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La UNS lanzó un spot en la previa a la marcha universitaria del miércoles

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El próximo miércoles 2 de octubre se realizará una nueva marcha federal que, al igual que la llevada a cabo el pasado 23 de abril, busca que el gobierno nacional tome conciencia de un reclamo transversal de toda la sociedad en favor del sostén de las universidades públicas.

Por eso, desde la UNS lanzaron un spot que explica los motivos de la manifestación. Allí señala que la columna vertebral de la Argentina es la educación pública, las soluciones a los problemas de un país siempre requieren de más y mejor educación, entre otras cosas.

En Bahía Blanca, la concentración será a las 17:30 en avenida Alem y 11 de Abril, para marchar hacia el playón de la UNS de avenida Alem 1253.

Según explicó la vicerrectora de esa Universidad, Andrea Castellano, los motivos de la marcha están relacionados con dos cuestiones: en primer lugar, la promulgación de la mencionada Ley; y luego la revisión de la Ley de Presupuesto 2025, que otorga a las universidades nacionales solo la mitad de lo que el Consejo Interuniversitario Nacional considero necesario para su funcionamiento.

“El Congreso de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario 2024 que propone para este año una actualización del presupuesto de acuerdo a la inflación.  “El impacto fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario es del 0.14% del PBI y podría ser atendido con el superávit fiscal del primer semestre”, agregó. Sin embargo, el presidente ya anticipó su veto.

Puesta en números, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes llega en algunos casos al 50%, el 70% de los docentes universitarios está por debajo de la línea de pobreza y las becas estudiantiles nacionales no se actualizan desde principio de año. A eso se suma el encarecimiento general del costo de alquileres y transportes, dos factores claves para cientos de miles de alumnos.

Para los rectores, “la desconsideración y el hostigamiento no cesan y la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario”, y advirtieron en su último comunicado “Desde Sarmiento, la columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres; y la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente es un sistema universitario público que es patrimonio y orgullo de toda la sociedad argentina. Lo que está en juego es su continuidad”. En las universidades públicas argentinas estudian más de 2.5 millones de personas, y se produce la mayor parte de la investigación científica del país.

Recientemente el Consejo Interuniversitario Nacional fijó en 7.19 billones de pesos los fondos que necesita todo el sistema para la continuidad educativa y científica en el próximo año. La Ley de Presupuesto 2025 elaborada por el Poder Ejecutivo propone solo 3,8 billones, monto sustancialmente menor.

“Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Si eso no se modifica, les tocará a las universidades apenas un 54% de lo requerido para el funcionamiento deseado”, remarcó Castellano.

“Los universitarios queremos estar en las aulas, en los laboratorios y en los gabinetes, pero la situación es compleja. Hay un consenso de que la Universidad permite una movilidad social ascendente y una proyección de un futuro mejor para el país. En el derecho a estudiar de cientos de miles de chicos y chicas se está jugando nuestro derecho al futuro, y por eso nuevamente llamamos a toda la sociedad a que nos acompañe en la marcha del miércoles 2, concluyó la vicerrectora.

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El Gobierno aumentó un 2,2% las prestaciones por discapacidad

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El Gobierno nacional dispuso un incremento del 2,2% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, correspondiente a noviembre de 2026. La actualización alcanza a todas las prestaciones, sin distinción por tipo de servicio, y se calculó en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

La medida fue establecida por una resolución de la Secretaría Nacional de Discapacidad y se enmarca en el sistema creado por la Ley 24.901, que regula las prestaciones destinadas a garantizar la atención integral de las personas con discapacidad.

La actualización se aplica sobre los valores que habían sido aprobados mediante la Resolución 1/2026, del 14 de octubre, cuando se había dispuesto un aumento del 1,9% para ese mes, también en función de la evolución de la inflación.

Por otra parte, la normativa ratificó el reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica, en concepto de zona desfavorable.

Los nuevos valores fueron incorporados en un anexo de la resolución y comprenden al conjunto de las prestaciones contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

El nomenclador incluye servicios de rehabilitación, transporte, educación especial, centros de día, hogares, residencias, estimulación temprana y apoyos para la integración escolar. Los valores se dividen en las categorías A, B y C para parte de esas modalidades, mientras que otras prestaciones integran una categoría única.

Discapacidad: cuáles son los valores actualizados

El anexo de la resolución detalla los nuevos aranceles según categorías y modalidades. Entre los principales valores vigentes desde noviembre figuran:

  • Centro de Día con jornada doble: categoría A, $1.166.692,96. Categoría B, $979.967,23. Categoría C, $746.193,92.
  • Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: categoría A, $1.310.557,92. Categoría B, $1.100.312,05. Categoría C, $839.377,84.
  • Hogar permanente: categoría A, $2.194.516,03. Categoría B, $1.842.808. Categoría C, $1.465.570,71.
  • Estimulación temprana: $439.719,68.
  • Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24.
  • Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.
  • Transporte: $953,22 por kilómetro.
  • Alimentación: $5.223,37.

El anexo también actualiza los valores de formación laboral, escolaridad y residencias. Para la categoría A, la formación laboral con jornada doble quedó en $1.145.104,43 y la escolaridad primaria con jornada doble en $1.228.995,40. En tanto, la residencia permanente tendrá un arancel de $1.429.302,41 en esa categoría. Entre las prestaciones de rehabilitación, el valor de hospital de día con jornada doble asciende a $1.113.666,92.

Fuente: Agencia DIB

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“Evaluar fusiones y optimizar recursos”: el debate en los colegios privados sobre la caída de la matrícula

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Las estadísticas mundiales muestran una desaceleración demográfica y en Argentina estos datos aparecen como una realidad preocupante para quienes forman parte del sistema educativo. Para el año 2030, el país registrará una caída del 27% en la matrícula del nivel primario, lo que equivale a 1,2 millones de alumnos menos en comparación con los niveles de 2023. Solo en la provincia de Buenos Aires, como informó en su momento Agencia DIB, la matrícula inicial prevé una caída de 100.000 alumnos entre 2024 y 2027. Este escenario fue discutido en el último Congreso Nacional de Educación organizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que reunió a más de 400 representantes de colegios privados de todo el país.

“Frente a esta realidad es necesario repensar los desafíos. Las instituciones privadas deben adaptarse, generar alianzas, evaluar fusiones y optimizar recursos para evitar que la caída de la matrícula impacte negativamente en su funcionamiento y fortalecer a aquellas que logren atravesar este escenario”, destacó el presidente de AIEPA, Flavio Pinto.

Impactos “inevitables”

En las exposiciones quedó claro que la tendencia demográfica descendente permite visualizar un nuevo panorama en las aulas para los próximos años. “Hoy se sabe cuántos ingresantes a primer grado habrá en 2030 y cuántos en la secundaria de 2037, con lo que se pueden delinear los diferentes impactos en la educación pública y privada”, explicó el demógrafo Rafael Rofman, quien realizó un minucioso diagnóstico sobre la evolución de la población y su impacto en las matrículas escolares, y se refirió a proyecciones estratégicas para atravesar los nuevos escenarios.

“La caída de la natalidad no va a parar, aunque es probable que encuentre un equilibrio o se estabilice. Pero esta es la realidad y una gran oportunidad para reformular el sistema de formación docente, haciendo foco en la calidad y en los tiempos para administrar los impactos que son inevitables y no se pueden ignorar”, dijo Rofman.

Hasta el año 1700, la población mundial se duplicaba cada 1.600 años; entre 1700 y 1900, ese período se redujo a 140 años y, en el siglo XX, a 52 años. “En la actualidad estamos atravesando una desaceleración demográfica que en Argentina se presenta como una ‘transición no ortodoxa’, con bajas de mortalidad, disminución de la fecundidad, cambios culturales y tendencias que se mantienen a largo plazo”, graficó el especialista.

“Amenaza latente”

“Escuchamos un diagnóstico con cautela, impactados, pero entendiendo que ésta es la realidad y que también es un buen momento para tomar decisiones que nos permitan afrontar un contexto adverso”, señaló Martín Zurita, director ejecutivo de AIEPA.

“La caída de la natalidad, la baja en la matrícula y los aumentos en los costos fijos constituyen una amenaza latente para todo el sistema educativo y, en particular, para el ámbito privado, donde estas dificultades han empujado a muchas instituciones a cerrar sus puertas en los últimos años”, agregó.

Según Rofman, “ya podemos saber que en 2030 la escuela secundaria va a tener la mitad de alumnos que hoy. Lo sabemos a ciencia cierta y es algo que no va a cambiar porque esos chicos ya nacieron. Lo que hay que preguntarse, en lo que hay que trabajar, es en cómo tiene que ser esa escuela a la que van a ir esos chicos”.

Gran dilema

“La organización del congreso fue pensada en torno a este gran dilema de la educación privada. No nos queríamos quedar solamente con el diagnóstico, que ya conocemos y es inexorable. Venimos analizando desde hace tiempo las dificultades de matrícula en los jardines maternales y luego en los primeros grados de primaria, pero sabemos que el fenómeno va a alcanzar a todo el sistema, incluidos los niveles secundario y terciario. Por eso estamos obligados a trabajar en una transformación que contemple los costos, la adaptación tecnológica y los cambios en los equipos pedagógicos, entre otros aspectos”, aseguró por su parte Zurita.

El dirigente se refirió, además, a la necesidad de avanzar en una legislación acorde con este escenario de transformación y planteó, por ejemplo: “¿Sigue teniendo lógica imponer un mínimo de 20 alumnos por grado para sostener una subvención del Estado, cuando estamos frente a un fenómeno demográfico mucho más amplio?”.

Ante esta proyección, Rofman concluyó que los colegios privados deben “reaccionar con anticipación, trabajando en varias acciones, como pensar junto a otros establecimientos desde la colaboración y no la competencia; evaluar fusiones o acercamientos estratégicos para compartir costos e infraestructura; rediseñar propuestas con nuevas ofertas educativas, como educación de adultos y formación continua, e incorporar nuevas capacitaciones, entre otras alternativas”.

Fuente: Agencia DIB

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El Gobierno rechazó la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas y calificó el viaje como “una provocación”

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Luego de que la princesa Ana arribara a las Islas Malvinas y Georgias del Sur, el Gobierno nacional repudió las actividades oficiales de la hermana del rey Carlos III al sostener que se desarrollaron bajo la ocupación ilegal. Además, por medio de un comunicado, solicitaron que se vuelva a abrir el canal de diálogo por el reclamo soberano con el Reino Unido.

“Dicha visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas”, dijo la Cancillería, dependiente de Pablo Quirno.

Ante estas circunstancias, las autoridades argentinas remarcaron que solicitaron un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Al mismo tiempo, también pidieron medidas provisionales de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

El comunicado de la Cancillería argentina donde se rechazaron las actividades oficiales de la princesa Ana del Reino Unido en las islas Malvinas y Georgias del Sur (X: @Cancilleria_Ar)

En su pronunciamiento, la Cancillería reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones por la soberanía de las islas. El pedido se apoyó en la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de otros pronunciamientos del organismo y de su Comité Especial de Descolonización.

“Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial”, sostuvieron en el comunicado. Asimismo, el Gobierno argentino ratificó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante de la República Argentina.

La princesa Ana llegó a las Islas Malvinas el lunes 9 de noviembre, junto a su esposo, el vicealmirante Sir Tim Laurence, según confirmaron las autoridades británicas que encabezan la ocupación del archipiélago. Está previsto que los integrantes de la Casa Real Británica abandonen el territorio el próximo viernes 20.

Además de haber participado en la inauguración de obras, la hermana del rey Carlos III rindió homenaje a las tropas británicas. También recorrió los monumentos de guerra que yacen en la zona del Puerto Argentino.

No se trata de la primera vez que la integrante de la Familia Real británica se presenta en las Islas Malvinas, debido a que en noviembre de 2022 también viajó en compañía de su esposo para cumplir funciones oficiales en representación del monarca.

En esa oportunidad, el Palacio de Buckingham informó que visitó la base de Mount Pleasant de las Fuerzas Británicas y recorrió diversos lugares, donde depositó ofrendas florales para conmemorar el 40 aniversario de la guerra ocurrida en 1982.

La princesa Ana aterrizó en las Islas un día antes de que Argentina lleve formalmente el caso de Sea Lion ante el Tribunal Internacional del Derecho Marítimo (TIDM). Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, ante un tribunal integrado por 21 jueces. Fue la primera vez que la Argentina y el Reino Unido debatieron ante una instancia internacional por los recursos marítimos situados alrededor de las islas.

En esa instancia, la delegación argentina planteó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible antes de que quede conformado el tribunal arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Por este motivo, presentaron cuatro medidas provisionales. La principal buscaría detener nuevas perforaciones, tareas de explotación e infraestructura vinculada con Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas.

También solicitó que el Reino Unido no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa, que no utilice información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos y que cese las acciones que, según Buenos Aires, le impiden cumplir con sus obligaciones de protección ambiental.

La Argentina también llevó al tribunal el posible impacto de un derrame. El plan de contingencia de la empresa operadora contempla una probabilidad del 30% de que un eventual reventón alcance aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días.

Por este motivo, argumentaron que, ante una emergencia ambiental, la respuesta operativa recaería principalmente en la Argentina por su cercanía geográfica con el área de explotación, mientras que el Reino Unido se encuentra a más de 12.700 kilómetros.

Frente a esto, la defensa británica objetó que el pedido argentino encubre una discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas y que, por lo tanto, el TIDM no tendría competencia para intervenir.

La representación argentina rechazó esa interpretación y afirmó que el expediente no pretende resolver la disputa territorial. Su argumento se apoya en las resoluciones 2065, de 1965, y 31/49, de 1976, de las Naciones Unidas, que reconocen la existencia de la controversia e instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras permanezca abierta.

Durante la audiencia, la fiscal general británica Ellie Reeves mencionó un discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para cuestionar el interés argentino en una salida negociada. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado por la Argentina, respondió que el mandatario también había ratificado la vía pacífica y el marco del derecho internacional.

La delegación argentina fue encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, e integrada, entre otros, por el embajador Mario Oyarzábal y los especialistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver.

Ahora, la Argentina espera para el 28 de noviembre la decisión del TIDM sobre el pedido contra el proyecto petrolero.

El arbitraje ante el TIDM forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno frente a la explotación de hidrocarburos alrededor de las islas. Ese esquema contempla iniciativas legislativas y causas penales contra los directivos de las compañías vinculadas a Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

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