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Política Nacional

La emergencia alimentaria acordada entre el Gobierno y la oposición costará al menos $8.000 millones

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En un intento por poner fin a un arduo debate que podría generar mayores complicaciones en la campaña electoral, el Gobierno y la oposición acordaron aprobar mañana, en una sesión “corta y sin agresiones”, el proyecto de ley de los bloques de diputados opositores que contempla un aumento del 50% de los programas de ayuda social en el contexto de la emergencia alimentaria y que en la práctica implicaría la inyección de fondos de entre $8.000 y $10.000 millones.

Después de una reunión reservada entre el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, el titular del Interbloque de Cambiemos Mario Negri y el jefe de la bancada del Frente para la Victoria Agustín Rossi, el oficialismo y la oposicón acordaron que mañana habrá una sesión especial para aprobar el proyecto de emergencia alimentaria sin crear nuevos gastos para el Estado. En cambio, la medida se encuadrará en una reasignación de partidas.

Se tratará así de un proyecto que contempla el aumento del 50% del monto destinado a los planes sociales alimentarios. Es decir, se contabilizaron de esta manera los $12.000 millones que originalmente estaban en el presupuesto 2019 para planes alimentarios más los $6.000 millones que se inyectaron tras la devaluación que hubo después de las PASO. Esto suma unos $18.000 millones, con lo cual el aumento del 50% sería de entre $8.000 y $10.000 millones.

“Hay un acuerdo de caballeros para evitar que haya incertidumbre y que se generen mecanismos de ayuda social inmediatos”, explicó a Infobae un funcionario del Gobierno que estuvo siguiendo de cerca la reunión reservada entre Rossi, Negri y Monzó. Tanto el jefe de Gabinete Marcos Peña como el ministro de Hacienda Hernán Lacunza fueron informados de manera permanente por Negri y Monzó sobre las negociaciones parlamentarias con el peronismo.

En el breve informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso al que tuvo acceso Infobae sobre el impacto del proyecto de ley de emergencia alimentaria se detalló: “En cuanto a la forma en que se atenderá el financiamiento de la medida si bien en el el artículo 4 no queda especificado de acuerdo con la lectura del artículo 6 se faculta al Poder Ejecutivo Nacional las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional estableciendo como límite que las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad servicios sociales“.

Fuente: Infobae

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La pobreza bajó a 28,2% en el último semestre de 2025 y afectó a cerca de 13 millones de personas

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La pobreza llegó al 28,2% en el segundo semestre de 2025 en la Argentina, según publicó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Es el nivel más bajo en 7 años.

El nivel de pobreza bajó 3,4 puntos porcentuales con respecto a los primeros seis meses del año y afectó a cerca de 13 millones de personas. Por su parte, el nivel de indigencia alcanzó 6,3%.

Además, La información difundida por el INDEC muestra que el 41,3% de los niños de hasta 14 años son pobres. El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 32,6% y 24,6%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 9,7%.

A nivel regional, el Noreste (NEA) registró la incidencia más alta de pobreza, con un 32,7%, seguido por el Noroeste (NOA) con 28,4% y el Gran Buenos Aires con 28,3%. En cambio, las menores tasas se observaron en la Patagonia (25,4%) y en la región Pampeana (26,2%).

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos difundidos por el INDEC y aseguró que “la pobreza es la más baja en más de siete años”. A través de un mensaje en redes sociales, destacó que en el segundo semestre de 2025 la tasa se ubicó en 28,2%, mientras que la indigencia alcanzó el 6,3%.

En esa línea, remarcó que, en comparación con el mismo período de 2024, la pobreza se redujo 9,9 puntos porcentuales y la indigencia 1,9 puntos. Además, subrayó la magnitud de la mejora frente al pico registrado en el primer semestre de 2024, cuando ambos indicadores habían escalado al 52,9% y 18,1%, respectivamente: desde entonces, la caída fue de 24,7 puntos en pobreza y 11,8 puntos en indigencia.

Fuente: TN

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Citan a declarar a la escribana que certificó la compra del departamento de Adorni en Caballito

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Manuel Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que certificó la compra del departamento de Caballito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La escribana, que habría intervenido además en la escritura de una propiedad registrada a nombre de la esposa del vocero presidencial en un country en Exaltación de la Cruz, deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py el miércoles 8 de abril.

La citación se da en el marco de la investigación judicial que analiza la compra del inmueble ubicado en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada el 18 de noviembre de 2025, fue declarada por un valor de 230 mil dólares y quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para concretarla.

De acuerdo con los registros inmobiliarios, la vivienda tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y a Claudia Sbabo. Ambas no solo figuraron como vendedoras del departamento, sino también como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares que permitió completar la operación. Cada una aportó el 50% del préstamo, que quedó asentado en partes iguales a su nombre.

La intervención de la escribana Nechevenko fue clave en esa transacción y también en otra operación inmobiliaria vinculada al funcionario. La profesional habría participado además en la escritura de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, adquirida en noviembre de 2025 y que figura a nombre de Julieta Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete.

En la causa, el fiscal Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la información declarada ante organismos oficiales. Entre los pedidos se incluyeron oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros.

La fiscalía sostuvo en el expediente que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario. La investigación tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien delegó el impulso de la causa en el fiscal.

En ese contexto, Pollicita también requirió a la escribana la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino. La citación como testigo está prevista luego de que el fiscal reúna los documentos disponibles en los registros correspondientes.

Fuente: TN

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Crearon el Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales

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El Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con el objetivo de consolidar y armonizar los datos de quienes reciben prestaciones o servicios sociales en todo el territorio nacional.

La medida se hizo efectiva esta madrugada, mediante la publicación de la resolución 23/2026 del Minsiterio de Capital Humano en el Boletín Oficial. La decisión se apoya en la necesidad de contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a las personas que efectivamente acceden a beneficios sociales, así como las características y atributos específicos de cada caso.

De acuerdo con lo dispuesto, el registro funcionará en el marco del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), bajo la gestión del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que tendrá a su cargo la administración, resguardo y actualización de la base de datos.

El SIIS, creado en septiembre de 2024 por resolución del Ministerio de Capital Humano, actúa como repositorio central de bases de datos para la integración e interoperabilidad de información proveniente de distintas áreas del Estado. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es responsable de la custodia y cruce de datos, así como de la elaboración de estadísticas y la evaluación de políticas públicas basadas en evidencia.

La resolución que dio origen al RIB establece que el gasto para su implementación será cubierto por las partidas presupuestarias del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se dispuso además la intervención de la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archivo correspondiente.

Desde el Gobierno, alegaron que la implementación del RIB permitirá contar con un panorama actualizado y preciso de la cobertura de las políticas sociales, facilitando la gestión de la inversión pública y la evaluación del impacto de las intervenciones.

En la práctica, el RIB integrará y consolida información que antes se encontraba fragmentada en distintas dependencias del Estado. De este modo, se busca evitar duplicidades, superposiciones y vacíos de datos, asegurando la integridad y trazabilidad de la información oficial. Según lo dispuesto, el registro se nutrirá exclusivamente de datos provistos por los organismos competentes y será administrado bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad.

El establecimiento de este registro responde a la necesidad de fortalecer la transparencia y la trazabilidad de las políticas sociales, así como de mejorar la coordinación interinstitucional.

A principios de marzo, la minsitra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que “no existen los planes sociales”; por el contrario sostuvo que se trata de prestaciones de la seguridad social y programas con reglas y objetivos diferentes.

“Técnicamente, no existen los planes sociales. Es una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión. No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social. Las jubilaciones y las pensiones son derechos establecidos por ley, se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos”, dijo la ministra en un video publicado en redes sociales.

“No dependen de cupos, no dependen de intermediarios, no son discrecionales, eso no es un plan, es seguridad social. Los programas sociales son otra cosa, son herramientas política pública focalizada. Tienen objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados. Y si no funcionan, se modifican o se cierran”, aseguró.

“En diciembre de 2023, la Asignación Universal por Hijo (AUH), con su complemento alimentario, cubría apenas el 54% de la canasta básica alimentaria. Hoy, cubre cerca del 100%. Eso no es expandir asistencia. Es recomponer el poder adquisitivo para combatir la indigencia y la pobreza extrema. Corregimos una inconsistencia del sistema. No aumentó la cantidad de programas sociales. No aumentó la cantidad de personas asistida”, agregó.

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