El oficialismo se vio obligado a tener que debatir la situación creciente de morosidad que hoy vive buena parte de la sociedad en el país. A pesar de que el Gobierno con el presidente Javier Milei a la cabeza se mantuvo firme en que el problema es “entre privados” y que el Estado no tenía que intervenir, la oposición logró avanzar en el Congreso y poner fecha para terminar el debate en las comisiones.

Luego de subirse a la sesión que había pedido la oposición y acompañar los emplazamientos para evitar una derrota en el recinto, el bloque de La Libertad Avanza está trabajando en un proyecto propio para poder llevar al debate y tener una posición.

“Estamos trabajando en un dictamen propio”, señaló a Infobae Santiago Pauli, el diputado libertario que preside la comisión de Finanzas, cabecera del debate en el plenario de comisiones junto a Defensa del Consumidor.

Aunque el legislador libertario evitó dar detalles sobre los puntos en los que está trabajando el oficialismo, la senadora de la misma fuerza, Patricia Bullrich, adelantó el modelo por donde está trabajando el oficialismo.

La ex ministra de Seguridad, que fue la única que calificó como un “robo” las elevadas tasas, propuso implementar un “etiquetado frontal” obligatorio para los créditos financieros, similar al sistema de octógonos negros utilizado en los alimentos, que funcione para poner a los tomadores de créditos al tanto del costo real de los mismos. Su idea es que los préstamos de bancos y empresas fintech lleven advertencias claras para que se entienda exactamente las tasas y condiciones antes de endeudarse.

Esta idea fue tomada por diputados libertarios cercanos a la senadora que son los que están trabajando en el texto a presentar.

Otro detalle que podría contar el proyecto en el que trabaja el bloque libertario es que la toma de créditos de manera digital tenga un doble conforme. Es decir, que quien lo toma tenga que aceptar los términos y condiciones en dos oportunidades antes de acceder al mismo.

Este dato no es menor porque sustenta la idea del oficialismo que alguna vez esgrimió Milei que a nadie “le ponen una pistola en la cabeza” para tomar un crédito y endeudarse.

Desde la estrategia política, con esto La Libertad Avanza primero tiene algo propio para debatir y no solo los proyectos de la oposición. Además, también propone una salida a los socios parlamentarios.

“Si hay sectores que no dan quórum a una sesión porque la pide el kirchnerismo, imagínate que no van a acompañar ningún proyecto. En ese esquema ellos van a tener algo para llevar al recinto y nosotros nada, lo que nos obligaría a tener que discutir solo lo que proponga la oposición. Con esto, tenemos proyecto propio, mostramos que hicimos algo para la gente y, además, le damos una opción a los socios parlamentarios”, agregó una fuente libertaria.

Los socios parlamentarios quedaron bastante molestos con el bloque que conduce Gabriel Bornoroni por la estrategia que aplicó LLA de habilitar la sesión. El bloque libertario ingresó al recinto y, aunque un pequeño grupo de sus diputados se sentó y sumó al quórum, la gran mayoría -incluyendo a las autoridades y sus referentes parlamentarios- se quedó de pie al lado de sus bancas a la espera de que la oposición junte el bloque. El PRO y la UCR definieron esperar fuera del recinto.

“Que explique el oficialismo por qué acordó con la oposición y resignó hablar del costo fiscal de los proyectos”, dijo un legislador de la UCR bastante molesto con el posicionamiento libertario. “Nosotros no habilitamos sesiones que pida el kirchnerismo”, agregó un legislador del PRO marcando una fuerte diferencia con el oficialismo.

La intención libertaria es llegar al martes 15, la primera reunión informativa, con el proyecto ya listo.

Organizaciones de la sociedad civil argentinas solicitaron a la senadora Patricia Bullrich que se eliminen los artículos del proyecto de Ley General de Sociedades que habilitan la existencia de sociedades automatizadas y autónomas, tras expresar objeciones constitucionales y advertir sobre riesgos no resueltos en torno al control humano sobre sistemas de inteligencia artificial.

En una carta dirigida a Bullrich y al Senado, los firmantes señalaron que la propuesta legal sometida a discusión permitiría la constitución de entidades jurídicas operadas por algoritmos con solo un representante legal nominal y sin supervisión humana documentada. Las organizaciones requirieron la convocatoria a una audiencia pública y la supresión integral del artículo 14 (Sociedad Automatizada) y de la Sección V, artículos 258 a 265, referida a Sociedades Autónomas Descentralizadas (DAO).

El documento recuerda que, en audiencias realizadas entre junio y agosto en la Comisión de Legislación General, especialistas en derecho societario y penal convocados por el Senado advirtieron sobre la imposibilidad de atribuir responsabilidad penal o civil a sistemas sin una persona humana identificable detrás de cada decisión relevante. Entre los citados figuran la jueza María Eugenia Boquín y el fiscal Jorge Flores. Asimismo, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó objeciones y solicitó retirar ambas figuras del proyecto, mientras que el ex inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, pidió su exclusión definitiva.

El texto de la sociedad civil recopila declaraciones de responsables y defensores del proyecto ante el Senado. Menciona que el ministro Federico Sturzenegger, impulsor de la reforma, caracterizó la iniciativa como un “experimento” y reconoció la ausencia de antecedentes comparables en el derecho societario nacional. Añade que Emiliano Kargieman, defensor de las sociedades autónomas, expresó ante la comisión legislativa que este tipo de entidades requieren una regulación mayor que las corporaciones tradicionales, opinión opuesta a la contemplada en los artículos bajo cuestionamiento.

Las organizaciones también se refieren a recientes advertencias internacionales. Citan el caso de Jacob Coxon, ex investigador de OpenAI y Anthropic, quien aseguró en septiembre que ambas empresas no están gestionando responsablemente el desarrollo de sistemas cada vez más autónomos. De acuerdo con la reconstrucción mediática, Evan Hubinger, integrante de Anthropic, sostuvo públicamente que la probabilidad de que la inteligencia artificial cause daños graves a la humanidad supera el 10% en la próxima década.

La misiva pone de relieve que las preocupaciones sobre la atribución de responsabilidad y la capacidad efectiva de control por parte de personas físicas han sido planteadas desde la primera reunión de comisión del 24 de junio. Según subrayan las ONG, en esa instancia se presentaron diecisiete condiciones mínimas para la viabilidad de una figura de sociedad automatizada, todas rechazadas por el Ejecutivo nacional.

El pedido central a la senadora Bullrich consiste en abrir el debate a la ciudadanía mediante la celebración de una audiencia pública antes de la firma de dictamen, eliminar los artículos en discusión y reescribir el artículo 102 para exigir documentación y autorización humana previa a cualquier acción societaria significativa tomada mediante inteligencia artificial.

Las entidades firmantes proponen que cualquier régimen futuro para empresas operadas por IA se debata en un marco normativo integral, con gobernanza, auditorías obligatorias y seguros frente a daños, y no a través de artículos insertos en reformas mercantiles generales.

El documento cuenta con el respaldo de más de treinta organizaciones de diversas provincias, entre ellas la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Coalición por la Patagonia. A estos colectivos se suman firmas de referentes y especialistas de distintas disciplinas.

Los grupos recordaron que, desde agosto, han presentado propuestas técnicas y alternativas documentadas, sin recibir respuesta formal por parte del Senado ni del oficialismo respecto de su solicitud de audiencia pública.

Los firmantes manifiestan que la aprobación de figuras de sociedades automatizadas sin garantías suficientes puede comprometer la capacidad del derecho argentino para atribuir responsabilidades y proteger derechos en escenarios de daño causado por sistemas basados en inteligencia artificial.

En medio del paquete de medidas anunciadas para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, el Gobierno nacional dispuso la creación de un Sistema de Articulación de la Política Exterior. Así, la Cancillería podrá centralizar la información, coordinación y asesoramiento sobre las gestiones internacionales.

Por medio de la publicación del Decreto N° 983/2026 en el Boletín Oficial, se estableció que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adoptará el rol de coordinador de las actividades estatales que puedan incidir en la política exterior, las negociaciones diplomáticas o los intereses internacionales de la Argentina.

De la misma manera, remarcaron que el sistema también incluirá “las acciones que se llevan a cabo para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.

Otra de las tareas que tendrá el sistema de política exterior será la representación nacional ante los gobiernos extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales. Esto cobra especial relevancia debido a la visita que realizará el papa León XIV a la Argentina desde el 8 al 11 de noviembre.

No obstante, las autoridades aclararon que la creación de esta área no alterará la jerarquía actual que conforma la Cancillería. Asimismo, indicaron que no implicará la sustitución de las competencias que tengan a cargo las autoridades y funcionarios preexistentes.

En este sentido, explicaron que la obligación abarcará los casos en los que esas acciones puedan expresar posiciones oficiales de la Argentina, influir en negociaciones bilaterales o multilaterales, o derivar en consecuencias diplomáticas, institucionales, jurídicas o políticas.

También deberán ser informadas las tratativas vinculadas con acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas, cartas de intención, actas y otros instrumentos similares.

Por otro lado, el decreto prevé que Cancillería podrá formular advertencias, recomendaciones u orientaciones fundadas si considera que una actividad pone en riesgo los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo, las relaciones internacionales o negociaciones diplomáticas en curso.

“El Sistema de Articulación de la Política Exterior tendrá como finalidad asegurar la coherencia, compatibilidad y uniformidad con los lineamientos generales de la política exterior de toda actividad que verse sobre relaciones exteriores de la República Argentina”, aclararon en el documento.

A pesar de esto, indicaron que el área no tendrá injerencia en las gestiones que involucren a organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas propios.

Para poder cumplir con estos objetivos, los organismos alcanzados por el sistema tendrán que designar a una persona como enlace institucional con la Cancillería. Ese representante será responsable de canalizar la información sobre las gestiones internacionales y de coordinar, cuando sea necesario, la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El decreto también habilitará a los organismos a solicitar asistencia de integrantes del Servicio Exterior de la Nación o de especialistas en política exterior ante asuntos considerados estratégicos, sensibles o de seguimiento permanente. No obstante, la Cancillería podrá realizar esa propuesta por iniciativa propia.

Previo a esto, el canciller Pablo Quirno explicó que la estrategia del Gobierno para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas combinará sanciones, diplomacia y el fortalecimiento de la capacidad logística. “No hay tiros independientes individuales”, afirmó en una entrevista con La Nación+.

Además, confirmó que la Cancillería quedará a cargo de iniciar los expedientes sancionatorios establecidos en el decreto reglamentario de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. La decisión se fundamentó en que se trata de “un tema principalmente de política exterior” y que las actividades involucradas superan la cuestión estrictamente petrolera.

Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció a 60 empresas en coordinación con la Procuración del Tesoro. El objetivo central, según planteó Quirno, es impedir la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

El canciller sostuvo que la Argentina dispone de una herramienta adicional a la que existía cuando se aprobó la legislación vigente: el atractivo de Vaca Muerta para las inversiones energéticas. Desde la mirada oficial, esa condición puede influir sobre las decisiones de las compañías, que deberán optar entre operar en el mercado argentino o mantener vínculos con licencias que el Gobierno considera ilegales en un territorio cuya soberanía reclama.

El paquete de medidas también sumó un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se encuentra en la última etapa de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy. La iniciativa prevé cambios en la Ley 26.659, con penas más altas y una ampliación de las actividades alcanzadas.

Entre las alternativas bajo análisis figura la incorporación de la pesca. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) sostiene que el criterio aplicado a las empresas hidrocarburíferas debería extenderse a las licencias de pesca otorgadas por el Reino Unido en el área. En la misma línea, el diputado peronista Guillermo Michel presentó un proyecto para sancionar la pesca ilegal en las islas.

Asimismo, el Ejecutivo prevé enviar el proyecto a la Cámara de Diputados, donde considera que cuenta con mayores respaldos. Fuentes de la mesa política del Gobierno indicaron a Infobae que el debate en comisiones podría comenzar entre fines de septiembre y principios de octubre y estimaron que la iniciativa tendría un trámite rápido.