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Política Nacional

La Provincia de Buenos Aires lanza un amplio plan de facilidades para ponerse al día con los impuestos

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ARBA, la agencia de recaudación de impuestos de la Provincia de Buenos Aires, puso en marcha desde el 1 de setiembre un plan de facilidades para que los contribuyentes regularicen su situación frente al fisco bonaerense. Se suma así a iniciativas que propusieron en los últimos días tanto la AFIP, a nivel nacional, como la AGIP, responsable por los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de ARBA, se trata de diferentes opciones para que personas y empresas puedan cancelar deudas tributarias de todos los impuestos, tanto en instancia judicial como prejudicial. A la vez, permitirá retomar planes de pago caducos y flexibilizará el levantamiento de medidas cautelares.

Gastón Fossati, director de ARBA, explicó que “los beneficios buscan atender y mitigar las dificultades provocadas por la coyuntura económica, aportando alivio tributario a sectores de la producción, los servicios y al resto de los contribuyentes”.

En ese contexto, puntualizó que “se trata de medidas orientadas a pymes, microempresas, comerciantes y también a los vecinos de la Provincia, que contarán con mayores facilidades para cancelar deudas impositivas”.

Fuente: Clarín

 

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Tras reunirse con el Papa, uno de los líderes de la CGT advirtió que podrían convocar a una medida de fuerza si el Gobierno no abre el diálogo

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Cristian Jerónimo, cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), advirtió que la central obrera no descarta una medida de fuerza si el Gobierno no abre un canal de diálogo ante el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y el congelamiento de las jubilaciones. Las declaraciones las formuló este domingo, un día después de participar en la audiencia en el Vaticano con el papa León XIV que cerró el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti.

El encuentro, celebrado en el Palacio Apostólico Vaticano al cabo de tres jornadas de debate en Roma, reunió a dirigentes sindicales, empresarios, académicos y referentes de movimientos populares de todo el continente. La delegación argentina incluyó a Jerónimo y a Gerardo Martínez, también de la CGT y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros referentes gremiales y sociales.

Antes de la audiencia papal, la delegación cegetista entregó al Pontífice un documento con un diagnóstico sobre la realidad argentina: pérdida de puestos de trabajo, endeudamiento familiar y deterioro de los ingresos previsionales. Jerónimo explicó que el formato protocolar de las audiencias con el Papa no permite abordar en profundidad situaciones nacionales particulares, por lo que optaron por trasladar el planteo por escrito.

El dirigente sindical destacó que el mensaje de León XIV estuvo centrado en la construcción del diálogo y la negociación entre sectores con intereses distintos. “En la medida en que el Gobierno no escuche, va a escalar la conflictividad”, sostuvo Jerónimo en diálogo con Radio Con Vos desde Roma. Según el gremialista, la preocupación más extendida entre la población es la pérdida del empleo y el temor a quedar sin trabajo.

Jerónimo vinculó el endeudamiento familiar con el programa económico oficial

El dirigente también cuestionó la postura del Gobierno respecto de los hogares endeudados. Para Jerónimo, atribuir ese problema a relaciones entre privados implica desconocer la responsabilidad de las decisiones económicas oficiales. En ese marco, sostuvo que la agenda sindical mantendrá una doble línea: resistencia frente a las políticas que afectan al mundo laboral y búsqueda de instancias de negociación para discutir soluciones.

El Papa, por su parte, instó en su discurso a cultivar una “cultura de la negociación” y convocó a que el progreso de la época “no deje nuevas ruinas a su paso”, según recogió Vatican News. León XIV subrayó que los grandes desafíos sociales “requieren responsabilidad compartida” y que el diálogo forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, no de una actividad secundaria.

La visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, tendrá un capítulo sindical concreto: la reunión con la CGT quedó fijada para el lunes 9 de noviembre en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), con participación también de representantes del empresariado y los movimientos sociales.

Fue precisamente en el encuentro en el Vaticano este sábado donde los líderes cegetistas Jerónimo y Martínez plantearon al Pontífice la solicitud de ese encuentro institucional en suelo argentino. La agenda papal también incluye actividades en Luján y Córdoba, además de una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Jerónimo también fue consultado sobre una posible medida de fuerza antes de que finalice el año: “Es algo que nunca descartamos”, afirmó, aunque aclaró que no es la salida que la central considera prioritaria. “Ojalá que no tengamos que llegar a eso”, dijo, y planteó que la respuesta debe surgir de un acuerdo para resolver los problemas estructurales y generar empleo.

La conducción de la CGT prevé reunirse durante la próxima semana para definir los pasos a seguir. La evolución del conflicto dependerá, según anticipó Jerónimo, de si el Gobierno habilita una instancia para abordar los reclamos sindicales.

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Javier Milei reúne al Gabinete antes de enviar el proyecto sobre Malvinas al Congreso: la posible reunión con Trump

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A lo largo de todo el fin de semana, los disintos equipos del Gobierno, con la Cancillería a la cabeza, estuvieron trabajando intensamente para poder tener listo el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que esperan intensificar el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas, aunque para eso deberán convencer primero a la oposición para aprobarlo en el Congreso.

Según pudo confirmar Infobae, si bien fueron muchas las áreas que intervinieron en la redacción del texto, debido a que la autoridad de aplicación será mayormente del Ministerio de Relaciones Exteriores, su titular, Pablo Quirno, fue el funcionario que más influyó, junto con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Puntualmente, la medida va a plantear una serie de endurecimiento de las sanciones contra las empresas extranjeras que exploten recursos naturales en el archipiélago. Aunque al principio era solamente para evitar la extracción de hidrocarburos, en los últimos días se incluyó además la pesca.

Las modificaciones se harán más que nada sobre la base de la ley 26.659, sancionada en 2011, que ya prevé penas por este tipo de accionar, pero la intención es dejar explícito que la prohibición aplica para toda la extensión marítima hasta las 200 millas desde las costas argentinas, incluidas las islas.

Además, se buscará facilitar el juicio en ausencia para las compañías y sus directivos de otros países que incumplan con esto, así como también crear un marco jurídico para que las firmas que actualmente están realizando estas actividades en las Malvinas puedan retirarse y así no tengan consecuencias.

Sobre este tema va a conversar este lunes el preisdente Javier Milei cuando, a partir de las 10:00, lidere una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, que a lo largo de toda la jornada -y también parte de la del martes- será sede de la planificación de la estrategia para que el proyecto sea sancionado.

Es que, más tarde, desde las 15:00, el mandatario recibirá en la sede de Gobierno a diputados y senadores de La Libertad Avanza. La convocatoria tendrá como uno de sus ejes el análisis del libro La economía en una lección, del periodista y filósofo Henry Hazlitt, una obra que el libertario suele tomar como referencia en sus exposiciones sobre política económica.

Sin embargo, el encuentro también servirá para dialogar sobre los proyectos que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso durante las próximas semanas, que incluye también el Presupuesto 2027, que deberá ser enviado mañana.

Del acto participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los jefes del bloque del oficialismo en ese recinto, Gabriel Bornoroni, y del Senado, Patricia Bullrich, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

No se descarta la asistencia de algún ministro, como ocurrió en el encuentro pasado, al que fueron el de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En la Casa Rosada consideran que la discusión sobre la soberanía de las islas puede ordenar parte de la agenda legislativa, mientras el Gobierno intenta sostener el respaldo de sus aliados para avanzar con otras iniciativas pendientes.

Incluso, tal como anticipó este medio, el Presidente no descarta pedirle la intervención en este asunto a los Estados Unidos, si es que finalmente logra acordar una reunión con su par norteamericano, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

La Argentina ya forma parte del Board of Peace (Junta por la Paz), el organismo que inauguró el republicano meses atrás para involucrarse más activamente en diferentes conflictos globales, como las guerras en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, siempre por fuera de las Naciones Unidas.

El grupo cuenta con una estructura ejecutiva integrada, entre otros, por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; el enviado especial a Medio Oriente, Steve Witkoff; el consejero Jared Kushner, y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Desde hace un tiempo, Trump viene dando señales de estar analizando abandonar la posición históricamente neutral de su país con respecto a Malvinas, aunque por el momento no dio definiciones finales al respecto.

“(Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (…) estamos hablando de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, comentó recientemente.

Por su parte, el Reino Unido está en una situación compleja, no solo por las tensiones con Washington, sino también con sus propios vecinos: este mismo lunes, líderes de los partidos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán en Cardiff para firmar un memorando de entendimiento en favor de la independencia y exigirle a Londres la convocatoria de referendos en sus respectivos territorios.

En este escenario, Milei enviará el proyecto de ley con el que, además, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por funcionarios de Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Según trascendió, el Poder Ejecutivo le solicitará al Congreso facultades especiales para ese organismo, con el argumento de que pueda actuar con rapidez cuando detecte, por ejemplo, algún barco extranjero que ingrese sin autorización en las 200 millas que componen la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Hacia la noche, solamente los diputados libertarios se trasladarán al local recientemente inaugurado en el barrio porteño de San Telmo, que pertenece a la estructura bonaerense, aunque está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

El anfitrión será Sebastián Pareja, en su rol de titular del espacio en la provincia, aunque también se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien conduce el partido a nivel nacional.

De esta manera, se cerrará el día en el que el oficialismo comenzará a coordinar la estrategia antes de una semana marcada por el envío del proyecto sobre Malvinas y la preparación del Presupuesto 2027.

El martes continuará esta tarea cuando se reúna la mesa política, encabezada por la funcionaria e integrada además por Santilli, Devitt, los Menem, Bullrich, Santiago Caputo y Fernández, además del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

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Milei y la batalla por el relato: señales cruzadas y la pelea por sostener la convicción del cambio

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Javier Milei cerró una semana en la que casi ningún dato importante vino solo. La inflación de agosto bajó al 1,7% y volvió a darle al Gobierno una señal potente para sostener que el programa económico avanza en la dirección prevista. Casi al mismo tiempo, la industria y la construcción retrocedieron y encendieron luces amarillas sobre la actividad y el empleo. La política ofreció una secuencia parecida: el oficialismo atravesó una sesión compleja en Diputados sin resignar algunos de sus límites fiscales, pero la oposición celebró haberlo obligado a convivir con una agenda que incluye morosidad y discapacidad. Buenas y malas noticias. Señales cruzadas.

Ese contraste puede convertirse en una clave del próximo tramo de Milei. La discusión ya no pasa por demostrar que el cambio era necesario. El desafío es más político: conseguir que las señales favorables alcancen para preservar la convicción de que el cambio avanza mientras espera que el resto de los indicadores empiece a alinearse.

En el seno del oficialismo predomina una mirada optimista sobre el presente y, sobre todo, sobre el futuro. La baja de la inflación es el argumento principal. Milei todavía no ganó esa batalla, pero mostró que puede ganarla. Para su electorado, ese resultado se convirtió en un activo difícil de subestimar: ofrece una prueba de que algunas de las promesas más audaces del programa pueden transformarse en resultados.

La convicción dominante en la Casa Rosada es que, si el rumbo no se altera, la estabilización terminará trasladándose a salarios, inversión, actividad y empleo. No hay una discusión interna relevante sobre preservar el equilibrio fiscal ni sobre la orientación general del programa. Sin embargo, esa lectura no es absolutamente unánime. En algunos sectores empiezan a aparecer, en voz baja, advertencias sobre la velocidad con la que esos resultados deben llegar.

Las diferencias no son sobre el rumbo. Son sobre el reloj.

Los indicadores económicos y el costo político

Los datos de actividad conocidos esta semana alimentaron esas prevenciones. La producción industrial manufacturera cayó en julio un 4,9% interanual y un 5% frente al mes anterior, mientras que la construcción retrocedió un 4,5% contra un año atrás y un 4,6% en la comparación mensual desestacionalizada. Son dos sectores sensibles porque detrás de sus estadísticas hay empleo, proveedores y pequeñas y medianas empresas.

Pero la inflación de agosto fue de 1,7%. Y ese número cuenta otra historia.

La coexistencia de ambos fenómenos explica por qué sería apresurado sacar una conclusión definitiva. Los datos todavía no cuentan una única historia. Por eso, la batalla política se desplaza hacia la capacidad de convertir algunos resultados favorables en tendencia antes de que los negativos formen un relato de desgaste.

Fernando Marull, un economista con fuerte llegada al círculo rojo, aportó otro elemento que conecta economía y política. Según su cálculo, los salarios privados perdieron alrededor de 5% entre agosto de 2025 y marzo de este año, pero recuperaron aproximadamente tres puntos entre abril y agosto, acompañando la desaceleración inflacionaria. Todavía están unos dos puntos por debajo de octubre de 2025.

Marull observó además que el apoyo al Gobierno siguió un recorrido parecido: cayó mientras retrocedían los salarios y frenó su deterioro cuando empezó la recuperación. La conclusión no es que el oficialismo tenga asegurada una recomposición política. Sí muestra que la baja de la inflación puede convertirse en algo más que un éxito macroeconómico si termina trasladándose al poder adquisitivo.

Durante buena parte del gobierno de Milei, la inflación concentró una porción enorme de la conversación económica. Su reducción modifica también las demandas sociales. Si los precios dejan de ser la preocupación dominante, la atención se desplaza hacia el empleo, el salario, los servicios, el consumo y la posibilidad de ahorrar.

La última encuesta de la Universidad de San Andrés muestra ese movimiento con nitidez. La falta de trabajo aparece como el principal problema del país, con 39%, seguida por los bajos salarios, con 36%. La inflación queda bastante más atrás, con 17%.

La misma medición muestra la estrechez con la que se mueve buena parte de las familias. Al 40% de los consultados los ingresos les alcanzan justo para cubrir los gastos mensuales, sin capacidad de ahorro. Otro 37% dice que no le alcanza: 18% utiliza ahorros o recorta gastos y 19% tuvo que endeudarse.

Son datos que el Gobierno observa sin abandonar su tesis principal: la solución no consiste en alterar el programa, sino en darle tiempo. Pero explican por qué algunos funcionarios empiezan a prestar más atención a sectores medios, jóvenes y adultos jóvenes que pueden reconocer el descenso de la inflación y, simultáneamente, sentir que todavía viven con poco margen.

AtlasIntel registró otra señal: la percepción sobre el mercado laboral es ampliamente negativa y el desempleo ya aparece entre las preocupaciones principales. La Universidad de San Andrés, por su parte, muestra una aprobación oficialista de 35% y una insatisfacción general elevada. Pero cuando la pregunta se traslada directamente a 2027 aparece una paradoja políticamente más importante: La Libertad Avanza registra 24% y el peronismo, 23%, con una cantidad muy importante de electores todavía sin definición.

El malestar existe. Lo que todavía no existe es una traducción automática de ese malestar en una alternativa electoral.

Ese es uno de los activos de Milei. La oposición puede complicar al Gobierno, pero todavía no consiguió construir una opción nacional que concentre el descontento. Entre quienes desaprueban la gestión, según la Universidad de San Andrés, 36% elegiría hoy al peronismo; entre quienes aprueban al Gobierno, 65% votaría a La Libertad Avanza.

La política parlamentaria también entregó una escena de interpretaciones contrapuestas.

En Diputados, oficialismo y oposición terminaron votando juntos, por 249 votos contra uno, el envío a comisión de iniciativas vinculadas con morosidad y discapacidad. Para los bloques opositores fue una victoria: sostienen que consiguieron doblegar la resistencia oficial y obligar al Gobierno a discutir dos asuntos con fuerte sensibilidad social.

La lectura en la Casa Rosada es diferente. Allí afirman que el cronograma ya estaba encaminado, que la votación terminó de formalizar un esquema conocido y que, además, consiguieron evitar que el proyecto sobre morosidad fuera enviado a la Comisión de Presupuesto. Ese detalle es importante: impide que la discusión nazca necesariamente asociada a una solución con costo fiscal.

La oposición consiguió instalar una agenda. El Gobierno consiguió procesarla sin abandonar uno de sus límites centrales. El episodio anticipa un problema que probablemente se repetirá: cómo responder a nuevas demandas sin desarmar el equilibrio fiscal que Milei considera una condición indispensable para sostener la estabilización.

El gran escenario de esa discusión será el Presupuesto 2027.

Los gobernadores llegarán a esa negociación pensando en un año electoral. Reclamarán obras, recursos y compromisos que puedan mostrar en sus provincias. La Casa Rosada tendrá que conciliar esas demandas con su disciplina fiscal y contará, además, con una herramienta para administrar políticamente la relación con mandatarios aliados, dialoguistas y opositores.

Los gobernadores saben que el Presupuesto será una de las últimas grandes oportunidades para asegurar recursos antes de entrar plenamente en la carrera de 2027. El Gobierno necesita votos para aprobar la ley de leyes y allí puede ordenar parte de su futura arquitectura política.

La reforma electoral completa ese tablero. La eliminación o una nueva suspensión de las PASO sigue entre los objetivos de la Casa Rosada y existe un límite temporal exigente. La Cámara Nacional Electoral advirtió que las reformas relevantes deben resolverse con suficiente anticipación. En los hechos, la discusión tiene que definirse este año si se pretende que las nuevas reglas rijan en 2027.

El calendario político empieza así a correr más rápido que el calendario económico.

Mientras el Gobierno espera que la estabilización termine de consolidar salarios, inversión y actividad, tiene unos meses para resolver el Presupuesto, las reglas electorales y los acuerdos con gobernadores. El año próximo ya será, inevitablemente, un año presidencial.

Malvinas y la disputa por el rumbo

Hay otro terreno en el que Milei buscó ampliar su agenda: Malvinas.

El Presidente habló extensamente del tema en la última reunión de Gabinete. El Gobierno avanzó con decisiones políticas y judiciales frente a las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas, mientras Pablo Quirno y Carlos Presti viajaron a Tierra del Fuego para avanzar en las obras de la Base Naval Integrada.

La nueva definición de Donald Trump, que dejó abierta la posibilidad de participar de una eventual negociación, agregó un elemento inesperado. Falta saber hasta dónde puede llegar, pero la Casa Rosada considera que existe una oportunidad para mover un escenario diplomático históricamente rígido.

Malvinas permite, además, a Milei ampliar el registro de su Presidencia: Defensa, soberanía, recursos estratégicos y política exterior ofrecen una agenda distinta de la discusión económica cotidiana.

En medio de esas señales cruzadas aparece una convicción que Santiago Caputo sintetizó algunos días atrás. “Reminiscencias de mediados de ‘22. Falta un año para las elecciones. Diagnósticos apresurados y conclusiones atemporales. La paciencia es una virtud. Para variar, no la ven. Todo marcha acorde al plan”, escribió el estratega presidencial.

La frase resume la visión mayoritaria del núcleo de poder. El oficialismo cree que muchos diagnósticos vuelven a cometer el mismo error: convertir cada dificultad coyuntural en una tendencia definitiva. Confía en que el tiempo terminará confirmando la dirección del programa.

Pero esa batalla no se libra solamente con estadísticas.

Según pudo saber Infobae, en las últimas reuniones Milei volvió a expresarse con particular dureza contra el periodismo. En una de esas conversaciones llegó a definir a los periodistas como “el enemigo”. La intensidad no es novedosa, pero adquiere otro significado en esta etapa. Cuanto más contradictorias sean las señales económicas y políticas, más importante será para el Presidente la disputa sobre cómo deben ser interpretadas.

Milei nunca concibió esa discusión como neutral. Cree que una parte del sistema político, económico y mediático intenta erosionar la confianza sobre el rumbo y que esa pérdida de confianza puede convertirse en una profecía autocumplida: menos inversión, menos actividad y más dudas.

La búsqueda de adversarios cumple, además, una función conocida en el mileísmo: ordena a los propios. Cuando el escenario ofrece datos contradictorios, la confrontación ayuda a organizar una explicación y preservar la cohesión de quienes todavía creen en el proyecto.

Eso no significa que el Gobierno pueda resolver con discurso aquello que la economía no resuelva. En el propio oficialismo saben que la variable decisiva seguirá siendo material. El salario tendrá que recuperarse, el empleo deberá mostrar mayor fortaleza y la inversión tendrá que pasar de los anuncios a la economía real.

Milei no necesita que todos los datos sean buenos. Ningún gobierno puede lograrlo. Necesita algo más difícil: que suficientes datos empiecen a contar la misma historia.

Que la baja de la inflación termine acompañada por una recuperación sostenida del salario. Que esa mejora se traduzca en consumo. Que industria y construcción recuperen actividad. Que la estabilidad atraiga inversión y genere empleo. Y que, en política, el Presupuesto, la reforma electoral y los acuerdos con los gobernadores permitan transformar la estabilización en una coalición capaz de llegar competitiva a 2027.

La semana que terminó no ofreció una respuesta definitiva. Ofreció señales cruzadas.

La pelea de Milei será conseguir que esas señales no erosionen la convicción de que el cambio sigue avanzando antes de que los resultados empiecen a converger. En ese tránsito se jugará buena parte de la próxima etapa de su Gobierno.

Porque el Presidente todavía conserva algo decisivo entre quienes lo acompañan: la certeza de que la Argentina está intentando un camino diferente. El desafío ahora es que esa certeza pueda apoyarse cada vez menos en la promesa y cada vez más en una secuencia de resultados.

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