El escalofriante caso de Jeremías Monzón, el chico de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, volvió a poner en la agenda política la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad. De los tres menores que estuvieron al momento del crimen, dos tienen 14 años y se encuentran en libertad por no ser punibles.

Ante la crudeza y los detalles del caso, diferentes dirigentes políticos volvieron a poner en debate la necesidad de acelerar en la baja de la edad a partir de la cual se puede juzgar a un menor. En la reforma del Código Penal que elabora el Gobierno se contempla una reducción de 16 a 14 años para poder juzgar menores, aunque en el pasado se ha llegado a proponer que esa tara llegue a los 13 años.

El Gobierno decidió no incluir esta reforma en el llamado a sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo realizó vía decreto. Incluso, una altísima fuente con acceso al despacho presidencial comentó hoy a Infobae que hay asuntos que se están terminando de elaborar y que su redacción quedaría definitiva para la primera quincena del próximo mes.

Sin embargo, dados los acontecimientos recientes, al menos dos integrantes de la mesa chica del presidente Javier Milei confesaron a Infobae que quieren incluirla para que este asunto se debata cuanto antes. “Yo la quiero impulsar ahora”, marcó una fuente inobjetable en relación a las extraordinarias.

“Hoy lo estuvimos discutiendo. Veremos. Porque las sesiones extraordinarias arrancan el 2 de febrero y, hasta que nosotros votemos las leyes, en la Cámara de Diputados no hay temas. Podría ser un tema importante, que fue relegado, que ya tenía dictamen ahí, que se cayó, pero que lo puede tener inmediatamente”, profundizó otra fuente de la mesa.

Al menos tres dirigentes marcaron a este medio que lo van a someter a debate en la reunión del próximo lunes de la mesa política que se desarrollará en Casa Rosada.

Hay quienes en ese grupo de dirigentes ponen paños fríos a ese asunto y marcan que debe tratarse en su integralidad junto al resto de modificaciones del Código Penal. “La reforma de la baja de imputabilidad está contemplada dentro de la reforma que estamos terminando”, marcó otra importante fuente.

Es decir, considera que el proyecto debe ser prioritario una vez que se inauguren las sesiones ordinarias en marzo y que va a buscar a ser discutido lo antes posible, incluso antes que otras reformas de similar urgencia.

La reforma del Código Penal fue incluida incluso en el temario de extraordinarias de diciembre último, pero nunca se llegó a tratar por falta de consenso y porque la Casa Rosada prefirió priorizar las negociaciones por el Presupuesto 2026 y el avance en las negociaciones del proyecto de Modernización Laboral.

En mayo del año pasado, el oficialismo de La Libertad Avanza había conseguido que la baja de imputabilidad tuviera dictamen en la Cámara de Diputados. Con la finalización de las Ordinarias, ese dictamen ya no existe. En ese momento se trató por separado y se impulsaba bajo la denominación de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

Además de que se habilite a que un menor sea punible desde los 14 años, el dictamen marcaba que, en los procesos penales seguidos contra niños, niñas o adolescentes, regirán todos los principios, derechos y garantías que surgen del sistema procesal acusatorio, que no se puede interrumpir sus estudios y que se deben implementarse programas de educación.

El texto también establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes será de 15 años. El adolescente, además, deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes.

Pero la idea que prosperó en las mesas políticas y técnicas del Gobierno fue que la iniciativa debía estar cubierta por un paraguas con reformas más amplias e integrales. “Hay todo un régimen penal juvenil, que incluye no solamente la baja de la edad, sino también cuestiones de políticas de Estado, de inserción y asistencia social, tratamiento terapéutico, etcétera. Es decir, son un montón de herramientas para pensar qué hacer con un chico que delinque“, habían explicado a Infobae.

La reforma integral del Código Penal pasó por dos etapas. En primer término, un grupo de penalistas, con integrantes como el juez Mariano Borinsky y el abogado Jorge Boumpadre, entregó una primera versión con un total de 540 artículos que luego se amplió a 912 artículos. Meses después, se inició un extenso período de revisión con una mesa de estilo político, encabezada por el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; la abogada Macarela Alifraco; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la flamante senadora Patricia Bullrich y el abogado penalista Fernando Soto, del equipo de la exfuncionaria.

La reforma del Código Penal es otro de los proyectos claves para el presidente Javier Milei, que habilitó suspender su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias con la idea de profundizar la escritura del proyecto y dedicarle el tiempo de debate necesario para su aprobación en el año legislativo. Aún en plena redacción, y con varios focos de incendios en la Patagonia, la mesa que define el articulado prevé elevar las penas para delitos vinculados a incendios intencionales, en especial contra bosques y, aunque se resiste, debate internamente la incorporación de la figura de “ecocidio”.

Ante la demanda que levanta la Unión Cívica Radical (UCR), pero también el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a raíz de la quema de 30.000 hectáreas en toda la provincia producto de un incendio forestal, la administración libertaria promete un incremento en las condenas de aquellos delitos que tengan impacto ambiental, aunque se cuidan de aclarar que las modificaciones “no están enfocadas en delitos ambientales”.

“Está previsto incorporar nuevos delitos para quienes provoquen intencionalmente incendios, lo que incluye a los bosques. También para los que trafiquen bienes culturales y exploten de manera ilegal la minería”, detalló ante Infobae una importante fuente involucrada en la redacción del proyecto.

Si bien la determinación parece estar tomada, aún resta definir la escala de años que se asignarán a quienes cometieran delitos con impacto ambiental que, anticipan, estará por encima de los tres años para evitar que sean excarcelables. “No queremos anticipar las penas, pero van a ser altas”, prometieron a este medio.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, hizo mención al tema a través de sus redes y reveló las incorporaciones al proyecto a través de su cuenta de X. “Prender fuego no es un accidente. Es un delito. En esta Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó.

La figura de “ecocidio” supone un debate interno entre los miembros de la mesa que, si bien coinciden en el endurecimiento de las penas, centran su resistencia al término utilizado. “Es muy hippie”, contrapuso una importante voz con acceso al despacho presidencial ante la consulta de este medio.

“No vamos a hablar de ambiente sano y esas formulaciones. No somos ambientalistas, vamos a castigar a todos los que incendien sin discriminación. No solo bosques. Provocas un incendio y vas preso”, aclaró en sintonía otro de los involucrados en el proyecto. Incluso hubo quienes intentaron explicar el sentido del mensaje hecho público por la funcionaria para evitar quedar encasillados dentro de la temática vinculada a la Agenda 2030. “Para todo aumentamos las penas. Incendias algo vas preso. No va a ser solo para bosques”, se escudaron.

Pese a los cuestionamientos, los integrantes del equipo plantearon que la tipificación de la figura es materia de debate y que la posibilidad no está cerrada. Actualmente, existen disposiciones penales en leyes ambientales especiales contempladas en ciertas partes del Código, sin embargo, el ecocidio no se encuentra tipificado como delito en el código.

“La figura está contemplada en el Código Penal, pero no está tipificada. Se debate si se incluye en el nuevo, pero sí hay aumento de penas para todos los incendios, sustancialmente de bosques”, reveló ante este medio una fuente calificada, y aclaró: “Lo que estudiamos es si se deja la figura o si queda abierto para debatir con la oposición su incorporación. Originalmente estaba, quedó subyacente en agravamiento de delitos de daños para bosques vamos a castigar a quienes incendien cosas con penas muy altas”.

Lo cierto es que el proyecto se encuentra en la etapa final, con algunos detalles por ultimar, y bajo la promesa de culminación para la primera quincena de febrero. En su redacción trabajan el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y su mano derecha, la abogada Macarena Alifraco; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el abogado penalista Fernando Soto, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

La mesa legal, que tiene exento al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien se encuentra de licencia desde los últimos días de diciembre, se reúne cada jueves para avanzar en el proyecto que se tratará durante el período legislativo regular.

El nuevo Código Penal incluirá más de 900 artículos y persigue la idea de intensificar la política criminal y evitar “arbitrariedades” de los magistrados a la hora de evaluar cada causa. “Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no la sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que las hace las paga”, supo sintetizar Bullrich al respecto.

La tarea implicó la revisión del articulado actual para endurecer las penas de delitos que revisten gravedad, por lo que, pese a haber sido oficializado como parte del temario de las sesiones extraordinarias en diciembre, el mandatario resolvió que se tratara durante el período ordinario “para que se trabaje bien”. En su lógica, Milei consideró que la lista de proyectos enviada para la prórroga de las sesiones de febrero era extensa de por sí, por lo que evitó sumar un nuevo objetivo.“Es difícil tratar todo junto al mismo tiempo”, se sinceraron ante este medio.

Desde su conformación, el pasado 9 de septiembre, como respuesta de la abultada derrota bonaerense, la mesa política ha variado tanto en el plantel que la compone como en sus desafíos. Con el temario y las fechas de las sesiones extraordinarias definidas, el presidente Javier Milei delegó en el reducido grupo de funcionarios y legisladores, que volverá a reunirse el próximo lunes 26 de enero, las negociaciones para consolidar la sanción de los proyectos, con particular interés en la Reforma Laboral, que envió al Congreso Nacional.

Tras la salida de Guillermo Francos, el que tomó la posta en la coordinación fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien convoca los intercambios semanales que tienen lugar en las oficinas del Ministerio del Interior, ubicadas en la planta baja de Casa Rosada. “Orden y progreso”, bromeaban en Casa Rosada para definir la dinámica de la instancia de diálogo interno.

Lo cierto es que en esos encuentros confluyen diversos interlocutores que, con diferencias de criterios e intereses, intentan accionar de manera conjunta para sumar las voluntades necesarias que le permitan al Poder Ejecutivo anotarse nuevas victorias legislativas. “La mesa es clave. Funciona perfecto. Al final, todo pasa por ahí. No se puede desbandar nadie”, expresó una fuente a este medio Infobae.

Si bien la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha dado el presente en varias de las reuniones, se ausentó en las últimas, lo que no la exime de articular de forma activa. Desde su oficialización, la dinámica de las citas se repite con la idea de evitar una nueva multiplicidad en los canales de diálogo, lo que empantanó el funcionamiento del Gobierno en la previa a las elecciones de octubre.

Hasta entonces, la bajada de línea de los Milei busca canalizar las inquietudes de conjunto para activar decisiones en esa instancia, algo que complejiza el accionar de los actores que hasta entonces priorizaban la vía unilateral de resolución. “Es una mesa que funciona. Dio buenos resultados. Es positiva y suma“, coincidió otra voz del ecosistema libertario.

Otro de los asistentes clave es el ministro de Economía, Luis Caputo, que, pese a no ser planta permanente, está presente cuando la agenda incluye la recepción de pedidos y la necesidad de definiciones que requieren habilitación de fondos y la revisión de números de la gestión. El ministro del Interior, Diego Santilli, también integra la nómina y es el encargado del ida y vuelta con los gobernadores. Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que asiste escoltado por el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, hacen lo propio en las respectivas cámaras.

Relegado de las conversaciones, el asesor presidencial, Santiago Caputo, intercede por pedido directo y ante situaciones puntuales, y se encarga del diseño de la estrategia general. Completa la nómina el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, Ignacio Devitt, que oficia de nexo entre el Congreso y la Casa Rosada.

Balances, desafíos y promesas de continuidad

En más de un despacho de Balcace 50, coinciden en que la división definida por el mandatario para el segundo tramo de la gestión ordenó la comunicación con los aliados, lo que impactó de manera positiva en las negociaciones. “El esquema funciona. Patricia maneja en el Senado y pide ayuda cuando la necesita. Lo mismo hace Menem en Diputados. Adorni en la coordinación y en la validación de las definiciones, Santilli en coordinación con los gobernadores y Santiago opinando sobre estrategia. Todo bajo la supervisión de Karina. Por ahora, lujo”, sintetizaron ante este medio post sanción del Presupuesto 2026.

Asimismo, hay quienes le atribuyen a la mesa una doble victoria en diciembre: por un lado, la aprobación de la previsión presupuestaria y de la Ley de Inocencia Fiscal, y por el otro, el haber instalado que su sanción configuraba un triunfo categórico para el Ejecutivo, pese a haber tenido que excluir el capítulo XI que incluía artículos claves.

Desde diciembre a esta parte, el ambicioso temario que la administración libertaria hizo público fue ajustado con la idea de concentrar la atención en los puntos más sobresalientes del mismo. Desde el lunes 2 de febrero hasta el 27 del mismo mes, los designados para negociar deberán intentar sancionar la Reforma Laboral, pero también hacer pasar la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, y la designación de Fernando Iglesias como embajador.

En Casa Rosada reina el optimismo al respecto dado que consideran los proyectos “amigables”, pero luego de verse obligados a revisar la estrategia en más de una oportunidad, la mesa política se prepara para intensificar los esfuerzos para la aprobación de el proyecto de “Modernización” Laboral, la principal obsesión del mandatario.

Tras la primera reunión de este 2026, que se celebró el viernes 16 de enero, los actores volverán a verse las caras el lunes 25 con la idea de cerrar extraordinarias con las voluntades del mandatario conquistadas.

En más de una oportunidad, el propio Presidente clasificó las reformas que tiene en mente en distintos escalafones generacionales y reveló que para esta segunda etapa de gestión planea sumar otra tanda durante el año legislativo. Es ante este escenario que la mesa política parece tener anclada su continuidad al desempeño de los próximos días. “Va a ser un año de reformas y la mesa política obtuvo resultados; lo natural sería que continúe”, planteó con entusiasmo una fuente calificada ante este medio.