Argentina apuesta a operar en un mercado global radicalmente distinto al de hace años atrás. El Mercosur cerró esta semana una nueva ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Canadá, mientras avanza con Japón, Singapur y Corea del Sur. Además, ya tiene en vigor el tratado con la Unión Europea (UE), al tiempo que aguarda la ratificación parlamentaria del acuerdo con Estados Unidos. Para el Gobierno, estos movimientos representan el acceso preferencial a mercados que concentran una porción sustancial del consumo y la inversión globales.

El último avance en este sentido se informó este sábado, cuando los gobiernos de Brasil y Paraguay difundieron comunicados sobre la décima ronda negociadora del acuerdo Mercosur–Canadá, celebrada entre el 25 y el 29 de mayo en Toronto, donde se discutió sobre comercio de bienes y servicios, reglas de origen, propiedad intelectual, salvaguardas bilaterales y desarrollo sostenible.

Para Argentina, abriría un mercado de 41 millones de personas con un producto bruto interno de aproximadamente 2,2 billones de dólares e importaciones totales del orden de 541.000 millones de dólares anuales. El acuerdo permitiría que el 80% de las exportaciones industriales del Mercosur ingresen a Canadá con arancel cero. En las negociaciones, Argentina busca cuotas de exportación para queso y leche en polvo, además de condiciones preferenciales para miel, carnes y granos.

Según tres fuentes gubernamentales de Argentina, Brasil y Canadá consultadas por la agencia Reuters en marzo de 2026, la firma podría concretarse entre septiembre y octubre de este año.

Por otro lado, el acuerdo con Singapur es el más avanzado del frente asiático y el que más cerca está de generar beneficios concretos para los exportadores argentinos. El Senado lo aprobó por unanimidad el 14 de mayo y lo remitió a Diputados para su sanción definitiva. Una vez ratificado, el 100% de las exportaciones argentinas ingresarán al mercado singapurense con arancel cero, según precisó el canciller Pablo Quirno al celebrar la media sanción.

El tratado, firmado en diciembre de 2023, ya está en vigor para Paraguay y Uruguay. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, lo presentó ante el Senado como una puerta de entrada estratégica al sudeste asiático: “servirá para poder negociar con Japón, Corea y Vietnam, Indonesia, quienes vuelven a mirar el acceso a la energía”, afirmó.

A su vez, el vínculo con Japón dio un salto en los últimos días. Según reportó la agencia Kyodo News el 26 de mayo, confirmado por Reuters y la agencia Jiji Press, el gobierno japonés anunciará formalmente el inicio de negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con el Mercosur en el marco de una cumbre entre la primera ministra Sanae Takaichi y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al margen de la reunión del G7 en Francia, prevista para mediados de junio.

El anuncio coronaría un proceso que arrancó en diciembre de 2025 con la firma del “Marco de Asociación Estratégica” y tuvo dos reuniones formales en enero y marzo de 2026, la segunda al margen de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Yaundé, Camerún.

Para Argentina, el acuerdo abriría el acceso preferencial a un mercado que hoy recibe principalmente pescados, crustáceos, aluminio, minerales y cereales del país. Tokio, a su vez, apunta a las reservas de litio y minerales críticos argentinos para sus cadenas de producción de vehículos eléctricos. La industria automotriz japonesa impulsa el acuerdo, aunque persiste en Japón la preocupación por una eventual entrada masiva de productos agrícolas, en particular carne vacuna.

El acuerdo con Corea del Sur atraviesa su propio proceso de reactivación. Las negociaciones se lanzaron en 2018, se suspendieron en 2021 —en parte por la resistencia del sector industrial argentino a la apertura— y volvieron a la agenda el 23 de febrero de 2026, tras una cumbre celebrada en Seúl entre el presidente surcoreano Lee Jae-myung y Lula da Silva.

Ambos líderes elevaron la relación bilateral al rango de “asociación estratégica” y firmaron diez memorandos de entendimiento en minerales críticos, inteligencia artificial, defensa y agricultura. Las partes acordaron además constituir grupos técnicos de trabajo con el objetivo de presentar un primer marco negociador antes de fin de año. Corea del Sur no figura aún en la lista de negociaciones activas de la Cancillería argentina.

Dos acuerdos sí ya están en vigor o en aplicación parcial. El Mercosur–UE, firmado el 17 de enero de 2026 tras 27 años de negociaciones, entró en aplicación provisional el 1° de mayo: elimina aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque y deja alcanzado al 99% de las exportaciones agrícolas argentinas.

El acuerdo bilateral Argentina–Estados Unidos, firmado el 5 de febrero de 2026, incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos y aguarda ratificación del Congreso argentino para entrar en vigor pleno.

Por fuera de ese acuerdo, el presidente Donald Trump firmó el 6 de febrero una orden ejecutiva que amplió de 20.000 a 100.000 toneladas anuales la cuota de importación de carne vacuna argentina con arancel cero, distribuida en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas. La medida aplica específicamente a recortes magros —piezas de bajo contenido graso destinadas principalmente a la elaboración de carne picada y hamburguesas— y tiene vigencia durante 2026. En 2025, Argentina exportó 44.300 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos por un valor de 341,5 millones de dólares, según datos del Consorcio ABC.

Con el nuevo esquema, el sector estima ingresos adicionales de más de 700 millones de dólares en divisas durante el año. El sector advierte, no obstante, que la cuota es temporal y que será necesario incorporarla de forma permanente al acuerdo para garantizar su continuidad más allá de 2026.

La agenda no se agota allí. El acuerdo Mercosur–Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), firmado en septiembre de 2025 con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, aguarda aprobación parlamentaria. Las tratativas con los Emiratos Árabes Unidos acumulan cuatro rondas. Las negociaciones con Vietnam —lanzadas el 20 de diciembre de 2025— y con El Salvador aún no tienen fecha para sus primeras rondas formales. En el plano regional, el bloque mantiene acuerdos vigentes con Chile, Bolivia, Colombia, Perú, la Comunidad Andina, Cuba, Israel, Egipto, India, la Unión Aduanera de África del Sur (SACU) y Panamá.

Hay una forma de leer lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei en materia de inversiones que no aparece cuando se analiza cada medida por separado. Conviene verlas en conjunto, en la secuencia de las últimas semanas, para entender que se trata de algo más que una suma de proyectos y decretos: es la arquitectura deliberada de una administración que se propone competir por el capital global.

El contexto no admite eufemismos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina cerró 2025 en el último lugar del ranking regional de inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina. Captó USD 3.134 millones netos, mientras Brasil recibió USD 76.877 millones y México USD 40.871 millones. Costa Rica, con una economía más pequeña, superó a la Argentina con USD 5.733 millones. La fotografía es la de un país que pasó décadas construyendo una reputación de destino hostil para el capital externo: expropiaciones, cepos, confiscaciones, modificaciones retroactivas de reglas de juego y una cultura política que convirtió la desconfianza hacia el inversor extranjero en bandera de soberanía. El resultado de ese camino lo certificó la OCDE con frialdad estadística.

Sobre ese punto de partida, el Gobierno lanzó en semanas lo que en cualquier otro contexto habría llevado años de deliberación legislativa y burocrática.

El gobierno de Javier Milei impulsó en las últimas semanas un paquete de iniciativas para reposicionar a la Argentina como destino de inversión: un proyecto para reforzar garantías sobre la propiedad privada y reformar expropiaciones, una propuesta de nueva Ley General de Sociedades con digitalización y figuras como DAO, una herramienta estatal de inteligencia artificial para políticas sociales y la discusión de un “Golden Passport”. La agenda convive con tensiones legislativas por la reforma electoral, subsidios energéticos y pliegos judiciales.

Propiedad privada

El primero de los pilares es el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que ya obtuvo dictamen en el Senado y podría tratarse en el recinto para el próximo jueves 4 de junio. La iniciativa toca varios nervios simultáneamente.

Por un lado, modifica el régimen de expropiaciones: endurece los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre un bien privado y blinda jurídicamente al propietario frente a decisiones discrecionales del poder político. Por otro, elimina las limitaciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros que habían sido establecidas durante el kirchnerismo bajo la lógica de la “soberanía alimentaria”. Los fundamentos del proyecto fueron explícitos: esa normativa “implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario”. El nuevo enfoque concentra los controles en los casos en que estén involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos, no en el capital privado.

También deroga la norma que restringía la venta de tierras afectadas por incendios, una disposición que había impulsado Máximo Kirchner y que, en la práctica, funcionaba como herramienta de presión sobre propietarios en situación de vulnerabilidad. Además, incorpora cambios en los procesos de desalojo: establece un trámite más ágil para casos de falta de pago o usurpación y avanza en la digitalización integral de los registros inmobiliarios. “En 2025, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 70% respecto de 2023″, señaló el proyecto. El sistema registral actual no está en condiciones de acompañar esa dinámica.

Traducido al lenguaje de un inversor extranjero que evalúa desembarcar en la Argentina: por primera vez en décadas, el suelo tendría garantías legales serias.

El código del siglo XXI

Mientras el Senado cerraba dictamen sobre la propiedad privada, el Gobierno envió al Congreso otra reforma de envergadura comparable: la nueva Ley General de Sociedades. La actual data de la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse. En términos de ecosistema emprendedor y economía digital, es un fósil legal.

La reforma que envió el Gobierno no es cosmética. Convierte las normas de la ley en disposiciones supletorias: el estatuto manda, no el Estado. Elimina los controles arbitrarios de los registros públicos. Habilita la resolución de conflictos societarios ante jurisdicciones extranjeras elegidas por las partes. E incorpora la digitalización total: domicilio electrónico, registros digitales, asambleas virtuales, constitución de sociedades mediante firma digital. “Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, sintetizó el ministro al presentar la iniciativa.

Pero el núcleo más disruptivo está en dos figuras que no existen en el derecho argentino vigente. La primera son las “Sociedades Automatizadas”: estructuras que pueden operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario. La segunda son las DAO —Organizaciones Autónomas Descentralizadas—, entidades digitales con participaciones representadas en tokens, registros en blockchain y reglas de funcionamiento programadas en contratos inteligentes, sin directorios ni gerencias tradicionales. Ambas figuras tendrían personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.

El modelo de referencia que citó Sturzenegger fue Irlanda: su marco legal y fiscal favorable atrajo a las principales multinacionales tecnológicas del mundo. El argumento es que la Argentina tiene condiciones para hacer algo equivalente en el universo de la inteligencia artificial y la economía del conocimiento. “Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo. Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, afirmó el ministro.

El Estado que aprende

No toda la agenda de apertura está orientada al capital privado externo. El 22 de mayo, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello anunció el lanzamiento del “Gemelo Digital Social”, una herramienta de inteligencia artificial que busca transformar la forma en que el Estado diseña y evalúa políticas públicas.

La idea es técnicamente precisa: un gemelo digital es una réplica virtual alimentada con datos reales que permite simular comportamientos y evaluar escenarios posibles antes de implementar medidas concretas. Aplicado a política social, significa que el Estado podría calcular el impacto real de una intervención —sobre empleo, pobreza, educación, territorio— antes de ejecutarla, y reemplazar la lógica reactiva y clientelar que históricamente dominó esa área del Estado argentino. La herramienta procesa datos estatales de manera innominada —sin identificación de personas— para generar inteligencia de política pública. “Durante décadas, el Estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era”, afirmó el video institucional del ministerio.

Leída desde la perspectiva del inversor, la señal es relevante: un Estado que gestiona con datos es un Estado más predecible, con menor margen para la discrecionalidad y más rendición de cuentas sobre sus propias decisiones. También es un Estado que puede demostrar el impacto de sus políticas con pruebas, no con relato.

El pasaporte como intención

El cuarto componente de la agenda todavía no existe como programa concreto, pero su sola discusión dice algo sobre el clima que el Gobierno busca instalar. La idea de un “Golden Passport” —ciudadanía argentina a cambio de una inversión significativa, sin necesidad de residencia previa— circula en los despachos oficiales desde hace meses, aunque todavía no tuvo avances concretos. El modelo existe en Malta, Portugal, Grecia y los Emiratos Árabes Unidos, y en todos esos casos funcionó como imán para capital y talento emprendedor de alto valor.

En la Argentina, la iniciativa no se implementó. No hay programa lanzado, ni montos definidos por ley, ni agencia operativa. Lo que hay es una señal política que llegó a las páginas de The New York Times, que lo mencionó en su reportaje sobre Peter Thiel y la Argentina como parte del clima de incentivos del Gobierno para ese perfil de capital. En un contexto donde el pasaporte argentino da acceso a más de 170 países y el ecosistema de reformas empieza a tomar forma, esa posibilidad tiene peso propio aunque todavía no tenga reglamento.

El ruido de fondo

Toda esa agenda convive, en el mismo Congreso y en las mismas semanas, con una política de otra temperatura. Mientras Sturzenegger negocia dictámenes y los inversores globales leen los proyectos sobre DAO y propiedad privada, el Gobierno quedó enredado en tres discusiones que consumen tiempo legislativo y capital político sin generar valor agregado para el país que busca construir.

La primera es la reforma electoral. El oficialismo quiere eliminar las PASO —las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias— para simplificar el calendario electoral de 2027. Pero los gobernadores no quieren ceder ese instrumento, y el PRO de Mauricio Macri lo usa como palanca de negociación. El resultado concreto de ese bloqueo es que los argentinos podrían votar hasta seis veces el año que viene: tres para cargos provinciales —primarias, generales y eventual balotaje— y tres para los nacionales. La paradoja es que los mismos gobernadores que se resisten a eliminar las PASO son quienes insisten en desdoblar sus elecciones locales de las nacionales, precisamente para no quedar expuestos a la lógica de una elección presidencial que podría fortalecer a Milei y comprometer sus liderazgos territoriales. Es una discusión sobre poder, no sobre ciudadanos.

La segunda es la pelea por los subsidios energéticos. El proyecto de “ley de zona fría”, que obtuvo media sanción en Diputados, llegó al Senado con el respaldo de los gobernadores patagónicos y de varias provincias del interior que quieren que el Estado nacional siga financiando una porción significativa de las boletas de gas y electricidad de sus jurisdicciones. Es el segundo round de una negociación que el Gobierno busca resolver sin resignar el equilibrio fiscal que es, junto con la seguridad jurídica, la única credencial macroeconómica que tiene para mostrar ante los inversores que miran con atención la agenda de reformas.

La tercera es la disputa por los pliegos judiciales. Con casi un tercio de los cargos vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías de todo el país, el debate que debería girar en torno a cómo cubrir esas vacantes con la mayor celeridad posible terminó convertido en una discusión sobre pertenencias, lealtades y alineamientos políticos de los candidatos. El resultado es una Justicia estructuralmente debilitada en su capacidad operativa, que es exactamente lo contrario de lo que necesita un país que promete a los inversores externos que sus disputas serán resueltas con celeridad e independencia.

Ninguna de esas tres peleas es nueva. Lo nuevo es que ocurren mientras el país intenta, en paralelo, hacer algo completamente distinto.

La señal Thiel

El miércoles 28 de mayo, The New York Times publicó un extenso reportaje sobre Peter Thiel y la Argentina. No era una nota de negocios ni de tecnología: era una pieza de análisis político internacional sobre por qué uno de los empresarios más influyentes del mundo decidió mirar hacia el sur. El diario reveló que Thiel —cofundador de PayPal, presidente de Palantir, uno de los primeros inversores de Facebook y referencia ideológica de la derecha libertaria del Silicon Valley— trasladó temporalmente a su familia a Buenos Aires, matriculó a sus hijos en una escuela local y adquirió propiedades en la Argentina y Uruguay. En ese mismo reportaje apareció mencionado el Golden Passport como parte del menú de incentivos que el Gobierno argentino tiene en carpeta para atraer ese perfil de inversor: alguien que no solo busca rentabilidad, sino opcionalidad jurídica y geográfica en un mundo que se fragmenta. Que el diario haya elegido contar esa historia en ese momento no es un detalle menor: es el tipo de cobertura que los fondos globales leen antes de tomar decisiones.

Thiel se reunió con el presidente Milei, con el ministro de Economía Luis Caputo y con Sturzenegger. Milei definió el encuentro como el de “un anarcocapitalista que encuentra a otro anarcocapitalista llevando esas ideas a la práctica”.

Thiel no es un empresario convencional. Es el arquitecto intelectual y financiero de algunas de las apuestas más audaces del capitalismo tecnológico de las últimas décadas: cofundó PayPal, fue el primer inversor externo de Facebook, fundó Palantir —la empresa de análisis de datos que trabaja para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la comunidad de inteligencia y gobiernos de todo el mundo— y es uno de los principales impulsores globales de las DAO y de nuevas formas de organización empresarial basadas en blockchain. Es, también, uno de los pocos intelectuales del ecosistema tecnológico que convirtió su apuesta por la innovación radical en una posición política coherente: el escepticismo ante el Estado como organización suficiente para gestionar la complejidad del siglo XXI.

Que Thiel haya elegido la Argentina como residencia no es un dato anecdótico. En el ecosistema del venture capital global, los movimientos de los grandes inversores funcionan como señales. Cuando una figura de esa envergadura decide mover patrimonio, residencia y vínculos políticos, el empresariado global suele leer algo más profundo: que hay un proceso en marcha que vale la pena seguir de cerca. La afinidad ideológica es real —Thiel y Milei comparten una visión sobre desregulación, propiedad privada y límites del Estado—, pero lo que vuelve el dato estructuralmente relevante es que llegó en el momento exacto en que la Argentina construye el marco legal que hace que esa afinidad también sea una apuesta económica racional.

Las DAO que reconoce la nueva Ley de Sociedades son el tipo de estructura que Thiel financió e impulsó durante años. La propiedad privada con garantías legales sólidas es la condición de base que cualquier inversor de su perfil exige antes de comprometer capital. Y el Golden Passport es el tipo de incentivo que captura a empresarios que buscan no solo rendimiento financiero, sino también opcionalidad geográfica y jurídica en un mundo que se fragmenta políticamente.

No se trata de afirmar que la Argentina ya resolvió el problema de la atracción de inversiones. Los datos de la OCDE sobre 2025 son demasiado contundentes para el triunfalismo fácil, y la cautela que muestran muchos fondos internacionales frente a las elecciones de 2027 es un dato político que el Gobierno no puede ignorar. Pero sí se puede afirmar algo distinto: por primera vez en décadas, la Argentina construye simultáneamente los cuatro pilares que cualquier inversor sofisticado necesita ver antes de comprometer capital de largo plazo. Garantías de propiedad. Marco societario moderno. Estado predecible. E incentivos concretos para radicarse.

Eso no es poco. Durante mucho tiempo, fue exactamente lo que no había.

Cuando este lunes comience la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, la CGT tendrá un papel muy relevante que aprovechará para darle una mayor exposición a sus denuncias contra el gobierno de Javier Milei: Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales cegetista y líder de la UOCRA, fue elegido por sus pares sindicales de todo el mundo como vicepresidente del encuentro en nombre del sector de los trabajadores.

Ese reconocimiento internacional de Martínez, luego de 21 años como miembro del Consejo de Administración de la OIT, le dará un protagonismo que contrastará con la decisión de la administración libertaria de no enviar ningún representante gubernamental para que defienda las medidas adoptadas, tal como sucedió en 2025.

El sindicalismo argentino, que aún no se repuso del shock por no haber podido resistir la sanción de la reforma laboral, tratará de aprovechar el escenario que se abrirá desde mañana: concurrirá a la OIT una numerosa delegación gremial, de una treintena de integrantes, algunos de los cuales presentarán sus denuncias contra el gobierno argentino, y el viernes próximo, por fuera de las deliberaciones de la conferencia, todos participarán de un acto político en el que, junto a sindicalistas de otros países, le darán un marco internacional a sus fuertes cuestionamientos a las políticas de Milei.

“Como viene la Argentina, estará en esta conferencia de la OIT, y posiblemente en la próxima va a seguir estando, en el banquillo de los acusados”, dijo Martínez a Infobae desde Ginebra, en un diálogo en el que, además de hablar sobre la conferencia del organismo, defendió la estrategia de la CGT por la reforma laboral y admitió: “No teníamos mucha fuerza para poder contrarrestar las pretensiones del Gobierno”.

El dirigente aseguró que las negociaciones del sector dialoguista para introducir cambios en la reforma laboral permitieron “mantener estructuralmente de pie a las estructuras sindicales” y, por otra parte, advirtió que la CGT podría realizar otro paro general: “No descarto que tengamos que ir a una medida de fuerza directa”, señaló, aunque “no deben parar solamente los trabajadores; debe ser un paro con una adhesión de la mayoría de la sociedad para que tenga contundencia”.

— ¿Qué puede pasar con los reclamos sindicales contra el gobierno de Milei en esta conferencia de la OIT?

— En cada conferencia se analiza el comportamiento y el acumulado de reclamos que tienen los gobiernos en las distintas latitudes. En este caso, la Argentina va a estar en la primera línea de juego por su comportamiento y de qué manera afecta las condiciones fundamentales de los derechos que tienen los distintos convenios de la OIT.

— ¿Se van a tratar este año las últimas denuncias que la CGT y otros sindicatos ya habían hecho?

— Acá, acá todo es “banda ancha”, lo que quiere decir que primero se presentan los casos, como los de aeronavegantes, la UTA, La Fraternidad o ATE, todos los que sufrieron consecuencias de las medidas que se adoptaron desde el Gobierno y que perjudican los derechos de los trabajadores, y después van surgiendo en la Comisión de Normas de la OIT los distintos expedientes que van a ser considerados en la conferencia.

— ¿Y eso cómo se determina? ¿Por votación?

— Bueno, hay, hay un sistema de control de los distintos reclamos de todo el mundo y a partir de ahí cada continente después va eligiendo qué se trata. Por ejemplo, como trabajadores proponemos que vaya la Argentina. Panamá es otro país de la región que estará sobre la mesa. Depende del peso de lo que se pone en discusión o de lo que se está reclamando.

— ¿Qué denuncias presentará la CGT?

— Cualquiera de los temas que se trata da el volumen para que en el juzgamiento se incluya todo porque todo está interrelacionado de alguna manera. Su suele violar un convenio porque ya violaste otro. Por eso el que hable por la CGT, que será Jorge Sola (uno de los cotitulares cegetistas), va a denunciar las distintas violaciones a los convenios de la OIT que ha cometido la Argentina desde el Gobierno que perjudican a los trabajadores.

— ¿No denunciarán sólo la reforma laboral?

— Ese tema es un capítulo que se tocará sí o sí, incuestionablemente. Cuando se trate el caso de la Argentina, el papel central lo va a tener la CGT por todas las violaciones de los últimos tiempos que afectan los derechos constituidos. Pero se va a hablar de todo. También del cepo salarial. Y como viene la Argentina, estará en esta conferencia, y posiblemente en la próxima va a seguir estando, en el banquillo de los acusados.

— ¿Qué representa su elección como uno de los vicepresidentes de la conferencia de la OIT?

— Creo que es el reconocimiento de una carrera con presencia en el área internacional de la CGT desde hace 20 años, integrando el Consejo de Administración, siendo parte durante casi 18 años del Comité de Libertad Sindical y y también habiendo sido un actor importante en el debate internacional. Por ejemplo, con una denuncia por la actitud del sector empleador y de algunos gobiernos de no reconocer que dentro del Convenio 87 de la OIT debía figurar el derecho a huelga.

— Ese punto se puso a consideración de la Corte Internacional de Justicia, que hace 15 días dio una opinión consultiva en favor de la postura sindical.

— Sí, fueron 12 años de discusiones donde se agotaron todas las instancias habidas y por haber ante la actitud caprichosa del sector empleador. Nosotros nos vimos en la obligación de recurrir a una entidad superior, como es la Corte Internacional de Justicia, para que se determine que dentro de los principios que involucra el Convenio 87 sobre libertad sindical está incorporado el derecho de huelga. Y esa fue la opinión de la Corte.

— Como esa opinión no es vinculante, ¿qué efecto concreto puede tener? ¿En qué los beneficia?

— En principio, hemos logrado recuperar conceptualmente algo que habíamos perdido hace 12 años. Es decir, no es que avanzamos más sino que ahora estamos en el mismo plano que teníamos. Los empleadores en ese momento, junto con algunos gobiernos, ganaron al determinarse que dentro del Convenio 87 no estaba comprendido el derecho a huelga. Rompieron así ese vínculo tripartito que teníamos al poner en tela de juicio el alcance del Convenio 87 tal como se había firmado. Desde hace 12 años intentamos por distintos caminos mantener la lógica que se planteaba desde el nacimiento de la OIT. Por primera vez en la historia tuvimos que recurrir a una entidad superior porque siempre todo se discutió adentro de la OIT.

— ¿Esta opinión de la Corte Internacional de Justicia puede tener alguna incidencia en los vaivenes judiciales de la reforma laboral en la Argentina?

— Es un dato que influye en el marco jurídico.

— ¿Puede influir en el ánimo de los jueces?

— Sí, y es un antecedente de relevancia en favor del derecho de huelga. Ahora, tenemos que reconstruir el affectio societatis como para que de aquí en adelante ni los empleadores ni los trabajadores tengamos que ir a recurrir a una entidad fuera de la OIT para resolver un problema que siempre se resolvió adentro.

— Más allá de la OIT, en la Argentina hay fuertes presiones del ala dura del sindicalismo para que la CGT haga otro paro general. ¿Qué opina al respecto?

— Es natural de que existan sectores que muestren con más énfasis el descontento ante la política laboral y de derechos sociolaborales que expresa el gobierno argentino. La CGT tuvo desde un principio reacciones contundentes para llevar adelante movilizaciones y huelgas generales. Pero cuando comenzó el debate sobre la reforma laboral nos encontramos con un gobierno que tenía 7 senadores y no tenía mayoría en la Cámara de Diputados, y después de las elecciones de octubre llegó a 32 senadores y mayoría en la Cámara de Diputados.

— Tampoco existió una actitud homogénea del PJ.

— Es cierto. Nuestros senadores, por razones que no llegamos a comprender y que no son lógicas, decidieron no integrar la Comisión de Trabajo en el debate del Senado como así también en la Cámara de Diputados. Nosotros ni siquiera teníamos un despacho de minoría.

— ¿Cree que eso fue tan determinante para la sanción del proyecto que impulsaba el Gobierno?

— Si miramos hacia atrás, cuando (Raúl) Alfonsín propone la “ley Mucci” (que promovía una democratización sindical) nosotros no teníamos mayoría en la Comisión Laboral. En ese momento, los diputados peronistas, en minoría, integraron la Comisión Laboral y hubo dos despachos, uno de mayoría y uno de minoría, pero después en el recinto, logramos frenar la ley Mucci.

— Pero eso fue gracias al voto del senador neuquino Elías Sapag. Por un solo voto no prosperó esa ley.

— Por diez votos o un voto es lo mismo. Lo cierto es que esa ley no salió. Ahora, no teníamos un despacho de minoría. Sí o sí teníamos que ir a hablar con quien presidía la Comisión Laboral, que es Patricia Bullrich.

— Pablo Moyano dijo que falló la estrategia de la CGT de apostar a la Justicia para frenar la reforma laboral y que por eso hay que salir a la calle a protestar.

— Habría que ver en qué momento lo dijo y cómo lo dijo, pero él es no es la representación de Camioneros. Ese sindicato tiene a uno de los secretarios generales de la CGT. Ahí hay un problema de identidad o de lo que significa la vida orgánica de Camioneros, que indudablemente hace que cualquiera puede decir cualquier cosa. Eso que dice Pablo Moyano no lo dice Hugo Moyano, que es secretario general de Camioneros, ni tampoco lo dice Octavio Argüello, que representa a Camioneros en el triunvirato de la CGT.

— ¿Usted sigue defendiendo la estrategia de la CGT de haber apostado a la Justicia para tratar de bloquear la aplicación de la reforma laboral?

— Dentro del planteo de la CGT hay un desarrollo estratégico y hay acciones tácticas. El hecho de no tener una plataforma de apoyo político, de no haber tenido la oportunidad de poder sacar un despacho de minoría en el Senado y de estar ante un oficialismo con un volumen político que era diferente al que tenía antes de octubre, hizo que no tuviéramos mucha fuerza para poder contrarrestar las pretensiones del Gobierno.

— Aun así, ustedes lograron salvar las cuotas solidarias para financiar a los sindicatos y que se mantuviera el mismo aporte a las obras sociales.

— No solamente eso. Había un artículo en el proyecto del Gobierno que decía concretamente que las empresas dejaban de ser agente de retención de las cuotas de afiliados. Con eso se desmembraba toda la estructura sindical. Te podés imaginar: tengo 20 mil empresas empadronadas y 400 mil trabajadores en la construcción. Si las empresas dejaban ser agente de retención, ¿cómo hacía para seguir manteniendo la estructura sindical?

— Algunos criticaron el hecho de que en las negociaciones sólo hayan conseguido dejar a salvo el financiamiento de los sindicatos.

— Gracias a las negociaciones, más allá de que no llegaron a fondo, algunas cosas se lograron mantener, como las estructuras de los derechos colectivos. Mantuvimos estructuralmente de pie a las estructuras sindicales como para tener capacidad dentro del desarrollo de una estrategia y después determinar acciones contundentes. Ahora, de todas formas, no descarto que tengamos que ir a una medida de fuerza directa. Está dentro del plan de lucha.

— ¿De qué depende que hagan otro paro?

— La responsabilidad la tiene la CGT y por eso fue elegida esta nueva conducción. Es nuestra responsabilidad generar un sendero donde no vayamos solamente desde la ira o por el grito a decir: “Vamos a un paro”. Al paro lo tenés que instalar, lo tenés que trabajar. No es que solamente deben parar los trabajadores. Debe ser un paro con una adhesión de la mayoría de la sociedad para que tenga contundencia. Si no, van a decir: “Bueno, está bien, pero fue un paro matero porque todo funcionó como si fuera un día normal. Hay que analizarlo también desde el punto de vista sociológico. Para que el paro sea contundente, con fuerza, tiene que ser mayoritario.

— ¿Pero no está creciendo el malestar de distintos sectores de la sociedad por la situación económica como para que decidan un nuevo paro general?

— El hecho de que no haya una dinámica que dé respuesta a la microeconomía y que eso afecte a la cantidad de empresas que han tenido que cerrar o que fueron a la quiebra, como la cantidad de nuevos trabajadores que eran formales y ahora quedaron en condición informal y no consiguen trabajo es un dato concreto, objetivo, que no tiene miradas ideológicas. Es una realidad contundente. Ahora, si vos me preguntás hoy: ¿Están dadas las condiciones para ir a un paro? Mucha gente te dice: “Yo no quiero perder el trabajo, no quiero perder el presentismo”. Es decir, hay una actitud ciertamente conservadora porque el panorama general que se da en el país muestra que hay un gobierno débil en la microeconomía y que existe una sensación térmica de que la sociedad se aleja de darle un apoyo estructural. Pero, sin embargo, tenés un gobierno que, a pesar de toda esta realidad, sigue teniendo un 40% de apoyo.

— Además hay dirigentes que están reclamando hace rato otro paro general, pero cuando llega la hora de concretarlo, sus propios afiliados no paran.

— Claro. Cuando estás afuera de la estructura, podés gritar y gritar, pero cuando estás adentro de la estructura tenés que tener responsabilidad. Porque mañana, si vos actuaste a tontas y locas por el grito de afuera y no fuiste inteligente para tomar una medida en el momento que corresponde como para que sea contundente, la crítica vuelve hacia la estructura sindical que se dejó llevar por los cantos de los gritos de afuera y no asumió su responsabilidad de conducir con inteligencia.

— Este debate interno sobre un nuevo paro general se va a reanudar después de la conferencia de la OIT?

— Creo que sí, pero, mientras tanto, después del Mundial de Fútbol va a comenzar un nuevo plano en el orden político, pensando en el 2027.

— Claro, de alguna forma arrancará la campaña electoral. ¿Qué va a hacer la CGT en materia política?

— Estamos hablando con muchos sectores. No sólo con las fuerzas propias en el orden político, sino que estamos hablando de la necesidad en nuestra fuerza política de generar un proceso de renovación y, por otro lado, de armar una instancia frentista o de coalición para poder recuperar el mando del país a partir de 2027.

— ¿Con el peronismo solo no alcanza?

— No, porque, aparte, muchos de los que se sienten los galanes de una época creen que ahora lo siguen siendo, pero muchos ya tienen el boleto picado.

— ¿A quiénes se refiere?

— A cualquiera. Te puedo decir, qué sé yo, Sergio Massa, (Guillermo), Moreno, hay tantos que aparecen ahora.

— ¿No se refiere también a Axel Kicillof?

— No, Kicillof tiene que resolver primero su interna en la provincia. En principio, es gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero no es el poder de la provincia.

— ¿Habla de su interna con Cristina Kirchner?

— Claro, no es lo mismo que cuando fueron (Antonio) Cafiero o (Eduardo) Duhalde, que además de ser gobernadores tenían el poder de decisión acumulado. El gabinete de Kicillof es una cooperativa. Hay dos o tres que responden a Sergio Massa, dos o tres que responden a La Cámpora, dos o tres que responden a intendentes y después está el resto que responde a Kicillof.

— ¿Eso quiere que la CGT no está encolumnada detrás de la candidatura de Kicillof en forma unánime?

— Mayoritariamente, no. Somos prudentes. (Kicillof) es uno de los candidatos, pero hay otros. Es necesario generar una masa crítica con un cierto volumen de representatividad que no sólo se base en el conurbano. Si tenemos a alguien que tiene un buen andamiaje en el conurbano, pero en el resto del país no tiene adhesión no alcanza. Uno tiene que pensar en todo el país. Nosotros buscamos reconstituir un liderazgo que tenga capacidad de representación a nivel nacional.

— Tampoco descarta a Dante Gebel, ¿no? La CGT estuvo reunida con él y hubo coincidencias.

— Dante Gebel es un outsider que está ahí. Él no dijo todavía qué quiere ser. Habló con nosotros, lo escuchamos, así como hablamos con otros, y después fuimos al encuentro que hubo en Parque Norte (de un sector no kirchnerista del peronismo).

— ¿Pero ve a Gebel como un candidato posible?

— Es alguien que proviene de afuera del sistema político. Dadas las circunstancias, si las fuerzas políticas tradicionales no recuperan un volumen con un candidato que logre enamorar o recrear la confianza mayoritaria, indudablemente hay que estar pensando que quizás necesitás un outsider, como lo fue Milei en su momento.

— Me imagino que en la CGT se reunirán para debatir a qué candidato presidencial apoyan. ¿Hay otros?

— Sí, hablamos con todos, hablamos con los gobernadores y también con una representación empresaria que surge con la intención de querer también jugar en el orden político para promover una alternativa diferente como es la que aparentemente se expresa a través de Jorge Brito. El objetivo de la CGT no es ser furgón de cola sino ser parte del debate en un proceso que nos dé la oportunidad de poder ganar las elecciones en 2027 y decir: “Milei, cumpliste un ciclo, fueron cuatro años, te respetamos, pero indudablemente tus decisiones, los objetivos que planteás con el nivel de agresión y con solamente una mirada macroeconómica y financiera, no representar al ser argentino”.

— De todas formas, ¿cree que alguna orientación del Gobierno deberá mantenerse si hay un recambio presidencial? Pienso en sostener una inflación a la baja o en reducir el déficit fiscal, por ejemplo.

— Es muy bueno lo que decís. Esa la matriz peronista. Representa justamente un equilibrio fiscal. La matriz peronista expresa una trilogía. El capital al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social. Esa trilogía del capital, la economía y el bienestar social como objetivo fundamental es lo que representa la matriz peronista, en la que decimos: gobernar es crear trabajo. Para tener un país fuerte se necesita un equilibrio fiscal, ordenar las cuentas, tener un Estado eficaz, eficiente, promotor, propulsor. Y generar el ambiente de confianza como para dar respuesta hacia abajo a la microeconomía, a las necesidades que se plantean en la sociedad civil. Pero también abrir las compuertas para que Argentina incorpore nuevos inversores, para ampliar el volumen macroeconómico que dé la posibilidad de tener más empleo, más producción y más competitividad.

— Entonces puede haber un gobierno peronista que mantenga el rumbo de algunas medidas de Milei.

— Nosotros no chocamos con el tema del equilibrio fiscal y con lo que representa la inflación. Desde hace tiempo venimos diciendo que la inflación es el impuesto a la pobreza. Es más, fuimos los primeros que, cuando Massa se presenta con la oportunidad de ser candidato y asumió como ministro de Economía, en la CGT dijimos que necesitamos una política antiinflacionaria, que la empezó a hacer en su momento cuando provoca la primera devaluación. Cristina (Kirchner) a los 20 días hace una conferencia de prensa, lo ataca y después siguió emitiendo. La platita fácil. Eso no es parte del peronismo.

— Es decir, hay cosas en las que no se puede volver atrás por más que las esté haciendo Milei.

— No se puede seguir gastando más de lo que te ingresa. Y eso no significa que tenés que romper con el Estado y que vas a tener que crear más pobreza. Hay que tener una política de asistencia, de contención, ante un sector de la sociedad que está maltratado, golpeado, que está viviendo en una pobreza cada vez más extrema, pero sin perder de vista la importancia que tiene el equilibrio fiscal. Se puede lograr el equilibrio fiscal sin crueldad.

— Si hubiera un cambio de gobierno en 2027, ¿la CGT va a plantear la derogación de la reforma laboral?

— Tiene que haber un proceso de negociación para optimizar las condiciones que viabilicen la generación de puestos de trabajo sin perder derechos.

— Concretamente, ¿habría que derogarla?

— Forma parte del debate que hay que dar. Con esta reforma laboral, además de perderse derechos, se beneficiaron las principales corporaciones y todo lo que es el sector de empresas de capacidad instalada se ve afectado comparativamente en relación a las oportunidades que se les dan a las grandes corporaciones. Nosotros creemos que las convenciones colectivas son una herramienta fundamental que los empresarios saben manejar y que nosotros sabemos manejar con una postura positiva como para mejorar la empleabilidad, la producción y la competitividad.