para que estas designaciones avancen sin mayores trabas.

Cristina Kirchner incorporó al abogado brasileño Rafael Valim al equipo que diseña la estrategia internacional para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad. La información fue confirmada a Infobae por fuentes cercanas a la ex presidenta, que señalaron que el jurista formará parte de la defensa aunque evitaron precisar cuándo comenzará a intervenir o cuáles serán los primeros pasos procesales.