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La Provincia presentó un proyecto de Ley para crear la agencia y el registro de cannabis medicinal

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La ministra de Gobierno, María Teresa García junto al Ministro de Salud, Daniel Gollan, presentaron el proyecto de Ley que crea la Agencia y el Registro Provincial de Cannabis.

Con esta iniciativa, la provincia de Buenos Aires busca regular la investigación, producción, comercialización e industrialización del cannabis para uso medicinal.

“Este proyecto de Ley nos permite avanzar sobre la definición de una política pública integral sobre la temática del cannabis desde la investigación, la producción, la comercialización, la autoproducción y la industrialización. Llegamos a este gobierno con el mandato del Gobernador Kicillof de ordenar el territorio en todos los sentidos y la creación de la Agencia del Cannabis busca convertirse en el espacio donde converjan todas esas problemáticas”, señaló la Ministra García en el marco de la exposición.

El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto que modifica la Ley 14.924 y ratifica la adhesión a la Ley nacional 27.350 creando el marco regulatorio para la investigación científica y el uso medicinal del cannabis Sativa y sus derivados. Crea un Registro Provincial de Cannabis para la inscripción voluntaria de las personas que requieran asistencia del Estado para la obtención de los productos indicados por prescripción médica. Además, establece la obligatoriedad de la inscripción y posterior habilitación de personas humanas y jurídicas que pretendan producir, investigar, comercializar productos cannábicos medicinales en territorio bonaerense.

El proyecto crea la Agencia Provincial del Cannabis (APC) como entidad autárquica que mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Gobierno.

La APC será autoridad de aplicación y regulará, gestionará y controlará las autorizaciones, convenios y habilitaciones con entidades y organizaciones que estén interesadas en desarrollar, promocionar, cultiva, investigar, producir, comercializar, industrializar, importar y exportar la planta y derivados.

La Agencia será responsable de la autorización, certificación, habilitación, control, fiscalización y asistencia a los cultivos autorizados y que cumplan con condiciones específicas. También impulsará programas y desarrollos provinciales de investigación, producción e industrialización.

Asimismo, deberá desarrollar programas de capacitación y formación para el personal de la Salud y Educación sobre el cannabis y su utilización terapéutica.

El proyecto de Ley creará bajo la órbita de la APC el Registro Provincial de Cannabis que deberá posibilitar la trazabilidad de los insumos, cultivos y derivados del cannabis que utilicen personas inscriptas en el Registro.

Las personas que necesiten del cannabis y sus derivados para tratamientos médicos podrán inscribirse voluntariamente en el Registro. Mientras que quienes pretendan acceder al cannabis a través del autocultivo deberán registrarse obligatoriamente. El autocultivo será autorizado siempre que cumpla con las disposiciones que la Agencia defina para la actividad.

Podrán cultivar y producir particulares o municipios interesados. La producción, y control de Cannabis y sus derivados serán de laboratorios públicos y privados y universidades y/o establecimientos productivos e industriales inscriptos y autorizados por el Registro Provincial.

El proyecto autoriza en el ámbito provincial la prescripción del aceite de cannabis o sus derivados para tratamiento médico en todo el sistema de salud provincial. Su uso deberá contar con la respectiva prescripción médica para tratamiento específico, y se podrá obtener exclusivamente a través de farmacias habilitadas conforme Ley 10.606. La ley también propicia la investigación y desarrollo para la medicina veterinaria .

Crea el “Programa de Cultivo Solidario” con participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil que quieran participar para asistir y capacitar a los pacientes que cuenten con autorización para cultivar.

La iniciativa también crea un Consejo Asesor Honorario integrado por representantes de los Ministerios de Salud, de Seguridad , de Producción, de Desarrollo Agrario, Justicia y DDHH y de Hacienda y Finanzas.

La Agencia será financiada será con aportes del Tesoro Provincial, donaciones, ingresos relacionados por comercialización y distribución de semillas o productos.

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Pinamar: la Justicia ordenó admitir la renovación del permiso de un vendedor ambulante que no tiene domicilio en el distrito

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Un fallo del Tribunal Criminal N° 1 de Dolores ordenó admitir la renovación del permiso de Alejandro Cellilli, que lleva más de catorce años vendiendo en la costa, sin exigirle residencia local. La resolución apunta a la “doctrina de los actos propios” y al derecho constitucional al trabajo, cita El Mensajero de La Costa.

La Justicia hizo lugar a un amparo y ordenó a la Municipalidad otorgarle un permiso provisional al vendedor, sin exigirle la residencia local que impone la Ordenanza N° 7336/2026. La medida cautelar innovativa y de no innovar recayó en la causa “Cellilli, Alejandro Marcos c/Municipalidad de Pinamar s/ Amparo” y llevó las firmas de los jueces Christian Rabaia y María Claudia Castro, según pudo saber Diario Compromiso.

El conflicto tiene un detalle que resultó clave: Alejandro Cellilli no es un recién llegado. Es permisionario de venta ambulante no alimenticia en las playas de Pinamar desde hace más de catorce años, en los rubros “Pareos, pañuelos y túnicas” y “Bijouterie”, y está domiciliado en Dolores. Cuando inició la renovación para la próxima temporada, la Dirección de Habilitaciones calificó expresamente el trámite como “Renovación”, constatando el cumplimiento de los requisitos vigentes.

El 5 de enero de 2026, la Secretaría de Hacienda Municipal le informó que la solicitud estaba “en proceso de resolución” y le pidió el pago del canon fiscal. Cellilli pagó $ 1.330.473,60 mediante el Recibo de Recaudación N° 10-5610848, correspondiente a la “Tasa Venta Ambulante No Alimenticio” y Tasas de Salud y Seguridad. El comprobante emitido por el propio municipio consignaba su domicilio en Dolores y lo identificaba como “Notificado Permisionario”.

El problema llegó el 14 de agosto de este año, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 7336/2026, que introdujo la exigencia de residencia efectiva y continua en el Partido como condición excluyente para conceder o renovar habilitaciones. Al intentar continuar con su trámite, la Comuna le negó el certificado de libre deuda y la continuidad del proceso por no registrar residencia en Pinamar o General Madariaga.

Según cita El Mensajero, los magistrados analizaron la secuencia cronológica de las actuaciones administrativas y fueron contundentes: el trámite no solo ya estaba iniciado, sino que la propia Administración Municipal requirió y cobró el canon conociendo perfectamente que el solicitante residía en Dolores.

El fallo citó expresamente la doctrina de los actos propios, un principio general del derecho basado en la buena fe que impide a un sujeto contradecir sus propios actos anteriores: “La actitud asumida por la Comuna al negar el permiso requerido sobre la base de requisitos impuestos por una nueva Ordenanza, luego de haber dado inicio a lo peticionado y percibir el canon al efecto, trasunta una conducta que va contra sus propios actos anteriores, trasluciendo una actitud distanciada de la confianza legítima y la buena fe”.

Uno de los argumentos más fuertes del fallo fue la naturaleza estacional de la actividad. Los jueces advirtieron que, tratándose de venta ambulante durante la temporada estival, la falta de una tutela oportuna tornaría ilusoria cualquier sentencia definitiva dictada después del verano, privando al trabajador de su sustento económico. El pronunciamiento mencionó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa “Camacho Acosta”) sobre la necesidad de adoptar medidas que eviten perjuicios de difícil o imposible reparación, y encuadró la tutela en garantías constitucionales.

El Tribunal aclaró que la medida no desconoce la potestad municipal de ordenar el espacio público ni concede un derecho absoluto, sino que busca equilibrar los derechos del trabajador con las atribuciones de fiscalización del Estado local.

En consecuencia, la Justicia ordenó hacer lugar a la medida cautelar promovida por Cellilli e instó a la Municipalidad a que, en el plazo perentorio de 24 horas de notificada, reciba, admita y dé curso a la solicitud de renovación del permiso de venta ambulante para la temporada 2026/2027.

Fuente: Agencia DIB

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ARCA reglamentó el plan de reducción de multas para pymes

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Las multas por infracciones a los deberes formales cometidas antes del 9 de octubre de 2026 se reducen en un 50% para los contribuyentes que cumplan, hasta el 18 de diciembre de 2026, con la obligación omitida, comunicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El régimen está previsto en el artículo 17 de la Ley 27826 y fue reglamentado por el artículo 4 del Decreto 1253/2026 del 22 de octubre de 2026 y por la Resolución General 5927/2026https://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/pdf-del-dia/primera.pdf de ARCA, publicada en el Boletín Oficial este jueves 12 de noviembre.

Pymes: a quién alcanza la quita

El beneficio alcanza las obligaciones vencidas del 2 de enero de este año en adelante, y cuyas infracciones a los deberes formales de la Ley N° 11.683 se cometieron antes del 9 de octubre, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 27.826.

La reglamentación define quiénes pueden acceder, qué multas quedan comprendidas y fija una fecha cierta, el 18 de diciembre de 2026, para cumplir las condiciones.

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El Senado de la Nación evaluará los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores

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El martes 17 y el miércoles 18 de noviembre, el Senado realizará dos audiencias públicas para evaluar los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores. La reunión la presidirá el vicepresidente de la comisión, el radical Maximiliano Abad, ya que todavía no se designó al nuevo titular luego de la muerte del senador libertario riojano Juan Carlos Pagotto.

Los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo a la Cámara Alta apuntan a cubrir vacantes en el fuero laboral y en tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país, informó NA.

La audiencia del martes 17

Uno de los candidatos que defenderá su pliego será Leonardo Marco Toia, secretario letrado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

También expondrán como postulantes a conjueces de los tribunales orales en lo Criminal y Correccional Martín José Adrogué, Sofía Chiambretto, Guido Damián Cresta, Lucía Inés Gallagher Campos, David Gabriel Mangiafico, Federico Martín Mercader, Horacio Alfredo Peix y Andrea Paola Santos.

En tanto, Federico José Iuspa, fiscal del juzgado de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, defenderá su postulación como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la CABA.

Para integrar distintos tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la CABA también se presentan Ariel Alejandro Vilar, Juan Carlos Bernial, Romina Monteleone y Sixto Mihura Gradín. Mientras para las Cámaras de Apelación del Trabajo fueron propuestos Rosalía Romero y Matías Sebastián Moreno Espeja.

Por su parte, para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la CABA se postula a Sofía Inés Hernández Saint Jean y Alejandro Jorge Nobili. Asimismo fue propuesto Camilo Jorge Almeida Pons como vocal de la Sala III de esa Cámara.

En tanto, Eduardo Aníbal Aguayo fue postulado como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 de CABA Federal.

Durante la audiencia también defenderán sus pliegos Valeria Alicia Bertolini, propuesta como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 6 de la CABA, y María de los Ángeles Sapín, postulada para el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 8.

Además, expondrá Luciano Cruz Savignano, candidato a juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Savignano, quien está a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Pergamino, ganó el concurso en 2018 y recibió el respaldo del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el entonces presidente Alberto Fernández nunca envió su pliego al Senado, por lo que ahora será tratado después de ocho años.

Por último, también se presentarán las postulantes a defensoras públicas de CABA Carolina Morales Deganut, María Lucrecia Sammartino, Natalia Eda Bonino y Romina Soledad Paraboni, propuesta como defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación.

La audiencia del miércoles 18

Se presentarán candidatos a jueces, fiscales y defensores para distintos cargos en el interior del país.

Expondrán Mateo Dijou, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Resistencia; Mariano Javier Camblong, como juez penal federal del Juzgado Federal de Garantías con asiento en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe; y Juan Manuel Kees, como juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén.

También defenderán sus pliegos Federico Miguel Baquioni, propuesto como fiscal general de la Unidad Fiscal de San Luis, y María Julieta Ibáñez Arrieta, postulada como defensora pública de Víctimas con asiento en la provincia de La Rioja.

Para distintos juzgados penales de Santa Fe fueron propuestos Emiliano Pedro Méndez Ortiz, Franco Mariano Carbone, Guido Yercovich y Vanesa Natalia Druetta.

Por otra parte, se tratarán postulaciones de conjueces de primera instancia del Trabajo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la CABA.

La nómina está integrada por Norma Alejandra Benítez, María Virginia Chedrese, María Victoria Consentino, Alejandro Esteban Danusi, Gabriela Andrea Donadio, María Ximena Fernández Barone, Mirna Lorena Martínez, Juan Martín Segura, Lucas Hernán Palla, María Roxana Henríques, Federico Pablo Agüero Urquiza, Fernando Guzmán, Silvia Rita García y Héctor David Rodríguez.

Fuente: Agencia DIB

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