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La contraofensiva que prepara el Gobierno contra la batalla de la CGT por la reforma laboral

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No es que ya no haya dialoguistas en la CGT. Lo que sucedió es que la reforma laboral de Javier Milei transformó a todos los dirigentes en combativos. El ala política del Gobierno logró eliminar y moderar algunos artículos que irritaban al gremialismo, pero el análisis más detallado del proyecto oficial dejó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como el gran triunfador: en muchos de sus 197 artículos se apunta a romper la vieja coraza protectora del poder sindical.

A esta CGT elegida el 5 de octubre no le quedó otro camino que estrenar el método de la protesta: los líderes sindicales quieren llevar 150 mil personas a la Plaza de Mayo para presionar al Gobierno y a los legisladores.

Aun así, sobrevivieron canales subterráneos de diálogo entre dirigentes gremiales y representantes libertarios, que hasta ahora demostraron ser insuficientes para alcanzar una tregua. Esos interlocutores oficiales ya estaban avisados de que se iba a decidir una movilización para protestar contra la reforma laboral, ideada como una forma de descomprimir el creciente malestar en el sindicalismo y contener a los sectores más duros.

Por eso, aun en medio del amenazante sonido de los los tambores de guerra, hay expectativas de que el Gobierno acceda a introducir en el tratamiento parlamentario algunos cambios en el proyecto final: hay artículos que, tal como quedaron redactados, son “una provocación”, como se quejan los máximos líderes sindicales.

Uno de los que piensan así es Gerardo Martínez (UOCRA), el adalid del sector dialoguista que defendió a capa y espada la integración de la CGT al Consejo de Mayo con la intención de consensuar la reforma laboral. Hoy, sigue reivindicando el diálogo, pero habla como el más duro de todos: “Hay una intromisión del Gobierno en la libertad sindical, en la relación que existe entre empleadores y trabajadores a través de la articulación de los convenios colectivos de trabajo”, aseguró a Infobae.

“No se observa libertad en el ejercicio de las actividades privadas -dijo-, sino que se busca meter al Estado desde la política para ejercer un cierto condicionamiento a lo que representa la defensa de los trabajadores, tanto en el derecho colectivo como en el derecho individual”.

Aun así, Martínez rescató algo: “Desde la CGT mostramos que no le tememos al diálogo. Consideramos que cualquier propuesta de diálogo surgida desde el Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de administrar el destino de la Argentina, es importante, más que nada para resolver los problemas estructurales. Así como le preocupa al Gobierno el nivel de informalidad que hay en Argentina, nos preocupa a los dirigentes que representamos al movimiento sindical en la CGT. Sabemos que con el actual modelo económico lo único que se va a lograr es tener más desocupación por el nivel de recesión y de crisis que está pasando el sector productivo, donde se observa gran cantidad de empresas grandes, medianas y pequeñas que están cerrando sus puertas. A eso se suma la apertura indiscriminada de la política económica, permitiendo el ingresos de miles de productos que vienen subsidiados del exterior”.

Más allá de distintos artículos urticantes para la CGT, el ejemplo del sindicalismo sobre la provocación del Gobierno se basa en el artículo 126 de la reforma laboral, en el que dice que “los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

La ley vigente establece la obligatoriedad de que los empleadores actúen como agentes de retención y no sólo de las cuotas de afiliación, como quedó ahora tras la modificación libertaria, sino también de “otros aportes”, lo que permitió que también estuviera garantizada la recaudación de las cuotas solidarias.

¿A quién le molesta que los sindicatos tengan acceso más fácil a recaudar las cuotas de sus afiliados, que pagan de manera voluntaria? Es cuestionable el sistema de cuotas solidarias porque fija el descuento salarial tanto a los afiliados como a los no afiliados de manera compulsiva y obligatoria, pero incluso la Corte afianzó el esquema de los empleadores como agente de retención de las cuotas sindicales al convalidar ese beneficio para los sindicatos con simple inscripción, en un fallo dictado en 2021 que fue un golpe para el establishment gremial.

Un abogado que asesora a empresas incluso encontró una contradicción del Gobierno que favorecerá los litigios: impulsa aquel artículo que jaquea la recaudación de las cuotas sindical, pero no derogó la Ley 24.642, que establece un procedimiento como juicio ejecutivo para el cobro de las cuotas sindicales que el empleador debe retener obligatoriamente. Entonces, según este abogado, “mantuvieron una ley que en realidad pasaría a no tener fuerza legal, salvo que el trabajador haya consentido afiliarse, comunicarle al empleador y que el empleador haya asumido un compromiso de retener y no hacerlo”.

Para la CGT, todo esta trama que rodeó a la reforma laboral pone al desnudo que el ala política del Gobierno (los Menem y Santiago Caputo) se impuso a Sturzenegger en algunos puntos del proyecto, pero no alcanzó a desactivar un grupo de “artículos-bomba” que finalmente hicieron estallar la relación con la CGT.

Los líderes de la CGT reaccionaron rápidamente para evitar que los apurara el ala dura y apenas comenzó la reunión de Consejo Directivo de este jueves (la primera de esta nueva conducción), el cotitular cegetista Jorge Sola (Seguros) propuso una movilización para el jueves 18, que todos aceptaron sin reparo alguno (ese día incluso marchará la izquierda trotskista, que además de movilizarse le reclama a la CGT hacer un paro general).

La actitud del Gobierno terminó endureciendo a toda la central obrera, que cerró filas alrededor de su triunvirato, de una impronta más dialoguista. Otro dirigente de llegada al Gobierno como Sergio Romero (UDA) también se pasó al bando de los duros: hace meses que pelea infructuosamente con sus colegas para mejorar el salario docente de apenas 500 mil pesos.

Fue curiosa una postal que se registró este viernes: Luis Barrionuevo (gastronómicos), que perdió su lugar en el triunvirato de la CGT e influencia sindical, organizó una comida de sus dirigentes más fieles con Jorge Sola para anunciarle su apoyo a la protesta del jueves 18. Allí también estaban dirigentes inflexibles como Omar Maturano (La Fraternidad) y volubles ante las medidas de fuerza como Roberto Fernández (UTA), e incluso Sergio Aladio (Camioneros de Santa Fe), el máximo opositor interno de Hugo Moyano (¿se quejará porque Jorge Sola se sentó al lado de su peor enemigo?).

Ahora, la CGT reforzará el lobby entre gobernadores y legisladores dirigido a lograr los votos necesarios para que se caiga la ley en el Congreso y promoverá la impugnación judicial del proyecto. ¿Alcanzará? Ninguna de las partes de este conflicto aceptará una derrota.

Por eso hay exponentes libertarios que planean una contraofensiva contra la CGT: si bien aún no hay ánimo de una batalla total, podría haber “hostilidad” en la distribución de fondos para las obras sociales, como insinuó un funcionario con despacho en la Casa Rosada.

Desde la CGT, que se imaginan algo sí, hay pánico: si ya tienen problemas para administrar obras sociales en crisis, la perspectiva será peor, tal como surge de un dato de los técnicos cegetistas: la baja de 1 punto en las contribuciones patronales que prevé el proyecto equivale a 16.500 millones mensuales menos en el Fondo Solidario de Redistribución (que paga los reintegros a las obras sociales) y a 96.000 millones menos en la masa a distribuir entre las entidades del sistema sindical de salud (según los cálculos sobre números de agosto).

El escenario que quedó instalado preanuncia que ambas partes están condenadas a una guerra de final imprevisible. ¿Habrá vencedores y vencidos? ¿O el Gobierno y la CGT se conformarán con un empate?

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Tras la gira de Santilli por las provincias, cuántos votos le faltan al Gobierno para aprobar la reforma laboral

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Diego Santilli ya visitó seis provincias en lo que va de enero y cosechó el respaldo público de cuatro gobernadores para la reforma laboral. Si bien algunos mandatarios mantuvieron el misterio como herramienta de negociación, en el Gobierno se entusiasman porque no recibió ningún rechazo rotundo de sus habituales aliados ni de los sectores dialoguistas. Al parecer, todo es conversable.

Este último jueves, el ministro del Interior se reunió con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. En la conferencia de prensa que dieron tras el encuentro, el mandatario provincial reconoció que el funcionario libertario se llevaba “un apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral” y destacó que el proyecto permitirá “incluir y dar derechos a los trabajadores que no los tienen”.

Un día antes, Santilli había estado por Neuquén, pero el saldo de su visita no fue tan claro. El gobernador Rolando Figueroa dijo que acompañará “cada iniciativa que impulse el desarrollo” y recordó que su provincia fue la “primera en implementar cambios importantes en la legislación laboral”. Sin embargo, enfatizó que la prioridad será el impacto que la ley tenga en su provincia y volvió a reclamar la deuda de USD 200 millones que Nación tiene con la caja previsional provincial. “Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que nos perjudique”, resumió.

En cada visita Santilli repite que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones”. Sin embargo, prácticamente en todas las reuniones recibió reclamos por los artículos 190 y 191 del proyecto oficial que reducen alícuotas de impuestos, como Ganancias, y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias (aproximadamente $1 billón).

Desde la Casa Rosada plantean que la rebaja de Ganancias tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaerá en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta merma se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.

Dentro del mismo oficialismo algunos como Patricia Bullrich y Santiago Caputo se inclinan por hacer concesiones a las provincias, mientras que otros como Luis Caputo apuestan a sostener el texto tal como fue dictaminado.

En el Senado, los libertarios parten de una base de 21 votos propios más otros 3 de PRO. Pero el Gobierno también suma a los representantes de la UCR, que acompañó el dictamen del oficialismo cuando el proyecto se trató en comisión. En total hay siete radicales que responden a gobernadores (Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi -Corrientes-, Carolina Losada y Eduardo Garaletto -Santa Fe-, Mariana Juri y Rodolfo Suárez -Mendoza- y Silvana Schneider -Chaco-), y tres “sin techo” que son oposición en sus provincias (Maximiliano Abad -Buenos Aires-, Flavio Fama -Catamarca- y Daniel Kroneberger -La Pampa-).

Los diez votaron con el oficialismo el Presupuesto 2026 en diciembre y además hay mandatarios que tienen alianzas políticas en sus provincias, como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.

“Apostamos a una nueva ley de reforma laboral porque las viejas recetas siempre nos llevan a los mismos resultados”, dijo el chaqueño Zdero la semana pasada tras su encuentro con Santilli. “La reforma laboral contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo. Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca”, completó Cornejo dos días después.

Con 34 votos anotados en la columna del “positivo”, el Gobierno tendrá que conseguir el apoyo de un puñado de “provinciales” para llegar al quórum (37), como la chubutense Edith Terenzi, cercana al gobernador Ignacio Torres; la salteña Flavia Royón, que responde a Gustavo Sáenz; la neuquina Julieta Corroza (Rolo Figueroa); los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, del gobernador Claudio Vidal; o los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, de aceitados vínculos con Carlos Rovira, líder del Frente Renovador de la Concordia.

Santilli visitó a Torres, pero las conversaciones y declaraciones públicas posteriores giraron en torno a los incendios forestales que están devastando la provincia. No obstante, tuvo mejor suerte en Salta. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, dijo Sáenz, que tiene una relación cada vez más fluida con la Casa Rosada. Mediante algunas concesiones, los libertarios confían en poder sumar a neuquinos y misioneros, pero además podrán recurrir a los peronistas disidentes: el catamarqueño Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada y el tucumano Osvaldo Jaldo, los apoyos de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. Por lo que la cuenta final podría superar los 40 votos para la aprobación en general.

En Diputados, los libertarios parten de una base de 95 votos del bloque oficialista más 12 del PRO y 2 de MID. En principio 109, por lo que tendrá que sumar 20 voluntades más para llegar a los 129 que le permitan abrir el recinto.

Pero en base a las declaraciones de los gobernadores de Salta y de San Juan, el Gobierno ya contaría con otros 5 votos (3 salteños y 2 sanjuaninos). Además, el radicalismo (UCR + ABA) aportaría otros 7, ya que no solo firmó el dictamen del oficialismo en el Senado, sino que además había propuesto su propia reforma laboral cuando se discutió la Ley Bases, al inicio del gobierno de Milei. Prácticamente 121 votos confirmados.

Los peronistas disidentes de Tucumán (3) y Catamarca (3), que casi siempre jugaron con los libertarios en las votaciones importantes, dejarían al Gobierno en la puerta del quórum, y las negociaciones con las provincias aliadas podrían terminar de empujar el proyecto a través de la línea de meta: Misiones (4), Neuquén (1), Santa Cruz (1), San Luis (1).

Las provincias mineras como Catamarca, San Juan, Neuquén y Santa Cruz también seguirán con atención el devenir del proyecto para modificar la Ley de Glaciares, que le dará más poder a los gobiernos locales para habilitar proyectos productivos en zonas que ahora están prohibidas.

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Adorni reducirá un 20% la planta de la Jefatura de Gabinete: cuántos empleados tiene y dónde busca recortar

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En las vísperas de cumplir su tercer mes al frente de la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni ordenó aplicar la directiva del presidente Javier Milei y pasar la motosierra por la estructura y la planta de empleados que conforman el área que lidera. La idea para el mes de febrero es avanzar en una disminución del 20% de la nómina de trabajadores, pero también de las dimensiones del organigrama, según confirmaron a Infobae desde la coordinación de ministerios.

Hasta entonces, la estructura funciona con 3018 personas, según el último informe del INDEC, cifra levemente superior a la revelada por su antecesor Guillermo Francos durante su primer informe de gestión, lo que alcanza a secretarías y direcciones. De ese total, el ministro coordinador tiene intenciones de recortar al menos 500. Desde su desembarco a principios de noviembre, la idea figura entre las prioridades de sus colaboradores más estrechos, que, luego de asentarse en los cargos, establecieron una fecha límite para que cada área realice una reducción de su nómina. “La Jefatura de Gabinete es enorme. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que la estructura estaba completamente sobredimensionada”, sostuvieron ante este medio.

La tarea no alcanza solo a la lista de empleados, sino que trae aparejada la intención expresa de reducir ravioles y ordenar el uso de los recursos. Ese trabajo compromete al equipo de la Unidad de Asesores del Gabinete en articulación con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger para concretar los planes. Hasta entonces hubo ronda de reuniones con todos los secretarios y directores a los que se les trasladó la necesidad de achicar las estructuras y eliminar las competencias duplicadas.

La Jefatura de Gabinete actualmente tiene bajo su órbita a los secretarios Ignacio Devitt (Asuntos Estratégicos), Federico Sicilia (Coordinación Legal y Administrativa), Ian Vignale (Ejecutiva), Javier Lanari (Comunicación y Medios), Darío Genua (Innovación, Ciencia y Tecnología) y Daniel Scioli (Ambiente y Turismo). Según supo este medio, las dos últimas registran el mayor caudal de empleados acumulados, en especial en Parques Nacionales, y deberán instrumentar el pedido con celeridad.

Desde la Jefatura de Gabinete aseguran que la reducción tendrá impacto en el monto total que se destina al pago de sueldos, al tiempo que garantizan que servirá para ordenar estructuras repetidas y funciones duplicadas, pero aclaran que no afectará al desempeño de la gestión. “El trabajo es similar al que se hace en otros organismos: revisar funciones, dotación y estructura. Determinar qué es esencial y qué es lo que está sobredimensionado”, explicaron a Infobae.

A finales de diciembre, y como contó este medio, el funcionario oficializó el recorte de gastos y redujo el uso de vehículos oficiales y choferes. Lo hizo a través de un comunicado en el que dispuso la revocación inmediata de las asignaciones de autos para el personal bajo la órbita del organismo. Cada secretaría tenía la indicación de presentar un relevamiento detallado con los bienes y recursos restituidos.

Según supo este medio, el área contaba con 78 autos a disposición utilizados por el personal, lo que se sometió a un proceso de revisión con posterior reasignación de los mismos. Desde entonces, opera un protocolo de gestión que debe contemplar la justificación y la solicitud de cada empleado, que es revisada por la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.

Otra de las medidas en las que trabajan desde el área es en la prohibición de pasajes en primera clase para funcionarios con una limitación en el monto destinado a viáticos. “Se terminó eso de viajar en business con viáticos incluidos. Turista o habrá que buscar alternativas”, argumentaron. Algo similar pregona la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante sus visitas a las provincias en el marco de las actividades partidarias de La Libertad Avanza.

No faltaron las quejas de algunos de los involucrados que se vieron afectados por los planes de austeridad que instrumenta el ex vocero en nombre de los Milei. Sin embargo, la decisión se muestra como indeclinable: “No hay plata y tenemos que predicar con el ejemplo”, fue la respuesta dada.

Lo cierto es que los planes de achicamiento estatal no alcanzan solo a la Jefatura de Gabinete. En coordinación con Sturzenegger, Adorni participó del diseño de la hoja de ruta para concretar la reducción de otro 10% del número de empleados de la planta total del Estado. “La motosierra es constante”, justificaron ante este medio.

En paralelo, busca imprimirle su impronta a la gestión y protagoniza reuniones individuales con los ministros del Gabinete para establecer prioridades y detectar problemas.

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Antes de las extraordinarias, Milei retoma la agenda política local y desembarca en Mar del Plata con Santilli

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Tan solo unos días después de haber regresado de su viaje a Davos, donde participó del Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei retoma la agenda local con una recorrida en tono de campaña en Mar del Plata, donde también encabezará un acto de derecha ante funcionarios y cientos de dirigentes.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de La Libertad Avanza, si bien todavía se estaban cerrando los detalles de la actividad, el mandatario nacional caminará el próximo lunes por el centro de la ciudad balnearia.

De esta manera, el jefe de Estado volverá a mostrarse públicamente en la provincia de Buenos Aires, uno de los principales distritos -si no el más importante- que quiere gobernar a partir del 2027.

Lo hará acompañado de la secretaria general, Karina Milei, en su rol de titular del partido, y del ministro del Interior, Diego Santilli, quien aparece como el posible candidato a gobernador bonaerense del oficialismo.

De hecho, “El Colo” lideró la lista libertaria en las últimas elecciones en PBA, cuando el espacio logró remontar la derrota de más de 13 puntos que había sufrido en los comicios locales.

“La provincia de Buenos Aires quiere el cambio y depende de nosotros que nos unamos para dar esa batalla en el 2027”, sostuvo el ahora funcionario en el acto de celebración de aquella victoria, en octubre del año pasado.

Desde entonces, el dirigente del PRO que se sumó a las filas violetas cuando fue designado en la cartera de Interior aparece como la figura que podría elegir Milei para tratar de disputarle el poder a Axel Kicllof.

El Presidente y su hermana vienen haciendo varios actos de campaña en este territorio y, de hecho, la secretaria general estuvo hace tan solo unos meses en esta misma ciudad balnearia, donde organizó un “congreso libertario”.

La funcionaria fue la oradora principal del evento que se llevó adelante el 30 de noviembre en el NH Gran Hotel Provincial, que reunió a integrantes del Gabinete y los principales dirigentes del espacio.

En esta oportunidad, será el propio jefe de Estado el que encabece la recorrida junto a Santilli, Karina y referentes como los diputados Sebastián Pareja -titular del partido a nivel local- y Lilia Lemoine, entre otros.

La caminata comenzará a las 20:30 en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda, y al día siguiente el mandatario será el encargado de cerrar una nueva edición de la Derecha Fest.

El Presidente ya fue el último en tomar la palabra en uno de estos eventos privados a finales de julio pasado, en la capital de Córdoba y en la previa de las elecciones nacionales.

Para esta oportunidad, la sede será el Horizonte Club de Playa y están invitados al escenario la propia Lemoine; su compañero de banca Sergio Figliuolo, más conocido como “Tronco”; el legislador Guillermo Montenegro (ex intendente local); los escritores Agustín Laje y Nicolás Márquez, y el pastor evangélico Gabriel Ballerini, entre otros.

Por la noche, Milei irá a ver el espectáculo de su ex pareja Fátima Flórez, quien protagoniza un unipersonal en el Teatro Roxy-Radio city. Así lo confirmó la propia artista en declaraciones periodísticas: “Es muy fanático. Siempre pondera mucho mi trabajo. Le gusta mucho lo que hago arriba del escenario. Realmente me admira mucho y no quiere perderse el show”.

Con estas actividades, el Presidente encara la última semana antes del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, convocadas a partir del 2 de febrero y hasta fines de ese mes.

Durante ese plazo, el líder libertario buscará que se aprueben en ambas Cámaras la reforma laboral y el acuerdo comercial firmado entre el Mercosur y la Unión Europea, a pesar de que el tratado todavía no fue ratificado en el Viejo Continente.

Para esto, tanto la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, como Santilli comenzaron las negociaciones con la oposición, con el objetivo de llegar a las votaciones con los mayores consensos posibles.

El ministro del Interior, por caso, retomó sus recorridas por el interior del país para reunirse con gobernadores y conversar personalmente con ellos sobre estas iniciativas. Recientemente, se encontró en Salta, con Gustavo Sáenz; en Neuquén, con Rolando Figueroa, y en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio.

Esta semana, la mesa política volverá a reunirse en la Casa Rosada para terminar de delinear la estrategia legislativa antes del inicio de las sesiones.

Además de Santilli y Bullrich, este grupo lo integran la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

A pesar de que el temario de extraordinarias incluye también otros asuntos, como la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea, el Gobierno concentra todos los esfuerzos en lograr un éxito con la reforma laboral.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, sostuvo “El Colo” después de una de sus reuniones.

Si bien muchos mandatarios locales anticiparon su apoyo a la medida, también hay varios de ellos que reclaman algunos cambios en el proyecto que ya tiene dictamen, puntualmente en el artículo referido a la modificación del impuesto a las Ganancias.

Debido a que se trata de un gravamen que es coparticipable, los gobernadores entienden que una baja de las alícuotas que pagan las empresas impactaría directamente en sus recaudaciones, por lo que piden rever la medida o algún tipo de compensación.

El ministro y la senadora tendrán esta última semana (después de los actos en Mar del Plata, solo les quedarán tres días) para tratar de convencer a los indecisos y dar comienzo al debate formal en el Congreso.

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