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La Provincia presentó un proyecto de Ley para crear la agencia y el registro de cannabis medicinal

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La ministra de Gobierno, María Teresa García junto al Ministro de Salud, Daniel Gollan, presentaron el proyecto de Ley que crea la Agencia y el Registro Provincial de Cannabis.

Con esta iniciativa, la provincia de Buenos Aires busca regular la investigación, producción, comercialización e industrialización del cannabis para uso medicinal.

“Este proyecto de Ley nos permite avanzar sobre la definición de una política pública integral sobre la temática del cannabis desde la investigación, la producción, la comercialización, la autoproducción y la industrialización. Llegamos a este gobierno con el mandato del Gobernador Kicillof de ordenar el territorio en todos los sentidos y la creación de la Agencia del Cannabis busca convertirse en el espacio donde converjan todas esas problemáticas”, señaló la Ministra García en el marco de la exposición.

El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto que modifica la Ley 14.924 y ratifica la adhesión a la Ley nacional 27.350 creando el marco regulatorio para la investigación científica y el uso medicinal del cannabis Sativa y sus derivados. Crea un Registro Provincial de Cannabis para la inscripción voluntaria de las personas que requieran asistencia del Estado para la obtención de los productos indicados por prescripción médica. Además, establece la obligatoriedad de la inscripción y posterior habilitación de personas humanas y jurídicas que pretendan producir, investigar, comercializar productos cannábicos medicinales en territorio bonaerense.

El proyecto crea la Agencia Provincial del Cannabis (APC) como entidad autárquica que mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Gobierno.

La APC será autoridad de aplicación y regulará, gestionará y controlará las autorizaciones, convenios y habilitaciones con entidades y organizaciones que estén interesadas en desarrollar, promocionar, cultiva, investigar, producir, comercializar, industrializar, importar y exportar la planta y derivados.

La Agencia será responsable de la autorización, certificación, habilitación, control, fiscalización y asistencia a los cultivos autorizados y que cumplan con condiciones específicas. También impulsará programas y desarrollos provinciales de investigación, producción e industrialización.

Asimismo, deberá desarrollar programas de capacitación y formación para el personal de la Salud y Educación sobre el cannabis y su utilización terapéutica.

El proyecto de Ley creará bajo la órbita de la APC el Registro Provincial de Cannabis que deberá posibilitar la trazabilidad de los insumos, cultivos y derivados del cannabis que utilicen personas inscriptas en el Registro.

Las personas que necesiten del cannabis y sus derivados para tratamientos médicos podrán inscribirse voluntariamente en el Registro. Mientras que quienes pretendan acceder al cannabis a través del autocultivo deberán registrarse obligatoriamente. El autocultivo será autorizado siempre que cumpla con las disposiciones que la Agencia defina para la actividad.

Podrán cultivar y producir particulares o municipios interesados. La producción, y control de Cannabis y sus derivados serán de laboratorios públicos y privados y universidades y/o establecimientos productivos e industriales inscriptos y autorizados por el Registro Provincial.

El proyecto autoriza en el ámbito provincial la prescripción del aceite de cannabis o sus derivados para tratamiento médico en todo el sistema de salud provincial. Su uso deberá contar con la respectiva prescripción médica para tratamiento específico, y se podrá obtener exclusivamente a través de farmacias habilitadas conforme Ley 10.606. La ley también propicia la investigación y desarrollo para la medicina veterinaria .

Crea el “Programa de Cultivo Solidario” con participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil que quieran participar para asistir y capacitar a los pacientes que cuenten con autorización para cultivar.

La iniciativa también crea un Consejo Asesor Honorario integrado por representantes de los Ministerios de Salud, de Seguridad , de Producción, de Desarrollo Agrario, Justicia y DDHH y de Hacienda y Finanzas.

La Agencia será financiada será con aportes del Tesoro Provincial, donaciones, ingresos relacionados por comercialización y distribución de semillas o productos.

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Obra pública: la Provincia modificó el régimen para agilizar contrataciones

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires modificó la reglamentación de la Ley de Obra Pública con el objetivo de agilizar los procesos de contratación, establecer reglas más precisas para la ejecución de los proyectos y otorgar mayor previsibilidad a las empresas contratistas. La medida fue oficializada mediante el decreto 623/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La norma introduce cambios al decreto 5488/59, reglamentario de la Ley 6021 de Obras Públicas, y adapta el marco regulatorio a las modificaciones incorporadas recientemente por la Ley de Presupuesto 2026. El nuevo decreto modifica siete artículos de la ley para darle “mayor eficiencia” a las contrataciones.

Según se desprende de los fundamentos del decreto, la administración de Axel Kicillof considera que la obra públicaconstituye uno de los principales motores de la economía bonaerense y que resulta necesario modernizar los procedimientos administrativos para mejorar su eficiencia, calidad y eficacia.

Uno de los cambios centrales está vinculado al rol del Consejo de Obras Públicas. A partir de ahora, su intervención previa a las licitaciones quedará limitada a la emisión de un dictamen de carácter exclusivamente técnico denominado “Validación de Proyecto”. Ese análisis abarcará la revisión de planos, pliegos de bases y condiciones, presupuestos oficiales, memorias descriptivas y, en determinados casos, estudios técnico-económicos vinculados a la explotación de servicios públicos.

Contrataciones directas para la obra pública

El decreto también redefine aspectos relacionados con las contrataciones directas. Entre otras cuestiones, establece que podrán utilizarse cuando el presupuesto oficial de la obra no supere el equivalente a 400 unidades de medida, definidas como el valor del metro cuadrado de construcción. Ese valor será actualizado por la autoridad de aplicación en función de índices objetivos vinculados a la evolución de los costos del sector.

En materia de adjudicación, la nueva reglamentación dispone que el precio continuará siendo el criterio principal para determinar la oferta más conveniente. Sin embargo, de manera excepcional y siempre que esté previsto en los pliegos, podrán considerarse otros factores como la calidad de la propuesta, sus aspectos técnicos, la solvencia de la empresa, sus antecedentes, la integridad del oferente y criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.

La norma incorpora además nuevas pautas para las modificaciones contractuales durante la ejecución de las obras. En los casos en que se utilicen las reservas presupuestarias previstas por la legislación vigente, ya no será necesario suscribir un nuevo contrato, sino que bastará con un acto administrativo que apruebe los cambios y certifique que responden a necesidades concretas de la obra.

Otro aspecto es la incorporación de un nuevo artículo que regula las prórrogas de plazo. Las empresas contratistas podrán solicitar extensiones del tiempo de ejecución cuando existan causales previstas por la ley, siempre que presenten una justificación formal dentro de los 30 días de producido el hecho que generó la demora. La repartición encargada del control de la obra deberá evaluar la incidencia efectiva de esas circunstancias sobre el plan de trabajos.

Las nuevas disposiciones se aplicarán a las licitaciones en las que aún no se hayan abierto las ofertas y, en materia de ejecución de obras, alcanzarán a los contratos actualmente vigentes, siempre que no se afecte el principio de igualdad entre los participantes.

Fuente: Agencia DIB

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En la Corte: Kicillof espera de Nación una propuesta por fondos que adeuda Anses

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El gobernador Axel Kicillof espera que este miércoles, en una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno de Javier Milei le entregue una propuesta concreta en torno a cómo será la devolución de $2,2 billones que la Anses le debe al sistema jubilatorio bonaerense.

La audiencia, la tercera sobre este tema ante el máximo tribunal, será a las 11 de la mañana y buscará un principio de cierre al reclamo de la Provincia por el recorte de fondos a la caja jubilatoria bonaerense.

Se supone, al menos eso se desprendió del encuentro del 21 de abril, que el Gobierno nacional deberá presentar una propuesta concreta de cuáles serían los montos concretos a transferir. “De las 13 provincias que tienen cajas propias, a 10 ya les llegó una transferencia de Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando”, remarcó Kicillof en ese momento en la puerta de tribunales.

De hecho, en el acta que se firmó tras esa audiencia consta que “los representantes de la Anses y del Estado Nacional se comprometen a continuar con las auditorías respectivas y a realizar una propuesta de solución en la nueva audiencia que se convoca para el día 10 de junio del corriente año a las 11 horas”.

Los reclamos de Axel Kicillof por más fondos

El Gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que la administración nacional afirma que no está finalizada.

En concreto, la Provincia presentó la demanda en abril de 2024 para reclamar que Nación restableciera “las transferencias y las actualizaciones correspondientes” a la compensación por el déficit de las cajas jubilatorias reconocida en la ley 27.701. El reclamo acumulado, a valores actualizados, asciende a unos 2,2 billones de pesos.

Esta avanzada de parte de la Provincia se enmarca en un contexto en el que el Gobierno tiene que resolver diferentes reclamos sectoriales por elevadas cantidades de fondos. Pero puntualmente con la administración provincial, hay otros siete reclamos judicializados por más de $15 billones de pesos. Entre ellos están el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

Fuente: Agencia DIB

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Se empezó a colocar alimento con drogas anticonceptivas para disminuír la población de palomas

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Diego Palomo, responsable del área, puso de manifiesto esta mañana en nuestro programa de radio que se está profundizando el trabajo sobre los “seis ejes planteados desde un comienzo con el objetivo de planificar la disminución de la población de palomas en nuestra ciudad”.

El funcionario se mostró satisfecho con los niveles de ejecución de cada uno de esos ejes. “A modo de resumen, algunas de las líneas que se han trabajado, por ejemplo, una de ellas, es controlar el monitoreo de la población para tener datos precisos de puntos críticos y esto lo hacemos con el INBIOSUR, organismos que nos ha entregado recientemente su segundo informe. Ello guían la ejecución del programa, y tenemos un monitoreo permanente”, informó Palomo.

Agregó a continuación que “los puntos más importantes de desarrollo de la especie es el corredor cerealero, las playas de camiones, el sector conocido como El Triángulo, algunos lugares del centro como los edificios abandonados y el hospital Penna que, además, tiene sus pasticularidades”.

Ratificó Palomo que el segundo eje del programa es el que calificó como el más importante porque se trata de llevar adelante acciones coordinadas con entidades y empresas privadas para disminuir la cantidad de alimento disponible para la paloma en varios puntos de la ciudad y sus alrededores.

Respecto de los granos con anticonceptivos, puso de manifiesto que esa tarea ya empezó en dos lugares: los techos del Mercado Municipal y de la Terminal de Colectivos.

“Se trata de alimentos con nicarbizina que se coloca en esos lugares cada 48 horas. Es alimento suficiente para unas 100 palomas aproximadamente”, aclaró. Acto seguido dijo que “estamos pidiendo las autorizaciones correspondientes para colocar esos recipientes con el alimento sobre los techos de la Biblioteca Rivadavia y Universidad Nacional del Sur”.

También adelantó que “se colocaron palomares anticonceptivos en Ferrowhite y vamos a colocar otro en el Penna” . Paralelamente indicó que se “han realizado 10 intimaciones a empresas. Y también en algunos edificios del centro. Tienen orden de iniciar procesos de control, porque esta es una tarea en la que debemos comprometernos todos”.

Por último Palomo declaró que “hay 25 empresas de control de plagas que se han capacitado y habilitado. Y también hay un sistema de captura y eliminación en lugares muy críticos”.

Fuente: Frente al cano.

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