La posibilidad de que Estados Unidos revise su respaldo a la posición británica sobre las Islas Malvinas apareció en el centro de una nueva advertencia de Washington a Reino Unido, de acuerdo con un reporte de The Telegraph. La publicación sostuvo que altos funcionarios del Pentágono evalúan esa carta de en medio de una exigencia más amplia para que los aliados de la OTAN eleven su inversión militar.

Según informó The Telegraph en los primeros tramos de su publicación, la discusión forma parte de una revisión sobre el compromiso de los socios atlánticos con las nuevas metas de gasto en defensa. El punto de tensión, según ese medio, pasa por la percepción de funcionarios estadounidenses de que Londres no presentó hasta ahora una hoja de ruta suficiente para acercarse al objetivo del 5% del PBI que impulsa la administración de Donald Trump.

Javier Milei no les prohibió a sus ministros y funcionarios el uso de la palabra empatía, pero sí les dejó una interpretación propia para que la tengan muy en cuenta al momento de utilizarla. Se trata de una de las tantas definiciones que ya se suman al decálogo del vocabulario mileísta.

“Nos dijo que la empatía la utilizan los populistas con el fin de sostener una política de tono paternalista. Le dio otro significado al término, al que considera funcional para que el Estado le resuelva los problemas a la gente con la plata de los contribuyentes”, indicó a Infobae uno de los asistentes a la reunión de Gabinete realizada en la mañana del lunes en la Casa Rosada.

La distinción no se produce en cualquier contexto. Sucedió luego de semanas en las que Milei fue cuestionado por actores de la oposición, del ámbito económico-social y de la agenda mediática por retacear políticas orientadas a descomprimir la morosidad de las familias o mejorar el salario real. En diferentes actos públicos que encabezó la semana pasada, reafirmó que su administración no impulsará políticas de redistribución.

En las altas esferas de la administración libertaria reconocen que la batería de iniciativas de alivio disponibles para implementar es acotada, dadas las restricciones impuestas por el Presidente. Por eso encontraron una alternativa en la utilización de parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para impulsar nuevos créditos hipotecarios. No serán más de 20.000, pero representan un punto de partida para dar pie a medidas de similar naturaleza.

En esa presentación, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó una declaración que no pasó desapercibida. Dos días después de haber estado en la reunión de Gabinete y escuchar el énfasis de Milei sobre los usos políticos de la “empatía”, dijo en la Sala de Conferencias del Ministerio de Economía que “los créditos hipotecarios son una prioridad porque hacen a la justicia social”.

El Presidente dio un discurso dos meses atrás en Madrid, más precisamente en la Universidad CEU San Pablo, en el que parafraseó al economista Thomas Sowell para referirse a ese término. “Si la caridad es a punta de pistola, como la hace el Estado, eso no es caridad, eso es robo disfrazado de altruismo. Hay una frase hermosa que dice: ‘¿Desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud?’. Porque, en el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia más retórica”.

¿Hubo reproches puertas adentro respecto de los términos utilizados por Caputo? No consta. Al menos, no por ahora. El ministro de Economía integra el exclusivísimo grupo de funcionarios que no deben validar sus declaraciones y que tienen una gravitación propia.

En el riñón del Presidente explican: “Toto quiso decir otra cosa y creo que la pifió, como le puede pasar a cualquiera. Quiso jugar con el concepto de ‘justicia social’, sabiendo que estaba mencionando algo muy simbólico, pero para explicar la verdadera intención de la política que estaban anunciando. Justicia social no hace falta definirla como quieren los peronistas. Puede ser, como dijo Toto, que alguien pueda pagarse su propia casa con su propio sueldo”.

Efectivamente, después de usar ese término, el ministro de Economía completó su frase al señalar que no hay “nada más justo que una persona que tiene trabajo pueda acceder a una vivienda y no deba esperar 30 o 40 años para comprarla”. Como parte de una lectura más pragmática de la gestión, en el Palacio de Hacienda consideran que el Gobierno puede tomar medidas en el plano macroeconómico, pero que es la política la que debe alinear los incentivos de opositores aliados para colaborar con la Casa Rosada y, así, dar mayor previsibilidad a los mercados.

En el marco de esta semana, se conoció que la Secretaría de Trabajo estaría conversando para que las paritarias fijen un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto de 2026 —equivalente a unos $860.000 de bolsillo—, una pauta que el Gobierno busca instalar tras la aprobación de la reforma laboral, en un escenario de deterioro del poder de compra y de fuerte dispersión entre los convenios colectivos.

El contexto que rodea esa definición muestra una caída del salario real en el empleo privado registrado: en junio de 2026 bajó 0,9% en términos reales, después de una retracción del 2,9% en mayo, de acuerdo con el informe Panorama mensual del trabajo registrado de agosto de 2026, elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Aun así, una fuente al tanto de esas conversaciones desmintió que esa medida pueda aplicarse en el corto plazo: “En esos convenios siempre se arreglan sueldos por encima de ese nivel que se difundió ayer. Todos los gremios tienen un piso más alto. Lo que queremos es que haya una negociación entre las partes. El Gobierno no está incentivando nada. La orden de la ministra Sandra Pettovello es que se pongan de acuerdo las partes y después se homologue el convenio. Antes venían esperando que el Estado les resolviera ese tema”.

El oficialismo está aceptando que el clima político comenzó a cambiar. En el Senado, La Libertad Avanza atravesaba sin sobresaltos un período en el que sus socios optaban por el silencio o directamente por pedir la palabra para acompañarlos. Sin embargo, en las últimas sesiones aparecieron voces aliadas que comenzaron a reclamarle al oficialismo que avance con una agenda que hasta solo declama.

Esto fue lo que sucedió en la última sesión de la Cámara alta, donde el bloque libertario esperaba tener un tránsito sin demasiadas complicaciones. El temario incluía pliegos judiciales y acuerdos internacionales. Estaban los votos, así que solo era cuestión de esperar y escuchar, sin responder, los dardos del kirchnerismo.

Sin embargo, hubo un hecho que evidenció este cambio y que obligó a la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, a tomar posición rápidamente para no quedar expuesta frente al reclamo de uno de los socios.

La senadora de Despierta Chubut, Edith Terenzi, solicitó que se dé un tratamiento preferencial al proyecto de Ficha Limpia por fuera de la reforma electoral que busca la Casa Rosada y que no presenta avances desde hace semanas.

Rápidamente, Bullrich tomó la palabra y, a modo de aclaración, adelantó que el oficialismo planeaba retomar el tratamiento de la reforma electoral. “La próxima semana no, porque tenemos varias comisiones, pero la otra vamos a volver a juntarnos. Y ahí se incorporarían también los proyectos de ficha limpia que están aparte del proyecto. Eso es un compromiso, lo podemos votar, pero tienen mi palabra”, dijo la senadora. Y esto despertó gestos y miradas entre los senadores de otros bloques que acompañan al oficialismo.

Rápidamente, un grupo de radicales se reunió alrededor del presidente del bloque, Eduardo Vischi, y comenzaron a conversar. Tanto fue así que la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, tuvo que frenar la sesión y pedirles que lo hicieran fuera del recinto.

La realidad es que en los bloques entendieron que la respuesta de Bullrich tuvo más que ver con evitar que pareciera que La Libertad Avanza no quiere debatir Ficha Limpia —algo que ya sucedió en Diputados— que con un cambio de escenario respecto de las negociaciones.

“Ofrecieron colectoras y no funcionó, ahora no hay nada nuevo”, dijo un senador dialoguista. Esa afirmación, que podría ser de alguien que no participa de las conversaciones, fue ratificada desde el oficialismo. “Todavía no lo están discutiendo centralmente”, señaló un vocero autorizado ante la consulta de este medio sobre qué había de nuevo que hubiera hecho retomar las conversaciones.

Al término de la sesión, la ex ministra dijo que daba lo mismo “la eliminación o la suspensión” de las PASO, ya que el debate pasa por el costo de estas. Con esto abre una puerta para el PRO y la UCR, que tenían más interés en ese camino intermedio.

El problema es que la ancha avenida del medio también juega su propio partido y la suspensión de las primarias, que en otro momento juntaba adhesiones, hoy no parece convencer tanto. Mauricio Macri no quiere allanarle tanto el camino electoral al Gobierno sin un acuerdo previo —y conveniente— con el mundo de La Libertad Avanza, algo que por ahora no está ni cerca de suceder. “Fueron dos salidas, pero no hubo ni un beso, quedaron en hablar”, graficó en tono jocoso un hombre amarillo que está al tanto de las conversaciones.

El otro punto es convencer a los gobernadores que ya tienen pensado adelantar sus elecciones. “Las PASO les solucionan el escenario a quienes tienen un candidato único y hacen que los demás tengan que encarar campañas largas, costosas y desgastantes”. Hay casi 20 provincias cuyos gobernadores irán por la reelección, ninguna libertaria. ¿Por qué alguno les solucionaría las disputas a los libertarios en sus territorios?

La reforma tiene como punto central la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la ya mencionada Ficha Limpia. La discusión de esta iniciativa se encontraba sin avances por falta de consenso. Todo hace suponer que, por ahora, sigue igual.