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La Provincia presentó un proyecto de Ley para crear la agencia y el registro de cannabis medicinal

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La ministra de Gobierno, María Teresa García junto al Ministro de Salud, Daniel Gollan, presentaron el proyecto de Ley que crea la Agencia y el Registro Provincial de Cannabis.

Con esta iniciativa, la provincia de Buenos Aires busca regular la investigación, producción, comercialización e industrialización del cannabis para uso medicinal.

“Este proyecto de Ley nos permite avanzar sobre la definición de una política pública integral sobre la temática del cannabis desde la investigación, la producción, la comercialización, la autoproducción y la industrialización. Llegamos a este gobierno con el mandato del Gobernador Kicillof de ordenar el territorio en todos los sentidos y la creación de la Agencia del Cannabis busca convertirse en el espacio donde converjan todas esas problemáticas”, señaló la Ministra García en el marco de la exposición.

El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto que modifica la Ley 14.924 y ratifica la adhesión a la Ley nacional 27.350 creando el marco regulatorio para la investigación científica y el uso medicinal del cannabis Sativa y sus derivados. Crea un Registro Provincial de Cannabis para la inscripción voluntaria de las personas que requieran asistencia del Estado para la obtención de los productos indicados por prescripción médica. Además, establece la obligatoriedad de la inscripción y posterior habilitación de personas humanas y jurídicas que pretendan producir, investigar, comercializar productos cannábicos medicinales en territorio bonaerense.

El proyecto crea la Agencia Provincial del Cannabis (APC) como entidad autárquica que mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Gobierno.

La APC será autoridad de aplicación y regulará, gestionará y controlará las autorizaciones, convenios y habilitaciones con entidades y organizaciones que estén interesadas en desarrollar, promocionar, cultiva, investigar, producir, comercializar, industrializar, importar y exportar la planta y derivados.

La Agencia será responsable de la autorización, certificación, habilitación, control, fiscalización y asistencia a los cultivos autorizados y que cumplan con condiciones específicas. También impulsará programas y desarrollos provinciales de investigación, producción e industrialización.

Asimismo, deberá desarrollar programas de capacitación y formación para el personal de la Salud y Educación sobre el cannabis y su utilización terapéutica.

El proyecto de Ley creará bajo la órbita de la APC el Registro Provincial de Cannabis que deberá posibilitar la trazabilidad de los insumos, cultivos y derivados del cannabis que utilicen personas inscriptas en el Registro.

Las personas que necesiten del cannabis y sus derivados para tratamientos médicos podrán inscribirse voluntariamente en el Registro. Mientras que quienes pretendan acceder al cannabis a través del autocultivo deberán registrarse obligatoriamente. El autocultivo será autorizado siempre que cumpla con las disposiciones que la Agencia defina para la actividad.

Podrán cultivar y producir particulares o municipios interesados. La producción, y control de Cannabis y sus derivados serán de laboratorios públicos y privados y universidades y/o establecimientos productivos e industriales inscriptos y autorizados por el Registro Provincial.

El proyecto autoriza en el ámbito provincial la prescripción del aceite de cannabis o sus derivados para tratamiento médico en todo el sistema de salud provincial. Su uso deberá contar con la respectiva prescripción médica para tratamiento específico, y se podrá obtener exclusivamente a través de farmacias habilitadas conforme Ley 10.606. La ley también propicia la investigación y desarrollo para la medicina veterinaria .

Crea el “Programa de Cultivo Solidario” con participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil que quieran participar para asistir y capacitar a los pacientes que cuenten con autorización para cultivar.

La iniciativa también crea un Consejo Asesor Honorario integrado por representantes de los Ministerios de Salud, de Seguridad , de Producción, de Desarrollo Agrario, Justicia y DDHH y de Hacienda y Finanzas.

La Agencia será financiada será con aportes del Tesoro Provincial, donaciones, ingresos relacionados por comercialización y distribución de semillas o productos.

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Buscan prohibir los celulares en cárceles bonaerenses para que dejen de ser “call centers del delito”

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Un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses fue presentado en la Legislatura provincial por el diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza(LLA), con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El legislador afirmó que actualmente los penales “son un call center del delito”.

La iniciativa fue bautizada como “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel, con la colaboración de familiares de detenidos que operaban fuera del penal de Magdalena.

Protocolo “sin justificación”

El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido por la Resolución 476/20, implementado durante la pandemia de Covid-19 para facilitar las comunicaciones de los internos ante las restricciones sanitarias. Según el legislador, esa medida ya no tiene justificación en el contexto actual.

Además, plantea modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense para que las comunicaciones de las personas privadas de la libertad se realicen exclusivamente mediante teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Restricciones e inhibidores de señal

La propuesta también establece que cada interno podrá comunicarse hasta un máximo de dos horas diarias, pero sin tener acceso libre a los teléfonos. Los aparatos deberán ser utilizados únicamente en los horarios y espacios habilitados y luego retirados por el personal penitenciario.

Otro punto central del proyecto es la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos, con el objetivo de impedir comunicaciones clandestinas con el exterior.

Para evitar delitos

Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene desde la época de la pandemia, pero sigue vigente el uso de celulares”, sostuvo Liberman al presentar la iniciativa. En ese sentido, remarcó que el objetivo es impedir que desde los penales se sigan cometiendo delitos como estafas o extorsiones telefónicas.

El legislador también propuso reforzar los controles internos mediante requisas diarias, para evitar que los detenidos ingresen o mantengan teléfonos de manera ilegal dentro de las unidades penitenciarias.

Aportes de especialistas

Según explicó, el proyecto se elaboró con aportes de especialistas y equipos jurídicos, entre ellos colaboradores de la jueza Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de Azul, Carlos Pagliere (h), y personas vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación.

En los fundamentos de la iniciativa, Liberman citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo.

Procedimiento

El proyecto también fija un procedimiento para la implementación de la norma. Una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos, quienes dispondrán de 24 horas para entregar voluntariamente los teléfonos que tengan en su poder, incluso aquellos no declarados.

Cumplido ese plazo, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes de cada unidad penitenciaria para secuestrar los dispositivos y sancionar a quienes incumplan la normativa.

Fuente: Agencia DIB

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Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado

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En medio de una fuerte disputa interna, el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, Diego Valenzuela, no asumirá finalmente como titular de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria y, en cambio, jurará como senador bonaerense, cargo para el que fue elegido en septiembre.

La decisión del Gobierno nacional está vinculada con un freno que, por orden de Karina Milei, llegó al decreto anunciado el año pasado (y nunca publicado) sobre el lanzamiento de la nueva Agencia Nacional de Migraciones. La actual ministra Alejandra Monteoliva, en concreto, no avanzará por el momento por lo anunciado en noviembre por su antecesora, Patricia Bullrich.

Al frente de esa área iba a estar Valenzuela, uno de los primeros intendentes del PRO en saltar a las filas de La Libertad Avanza (LLA).Sin embargo, la propia Monteoliva dijo que si bien están trabajando en la Agencia de Seguridad Migratoria y en una reorientación de la política migratoria, no le pudo poner fecha al nuevo organismo.

De hecho, las políticas migratorias del Ministerio de Seguridad continuarán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones. Es decir, por ahora no se creará una nueva agencia especializada en coordinación fronteriza, inteligencia migratoria ni una Policía para frenar amenazas transnacionales.

Frente a este panorama y en medio de tensiones entre Karina Milei y sectores que responden a Bullrich, Valenzuela decidió asumir la banca en el Senado y desde allí empezar a construir músculo político para ser uno de los posibles candidatos para la Gobernación. Allí ya están anotados el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja.

Fuente: Agencia DIB

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Expoagro 2026: discurso “anti grieta” y un llamado a terminar con las retenciones

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Con el tradicional corte de cintas quedó inaugurada en San Nicolás una edición histórica 20° edición de Expoagro, un escenario que reúne las últimas novedades para los productores y sirve de escenario para políticos. Con un discurso “anti grieta” y un llamado a que el Gobierno nacional termine con las retenciones al campo.

Sin Axel Kicillof, quien fue parte de la cena de gala del lunes a la noche, la muestra que reúne hasta el viernes 13 a más de 700 expositores, otros dirigentes como el expresidente Mauricio Macri o el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro destacaron con sus voces en apoyo al sector.

Del acto inaugural también participaron el intendente de la ciudad, Santiago Passaglia; el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta; el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, entre otros.

Tras ironizar sobre el encuentro con Kicillof (“lo quiero mucho”) y asegurar que “hace rato” que no habla con Javier Milei, Macrisostuvo que el campo podría ampliar su capacidad de generación de empleo si se avanzara con reformas y mejores condiciones para la producción. “Uno soñaría con que lo antes posible no haya retenciones, que es un impuesto, ya lo hemos hablado, estúpido, que castiga al productor, al exportador, y que en ningún país del mundo existe. Generalmente, todos los países del mundo ponen subsidios”, dijo.

También Pullaro se plegó al reclamo histórico del sector ya que consideró que la carga impositiva sobre el agro limita el crecimiento de la economía real. “Nosotros entendemos que hay que terminar con las retenciones. Si las bajáramos a la mitad de lo que las tenemos hoy, estaríamos inyectando alrededor de 2.500 millones de dólares a la economía, a la microeconomía a nivel nacional”, explicó.

Mientras que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, presente en la muestra se mostró optimista y sostuvo que esa baja “se va a dar”, aunque no puede precisar cuándo sucederá. “No me cabe duda que la promesa que hizo el Presidente la va a hacer”, insistió.

Mensajes de apoyo al campo

Las palabras formales de inauguración estuvieron a cargo de Passaglia, quien lanzó un llamado al diálogo frente a los presentes. “Mientras la grieta discute ideología, nosotros discutimos productividad. Mientras la grieta habla de agrandar o achicar el Estado, nosotros lo hacemos funcionar”, afirmó. Y ahondó que el rol del campo como motor del desarrollo: “Acá no hay relato ni grieta:hay tecnología, innovación y argentinos que trabajan todos los días para producir. Les guste o no, la grieta es la vieja política”.

En esa línea, durante su intervención, Cuattromo coincidió en que el país “debe superar algunas discusiones” y destacó el rol del financiamiento y de las políticas públicas para impulsar el desarrollo productivo. El titular del Banco Provincia sostuvo que la Argentina debe superar discusiones históricas que enfrentan al campo con la industria o a la ciudad con la ruralidad.

“No existe tal cosa como el campo contra la industria o la ciudad contra la ruralidad. Todo forma parte de una misma comunidad, de un mismo desafío y de un mismo proyecto de país”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el desarrollo productivo necesita una estrategia nacional que combine la iniciativa privada con el acompañamiento del Estado.

El cierre de los discursos estuvo a cargo de Iraeta, quien destacó el cambio de enfoque del Gobierno nacional hacia el sector agropecuario y aseguró que la política oficial apunta a reducir la presión impositiva y ampliar las oportunidades de exportación.

El funcionario recordó las palabras del presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando ratificó que el Gobierno continuará con la baja de retenciones en la medida en que lo permita el equilibrio fiscal. “Ya lo hicimos de manera permanente, parcial para algunos productos y total en otros, pero ese es el camino. Este es solo un ejemplo de lo que piensa el gobierno nacional respecto de la carga impositiva al campo”, afirmó.

Fuente: Agencia DIB

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