Luego del fin de semana largo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, iniciará una semana clave para el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y el Financiamiento, proyectos que envió a la Legislatura provincial para su tratamiento y que hasta última hora seguirá negociando para lograr consensos con la oposición y poder aprobarlos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el paquete fue enviado en los primeros días de noviembre y, si bien las tres leyes son importantes, el foco del oficialismo bonaerense está puesto en lograr la autorización para tomar deuda por hasta 3.034 millones de dólares que requiere los dos tercios de los votos. 

De eso dependen el pago de los vencimientos de la deuda pública pautados para marzo y septiembre, pero también los fondos que recibirán los 135 municipios, muchos de ellos complicados para poder pagar sueldos y aguinaldos en diciembre.

La intención es aprobar el paquete de proyectos en la Legislatura bonaerense el próximo miércoles 26 de noviembre, en ambas cámaras, supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

La última vez que Kicillof contó con Presupuesto aprobado por la Legislatura fue en 2023, tras lo cual siempre fue prorrogado por la falta de acuerdo entre La Campora y el mandatario provincial.

En ese marco, las tratativas que encaran los alfiles de Kicillof se encuentran más encaminadas con la oposición que con el kirchnerismo duro.

Con este último espacio con el que los resquemores siguen a flor de piel y no está claro si obtendrá los votos de los legisladores más referenciados en Máximo Kirchner, en medio de la interna peronista que se profundizó tras el revés electoral del 26 de octubre.

En el marco de las negociaciones, el mandatario provincial garantizó un monto a los municipios dentro del Fondo de Fortalecimiento Municipal que se incluye en pedido de endeudamiento, lo cual era reclamado por los intendentes de la oposición, y del peronismo también.

El fondo estaría garantizado, se tome deuda o no, según dejaron trascender en el entrono de Kicillof.

Es que el artículo 3 del proyecto de endeudamiento sostiene que se va a crear el “Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal” y que el mismo se compondrá de un 8% de la deuda que logre colocar la administración central bonaerense.

El proyecto de financiamiento tiene dos grandes solicitudes de deuda. Un artículo por hasta 1.045 millones de dólares y otro por hasta 1.990 millones de dólares.

Además contempla una emisión de letras por 250 millones de dólares y dos autorizaciones a empresas del estado: una para Centrales de la Costa, por hasta 150 millones de dólares y otra para AUBASA por hasta 250 millones de dólares.

 El choque de modelos entre el territorio bonaerense que gobierna Axel Kicillof y el paradigma libertario de desregulación y atracción de inversiones en inteligencia artificial comandado por el presidente Javier Milei suma un nuevo capítulo luego de que el mandatario provincial firmara una resolución que impone límites al uso de la IA en la administración pública del distrito.

Con la resolución 9/2025, la Provincia se convirtió en la primera jurisdicción del país en establecer regulaciones para una tecnología que constituye una ola imparable destinada a cambiar todos los paradigmas de la sociedad. La norma que publicó el gobierno bonaerense apunta a que los organismos estatales de la provincia evalúen riesgos, auditen algoritmos y adviertan a las personas cuando interactúan con sistemas de IA.

Según supo la  Agencia Noticias Argentinas, la resolución de la Subsecretaría de Gobierno Digital de la provincia de Buenos Aires del jueves último obliga a toda la administración provincial que desarrolle, contrate o use IA a realizar una evaluación preliminar de riesgo, clasificar el sistema (riesgo inaceptable, alto, limitado o nulo).

También crea un Registro de Inteligencia Artificial a cargo de la Dirección Provincial de Innovación Digital. Estas reglas están pensadas como medidas preventivas y de protección de derechos.

Esto supone una novedad para la gestión pública sobre un tema que fue abordado por otras jurisdicciones pero no con la misma amplitud: la regulación bonaerense se aplica a todos los organismos públicos provinciales y no solo a un ministerio o al sistema educativo.

Al mismo tiempo, la Casa Rosada impulsa una estrategia distinta, basada en la desregulación y en atraer inversiones masivas en infraestructura y centros de datos para posicionar a la Argentina como un polo tecnológico.

Tanto es así que, antes de las elecciones de octubre, el oficialismo celebró con bombos y platillos que la empresa OpenAI confirmara que quiere invertir en Argentina para desarrollar un centro de datos a gran escala, lo que supone un proyecto sin precedentes que se denominaría ‘Stargate Argentina’.

Aunque este proyecto todavía está en ciernes, los gestos del mileismo hasta el momento sobre la cuestión IA van en una clara dirección desreguladora, lo que choca nuevamente con la visión del “partido del Estado”, como caracterizó alguna vez el Presidente a la oposición.

Libertarios y peronistas por la IA en el Congreso: la pelea que se viene

La regulación bonaerense se inscribe dentro de un contexto internacional en el que la Unión Europea, Australia y otros países sudamericanos ya avanzaron con normativas similares, pero en el país aún se debaten iniciativas para regular el uso de la IA.

A nivel nacional, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de mayoría sobre un proyecto de ley para crear un “marco legal para el desarrollo, implementación y uso responsable de sistemas de IA” en todo el país.

El proyecto del diputado de Unión por la Patria (UxP) Daniel Gollán está pensado para regular el desarrollo y uso de IA bajo principios éticos y de derechos humanos. No está limitado exclusivamente al Estado, como el de PBA, sino que habla de sistemas de IA más allá del sector público.

La iniciativa de UxP en el Congreso ya despertó voces críticas en el oficialismo y aliados respecto de que podría frenar startups o empresas más pequeñas, por lo que la regulación bonaerense podría ser el principio de una disputa nacional entre el peronismo y LLA.

El presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva y Carlos Presti asumirán como nuevos ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente.

El mandatario nacional formalizó la salida de Bullrich y Petri antes de que ambos asuman en el Senado y la Cámara de Diputados, el próximo 10 de diciembre.

“La Oficina del Presidente informa que que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional”, sostuvo el comunicado oficial, según tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Además, la Oficina expresó que la funcionaria “ha sido una pieza fundamental de la ´Doctrina Bullrich´ que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”.

En tanto, el actual “Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como el nuevo ministro de Defensa”.

“Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango del escalafón estará al frente del Ministerio de Defensa”, indicó la Oficina.

De esta forma, el Gobierno expresó que “se inaugura una tradición” que espera que la política pueda continuar “de aquí en adelante” para dar “por finalizada la demonización de oficiales, suboficiales y soldados”.

El Poder Ejecutivo señaló que las dos designaciones son “una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023” con Bullrich y Petri, y “su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”.