Mediante el Decreto 437/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) a menos de un mes de haber sido designado.

La salida se produjo en medio de una interna en el directorio con Marcelo Nachón, vocal del ente y ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Según trascendió, las diferencias entre ambos venían de antes de la constitución formal del ENRGE y se profundizaron en las últimas semanas.

Sin embargo, la renuncia de Lamboglia se atribuye a “motivos estrictamente personales y su paso por el ente es valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”. A su vez, está previsto que se inicie un nuevo concurso para la selección del próximo presidente del ENRGE, a fin de asegurar un proceso ordenado en la designación de autoridades.

“La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad. Tras la dimisión, el vicepresidente Vicente Serra asumió de inmediato las funciones de la presidencia, garantizando que no exista vacancia ni interrupción en la gestión del organismo”, comentaron fuentes oficiales.

Lamboglia comunicó su decisión al resto de los miembros del directorio y también la formalizó con un memo enviado a través del sistema oficial GEDO. El ENRGE había iniciado recientemente su proceso de conformación tras la unificación de los entes reguladores del gas y la electricidad.

Lamboglia había sido designado presidente del ENRGE por un período de cinco años, el más prolongado entre los integrantes del directorio. Antes de asumir ese cargo, se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Con una trayectoria de más de 30 años en el sector energético, Lamboglia es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos por la Universidad Austral. Entre sus antecedentes figuran funciones como secretario letrado del Directorio y gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), coordinador legal de la Secretaría de Energía Eléctrica, asesor letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y asesor jurídico de Yacyretá.

En tanto, el ingeniero Vicente Serra había sido nombrado vicepresidente por un plazo de cuatro años, mientras que el licenciado Marcelo Alejandro Nachón asumió como vocal primero con un mandato de tres años. Los cargos de vocal segundo y tercero fueron asignados a la doctora Griselda Lambertini y al ingeniero Héctor Sergio Falzone, quienes cumplirán funciones durante dos y un año, respectivamente. Todos los nombramientos se realizaron bajo el artículo 6° del Decreto N° 452 del 4 de julio de 2025 y entraron en vigencia en la misma fecha.

El ENRGE se creó en julio de 2025 como parte de un proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley de Bases. El organismo busca unificar las funciones de los antiguos entes reguladores del gas (Enargas) y la electricidad (ENRE), con el objetivo de mejorar la coordinación y el control de ambos sectores. De esta forma, el ENRGE depende de la Secretaría de Energía y busca optimizar la fiscalización de los servicios públicos, alineándose con estándares internacionales como los propuestos por la OCDE.

El organismo nació con un plazo máximo de 180 días, a partir de julio del años pasado, para iniciar formalmente sus operaciones. Según fuentes del sector, el proceso de designación de directores presentó dificultades debido a los altos requisitos de calificación profesional para los cargos y al congelamiento salarial en el sector público, factores que complicaron la cobertura de las vacantes.

La CGT iniciará el precalentamiento para un nuevo plan de lucha contra el Gobierno en pleno Mundial de Fútbol: la semana próxima, la conducción cegetista recibirá a las confederaciones que agrupan a sindicatos de la industria, el transporte y la energía para debatir sus próximos pasos. Aún no hay pleno consenso para realizar el quinto paro general contra Javier Milei, pero todos coinciden en que la central obrera tiene que encontrar alguna forma de canalizar la protesta social.

Ese será el eje del encuentro que tendrá lugar el miércoles próximo, en la sede de Azopardo 802, entre los principales líderes de la CGT y las cúpulas de Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA).

En rigor, será el primer paso: para la semana siguiente está prevista una reunión del Consejo Directivo cegetista y no se descarta que luego se convoque a un plenario de secretarios generales o incluso al Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la CGT, para oficializar las medidas que surjan del debate previo.

Toda esta secuencia confirma que, luego de que la última semana se enfocó en denunciar al Gobierno en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la dirigencia de la CGT comenzó a replantear su estrategia moderada y definirá cómo protestar contra las medidas oficiales y la situación socioeconómica.

“Nos van a llevar puestos”, afirmó un jefe de la CGT al aludir la sensación que predomina en la dirigencia de que la Casa Rosada avanzará aún más con su ofensiva contra el sindicalismo. Una prueba de ello, agregó, es la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que, según la central obrera, “constituye una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afecta principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la OIT”.

Todavía no hay acuerdo pleno en la dirigencia sindical sobre qué tipo de medida de fuerza puede ser más efectiva. En el sector dialoguista creen que no hay espacio para otro paro general, aislado, porque no modificará las políticas que lleva adelante la administración libertaria. El ala dura, por su parte, presiona para concretar un paro de 36 horas con movilización, como una forma de ganar la calle.

En medio de estas disidencias, como anticipó Infobae, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), están conversando con otros gremios del sector con un objetivo: realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo sigue en $500 mil.

En la Unión Docentes Argentinos (UDA) y otros gremios educativos de la CGT se intensifican las quejas porque “ya se cumplió un año sin aumento del salario mínimo y su valor se mantiene por debajo de la línea de pobreza”.

Este año, resaltaron, se realizaron 6 encuentros de la Paritaria Nacional Docente (el último fue hace 2 meses) sin resultado alguno, ya que fue rechazada por insuficiente la oferta del gobierno nacional de subirlo a $650 mil en marzo y a $700 mil en abril, y los funcionarios no mejoraron la propuesta de aumento.

Para organizar el paro docente, el secretario de Políticas Educativas de la CGT también sumó a las conversaciones a otros sindicatos del sector como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miembro de la CTA de los Trabajadores, y a distintos gremios universitarios para tratar de concretar una fuerte protesta en todo el país.

¿Puede sumarse toda la CGT al paro docente y extenderlo a todas las actividades? Hoy no se descarta ninguna posibilidad, aunque la idea de los dirigentes cegetistas es trabajar para que una posible huelga nacional cuente con la adhesión de sectores de las pymes, jubilados, discapacitados y la clase media en general

El cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) se refirió la semana pasada a la posibilidad de una medida de fuerza: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados, pero todo se discute y decide en el seno del Consejo Directivo de la central obrera. Nunca se descarta un paro general como medida concreta de respuesta”, enfatizó, tras lo cual recordó que “esta CGT ya hizo cuatro paros y catorce movilizaciones al Gobierno”.

Aunque haya dudas acerca de qué estrategia es la mejor, todos los caminos que recorrerá la CGT a partir de la semana que viene conducen a una nueva protesta.

Un nombre propio que tiene su lugar de jerarquía en la primera línea de La Cámpora, lo que le permite tener un diálogo fluido con Cristina y Máximo Kirchner, mira en el televisor de su casa el sinfín de notas que los medios realizan en la marea callejera que hay en Avellaneda, el domingo en que el Indio Solari fue despedido por los que lo amaban sin conocerlo personalmente.

En esas voces tristes identifica un mensaje político de fondo que lo sorprende. El reclamo que él y sus compañeros de militancia intentan instalar, sin suerte, en la agenda de la mayor parte del peronismo, está presente en mucho de los fieles ricoteros que abundan en las tierras donde gobierna Ferraresi.

“Pareciera que la consigna de Cristina Libre está más presente en la sociedad que en la política. Quizá su importancia está subrepresentada en la dirigencia política”, piensa, un tanto incrédulo, frente a la pantalla. Su reflexión es la exposición de un sentimiento que atraviesa a todo el arco político que mantiene en su cabeza y en su corazón la conducción política de Cristina Kirchner.

Pero es también la expresión de una necesidad. Hay un sector del peronismo al que le falta una voz que tenga más futuro que pasado. Ahí reside uno de los problemas que arrastra el cristinismo en el debate hacia adentro de la fuerza política. Cree que el futuro tiene que tener a CFK en un rol central. Mientras que el resto del peronismo, considera que su lugar debe tener cada vez menos importancia.

Este miércoles 10 de junio se cumple un año desde que la ex presidenta de la Nación, sentada en una oficina del tercer piso de la sede del PJ Nacional, se enteró que la Corte Suprema de Justicia había hecho formal lo que era un secreto a voces: la confirmación de su condena en la causa Vialidad. Esa decisión implicaba su inmediata detención y la inhabilitación, de por vida, para competir y ejercer cargos públicos.

En ese instante, mientras la militancia cantaba “No nos han vencido”, un tema icónico del cancionero kirchnerista, Cristina Kirchner empezaba a perder poder de influencia dentro del peronismo y libertad de acción en el teatro de operaciones de la política. Ese día ingresó al departamento ubicado en el segundo piso del edificio ubicado en San José 1111 y salió en contadas ocasiones. La mayoría por problemas de salud.

En ese camino de condena y privación de la libertad, que en el cristinismo llaman proscripción y persecución, ha limitado la capacidad de acción de CFK, pero no ha disminuido el caudal electoral que tenía el 10 de junio del 2025, al momento de enterarse que su vida cambiaría radicalmente. Una semana después la justicia federal le confirmó la detención domiciliaria y la posibilidad de salir al balcón cuantas veces quisiera. El balcón que se transformó en una postal de resistencia para los kirchneristas y en una discusión sin sentido para el micromundo de la política.

La ex presidenta ha pasado el año de condena y detención recibiendo, de mayor a menor, por las restricciones que le impuso el Tribunal Federal Oral 2, a dirigentes políticos y sindicales, y a economistas y legisladores de Unión por la Patria (UP). La seguidilla de visitas y la foto que la propia CFK mostró de una reunión con nueve economistas, derrumbaron la dinámica que la ex presidenta había construido en sus metros cuadrados.

A partir de ese momento, en noviembre del año pasado, la ex presidenta empezó a tener restricciones en sus visitas. Actualmente puede recibir personas dos días a la semana, durante dos horas cada día y no pueden pasar más de tres personas. Quedan exceptuados de esos límites sus hijos, sus secretarios privados, su médico y su abogado, quienes tienen ingreso libre.

En los últimos meses el cristinismo concentró sus reclamos en las condiciones de detención de la ex mandataria. Sobre todo porque sostienen que hay presos por crímenes de lesa humanidad que tienen más beneficios en su detención que la ex presidenta. Argumento que les sirve para sostener que existe una persecución política y judicial en su contra, y restricciones desproporcionadas en comparación con otras condenas mucho más severas.

Los bloques justicialistas en el Senado y la Cámara de Diputados consideraron que las condiciones de detención son “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias” y advirtieron que “ninguna democracia puede considerarse plenamente saludable cuando la principal dirigente de la oposición se encuentra proscripta e injustamente privada de su libertad”. Este mediodía un grupo importante de legisladores dará una conferencia de prensa en el Congreso para mantener vigente el reclamo.

Ayer hubo una reunión en Matheu 130, la histórica sede del PJ Nacional, donde se terminó de delinear la convocatoria para el sábado 20 de junio, cuando se lleve a cabo un banderazo en Parque Lezama y se realice una caminata desde ese punto hasta el departamento donde pasa sus días la ex Jefa de Estado. Habrá discursos, consignas y mensajes entre líneas. La defensa a la causa de CFK sigue siendo de un sector del peronismo, no de la totalidad. Y eso se nota en cada acto y en cada foto.

La líder peronista mantiene contacto permanente con su círculo operativo. Con los dirigentes que están a cargo del PJ, de los bloques legislativos, de las intendencias que responden a la terminal K y de los que llevan adelante el dispositivo político. Mantiene el vínculo fluido con casi todos los pesos pesados del peronismo. En esa lista falta Axel Kicillof.

La relación entre ambos estaba deteriorada al momento en que CFK quedó detenida. Pero durante el último año la situación empeoró. No solo por las desavenencias del Gobernador con la ex presidenta en materia política, sino por los sinsabores de una relación personal astillada. En todos los círculos que rodean a la ex mandataria piden y exigen, según quien lo diga, que Kicillof la vaya a ver a San José 1111. Si no es por política, que sea por una cuestión humana, suelen decir.

El gobernador bonaerense está dispuesto a sentarse a hablar con ella cuando la situación lo amerite. Es decir, cuando haya un conflicto que resolver. No va a ir para acercar posiciones que están bien lejos. No va a ir para escuchar los reproches ni las quejas. No se va a acercar a negociar los límites de una convivencia que ya rompió todas las barreras. Y, sobre todo, no va a aceptar exigencias.

Sin embargo, la lógico indica que en algún momento va a tener que sentarse frente a la ex presidenta para coordinar el armado de una alternativa política. Porque el Gobernador considera que tanto ella como el resto del cristinismo deben estar adentro de un armado del peronismo. Lo que no está dispuesto es a que le impongan condiciones. De ahí proviene una parte de la tensión reinante.

“¿Quiere ser candidato a presidente y no se puede sentar con Cristina porque no quiere que le diga cosas que no le gustan?“, planteó, con una alta carga de ironía, un dirigente muy cercano a la familia Kirchner. Kicillof no es lo que quieren que sea, ni hace lo que pretenden que haga. Tal vez eso tenga consecuencias políticas a futuro. O, tal vez, no. Mientras tanto, todo ese vínculo esta rodeado de un tornado de hipótesis y recuerdos añejos de un pasado ideal y un camino hasta el presente lleno de sinsentidos.

Cristina Kirchner cumple un año presa y, con dificultades y limitaciones, sigue manteniendo un magnetismo importante sobre un porcentaje importante de la población a la que no le resulta indiferente. La aman o la odia, la quieren fuera de juego o la quieren presidenta, pero no la olvidan.