En plena guerra en Medio Oriente, el presidente Javier Milei viajará a Israel y podría mostrarse junto a sus pares del país asiático Benjamín Netanyahu y de Estados Unidos Donald Trump en un acto.

El mandatario estará entre el 19 y el 22 de abril en el país asiático, donde participará en las celebraciones por el Día de la Independencia.

A Milei lo invitaron a participar en la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, prevista para el 21 de abril, consigna la Agencia Judía de Noticias (AJN).

Será la tercera visita del mandatario a Tel Aviv, después de sus presentaciones, como jefe de Estado, a principios de 2024 y en junio de 2025.

El gobierno de Netanyahu además invitó a Trump, a participar tanto del encendido de antorchas como de la entrega del Premio Israel por la paz, luego de la tregua, aunque frágil, alcanzada con Irán, en medio de la escalada de tensión por los bombardeos en Líbano y las acusaciones cruzadas.

El Gobierno mantiene en alto el nivel de seguridad en todo el país, pese a la tregua entre Estados Unidos e Irán

El Gobierno tienen previsto mantener la alerta de seguridad elevada activada a fines de febrero, en el inicio de la Guerra en Medio Oriente. La medida rige en todo el territorio nacional, con refuerzo sobre objetivos sensibles, infraestructura crítica y comunidad judía.

Ese alineamiento se tradujo también en medidas diplomáticas y de seguridad concretas contra Irán. La Cancillería declaró persona non grata el 2 de abril al encargado de negocios del país asiático, Mohsen Soltani Tehrani, y le ordenó abandonar el país.

El Ejecutivo además declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, y en Balcarce 50 reconocen que hubo una planificación diagramada para acercarse a la ruptura de relaciones con Irán.

En el Gobierno descartan igualmente sumarse a la guerra con una participación concreta. En despachos oficiales dijeron que no hubo ningún pedido para que la Argentina colabore militarmente y remarcan que no hay capacidad operativa para aportar unidades navales al estrecho de Ormuz. “Ya saben que no tenemos nada para aportar. El apoyo es político y hasta donde podamos”, agregan.

Fuente: TN

Justo a un mes del viaje a Nueva York que inauguró la etapa de mayor desgaste para el Gobierno, Diputados abrió el recinto para avanzar con la reforma de la ley de glaciares. Le permitió al oficialismo recuperar algo de temario y, a la vez, mostrar la decisión de cerrar filas y eludir debates como forma de protección a Manuel Adorni. Evitó que la oposición -con arrastre de debilidades propias– lograra la convocatoria del funcionario y también la exposición de la causa $LIBRA. Quedó en claro que la pelea de fondo será en tres semanas, cuando el jefe de Gabinete deba dar su informe de gestión. Hasta entonces, nada hace prever otra sesión de la cámara baja. Un camino realmente largo, con la mirada puesta en la investigación judicial sobre el patrimonio del funcionario.

Esta especie de freno para motorizar de forma efectiva otros proyectos no impide, por supuesto, algunos pasos en comisión, pero sí posterga la anunciada ofensiva del Gobierno para sancionar una serie de reformas. Anoche mismo, fuentes experimentadas del Congreso señalaban que de máxima podrían dar algunos pasos la ley de Hojarasca y la iniciativa para reforzar la propiedad privada, esta última en el Senado.

El objetivo de bajarle el volumen al caso Adorni quedaría por encima de los varios intentos por ganar renglones de la agenda pública y repetir la idea de “retomar la iniciativa”. En las últimas dos semanas, los gestos del oficialismo estuvieron limitados en buena medida a ratificar el apoyo al jefe de Gabinete.

La reforma a la ley de Glaciares corría ya con cuerda propia y, además, es parte de un entendimiento con los “gobernadores mineros”, que resultan piezas importantes para los acuerdos legislativos. Es además una sanción que afirma las fisuras en el peronismo. Olivos vuelve a moverse para repetir entendimientos con jefes provinciales, tarea retomada por Diego Santilli en un contexto difícil, tensionado por la persistente baja de la recaudación de impuestos, que afecta a la coparticipación, y también por la caída de los ingresos locales.

La sesión de este martes expuso, como era previsible, algunos intentos opositores para avanzar con una interpelación de Adorni, para emplazar el tratamiento del tema en comisión y para citar a Karina Milei por el criptogate. Las votaciones terminaron como se anticipaba al imponerse el criterio violeta sobre cuestiones reglamentarias: números -en algún caso muy ajustados- a favor, pero insuficientes para constituir mayorías especiales.

Más que frustración, los resultados generaron cierto malestar en filas opositoras, que exhiben desarticulación para encarar temas delicados como los que se expusieron en el arranque del debate sobre la reforma a la ley de glaciares. Con todo, no faltaban consideraciones sobre el objetivo de llegar en mejor posición a la cita del último miércoles de este mes. Falta mucho para el 29 y también la oposición dura sigue de cerca los pasos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo. Las versiones sobre un clima denso con jueces de Comodoro PY, tras el cambio en el ministerio de Justicia, alimentan las especulaciones.

El oficialismo, por lo pronto, optó por una estrategia básica que se resume en señales de apoyo al funcionario y el intento de amortiguar las novedades con foco en el patrimonio del jefe de Gabinete. En Diputados, eso fue traducido con la decisión de evitar el “ruido” en el recinto. La línea había sido transmitida al bloque de LLA y a los socios. Del mismo modo, se impuso frenar las respuestas frente a los créditos hipotecarios a legisladores, además de funcionarios.

En paralelo, desde el oficialismo se hizo trascender cierta tranquilidad sobre la declaración de Adriana Nechevenko en Comodoro Py. En realidad, la versión violeta fue una respuesta rápida frente a los titulares que dejó la escribana a cargo de las operaciones inmobiliarias de Adorni: el departamento de Caballito y la casa en un country de Exaltación de la Cruz. A eso se sumó la información menos conocida sobre el departamento en la calle Asamblea.

El punto ahora sería que, aún en caso de ser ratificado con otras medidas de prueba lo dicho por la escribana, se reforzarían los interrogantes sobre las deudas tomadas por el funcionario con las hipotecas no bancarias. Es decir, su capacidad real para enfrentar esos compromisos. Todo, claro, atado además a las dudas sobre las prestamistas y otras cuestiones que motivaron visitas a una inmobiliaria. El añadido sería la citación de nuevos protagonistas en la operación de compra de la propiedad de Miró al 500.

Según lo que habría expuesto Nechevenko, la hipoteca sobre el departamento de Caballito, de US$ 200.000, sería sin intereses y a cancelar en un plazo de un año. Y la hipoteca sobre la propiedad en el barrio de Parque Chacabuco, por US$ 100.000, fue establecida con un interés del 11% y habría sido cancelada parcialmente. El pago de tales deudas demandaría ingresos que el funcionario deberá demostrar. Todo podría quedar sujeto a peritajes que extenderían los tiempos de esta etapa judicial.

Por lo pronto, ahora se espera una nueva tanda de declaraciones ante el fiscal. Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las dos mujeres que aparecen en la venta del departamento de Caballito, tienen reprogramas sus citas para el miércoles de la semana próxima. Antes, el lunes, será el turno de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, madre e hija -comisaria retirada de la Policía Federal y agente-, por el préstamo hipotecario sobre la propiedad de Parque Chacabuco.

El oficialismo oscila así entre la atención a las novedades judiciales y los movimientos propios para respaldar al jefe de Gabinete, junto al intento de correrlo del foco principal. El Congreso no escapa a ese juego. Y en Diputados, ya tienen agendada la presentación del funcionario.

Luego del triunfo que significó para el oficialismo la aprobación definitiva de la ley de Glaciares, el Gobierno se prepara para debatir en el Congreso la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), una norma clave para las relaciones con los Estados Unidos.

En el acuerdo de libre comercio que firmó meses atrás con Washington, la Argentina se comprometió a cumplir con una serie de puntos, entre los cuales está el de sancionar esta medida antes del próximo 30 de abil.

La contraparte norteamericana está especialmente interesada en que se modernice a nivel local toda la legislación vinculada a la propiedad intelectual, ya que advierte que se trata de una de las regiones con más complicaciones en esta área.

En el informe “Special 301″ del 2025, por ejemplo, la Oficina del Representante de Comercio de la Casa Blanca señaló que nuestro país “continúa presentando desafíos de larga data y ampliamente conocidos para las industrias intensivas” y menciona como caso paradigmático “el mercado físico de La Salada, en Buenos Aires”.

“Las ventas de falsificaciones en otros lugares físicos siguen siendo elevadas, con aumentos repentinos en la venta de productos falsificados en ferias pequeñas, por vendedores ambulantes ilegales y en el Barrio Once”, remarca el estudio.

Para que entre en vigencia, las autoridades nacionales no solo tienen que lograr que el acuerdo comercial sea ratificado en el Congreso, sino que también deben aprobar otras normas complementarias, como este tratado sobre patentes.

Si bien la Argentina es miembro de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y firmó el Convenio de París, todavía no se adhirió al PCT, que ha sido históricamente una cuestión de intenso debate interno.

Ahora, la el oficialismo quiere volver a discutir la cuestión y analiza hacerlo retomando un proyecto que ya consiguió media sanción en el Senado en 1998, pero nunca se votó en Diputados.

Aunque la regla general es que una iniciativa venza un año después de su aprobación parcial si no es tratada por la otra Cámara, esto no aplica para los convenios internacionales.

Sin embargo, la cúpula libertaria todavía está planificando la estrategia que se llevará adelante: algunos integrantes del espacio aseguran que ya la semana que viene se va a presentar el texto, mientras que otros actores involucrados reconocen que se podría demorar un poco más.

En cuanto al contenido, en la Casa Rosada sostienen que la iniciativa de la década de los 90 va a ser enviada con modificaciones, por lo que necesariamente deberá volver al Senado después de que se apruebe en Diputados.

“Se van a hacer retoques, porque estamos hablando de un texto muy viejo, tiene algunas cosas que quedaron obsoletas y además se tiene que adaptar a los requisitos del acuerdo que firmamos con Washington ahora”, manifestó un miembro del cículo íntimo de Javier Milei.

Por el contrario, algunas de las fuentes que están trabajando desde hace meses en el proyecto aseguraron a Infobae que eso no es necesario y que, por lo tanto, lo más probable es que se envíe la misma propuesta de la época de la presidencia de Carlos Menem, para aprovechar la media sanción y reducir los tiempos parlamentarios.

“La media sanción del Senado de 1998 es el instrumento correcto y suficiente para avanzar. No es necesario ni conveniente reabrir el debate con un nuevo proyecto de ley”, explicó un integrante del Gabinete que está atrás de la redacción.

El conflicto, puntualmente, está en que la medida que se debatió en ese momento no incluía la posterior actualización de los plazos de ingreso al tratado, que se detallaron en el artículo 22, adoptado recién en 2001.

Al respecto, el funcionario remarcó que los cambios adoptados por la Asamblea de la Unión PCT y vigente desde el 1° de abril de 2002, únicamente extendió el plazo estándar de entrada en fase nacional de 20 a 30 meses a partir de la fecha de prioridad. “Esta es la reforma más relevante para los solicitantes desde la creación del tratado”, señaló.

Sobre la necesidad de un nuevo proyecto, la posición oficial es que “el PCT opera como un sistema unitario administrado por la OMPI”, por lo que “no existen versiones paralelas del tratado para distintos adherentes”.

“Quien adhiere, ingresa al sistema tal como está configurado al momento de la adhesión, con su texto consolidado y su Reglamento vigentes”, sostuvo.

Además, se aclaró que la iniciativa con media sanción “no genera por sí sola el riesgo de quedar atrapados en el plazo de 20 meses”, porque “la modificación de 2001 se aplica a todos los Estados contratantes sin necesidad de ratificación parlamentaria separada”.

EN este sentido, la fuente consultada indicó que, frente a eventuales dudas, “puede subsanarse mediante una declaración al momento del depósito del instrumento de adhesión ante la OMPI”, una opción que “ha sido aclarada e indicada por el propio organismo internacional”.

“El mecanismo de incompatibilidad del artículo 22 del PCT es opt-in: solo si Argentina notifica expresamente al Director General de la OMPI la incompatibilidad del plazo de 30 meses con su legislación interna, se aplicaría el plazo de 20 meses. En ausencia de tal notificación, el plazo de 30 meses opera como regla por defecto, con independencia del texto de la ley aprobatoria”, se argumentó.