En el peronismo están vivas las peleas, pero también subsisten los que intentan dar señales de paz frente a un escenario interno desordenado y agrietado. En esa lista se anotó la semana pasada la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que invitó a Axel Kicillof y Máximo Kirchner al acto que encabezará en su localidad al cumplirse 74 años del fallecimiento de la líder del movimiento justicialista. Será el próximo domingo.

Ninguno de los dos dirigentes aún confirmó su presencia. Parece, a esta altura del conflicto kirchnerista, impensado que ambos compartan un acto. La pelea se profundizó en las últimas semanas y las posturas, cada vez más extremas, se van convirtiendo en irreconciliables. Sin embargo, la posibilidad sigue en pie y el escenario de Moreno es una opción para la tregua.

A esa lista de nombres propios que intentan generar consensos se sumó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que está organizando un importante encuentro para conmemorar los 50 años del asesinato de monseñor Enrique Angelelli, que será el sábado 1 de agosto en la localidad de Punta de los Llanos.

El “Gitano”, como lo conocen al mandatario riojano, invitó a Máximo Kirchner al encuentro, en un nuevo gesto de acercamiento con el cristinismo. Antes visitó a Cristina Kirchner en San José 1111 e invitó a Eduardo “Wado” de Pedro a la provincia que gobierna desde el 2019. Fueron dos hechos que marcaron la reconciliación con ese sector después de la feroz disputa por la presidencia del PJ Nacional.

La convocatoria a Kirchner se enmarca en un plan de acción de Quintela para acercar posturas dentro del universo peronista. El gobernador riojano quiere jugar un rol de articulador nacional dentro de la fuerza política. Es de los que pide la unidad en forma permanente y evita lanzar dardos a las distintas tribus. Ese lugar lo mantiene teniendo diálogo abierto con todos los sectores, desde Kicillof a los Kirchner, pasando por sus pares gobernadores.

La invitación también fue cursada para Axel Kicillof. Es decir, el movimiento de Quintela fue similar al de Mariel Fernández. Invitar a los dos dirigentes que están enfrentados para poder lograr una foto de armonía. Ni Kirchner ni el gobernador bonaerense aún confirmaron asistencia. También fueron convocados algunos dirigentes del PJ Federal que integran Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos. Habrá representación de ese espacio en La Rioja.

Quintela convocó a diputados, senadores y referentes territoriales de todo el país. Busca amplitud y un llamado de paz justicialista con un acto ecuménico como punto de encuentro. El peronismo necesita una tregua sostenida durante el segundo semestre del año para poder negociar algún tipo de acuerdo electoral. Ya sea a través de las PASO, de internas o de un consenso. La frágil unidad de la coalición está en peligro.

La guerra en el kirchnerismo genera preocupación en el interior del país porque pone en peligro la unidad del espacio político a nivel nacional. Ya sea a través de unas elecciones primarias o de un acuerdo. Si no hay una base sólida en la provincia de Buenos Aires, va a ser muy difícil que la construcción pueda tener viabilidad electoral.

En los últimos diez días el silencio al que se vieron obligados los políticos por las instancias definitorias del Mundial generó una pausa en la guerrilla comunicacional de la provincia de Buenos Aires. Esa calma endeble y generada por un hecho mundial de mayor interés para la sociedad argentina, puede desvaneserse rápidamente si no hay voluntad de los dirigentes de frenar las acusaciones.

Quintela trata de mostrarse como un equilibrista en la vida interna del peronismo. Tiene la ambición de ser un protagonista nacional de la reconstrucción de la fuerza política. Tiene también aspiraciones presidenciales, aunque reconoce que, a esta altura del partido, el mejor posicionado es Kicillof. En el medio de ese sendero de espinas que es el justicialismo trata de jugar a ser un gran armador. Una tarea difícil frente a lo amplio, heterogéneo y conflictivo que es el mundo peronista de este tiempo.

A través de negociaciones reservadas con el Gobierno, la CGT logró que se corrigieran las restricciones a la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, pero el gesto libertario no dará lugar a una tregua: este miércoles, a las 15, comenzará el nuevo plan de lucha cegetista con una movilización al Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados.

Los sindicatos agrupados en la CGT organizaron la serie de protestas contra Javier Milei junto con las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y diversas organizaciones sociales, pero, a pesar de que habían amagado con replicar el esquema que se utilizó contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, en 2023, basado en movilizaciones y paros sectoriales y rotativos que se prolongaron durante semanas, finalmente se aplicará una versión light de ese modelo.

La explicación del giro fue expuesta sin rodeos ante Infobae por un jefe gremial: “No hay clima. En las empresas la gente estaba con la cabeza en el Mundial y después tampoco tendremos muchas garantías de que acaten los paros que van a afectar su bolsillo o que puedan poner en riesgo su fuente de trabajo”.

Ese diagnóstico empujó una salida pragmática. La prioridad pasó a ser la calle, con acciones de menor riesgo para los trabajadores y con la mira puesta en sumar adhesión de otros sectores sociales, especialmente de la clase media, para crear las condiciones de un futuro paro general contra la administración de Javier Milei.

Según lo acordado por las 3 centrales obreras y las confederaciones sindicales, luego de la marcha de este miércoles se realizará el 7 de agosto una movilización por el Día de San Cayetano y se seguirá, en fechas por definir, con una concentración ante el Ministerio de Economía en rechazo del endeudamiento familiar, la participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria (el 2 de septiembre), una acción para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina, en noviembre próximo y otra marcha cuando se realice la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Esta agenda de medidas, según lo resuelto, será el “camino” que llevará a una gran protesta nacional, como un paro general de 24 o 36 horas, con la incorporación de otros sectores de la sociedad para darle más fuerza.

La jugada más audaz será la apuesta de “capitalizar” la visita del Papa al país en busca de alguna señal que se interprete como un respaldo a los reclamos del sindicalismo. Una de las ideas es tratar de que la recorrida de León XIV por la ciudad de Buenos Aires se acerque lo máximo posible al edificio de la CGT, donde lo esperarían las columnas de dirigentes y trabajadores.

Además de priorizarse la presencia en la calle, el plan de lucha incluye la realización de asambleas en los lugares de trabajo y “acciones disruptivas” como la entrega de folletos explicativos de los reclamos en estaciones de trenes y aeropuertos en todo el país.

A este esquema de protestas se sumará el paro nacional docente que se impulsa desde la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, conducida por Sergio Romero (UDA), que se concretaría en agosto y al que se sumarán CTERA y otros sindicatos del sector.

La CGT también resolvió abrir contactos con entidades empresariales del interior para consensuar acciones comunes, bajo la idea de que tanto empresarios como trabajadores son “víctimas del modelo Milei”. A la vez, se decidió que entre 15 y 20 dirigentes por gremio acompañen conflictos puntuales en empresas del AMBA y del interior, además de reforzar el trabajo con las delegaciones regionales cegetistas.

La CGT iniciará su nuevo plan de lucha, curiosamente, la misma semana en que salieron a la luz las negociaciones reservadas con el Gobierno que mantuvieron sus líderes dialoguistas, como anticipó Infobae, y que terminaron con el decreto para corregir la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que había perjudicado a los sindicatos en dos puntos clave para su financiamiento.

Por un lado, se utilizaba el salario básico convencional como base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo, una fórmula que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Por otro lado, el tope del 2% de los salarios fijado en la reforma laboral para las cuotas solidarias había sido interpretado de manera tan amplia que también alcanzaba a los aportes empresariales que, vía convenio colectivo, son destinados a mutuales, seguros de vida, seguros de sepelio o mejoras en la obra social.

En ambos casos, la rectificación del Gobierno que, gracias a la negociación la CGT, puso a salvo esos dos ítems cruciales de la caja sindical llegó con el decreto 612 que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. Aun así, la CGT ratificó su plan de lucha que comienza este miércoles, por más que se haya abierto un interrogante: ¿habrá una convocatoria libertaria al diálogo para evitar que se profundicen las protestas?

Hoy nadie lo cree posible, sobre todo porque también arrancó informalmente la campaña electoral, pero también parecía imposible que la Casa Rosada corrigiera la reglamentación de la reforma laboral en favor del poder sindical. Las próximas semanas serán decisivas para medir la temperatura del conflicto Gobierno-CGT.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, recibió este martes en su despacho a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), quien le solicitó una reunión para limar asperezas en pleno receso invernal. Esto ocurrió tras la caótica semana que sufrió el oficialismo, con una sesión que tuvo que pasar a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto próximo y una denuncia entre empleados de ambas, que incluyó amenazas y mensajes de parte de uno de ellos.

Después de la cumbre, desde uno de los sectores deslizaron a Infobae que el mismo no fue en tan malos términos y que se buscó descomprimir una tensión ya en todo el interbloque que comanda la porteña, que cedió una porción importante del monopolio político que disfrutó desde diciembre pasado, cuando aterrizó en el Senado.

El pico del conflicto se alcanzó por la nueva derrota de Bullrich para aprobar la ley de propiedad privada que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto incluye modificaciones sobre expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y la venta de tierras a extranjeros. El último capítulo tuvo a Villarruel enfrentada al Gobierno -ya algo habitual en la vicepresidenta- y la titular de la Cámara alta taladró los teléfonos de legisladores para que el mismo no tuviera luz verde. De hecho, algunas bancadas manifestaron su enojo a este medio.

Tras un dictamen rubricado en mayo, el articulado fue modificado, al menos, unas 15 veces. Los borradores volaban por los despachos de mareados senadores que, en varias ocasiones, llegaron al recinto sin conocer al detalle la versión final. Hoy están alejadas del foco de atención, pero hay dos comisiones que llevaron el trámite de la discusión y nadie habla de ellas: la de Asuntos Constitucionales, que es cabecera; y de Legislación General. Las presiden dos libertarios: Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez, respectivamente.

Previo a firmar el despacho, Villarruel, kirchneristas y dialoguistas ya habían conseguido dinamitar el capítulo entero relacionado con los barrios populares, uno de los máximos objetivos de la Iglesia, que sentó postura y logró su cometido. Quedó como un detalle del pasado gracias a los 15 borradores extra que germinaron. “No se trabaja así”, planteó días atrás un ofuscado referente a Infobae.

Con la guerra abierta entre las dos mujeres fuertes de la Cámara alta, más chats filtrados a propósito -nunca se dudó de la procedencia- y otras amenazas, la relación quedó llena de toxicidad. Esto fue celebrado por la Casa Rosada, que disfrutó largas horas de una disputa doméstica que le daba a ambas todo a pérdida.

El segundo día del receso invernal tuvo esta tarde a Bullrich y al radical bonaerense Maximiliano Abad entre los pocos presentes que marcó el tablero de la Cámara alta. Son 72 en total. Villarruel también estuvo, aunque no suele respetar el sistema y sólo aparece, con luz encendida, los días de sesión.

Para lo que resta del año, al Senado le queda una abultada agenda que incluye, además de propiedad privada, ley de Sociedades -otra de Sturzenegger-, achicar las zonas frías que quiere el Gobierno -antes de enviar el Presupuesto 2027-, el súper RIGI, eliminar los octógonos en etiquetado frontal, ludopatía, salud mental. Los articulados son complejos en muchos casos y los aliados le dieron a entender a la Casa Rosada que, ahora, también pretenden que avancen sus iniciativas, lo que representará un desafío extra para un oficialismo que, en vez de cerrar grifos de conflicto, abre cada vez más.