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La interna radical: llega Banfi a la ciudad

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La diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Karina Banfi, estará mañana Viernes en Bahía Blanca, en el marco de las recorridas que realiza por la Provincia de Buenos Aires para apoyar la fórmula de Maximiliano Abad y Érica Revilla, de Adelante Buenos Aires, en las próximas elecciones internas que se realizarán el 21 de marzo.

“Siempre es una alegría enorme poder estar en Bahía” afirmó Banfi, al tiempo que agregó que “deseaba mucho estar en Bahía para estar cerca en este momento de los radicales para trabajar el último tramo de la campaña de cara a la renovación partidaria.”

“Es una elección clave para el radicalismo bonaerense porque permitirá consolidar el proceso que iniciamos en el 2015. De la mano de Maxi Abad y Érica Revilla, el radicalismo será un líder dentro de la coalición opositora” afirmó la bahiense.

Banfi arribará a la ciudad este viernes y mantendrá una serie de reuniones con dirigentes de la Sexta Sección Electoral. También, está previsto que mantenga un encuentro con la Juventud Radical local y con afiliados de la UCR local, entre otras actividades.

El 21 de marzo próximo se llevarán a cabo las elecciones internas para determinar quién presidirá el Comité Provincia de Buenos Aires. El presidente del bloque opositor de diputados provinciales, Maximiliano Abad, y la única mujer intendenta radical de la Provincia, Érica Revilla, “son nuestros candidatos y quienes mejor representan los valores que nos identifican como radicales” dijo la diputada opositora.

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“¡No concedan nada!”: Milei se radicaliza como nunca y hay cortocircuitos entre el equipo económico y el político

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Javier Milei

¡No concedan nada!”. A puertas cerradas, en la Casa Rosada, Javier Milei habló durante casi cinco horas el último lunes. Primero frente a ministros; después frente a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA). Lo del Presidente incluyó su habitual diatriba interminable contra periodistas y economistas críticos. Pero, sobre todo, fue una bajada de línea: el jefe de Estado les ordenó a los miembros de su tropa que rechacen categóricamente que exista un deterioro económico. En idioma libertario, “no se dejen psicopatear”.

Milei no admitió falla alguna en su programa y desconoció las dificultades de la economía real. Los legisladores se animaron a hacerle 20 preguntas y él negó de plano una caída de la actividad, desmintió la pérdida de puestos de trabajo y refutó una caída del poder adquisitivo de las familias. El adoctrinamiento hacia su equipo implicó, también, cierta vigilancia sobre la performance del oficialismo en la conversación pública. Como si estuviera enojado con los propios porque nota que dejan pasar las balas.

Javier está parado en que todo está funcionando bien. Como enceguecido”, describió uno de los presentes del encuentro en la sede de gobierno. Ante la crítica pública y la caída en las encuestas, Milei se atrinchera en sus posturas. Lejos de revisar, se radicaliza.

El mandato presidencial impacta de lleno en el equipo económico, que no puede hacer más que movimientos milimétricos en la gestión. Si bien moderó las proyecciones macro para el año próximo, el Presupuesto 2027 incluyó zancadillas para profundizar la motosierra. El capítulo 6 pretendió derogar “por la ventana” artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Fue un bombazo para el ala política, que en el preciso momento en el que ingresó la “ley de leyes” al Congreso venía desplegando negociaciones sensibles con los aliados para evitar una derrota en manos de la oposición con ese tema.

En toda la trama se vio una fuerte desconexión interna en el Gobierno. El Ministerio de Salud, que tiene a su cargo el área de Discapacidad, no estaba informado del texto del capítulo 6. Y Martín Menem se desayunó con el capítulo de la discordia sin poder anticiparse al frente de tormenta en la Cámara baja. El Presupuesto, en general, se nutre de la información de los ministerios, se confecciona en el Ministerio de Economía y pasa por la Secretaría Legal y Técnica, antes de la revisión y firma final del Presidente.

No es que no se hubiera discutido el tema en los días previos: el equipo económico quería fijar postura con el tema Discapacidad dentro del Presupuesto (igual que había hecho en diciembre de 2025), pero el “ala parlamentaria” había advertido sobre la inconveniencia de la jugada. “Es el tema más picante hoy en el Congreso. Ya perdimos seis votaciones con este tema. Y nos pone en peligro otras negociaciones”, dijo una importante fuente del oficialismo en Diputados.

Finalmente, se volvió al plan parlamentario original. Nadie descarta que asome otro “martes 13”: a medida que la oposición estudie en detalle la hoja de ruta presupuestaria, pueden asomar nuevas polémicas. La obra pública -que viene siendo negociada en cada reunión de la Casa Rosada con los gobernadores- podría, por ejemplo, detonar nuevos chisporroteos.

Legisladores ofuscados

Del encuentro con el Presidente el lunes varios legisladores nacionales se fueron embroncados. No aquellos sin experiencia que accedieron a una banca colgados de la boleta violeta -y que suelen ser los primeros aplaudidores de los hermanos Milei- sino los que tienen trayectoria política propia. Aquellos que, fuera del palacio, caminan la calle y se rozan con el mundo privado en eventos y cócteles. “Yo no puedo pelearme con la realidad e insultar la inteligencia de la gente. Prefiero abstenerme de hablar”, se ofuscó un legislador a la salida de Balcarce 50.

La otra curiosidad de la jornada fue que, producto de la desconfianza por eventuales filtraciones, todos dejaron sus celulares. Un senador se quejó: “No puede estar todo un gobierno incomunicado por cuatro horas ¿Qué somos? ¿Suiza?”. La que no quiso esperar fue Patricia Bullrich, que se fue a los 20 minutos de iniciado el encuentro con los legisladores. Es cierto que ya había escuchado a Milei en la reunión de gabinete previa pero, poco después de dejar la Casa Rosada, se desmarcó con sutileza en X: “Hay que sostener el rumbo y acelerar los resultados”, dijo.

Cuando habla sobre el panorama económico, Milei oscila entre las argumentaciones teóricas basadas en bibliografía precisa y apreciaciones de casuística. El Presidente apunta al “equilibrio general”. Ahí subraya que tuvo “crecimiento durante 27 meses consecutivos”, pobreza a la baja y la inflación desacelerando. “En todo caso hay una reasignación de recursos y tensión entre sectores”, reconoce, respecto a los ganadores y perdedores de su modelo.

Esa teorización se marida con apreciaciones como “es mentira que la gente no llega a fin de mes porque patearíamos cadáveres en las calles”, “es mentira que cayó el consumo por las filas en la avenida Corrientes”, “es mentira que cayeron los puestos de trabajo porque aumentó el empleo informal”. Para cada dato oficial negativo, hay un asterisco presidencial para discutirlo.

“Milei les da herramientas para defender el programa económico de la manera que él cree que hay que hacerlo. Y lo hace con su tono de siempre. Lo que busca es explicar la economía, hace esfuerzos para que su mensaje llegue a todos los propios”, defendieron cerca del jefe de Estado.

El resultado de la lección presidencial se pudo ver en las redes. Algunos diputados -los más obsecuentes- rápidamente generaron contenido con foco económico. Karen Reichardt celebró el despido de 70.000 empleados públicos bailando en su oficina. Virginia Gallardo explicó conceptos básicos de economía con el libro que recomendó Milei en la mano, mientras realizaba su rutina de belleza frente al espejo.

Pero otros legisladores comenzaron a mostrar hastío por la lógica de construcción política que impera por estos días en LLA. “Nos dicen vengan, escuchen que nosotros les contamos cómo son las cosas porque ustedes no entienden nada. Javier marca la línea económica y Karina la línea política. Y no se discute”, se quejó un diputado experimentado.

Toda la narrativa presidencial se pondrá muy a prueba en los próximos días. Esta semana y la que viene se van a conocer varios indicadores clave. Hoy se difunde el PBI del segundo trimestre, el primer gran dato con el que el mercado va a chequear si se confirma la desaceleración que ya venían anticipando las consultoras privadas. El lunes 21 llega el índice de salarios, clave para saber si los ingresos le ganan o no a la inflación. El miércoles 23 se conocen las ventas de julio en supermercados, mayoristas y shoppings, el termómetro más directo del consumo de los hogares (si bien hay una discusión en torno al e-commerce). Y el jueves 24 se acumulan dos datos sensibles el mismo día: el EMAE de julio (la foto mensual de la actividad económica) y la pobreza del primer semestre de 2026, uno de los números más esperados y políticamente más pesados del año.

El Observatorio de la UCA advierte por una posible suba de la pobreza. El Presidente pide dar la batalla cultural pero serán los datos oficiales los que pasarán el mensaje más nítido a todo el sistema.

Karina, la bajada política

Por su parte, el mensaje de Karina a la tropa fue que se puede confrontar con virulencia con el kirchnerismo pero hay que tener “precaución” con los aliados. Diego Santilli aceleró las negociaciones con un grupo de gobernadores. El jefe de Gabinete también debe hacer movimientos milimétricos bajo las directrices de la hermana presidencial. Ella sólo será generosa en lo electoral con aquellos que apoyen la suspensión de las PASO.

La voluntad de suspender las PASO está. Nadie quiere que la gente vaya a votar seis veces. Lo que hay es un problema de garantías. Quien da la muestra de fe primero”, sintetizó un importante funcionario de la Casa Rosada.

La resistencia de Karina Milei a ceder en lo político tiene a la reforma política empantanada en el Senado: esta semana se trató el tema en la comisión de Asuntos Constitucionales sin que hubiera estrategia parlamentaria alguna. Patricia Bullrich admitió ahi mismo que el oficialismo no tiene los votos.

Después de participar muy sonriente de una reunión con Santilli y otros tres gobernadores del “norte grande”, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió: “La paciencia se va agotando cuando vemos esta hipocresía y falta de reciprocidad para con los gobernadores que ayudamos”.

Con toda la agenda legislativa muy trabada en el Congreso, lo que avanza con sorpresiva fluidez es la agenda judicial que impulsa el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ahora está afinando el proyecto para reorganizar los tribunales federales: según pudo reconstruir Infobae, Comodoro Py pasaría de 12 a 10 juzgados; habría un achicamiento del fuero Penal Económico, se comprimiría la Cámara de Casación, de 13 a nueve vocalías y se reducirían fiscalías y juzgados nacionales. Como contraparte, se crearían nuevos juzgados en las provincias del interior. La iniciativa se traduce como un nuevo reparto de poder: habrá una cuota más grande para los gobernadores y para los jueces que permanezcan en Py, con un bolillero más favorable en el sorteo de causas.

Fluidez judicial

Mahiques también prepara una reforma del Consejo de la Magistratura, que pasaría de 20 a 15 miembros, aunque el número final todavía se discute.

Pero sin dudas la novedad del momento es la ventana de oportunidad que el kirchnerismo le está abriendo al Gobierno para hacer nombramientos de jueces. La votación de Pablo Yadarola como nuevo camarista federal con apoyo casi unánime de Unión por la Patria asoma como un símbolo del cambio de estrategia. Como si después de larguísimos años yendo “por las malas” contra la familia judicial bajo la retórica del lawfare, ahora primara mayor pragmatismo. Ya se agotó el tiempo para la “democratización de la Justicia” o el diseño de un Poder Judicial afín al PJ. Cristina ahora está presa y además avanza la causa Hotesur que puede complicar a Máximo Kirchner.

Mientras la expresidenta refuerza su equipo jurídico con expertos de otros países y busca generar presión internacional en la causa Vialidad, su tropa trabaja bajo un mayor realismo operativo en la cuestión judicial doméstica.

“El kirchnerismo se ha comido un revés judicial tras otro con Cristina. Y ahora ella ni siquiera puede tomar sol. En otro momento hubieran salido coralmente a cuestionar la política judicial del Gobierno. Ahora, sorprendentemente, prima el silencio”, analizó un colaborador del peronismo que sigue muy de cerca la trama judicial.

En el medio, hay diálogos cruzados entre el equipo judicial de Milei y algunas espadas judiciales de la expresidenta. En el caso de Yadarola, el peronismo optó por aportar sus votos cuando entendió que igualmente no le alcanzaba para impedir su nombramiento. No hizo lo mismo con el otro camarista, Pablo Bertuzzi. Ahora toda la atención está puesta en las ternas que tiene el Poder Ejecutivo para llenar, entre otras vacantes, un lugar en el TOF 5 que va a iniciar el juicio de Hotesur. Nadie sabe qué nombre elegirá el Gobierno: el concurso es múltiple y muchos de los que quedaron mejor posicionados ya fueron nombrados en otros juzgados (un fenómeno inédito, que solo se explica por el festival de designaciones).

Mahiques tiene una libertad para maniobrar casi única en el gabinete. El ala política no puede decir lo mismo. Quisiera, por caso, encontrar los márgenes para, dentro de la visión mileísta, poder tomar medidas que incentiven la actividad económica. Por ejemplo, con más créditos en dólares. Un importante ministro lo dijo así: “Va a haber más medidas para incentivar. Va a ir sucediendo despacio. Hay un debate largo sobre cada medida porque primero tienen que cuadrar en la cabeza del Presidente”.

Parece difícil que Milei admita oportunidad de mejora alguna. Su capacidad de celebrarse a sí mismo y convencerse de que está en lo correcto arroja escenas curiosas. Como cuando festeja que lo mencionan en The Economist, bajo el grito de “fenómeno barrial”. El artículo citado por el presidente decía: “Argentina necesita menos gritos y más crecimiento. Sin ello, el experimento liberal podría terminar el año que viene”.

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Doctrina social, IA e inmigración: el mensaje de la Iglesia que espera el Gobierno durante la visita del Papa

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A la espera de la confirmación de la agenda oficial que mantendrá el Papa León XIV en el país, el Gobierno anticipa que la doctrina social, los debates sobre los alcances de la inteligencia artificial y la inmigración regional podrían formar parte de los temas que atravesarán el mensaje de la Iglesia Católica durante la visita, prevista para los primeros días de noviembre.

“En función de lo que venimos hablando con el Episcopado va a ser un viaje apostólico, sin intencionalidad política. Vemos más un mensaje regional, en función de la gira, que local”, vaticinó una fuente oficial ante Infobae.

Asimismo, en el oficialismo sostienen que la aplicación de la inteligencia artificial formará parte del temario de la reunión bilateral entre el sumo pontífice y el presidente Javier Milei, prevista para el domingo 8 de noviembre.

Se trata de un tema que el Pontífice sigue muy de cerca. De hecho, su primera carta encíclica se titula Magnifica Humanitas, en la que reclamó marcos jurídicos para la herramienta, advirtió que “no puede considerarse moralmente neutra”, y pidió que “no domine al ser humano”.

En esa línea, el Papa advirtió este miércoles sobre el riesgo de acostumbrarse “a delegar en los algoritmos decisiones que corresponden solo a la conciencia humana”, durante su catequesis en la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

En el Gobierno señalan que, mientras el Papa tiene una mirada “más pesimista” del tema, el mandatario se presenta como “tecnooptimista fanático”, lo que reflejó en la columna de opinión que publicó en junio en el Financial Times, en la que abogó por la creación de un régimen jurídico sin regulación previa para el despliegue de la IA.

La cuestión social será otro de los ejes que el Gobierno seguirá de cerca durante la visita de León XIV. “Descuento que la doctrina social de la Iglesia estará presente, pero no es un problema y tampoco creemos que eso se traduzca en que venga a hacer política en contra. Hay que ver la interpretación que se da. Creemos que (Jorge) García Cuerva juega su propio juego”, afirmó un integrante de la mesa política.

En Balcarce 50 anticipan un mensaje a nivel regional, crítico en esencia, pero no esperan que el tono sea confrontativo. “No deja de ser el jefe espiritual de la Iglesia Católica”, sintetizó una fuente con acceso al despacho presidencial.

“Será un mensaje muy general, pero el que la quiera tomarlo mal podrá hacerlo. Va a hablar de los problemas sociales, pero del mundo en general, de la falta de empleo y de lo que viene. También respecto a la IA. El Papa no se va a posicionar políticamente en un país que no es el suyo”, sintetizó un funcionario ante este medio.

Otro de los tópicos que el Gobierno espera que aborde el pontífice es la migración como fenómeno mundial, que obliga a repensar la gestión de las fronteras y a bregar por la dignidad de los migrantes.

“Cuando el migrante deja de ser ‘uno más’, deja de ser una categoría y una cifra. Sólo entonces comprendemos que esa niña podría ser nuestra hija, esos rostros parte de nuestra familia; y entonces, la conciencia se queda sin excusas”, precisó León XIV, en una visita a las Islas Canarias.

Por estos días, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encuentra a la espera de la oficialización del cronograma de actividades por parte del Vaticano para convocar a una nueva reunión interdisciplinaria con el objetivo de diagramar las actividades de los tres días de visita y definir el esquema de feriados.

Como contó este medio, la posibilidad de declarar asuetos del 8 al 11 de noviembre está en estudio desde hace semanas. “Al momento creo que el día mas factible es el lunes, pero el martes y el miércoles están en análisis”, sostuvieron desde la Casa Rosada al respecto.

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El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para endurecer las penas por explotar recursos en las Islas Malvinas

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El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas luego de que repudiaran el inicio del proyecto Sea Lion, impulsado por dos petroleras extranjeras en territorio argentino. Asimismo, propusieron crear un sistema de seguridad nacional bajo conducción presidencial.

De acuerdo con la iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), propone derogar la Ley N° 26.659, vigente desde 2011 para penalizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área en disputa.

No obstante, las autoridades remarcaron que “la medida no se limita, como el régimen vigente, a las actividades hidrocarburíferas, sino que resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.

En este sentido, ese esquema plantea que toda explotación de recursos naturales renovables y no renovables realizada en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de una autoridad nacional.

A raíz de esto, las autoridades propusieron que las personas o empresas que desarrollen actividades prohibidas podrían recibir multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y una inhabilitación de entre cinco y 20 años.

La escala penal se endurecerá para los casos vinculados con hidrocarburos. La exploración o explotación de recursos no renovables sin habilitación tendría penas de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, la condena prevista ascenderá a entre 15 y 20 años, con multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo.

También quedarían alcanzados los proveedores que entreguen bienes o servicios considerados esenciales para esas actividades, siempre que conozcan su destino. Así, el proyecto contempla penas de cinco a siete años para esas conductas.

De la misma forma, las sanciones se extenderían a las sociedades que participen en los hechos. Entre otras medidas, podrían sufrir la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en casos determinados, su disolución o liquidación.

La inhabilitación alcanzaría contratos, beneficios fiscales y operaciones en Argentina

El régimen propone que una empresa inhabilitada no pueda desarrollar actividades económicas en el país durante el plazo de la sanción. Además, se revocarían sus permisos, cesarían beneficios impositivos o previsionales otorgados por actos particulares y se rescindirían contratos con ejecución total o parcial en territorio argentino o sobre bienes situados en el país.

Para ordenar el retiro de las compañías afectadas, la autoridad de aplicación fijaría un período de cese de entre 30 y 180 días, prorrogable en función de la continuidad de servicios, la situación de trabajadores, acreedores o terceros de buena fe.

El proyecto crea, a la vez, un Régimen de Desistimiento y Regularización. Los infractores que abandonen las prácticas cuestionadas podrán pedir su ingreso, pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina. Si cumplen las condiciones, se archivarán las actuaciones administrativas y se extinguirá la acción penal, salvo que exista una sentencia firme o reincidencia.

Un Consejo de Seguridad Nacional coordinaría defensa, economía, diplomacia e inteligencia

El segundo eje de la iniciativa es la creación del Sistema de Seguridad Nacional, que reuniría las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas.

Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

El Consejo tendría a su cargo la elaboración de una Política de Seguridad Nacional, que luego debería ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, podría requerir información y asistencia obligatoria a organismos del sector público nacional y solicitar cooperación a provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios.

En línea con esto, la norma define como infraestructuras críticas a las redes, instalaciones y sistemas públicos o privados indispensables para los servicios esenciales, la salud, la defensa, la economía y el funcionamiento estatal. Las jurisdicciones locales deberían identificarlas y elaborar planes de protección; el Consejo definiría cuáles tienen interés nacional.

La propuesta regula la respuesta ante aeronaves y buques considerados hostiles

El proyecto también establece una secuencia para identificar, interceptar y eventualmente emplear fuerza contra aeronaves que vulneren reglas de vuelo, no se identifiquen o desobedezcan órdenes de autoridades competentes.

La utilización de medidas coercitivas para impedir la continuidad de un vuelo requeriría una orden expresa del Presidente, quien podría delegarla en el ministro de Defensa. El articulado aclara que las decisiones deberán ajustarse al derecho internacional y evitar poner en riesgo a los ocupantes de aeronaves civiles.

En el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, la iniciativa habilita advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización de buques después de agotar medidas menos lesivas. El hundimiento solo podría ordenarse como una medida militar excepcional contra un buque hostil, con autorización previa del Presidente.

Sin embargo, las autoridades ratificaron que estará prohibido hundir un buque civil como sanción, herramienta policial o forma de impedir una fuga.

Las sanciones por amenazas a la seguridad nacional incluirían bloqueos de activos

Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional podría abrir procedimientos administrativos contra personas o entidades vinculadas a Estados u organizaciones extranjeras que busquen afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones estatales, atacar infraestructuras críticas o financiar esas acciones.

Las penas incluirían multas de entre 30.000 y 180.000 Unidades de Valor Adquisitivo, revocación de permisos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para actuar en sectores considerados estratégicos.

Ante un riesgo grave e inminente, el Consejo podría ordenar restricciones temporales a operaciones cambiarias, transferencias, importaciones y exportaciones; bloquear fondos; suspender permisos; o elevar derechos de importación y exportación hasta un máximo del 75% para el Estado extranjero involucrado.

También se modificarán normas de defensa, financiamiento político e inteligencia

La propuesta también reforma la Ley de Defensa Nacional para incorporar riesgos y amenazas externas estatales y no estatales, tanto “cinéticos” como “no cinéticos”, y prevé el empleo de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructuras críticas de interés nacional cuando corresponda.

En materia electoral, prohíbe que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña y propaganda. Además, incorpora figuras penales vinculadas con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera, filtración de secretos y campañas masivas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.

Por último, eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera. El mecanismo permitiría inmovilizar bienes y restringir operaciones de personas o entidades registradas, con posterior intervención judicial.

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