Conecta con nosotros

Destacado

La UNS lanzó un spot en la previa a la marcha universitaria del miércoles

Publicado

en

El próximo miércoles 2 de octubre se realizará una nueva marcha federal que, al igual que la llevada a cabo el pasado 23 de abril, busca que el gobierno nacional tome conciencia de un reclamo transversal de toda la sociedad en favor del sostén de las universidades públicas.

Por eso, desde la UNS lanzaron un spot que explica los motivos de la manifestación. Allí señala que la columna vertebral de la Argentina es la educación pública, las soluciones a los problemas de un país siempre requieren de más y mejor educación, entre otras cosas.

En Bahía Blanca, la concentración será a las 17:30 en avenida Alem y 11 de Abril, para marchar hacia el playón de la UNS de avenida Alem 1253.

Según explicó la vicerrectora de esa Universidad, Andrea Castellano, los motivos de la marcha están relacionados con dos cuestiones: en primer lugar, la promulgación de la mencionada Ley; y luego la revisión de la Ley de Presupuesto 2025, que otorga a las universidades nacionales solo la mitad de lo que el Consejo Interuniversitario Nacional considero necesario para su funcionamiento.

“El Congreso de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario 2024 que propone para este año una actualización del presupuesto de acuerdo a la inflación.  “El impacto fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario es del 0.14% del PBI y podría ser atendido con el superávit fiscal del primer semestre”, agregó. Sin embargo, el presidente ya anticipó su veto.

Puesta en números, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes llega en algunos casos al 50%, el 70% de los docentes universitarios está por debajo de la línea de pobreza y las becas estudiantiles nacionales no se actualizan desde principio de año. A eso se suma el encarecimiento general del costo de alquileres y transportes, dos factores claves para cientos de miles de alumnos.

Para los rectores, “la desconsideración y el hostigamiento no cesan y la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario”, y advirtieron en su último comunicado “Desde Sarmiento, la columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres; y la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente es un sistema universitario público que es patrimonio y orgullo de toda la sociedad argentina. Lo que está en juego es su continuidad”. En las universidades públicas argentinas estudian más de 2.5 millones de personas, y se produce la mayor parte de la investigación científica del país.

Recientemente el Consejo Interuniversitario Nacional fijó en 7.19 billones de pesos los fondos que necesita todo el sistema para la continuidad educativa y científica en el próximo año. La Ley de Presupuesto 2025 elaborada por el Poder Ejecutivo propone solo 3,8 billones, monto sustancialmente menor.

“Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Si eso no se modifica, les tocará a las universidades apenas un 54% de lo requerido para el funcionamiento deseado”, remarcó Castellano.

“Los universitarios queremos estar en las aulas, en los laboratorios y en los gabinetes, pero la situación es compleja. Hay un consenso de que la Universidad permite una movilidad social ascendente y una proyección de un futuro mejor para el país. En el derecho a estudiar de cientos de miles de chicos y chicas se está jugando nuestro derecho al futuro, y por eso nuevamente llamamos a toda la sociedad a que nos acompañe en la marcha del miércoles 2, concluyó la vicerrectora.

Advertisement

Destacado

Nación creó un registro para unificar los datos de beneficiarios de planes sociales

Publicado

en

El Gobierno nacional dispuso este martes la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una base destinada a ordenar y unificar la información de personas que acceden a programas y prestaciones en todo el país.

La iniciativa fue formalizada mediante la resolución 23/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial, y funcionará bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

El nuevo registro operará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que actúa como repositorio central de datos provenientes de distintas áreas del Estado.

Según lo dispuesto, el objetivo es contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a los beneficiarios, sus características y el tipo de asistencia que reciben.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales será el encargado de la administración, actualización y resguardo de la información, además de realizar cruces de datos, elaborar estadísticas y evaluar políticas públicas.

Desde el Ejecutivo señalaron que la herramienta permitirá tener un diagnóstico más preciso sobre el alcance de las políticas sociales y optimizar la gestión de los recursos públicos.

En términos operativos, el registro integrará información que hasta ahora se encontraba dispersa en distintos organismos, con el objetivo de evitar duplicaciones, superposiciones y vacíos de datos, y garantizar la trazabilidad de la información.

El sistema se nutrirá exclusivamente de datos aportados por organismos oficiales y funcionará bajo estrictos criterios de seguridad y confidencialidad. Además, se estableció que su implementación será financiada con partidas del propio Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, sin asignaciones adicionales.

Fuente: Agencia DIB

Continue leyendo

Destacado

Confirman las nuevas tarifas de luz que regirán desde abril en la provincia

Publicado

en

El Gobierno nacional aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio eléctrico que comenzarán a regir desde abril, con subas diferenciadas según la empresa distribuidora y la zona. La decisión se formalizó este martes a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial, y alcanza a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Paralelamente, la administración de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir desde abril, con un impacto promedio del 1,3% en las facturas de los usuarios residenciales, tanto con subsidios como sin ellos.

La suba, que se da un día después del ajuste de los cuadros tarifarios de gas, será en el caso de Edesur del 1,98% respecto de marzo, y se da en el contexto de la emergencia energética dispuesta por el Gobierno en diciembre de 2023, momento en que se consideró “imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía”, entre los que incluyó a “las tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica”.

En este sentido es que “las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de energía eléctrica son incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el Enargas”.

El nuevo cuadro tarifario de la empresa que brinda el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del sur del conurbano bonaerense surge a partir del aumento previsto en la revisión quinquenal en cuestión, más el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en febrero fueron de 0,99% y 2,90% respectivamente.

“El objetivo del mecanismo de actualización establecido es que el valor de la remuneración que percibe la distribuidora se mantenga durante todo el período tarifario de cinco años en términos reales”, señala la normativa.

En cuanto a Edenor, que da cobertura a 20 municipios del noroeste del Gran Buenos Aires y la zona noroeste de la Capital Federal, la suba a partir de abril será del 2,04%, según lo indica la resolución 198/2026 del ENRE.

En los dos casos, los aumentos recaerán sobre los usuarios residenciales con y sin subsidio y para “los Clubes de Barrio y de Pueblo (CdByP) que integran el listado que confeccionó a tales efectos el Ministerio de Turismo y Deportes” en 2022.

Aumento de la luz en el interior bonaerense

Por otra parte, el Gobierno de Axel Kicillof oficializó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir desde abril, con un impacto promedio del 1,3% en las facturas de los usuarios residenciales, tanto con subsidios como sin ellos.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 173/2026 del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada este martes en el Boletín Oficial y se enmarca en la actualización de los cuadros tarifarios del servicio eléctrico.

El ajuste incluye una modificación del valor agregado de distribución (VAD), uno de los componentes centrales de la tarifa, junto con la incorporación de variaciones en los precios mayoristas de la energía y el transporte definidos a nivel nacional.

Según datos oficiales, un usuario residencial sin subsidios con consumo medio pasará de pagar unos $52.000 mensuales a cerca de $52.650, mientras que un usuario con subsidios verá su factura incrementarse de $33.300 a aproximadamente $33.700, valores que incluyen impuestos.

El nuevo cuadro tarifario se aplicará a partir de los consumos de abril, por lo que el impacto se reflejará en las facturas que llegarán entre ese mes y mayo.

La resolución aprueba el recálculo de tarifas para las distribuidoras Edelap, Edea, Eden y Edes, en sus respectivas áreas de concesión dentro de la provincia, tomando como base los precios estacionales definidos por la Secretaría de Energía del ministerio de Economía de la Nación.

Fuente: Agencia DIB

Continue leyendo

Destacado

Inquilinos: un 70% está endeudado y casi el 20% se mudó por no poder pagar el alquiler

Publicado

en

Endeudamiento, recortes en alimentos, mudanza y pluriempleo como estrategias de supervivencia. Así transita la vida de miles de inquilinos en el país, en medio de un deterioro del poder adquisitivo que impacta en las condiciones de vida, pese a la desaceleración en la suba de los alquileres por la baja de la inflación.

De acuerdo a un informe de la organización Inquilinos Agrupados, el 17,2% de los inquilinos debió mudarse por no poder afrontar el alquiler. Mientras que otro número que preocupa es que siete de cada diez de los encuestados destinan más del 40% de su salario al pago del alquiler.

En paralelo, el 70,9% reconoce tener deudas activas, en un escenario donde la economía cotidiana se sostiene, cada vez más, a base de crédito.

La radiografía se vuelve más cruda cuando se observa el destino de ese endeudamiento. Más de la mitad de los inquilinos (53,2%) tomó deuda para poder comer, mientras que el 38,9% lo hizo específicamente para pagar el alquiler. Las tarjetas de crédito aparecen como principal herramienta de financiamiento: el 65,2% recurrió a ellas para cubrir gastos básicos.

El ajuste también se siente dentro del hogar. El 89,6% de los consultados afirmó haber recortado gastos domésticos. En ese universo, el 65,1% redujo el consumo de alimentos y el 54,2% resignó gastos en salud. El dato más elocuente: apenas el 38,6% logra realizar cuatro comidas diarias.

Frente a ese escenario, el trabajo aparece como variable de compensación, aunque insuficiente. El 45,7% de los inquilinos tiene más de un empleo, mientras que el 14,1% perdió alguna fuente laboral en el último año. La precariedad laboral y el pluriempleo conviven como dos caras de la misma moneda.

Fuente: Agencia DIB

Continue leyendo
Advertisement

Trending