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La operación de Caputo para que el Puerto de Buenos Aires pase al Gobierno de Larreta

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Los resultados de las elecciones primarias simultáneas (PASO) apuraron los tiempos. Las autoridades nacionales y del Gobierno de la Ciudad están acelerando los pasos para avanzar, antes del fin del mandato de Mauricio Macri, en dos aspectos de primera relevancia para Cambiemos: la incorporación del Gobierno de la CABA a la administración del Puerto de Buenos Aires (hoy bajo control federal exclusivamente) y la transferencia de terrenos de la zona denominada Puerto Sur (más de 110 hectáreas) al gobierno nacional de la Ciudad con el fin de su explotación inmobiliaria. Una cuestión que no es ajena a la ejecución de estos proyectos es la controvertida licitación del Puerto de Buenos Aires. Ya está lanzada y tiene fecha fijada para la apertura de sobres de propuestas el 2 de diciembre, apenas una semana antes de la fecha prevista para la conclusión del actual mandato. El nexo con el tema anterior es que el pliego permite “liberar” del servicio portuario a los terrenos apetecidos para el negocio inmobiliario. Todo indica que el candidato más firme a la adjudicación de la terminal única que prestará los servicios portuarios (actualmente son tres concesionarios), sería la empresa PSA de Singapur, que cuenta como uno de sus principales impulsores nada menos que a Nicolás (Nicky) Caputo. No casualmente, uno de los mayores desarrolladores de proyectos inmobiliarios en la zona de Puerto Madero y a quien se considera, además, el más activo armador del proyecto de desarrollo inmobiliario (y su probable ejecutor) de Horacio Rodríguez Larreta.

La cuestión del traspaso del puerto de Buenos Aires a la órbita de la Ciudad viene planteada desde los tiempos en que el actual presidente era jefe de gobierno. No se avanzó cuando el Gobierno Nacional estaba en manos del FpV pero tampoco en los casi cuatro años de mandato en ambas jurisdicciones de Cambiemos. Sin embargo, en las últimas semanas, el tema adquirió notable dinamismo. La temida pérdida del control del gobierno nacional a partir del 10 de diciembre, y la posibilidad de retener el Gobierno de la Ciudad cambió, evidentemente, el panorama. Y no sólo sería cuestión de retener espacios de poder. Hay otros asuntos que se quieren asegurar manteniendo el control de puestos clave.

¿Sería posible el traspaso del puerto a la Ciudad en un lapso tan breve, como el que separa el momento actual del 10 de diciembre? Fuentes cercanas a la actividad portuaria, en la que se desempeñan una docena y media de gremios, señalan que “en las últimas semanas se aceleraron procesos y aparecieron indicios de la intención de la transferencia del dominio de la totalidad del Puerto de Buenos Aires a la Ciudad, especulando con la permanencia en el poder político del oficialismo en el distrito porteño”. Agregan, las mismas fuentes, que “la herramienta que podría utilizarse para llevar a cabo la transferencia es un decreto de necesidad y urgencia del PEN, que sólo podría ser derogado con la intervención del Congreso, juntando una mayoría especial de ambas cámaras”.

En el año 1989, la ley de reforma del Estado habilitó el proceso de concesión del Puerto de Buenos Aires y la provincialización del resto de los puertos del país. En 1992, por decreto se estableció la desregulación, descentralización y privatización de las operaciones que hasta entonces estaban a cargo de la Administración General de Puertos (AGP). La operación del puerto se dividió en tres concesionarias, cuyos contratos vencen en mayo de 2020. El gobierno, a través del Ministerio de Transporte y la Administración General de Puertos, les anticipó que este año se concretaría la licitación con un nuevo diseño de explotación. Como resultado del mismo, varios terrenos dejarán de pertenecer al área portuaria, según establece el nuevo pliego. Además, de las tres concesiones actuales se pasaría a sólo una, que integraría la totalidad del servicio de carga y descarga de buques.

Aparece Nicky en escena

Ya en el mes de julio pasado, un grupo de dirigentes gremiales en representación de la federación marítimo portuaria habían denunciado que una empresa con sede en Singapur, PSA, se había posicionado para pasar a operar como exclusivo concesionario las tareas de carga y descarga en el puerto de Buenos Aires, aspirando a una concesión por 35 años prorrogables por otros 15. Es decir, arrancando en 2020 y pudiendo extender el contrato hasta 2070. Quien actuó como presentador de la empresa y la aproximó a las autoridades fue Nicky Caputo, en su doble rol de cónsul honorario de Argentina ante Singapur, y representante de los negocios de empresas de Singapur en Argentina. En esa doble función, concretó reuniones de representantes de PSA con funcionarios argentinos en ambos países interesando a ambas partes en un acuerdo. “Hay un direccionamiento notorio de la licitación para que la gane PSA”, señaló en aquel momento el diputado Rodolfo Tailhade, a quien los gremios denunciantes le acercaron la documentación, además de a otros legisladores.

Como parte del proyecto aparece el desarrollo inmobiliario, en el cual tendría participación directa el propio Caputo a través de su firma. Y es que el pliego de licitación establece una relocalización de los espacios de carga y descarga, lo cual “liberaría” terrenos de uso para el emprendimiento inmobiliario. “El pliego prevé la pérdida inmediata del primer espigón del puerto, lo cual le da continuidad al negocio inmobiliario denominado Distrito Quartier”, en la denominada Dársena Norte. Esto es, en la zona de Retiro, un complejo de edificios de oficinas y viviendas de altísimo nivel (como continuidad de Puerto Madero), que se erigirán en el espacio “ganado” con la realización de las obras del Paseo del Bajo, la conexión vial subterránea desde el ingreso a Retiro por zona norte (a través de la avenida Lugones) y que atraviesa toda la zona de Puerto Madero hasta el sur. En este emprendimiento, Quartier, ya tiene participación directa la empresa desarrolladora de Caputo.

Pero no es todo. Entre otros terrenos cedidos por el Puerto de Buenos Aires a favor de emprendimientos inmobiliarios, ya se contaban los destinados al proyecto llamado Catalinas 2, el cual también tiene como protagonista principal a Nicky Caputo, a través de su firma TGLT, asociada al grupo Techint y a Consultatio. Ahora, la iniciativa del Gobierno de la Ciudad para la transferencia de terrenos portuarios en el perímetro de la denominada Zona de Puerto Sur ha tomado nuevo impulso. Se aceleraron los tiempos para lograr la firma de un convenio entre el Ministerio de Transporte de la Nación, el Gobierno de la Ciudad y el AABE (Administradora de Bienes del Estado) para transferir los terrenos previo al traspaso presidencial de diciembre.

Puerto Sur comprende un sector de aproximadamente 115 hectáreas y 5000 metros de muelle que se extiende desde la calle Brasil (límite sur de Puerto Madero) hacia el sur hasta la costa del Riachuelo. En la zona se encuentran radicadas empresas de servicios de almacenaje, depósitos fiscales, astilleros navales, telecomunicaciones y el Casino de Buenos Aires, entre otros. El objetivo es ir desplazando o “relocalizando” a estas instalaciones para desarrollar en su lugar otro megaemprendimiento inmobiliario multimillonario. De allí el interés de poner esos terrenos en manos del Gobierno de la Ciudad (con la hipótesis de que continuará en manos de Cambiemos), dándole injerencia además en la gestión del Puerto de Buenos Aires. Además, dejar a medio concretar la concesión del servicio de carga y descarga a “operadores amigos”. Todo en tiempo récord, pero los beneficios justificarían la urgencia.

Fuente: Página 12

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El Gobierno acelera con las reformas en el inicio de 2026: las opciones de cara a las próximas sesiones extraordinarias

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El presidente Javier Milei cerró el 2025 con importantes victorias legislativas y, con el objetivo de acelerar con las reformas que todavía tiene pendiente, planea precipitar las negociaciones, al punto de que un sector analiza adelantar la convocatoria a sesiones extraordinarias para fines de enero.

Aunque todavía es solo una idea incipiente, fuentes parlamentarias anticiparon a Infobae que en la primera quincena de este mes se estudiarán las opciones y se tomará una decisión al respecto.

“Hasta el 15 de enero no va a haber novedades, ahí veremos qué se hace finalmente“, señaló a este medio una fuente al tanto de las conversaciones.

Luego de que el Congreso aprobara el Presupuesto y la Inocencia fiscal, ahora el Gobierno buscará sancionar la reforma laboral; los cambios en la ley de glaciares; el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria y el nuevo Código Penal.

La última versión era que las primeras dos de estas iniciativas se iban a tratar en el Senado el lunes 2 de febrero, pero hay un sector del oficialismo que impulsa el 26 de enero como fecha de votación.

Esto, de todas formas, dependerá de cómo avancen las negociaciones con la oposición para conseguir los votos necesarios como para aprobar ambas medidas.

En este sentido, el ministro del Interior, Diego Santilli, comenzará este viernes a planificar su nueva gira por el país para reunirse con gobernadores.

“El ‘Colo’ se queda en enero y se va a juntar con los mandatarios provinciales, como hizo a lo largo de diciembre, para alcanzar los votos para sacar la aprobación de la reforma laboral”, explicó una fuente cercana al funcionario.

En su primera recorrida, Santilli visitó a Rogelio Frigerio, en Entre Ríos; Alfredo Cornejo, en Mendoza; Carlos Sadir, en Jujuy; Rolando Figueroa, en Neuquén; Gerardo Zamora, en Santiago del Estero; Hugo Passalacqua, en Misiones, y Gustavo Valdés, en Corrientes.

La propia jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, anticipó durante una entrevista con este medio que “del 16 al 26 va a haber un grupo de asesores que van a estar viendo todos los temas“ y, a partir de esa fecha, se va “a trabajar directamente con los dos proyectos”.

“Se habló de la posibilidad de arrancar la última semana de enero, pero más para una cuestión de organización, no de extraordinarias”, explicó uno de los integrantes de la bancada.

Según pudo saber este medio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, uno de los principales funcionarios al frente de las negociaciones parlamentarias, se quedará también en Buenos Aires en esta primera quincena del mes, aunque trabajará desde su casa.

Por esta razón, se espera que haya poca actividad durante este periodo y que las únicas novedades sean los encuentros de Santilli con los gobernadores.

Uno de los desafíos del “Colo” será recomponer el vínculo con el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien recientemente volvió a marcar sus diferencias con la gestión libertaria.

El dirigente radical es uno de los pocos con los que no se vio el ministro del Interior el año pasado, más allá de los opositores duros.

En los últimos días, Pullaro reclamó nuevamente por las deudas de la Nación con las cajas previsionales no transferidas y por fondos para reactivar la obra pública.

Además, durante una entrevista con Cadena 3, de Rosario, criticó a la Casa Rosada por pretender que Santa Fe ingrese lo antes posible los 800 millones de dólares que logró colocar en el mercado en los últimos meses.

“Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar. Ayer estaba $1480 y cuando adquirimos los dólares estaba $1400. Esa diferencia las hubiéramos perdido. Si habría algún instrumento financiero que nos asegurara que si el dólar aumenta, Santa Fe estaría cubierta, los traemos desde luego”, remarcó.

En el entorno del gobernador precisaron que todavía no hay en agenda una reunión con Santilli, pero remarcaron que si decide visitar la provincia, “será muy bienvenido”.

La posibilidad de apremiar los tiempos responde a la voluntad expresa de la administración libertaria de lograr -cuanto antes- la aprobación de la Reforma Laboral.

De hecho, ya se había anticipado la chance de que las sesiones extraordinarias se convocaran para enero:“Podría ser antes del 2 de febrero. Todavía está en definición, pero hay que tratar la Reforma Laboral”había planteado ante este medio un integrante de la mesa política que discute la estrategia legislativa.

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