Después de más de diez horas de debate, el Senado dio media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Con un total de 37 votos a favor contra 33 negativos, el Gobierno logró avanzar con las modificaciones sobre el régimen de desalojos exprés y las expropiaciones.

Pese a que el oficialismo se había asegurado el apoyo de los aliados, en la recta final el proyecto sufrió varias modificaciones. Primero, se optó por eliminar el capítulo tres que pretendía aumentar el tope de venta de tierras nacionales a extranjeros ante el retroceso que mostraron varios legisladores.

Sin embargo, se dio un cambio de última hora, luego de que se gestara un ambiente de rechazo general al apartado que buscaba modificar la actual Ley Nacional de Manejo del Fuego. La decisión fue confirmada por el senador fueguino Agustín Coto, previo a que se iniciara la votación.

A partir de haberse logrado la mayoría requerida, el dictamen será enviado hacia la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento. No obstante, en la Cámara Alta quedará pendiente la revisión de las solicitudes de Anabel Fernández Sagasti (Bloque Justicialista – Mendoza) y Flavio Fama (UCR – Catamarca) para participar de forma virtual.

En las últimas horas, los senadores habían pedido una solicitud excepcional por cuestiones de salud. Pese a que la vicepresidenta Victoria Villarruel las había aprobado, ambas quedaron sujetas al voto del resto de los miembros del Senado. Finalmente, se acordó que la cuestión sea tratada por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Quiénes votaron a favor

• Maximiliano Abad (UCR – Buenos Aires).
• Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza – San Luis).
• Romina María Almeida (La Libertad Avanza – Entre Ríos).
• Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza – Córdoba).
• Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social – Misiones).
• Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza – San Luis).
• Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza – Jujuy).
• Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza – Jujuy).
• Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza – Entre Ríos).
• Patricia Bullrich (La Libertad Avanza – Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
• Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza – Neuquén).
• Agustín Coto (La Libertad Avanza – Tierra del Fuego).
• Andrea Marcela Cristina (Frente PRO – Chubut).
• Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas – Corrientes).
• Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza – Río Negro).
• Eduardo Horacio Galaretto (UCR – Santa Fe).
• Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza – Chaco).
• Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO – Misiones).
• Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza – Salta).
• María Victória Huala (Frente PRO – La Pampa).
• Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza – Córdoba).
• Mariana Juri (UCR – Mendoza).
• Daniel Ricardo Kroneberger (UCR – La Pampa).
• Carolina Losada (UCR – Santa Fe).
• Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza – Neuquén).
• Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza – Tierra del Fuego).
• Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza – Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
• Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza – San Juan).
• María Emilia Orozco (La Libertad Avanza – Salta).
• Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza – La Rioja).
• Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza – Formosa).
• Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social – Misiones).
• Silvana Lorena Schneider (UCR – Chaco).
• Rodolfo Alejandro Suárez (UCR – Mendoza).
• Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).
• Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR – Corrientes).
• Eduardo Alejandro Vischi (UCR – Corrientes).

Quiénes votaron en contra

• Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal – Catamarca).
• Beatriz Luisa Ávila (Independencia – Tucumán).
• Adán Humberto Bahl (Justicialista – Entre Ríos).
• Daniel Pablo Bensusán (Justicialista – La Pampa).
• Jorge Milton Capitanich (Justicialista – Chaco).
• José María Carambia (Movere por Santa Cruz).
• Lucía Benigna Corpacci (Justicialista – Catamarca).
• Julieta Corroza (La Neuquinidad).
• Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista – Buenos Aires).
• Juliana Di Tullio (Justicialista – Buenos Aires).
• Natalia Elena Gadano (Movere por Santa Cruz).
• María Celeste Giménez Navarro (Justicialista – San Juan).
• María Teresa Margarita González (Justicialista – Formosa).
• Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista – Santa Cruz).
• Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista – Santa Fe).
• Carlos Alberto Linares (Justicialista – Chubut).
• Cándida Cristina López (Justicialista – Tierra del Fuego).
• María Florencia López (Justicialista – La Rioja).
• Juan Luis Manzur (Justicialista – Tucumán).
• Ana Inés Marks (Justicialista – Río Negro).
• José Miguel Ángel Mayans (Justicialista – Formosa).
• Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal – Tucumán).
• María Carolina Moisés (Convicción Federal – Jujuy).
• Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).
• José Emilio Neder (Justicialista – Santiago del Estero).
• Mariano Recalde (Justicialista – Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
• Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal – La Rioja).
• Flavia Royón (Primero los Salteños).
• Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal – San Luis).
• Martín Ignacio Soria (Justicialista – Río Negro).
• Sergio Mauricio Uñac (Justicialista – San Juan).
• Alejandra María Vigo (Provincias Unidas – Córdoba).
• Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

En una tensa sesión, que incluyó un sorprendente final, el oficialismo senatorial y zigzagueantes aliados aprobaron esta madrugada una muy fileteada ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la definición queda ahora en manos de Diputados. La Libertad Avanza, a cargo de Patricia Bullrich, no sólo tuvo que borrar anteayer la venta de tierra a extranjeros, sino que sufrió un duro traspié en pleno recinto, al bajar -antes de la votación en general- el capítulo para cambiar la ley de Manejo del Fuego.

Bajo este escenario, se mantendrán vigentes los bloqueos de tierras por 30 y 60 años -según el caso- tras incendios, como prevé la norma vigente que impulsó años atrás Máximo Kirchner. Esto significó otro golpe para la porteña y, en paralelo, la algarabía de la oposición -hasta aplaudieron, algo no permitido, y se abrazaron al final- para un proyecto que quedó maltrecho. Lo que quedó en pie del articulado contempla modificaciones relacionadas con las condiciones para activar expropiaciones desde el Estado; y desalojos exprés en usurpaciones -juicios sumarísimos- y veloces para el caso de falta de pago.

Antes del debate, una unión entre Bullrich, dialoguistas y hasta el propio kirchnerismo enterró, en menos de un minuto, las recientes jugadas de Victoria Villarruel -a cargo del Ejecutivo por un viaje al exterior de Javier Milei– para que el pleno discutiera la habilitación o no de dos legisladores -la cristinista Anabel Fernández Sagasti y el radical Flavio Fama– para sesionar por la vía virtual, justificación médica de por medio.

Hay una explicación formal y otra trascendental sobre dicho punto. En primer lugar, como ya estaba caído el capítulo de la venta de tierras a extranjeros, no hacía falta el aporte de la mendocina y el catamarqueño para hacerlo en contra de la propuesta de los libertarios. Curioso lo de Fama: en mayo pasado, fue uno de los que firmó el dictamen de mayoría. La Cámara alta siempre entrega sorpresas.

Lo segundo fue clave: los legisladores salvaron al Senado de un potencial error -aunque era más que entendible y justificado el planteo de Fernández Sagasti, por tratarse de un episodio de fuerza mayor y que no revestía duda- en cuanto a introducir, sin un dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, eventuales cambios al reglamento del Cuerpo, que requiere dos tercios. En resumen: era abrirle la ventana al diablo para que se cometiera cualquier tipo de atropello sobre el quorum y las votaciones de cara al futuro. Imposible de digerir para las bancadas, que razonaron juntas después de muchísimo tiempo.

Tras ello y, en medio del inicio del tratamiento de la ley, el jefe del interbloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), pidió otra moción -se votan de manera automática, sin posibilidad de ida y vuelta- para devolver el tema a comisión. Perdió 38 a 31 con el oficialismo y aliados y evidenció ciertos acompañamientos para el articulado. Horas más tarde apareció la preocupación relacionada con el capítulo sobre manejo del fuego.

Qué se dijo en el recinto

El miembro informante fue el oficialista y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (Tierra del Fuego), quien en mayo pasado se ausentó -por un viaje al exterior- cuando La Libertad Avanza firmó el dictamen de mayoría, luego modificado por -al menos- 18 borradores extra. Justificó los desalojos exprés al equiparar el articulado a provincias donde “el proceso es el mismo que se propone” con la reforma en cuestión.

Sobre el Manejo del Fuego, Coto consideró que si bien elevaría “gravemente las penas” ante incendios intencionales, dejó en claro que paralizar los terrores “entre 30 y 60 años es literalmente una vida”. Le respondió el peronista Pablo Bensusán (La Pampa): “Más allá de que hayan eliminado el capítulo de tierras -en referencia a la venta a extranjeros-, el resto de los temas son de extrema gravedad ya que están afectando todos los recursos naturales estratégicos de la Argentina”.

“Otra vez estamos debatiendo sobre un dictamen que no sabemos de qué se trata ya que, una hora antes de empezar esta sesión, recibimos un archivo sin membrete, sin firma, con decenas de modificaciones”, expresó. En ese sentido, agregó: “Modificaciones que hicieron desde mayo y a escondidas, en lugar de plantearlas públicamente en comisiones, que es el lugar donde se deben hacer”.

Por su parte, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) validó los ítems de expropiaciones y desalojos, aunque se mostró en disconformidad total sobre el manejo del fuego y encendió la primera alarma. En ese sentido, afirmó: “El artículo 41 de la Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano y la jurisprudencia ha consolidado el principio de no regresión ambiental. Estamos frente a una reforma que seguramente será judicializada, afectando justamente la previsibilidad que el Gobierno dice querer recuperar”.

En tono político, el peronismo le recordó a Bullrich la voltereta del reciente martes, cuando apareció con nuevo un tope para la venta de tierra a extranjeros que, al día siguiente, sucumbió sin una sola chance. “Gobierno chapucero, desorganizado, que se encuentra totalmente improvisado, que inventa e hizo alarde del ‘si pasa, pasa’”, disparó la riojana Florencia López, quien añadió: “Cuando se da cuenta que no hay agua, directamente cambia los temas. No tuvo empacho de cambiar de gobierno y de partido”.

Ya en los cierres, la chubutense Edith Terenzi adelantó la abstención por desalojo y el no acompañamiento a lo del fuego. Eran cerca de las 23 -los primeros rumores aparecieron entre las 19 y 20- y el capítulo caminaba por el filo de la navaja. “Vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas, sin vallas ni límites para su protección”, indicó la filo radical. Pasadas las 23.30, los más experimentados daban por caído el tema. Casi que dejó de interesar el resto de los discursos. Una situación que no se recordaba desde hace un buen tiempo.

Con el resultado cantado -en voz baja- desde algunas bancas y la desazón libertaria, desde Convicción Federal aprovecharon la ocasión para plegarse a la ola opositora. “Profundamente inconstitucional, vergonzosamente tratada en la comisión”, sentenció Mayans, en representación del kirchnerismo. Selló el final Bullrich que, dos horas antes, subía un video a la red social X refiriéndose sólo a los desalojos. Algo sabía.

“Pareciera que la propiedad privada es una mala palabra”, conjeturó la ex ministra de Seguridad de Milei. Cuestionó a quienes se hacen los distraídos “cuando se toma un territorio, o el de una familia que construyó su casa”. Y resaltó: “Al que vive en una barrio popular y los narcos le sacan la casa, ¿quién los defiende? Ahí no regía la soberanía y lo recuperamos nosotros. La propiedad privada es certeza a los ciudadanos”.

“Hicieron de la Constitución un papel muerto”, denunció Bullrich y apuntó hacia todo el peronismo, y enumeró casos de caciques de “movimientos sociales” con causas penales en distintos puntos del país. Y lanzó un dato contundente: el promedio para cobrar post expropiaciones, siempre según sus palabras, es de 18 años. No olvidó de “la mayor estafa, con YPF”, ni la base china que el cristinismo impulsó en Neuquén y la consiguiente pérdida de soberanía para el país allí, algo inédito por ser una mega potencia extranjera.

Puntos principales

*Expropiaciones. De lo que quedó del dictamen original que se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Y se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

En tanto, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.

La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.

Un último ítem del capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.

*Desalojos. “Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, se plantea.

Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.

“Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”, se enfatiza.

Victoria Villarruel defendió este jueves la resolución que abría la posibilidad de autorizar a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y al senador Flavio Fama a participar de forma remota en la sesión convocada para tratar la ley de propiedad privada, medida que ella misma firmó ad referendum del cuerpo. La vicepresidenta y titular del Senado salió al cruce de las críticas a través de un tuit en el que subrayó que su decisión no contradice las instituciones ni el reglamento de la Cámara alta.

La polémica se desató luego de que Villarruel firmara el Decreto de Presidencia (DPP) 66/2026, que habilitó a Fernández Sagasti a votar con voz y voto desde Mendoza, donde permanece en reposo por indicación médica debido a un embarazo de más de 32 semanas. La legisladora descartó solicitar una licencia por maternidad y explicó que su única limitación es la distancia: “Lo que no puedo hacer es recorrer largas distancias”, sostuvo.

El decreto fue emitido ad referéndum del pleno del Senado, lo que significa que la decisión definitiva no recaía en la vicepresidenta sino en el propio recinto, que debía ratificarlo al inicio de la sesión por mayoría simple. Finalmente, a instancias de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y con apoyo del peronismo, la autorización pasó a comisiones. En los hechos, ni Sagasti ni Fama podrán votar.

Ese detalle que Villarruel dejó asentado en el texto de la norma, es el que el abogado Diego Armestó retomó públicamente para aclarar el alcance jurídico de la medida.

Armestó precisó en su tuit que el DPP 66/2026 “no modifica el Reglamento del Senado” y que se trata de “una decisión de carácter individual, excepcional y transitorio” que no instaura un régimen general ni constituye un precedente de aplicación automática. El letrado fundamentó la validez de la autorización en dos pilares: el artículo 30 del Reglamento, que a su criterio no veta la modalidad remota, y el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a cada Cámara a dictar e interpretar su propio reglamento, respaldado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Fernández de Kirchner” de 2020.

Fue a partir de esa aclaración que Villarruel tomó la palabra. “Gracias Dr. Armesto por aclarar una decisión donde la Presidencia del Senado solamente ha trasladado a los senadores la resolución de este tema”, escribió la vicepresidenta, y remató: “Nada se ha hecho que contradiga a las instituciones y al Reglamento del Senado”.