El día después de haber anunciado cambios claves en el articulado de la Reforma Laboral, con varias consesiones al sindicalismo, el Gobierno sigue de cerca la protesta convocada para este mediodía por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto y anticipa una asistencia reducida en la Plaza del Congreso. “No nos importa para nada”, sintetizó ante Infobae una importante voz con acceso al despacho presidencial en la previa a la protesta que nucleará a sindicatos, movimientos sociales, organizaciones piqueteras y partidos políticos.

Lo cierto es que en varios despachos de Balcarce 50, en la previa a los anuncios que instrumentó el pasado jueves la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en el Senado se vivía un clima contrario a la preocupación que generaba en otros tiempos una acción de lucha definida por la central. Tras alegar falta de apoyos para llamar a un paro general, la CGT definió una movilización en las inmediaciones del Congreso para cuando la Cámara Alta debata el proyecto.

En el ecosistema libertario descuentan que la determinación de no convocar a paro afectará directamente a la asistencia, por lo que —sostienen— la adhesión será menor a la esperada por las autoridades cegetistas. “No creo que sea muy grande en relación a otras que se hicieron bajo otros gobiernos”, expresó una fuente a este medio.

Ante el escenario que tendrá lugar desde la mañana de este miércoles, un integrante de la reducida mesa política que formó parte del debate que dio lugar a las concesiones al sindicalismo contempladas en la reforma, entre las que figuran la eliminación de las limitaciones a las cuotas solidarias y la reducción de los aportes para las obras sociales, se mostró al pendiente de los cuestionamientos del sector, pero coincidente en los pronósticos sobre la participación. “Siempre son importantes las marchas de la central, pero no va a ser multitudinaria”, coincidió ante la consulta de este medio.

“Me preocupa cero. Veremos cómo se da, pero sinceramente me da igual”, retrucó casi a modo de mantra un legislador libertario. Otra voz de las filas violetas ironizó: “No me acordaba ni que había marcha. No va a haber un millón de personas, sino todo el mundo estaría hablando de eso”.

Asimismo, pese a la adhesión de varios sectores en pugna: el triunvirato cgetista, las autoridades de las CTAs, partidos de izquierda, La Cámpora, figuras como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y organizaciones sociales y piqueteras, por los pasillos de Casa Rosada vaticinan una protesta “pacífica” y “de baja intensidad”. Además, se valen de la presencia de los exponentes de la oposición a la que definen como “tren fantasma”, para tildar de “política” la acción.

Sin embargo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich en la cartera, tiene listo el protocolo antipiquetes que comenzará a regir desde temprano en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para la tarea aplican una lógica que la funcionaria define como “VTV”, que gira en torno a la toma de definiciones en función de la evaluación del volumen de la manifestación, el transporte afectado y, por último, la violencia que miden en la previa a la acción.

El ministerio persigue el objetivo de garantizar la libre circulación, por lo que las inmediaciones del Congreso y la Plaza de Mayo amanecieron valladas, como ocurre ante cada protesta. Para el operativo que incluirá controles en los accesos y desvíos en el tránsito, estarán comprometidas las fuerzas federales que trabajarán de manera mancomunada con la Policía de la Ciudad.

Los cambios en el articulado y el vínculo con la Casa Rosada

Dentro de los 28 cambios anunciados por Bullrich, el proyecto que iniciará a debatirse este miércoles en el Senado contempla dos reclamos centrales elevados por la CGT. Por un lado, mantienen las cuotas solidarias, con una vigencia de 2 años y un tope del 2% de los salarios, y por el otro, elimina la reducción en las contribuciones patronales para las obras sociales.

Si bien el vínculo entre el sindicalismo y el Ejecutivo fluctuó en el último tiempo, la administración libertaria otorgó varias concesiones para la aprobación del proyecto que se presenta como vital para el mandatario.

Además, hubo amagues de varios alfiles representantes de Javier Milei para concretar un encuentro con las nuevas autoridades de la central, y se establecieron contactos paralelos como las reuniones entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, representación del sector en el Consejo de Mayo. Sin embargo, en el último tiempo hubo una marcada distancia entre las terminales.

“Se portaron mal”, repetían hasta la semana pasada por los pasillos de Balcarce 50. En la lista de quejas figuran los intercambios con gobernadores que intentaron motorizar desde la CGT para desarticular los cambios en el esquema laboral y los fuertes cuestionamientos contra algunas decisiones del Ejecutivo, como las modificaciones a la SIDE que intentaron aplicar a fin de año vía DNU.

Luego de meses de negociaciones, reuniones y planificación, el Gobierno pondrá en juego este miércoles los acuerdos a los que llegó con los diferentes sectores políticos -que le costaron varias conseciones-, cuando se trate finalmente en el Senado la reforma laboral, que podría significar el primer triunfo legislativo de La Libertad Avanza del 2026.

Las autoridades nacionales están confiadas de que tienen los votos necesarios como para que el proyecto acordado con la oposición “dialoguista” obtenga fácilmente la media sansión y pase a la Cámara de Diputados, donde el escenario es más complejo.

Fueron horas frenéticas las que se vivieron desde comienzos de esta semana, en las que los principales referentes del oficialismo se dedicaron casi exclusivamente a conseguir los apoyos para la iniciativa que originalmente se iba a debatir en diciembre pasado, pero que se postergó hasta esta fecha para evitar una posible derrota, ya que en ese momento no tenían un número de respaldos garantizado.

El ministro del Interior, Diego Santilli, comenzó el lunes recibiendo en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, uno de los aliados electorales de los libertarios y que tiene influencia sobre la senadora Silvana Schneider.

El martes, en tanto, el funcionario se reunió directamente con la senadora por Misiones Sonia Rojas Decut, que junto a su compañero de banca Carlos Arce responden al mandatario de esa provincia, Hugo Passalaqcua, con quien “El Colo” conversó en noviembre.

En paralelo, la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, fue el nexo entre el Poder Ejecutivo y los aliados en el recinto, con los que terminó acordando las modificaciones sobre el proyecto que luego fueron avaladas por la mesa política nacional.

Una de las decisiones más importantes que se tomaron fue la de eliminar la baja al impuesto a las Ganancias prevista para las empresas, un punto que era fuertemente rechazado por los gobernadores, pero que también habría sido puesto en duda por el propio Ministerio de Economía.

No son pocos los mandatarios locales que aseguran que en la Casa Rosada los “usaron como excusa para retirar una medida que también perjudicaba al superávit fiscal”, prioritario para el presidente Javier Milei.

En total, fueron 28 los artículos que se modificaron o eliminaron del texto original, los cuales entre el lunes y el martes Bullrich discutió con los representantes de los otros bloques, y luego convalidó con el resto de la cúpula libertaria.

Después de un acelerado dictamen de mayoría que apuró en diciembre pasado la jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), y que tuvo que recibir un reciente ramillete de modificaciones a favor de gobernadores, CGT y empresarios, un conglomerado conformado por 21 oficialistas y, en principio, entre 16 y 23 opositores “dialoguistas” -según la votación- intentarán aprobar este miércoles y girar a Diputados la ley de reforma laboral, un tema más que sensible y con un par de nocauts en su haber desde el regreso de la democracia.

Se prevé una jornada extensa en la Cámara alta. La sesión extraordinaria tiene las 11 como horario de inicio. Siempre hay media hora para obtener el quorum, de 37 sobre 72 -mitad más uno del pleno- sentados en sus bancas. La cantidad de horas no será estimada hasta que no se sepan bien los oradores que expondrán sobre la iniciativa relacionada con el mundo del trabajo debido a que, ayer, oficialismo y dialoguistas no lograron consensuar un encuentro con relativa calma ante el kirchnerismo. Ocurrió en Labor Parlamentaria.

El interbloque más crítico en el Senado, que comanda el formoseño José Mayans (Formosa), pensó -como contó Infobae el lunes- no asistir a dicho convite e ir al recinto directo, reglamento en mano -curioso, según antecedentes de gestiones pasadas- para imponer el máximo de tiempos permitidos para oradores clásicos, miembros informantes y presidentes de bancadas para el cierre de la discusión. Al final, la plana mayor cristinista se presentó y, tras algunos enojos, oficialismo y dialoguistas dejaron el camino liberado a sus pretensiones que, por supuesto, incluirán -al menos- un homenaje y varias cuestiones de privilegio. La frase recomendada por expertos del Congreso es que los rivales se lleven los discursos; el Gobierno, la ley.

Ante este panorama, y con entre 15 peronistas anotados y un puñado extra que aún duda disertar en el recinto, más los informantes y legisladores libertarios y potenciales aliados que hagan uso de la palabra, la votación en general se extendería hasta bien entrada la noche, en el peor de los casos. Esto no sería lo más importante: la definición en particular es trascendental y, ahí, todo deberá funcionar como un reloj suizo. Por eso la casi confirmada participación para leer los cambios al texto que tendrá el secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian. Su discreto equipo es de lo más profesional que puede mostrar la Cámara alta hoy en día.

¿Por qué se menciona un mínimo de 16 y un máximo de 23 acompañantes? La Libertad Avanza suma 21 soldados y precisa, sí o sí, de la mayoría de los diez que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) y los tres del PRO. Esto, para empezar a hablar y acercarse a los 37, el mínimo para el quorum y blindar el proyecto. En especial, para la votación en particular. A modo previo, se podría deslizar que para la compulsa en general habría 42 adhesiones, como piso más bajo. Distinto caso para la segunda, donde se presume flexibilidad.

Los diez restantes del “grupo de los 44″ son los siempre revoltosos santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Natalia Gadano -sugestivos silencios de ambos en los últimos días-, la discreta Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza -quiere ayudar al alicaído gobernador, Rolando Figueroa-, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo.

Los que pasaron desapercibidos sobre cómo se moverán, pero se encuentran en una ya agobiante -y multi operada- guerra sobre si se van o no del interbloque kirchnerista, son los cinco senadores de Convicción Federal. Este espacio es manejado por el puntano Fernando Salino. Hasta anoche, entre sus integrantes dieron diversas respuestas ante diferentes bloques que consultaron por el destino de sus votos. En el Presupuesto 2026, hubo acompañamiento selectivo. La realidad allí es que algunos responden a gobernadores y fueron maltratados sin cesar por el cristinismo. Suelen no quejarse ni armar novelas. En cambio, otros aprovecharon para juguetear en ambos bandos y armar rencillas interminables. A esta altura, inviable para todos.

Horas atrás, este medio informó que en Labor Parlamentaria sí se pudo congeniar, de no mediar sorpresas de último minuto -aquí siempre se mira hacia Balcarce 50-, la votación en particular por títulos. Esto implica un proceso más acelerado -aunque seguirá lo engorroso y complejo-, con la posibilidad de abrir pocos capítulos a dialoguistas que no quieran avalar una sección de los mismos. En el borrador final -aún se revisaban palabras, algo insólito por el tenor del asunto-, aparecen más de 200 artículos. Fueron casi dos meses de negociación.