Después de años de reclamos para que las mujeres puedan acceder a puestos de conducción en el transporte público de pasajeros, Bahía Blanca tiene a su primera chofer de colectivo de línea. Se trata de Jésica Parra, quien comenzó a trabajar en las líneas 519A y 521, tras ser incorporada a la empresa SAPEM.

Su llegada representa un paso importante en un ámbito históricamente ocupado por hombres y se da en el contexto del reclamo judicial que la chofer Cecilia Bravo mantiene desde hace más de una década contra las empresas de transporte público para que incorporen mujeres como conductoras.

En diálogo con La Nueva., Parra contó que la posibilidad de convertirse en colectivera nació hace cuatro años, cuando decidió ampliar su carnet de conducir. Sin embargo, fue al conocer el reclamo de Bravo a través de los medios de comunicación cuando se animó a dar el siguiente paso.

“Cuando vi a Cecilia Bravo me animé a llevar el currículum a las empresas y también a la UTA. Esto fue en junio”, relató.

El proceso avanzó algunos meses después. En septiembre recibió un llamado para realizarse los estudios preocupacionales y, finalmente, el 15 de octubre le comunicaron que podía comenzar con los trámites para incorporarse a la empresa.

“Estoy contenta por esta oportunidad. Para mí es un sueño cumplido”, expresó.

Los primeros días al volante

La incorporación al trabajo tuvo distintas etapas. Primero conoció el lugar donde iba a desempeñarse y luego comenzó a familiarizarse con los recorridos y las paradas de las líneas junto a otros choferes.

“El 16 me avisaron para ir a conocer el lugar donde iba a trabajar y el 19 ya empecé a ver los recorridos”, contó.

Durante aproximadamente una semana, la acompañaron para que pudiera memorizar los trayectos y reconocer las distintas paradas. Después llegó el momento de comenzar a conducir.

Hace poco más de una semana que está al volante, aunque todavía realiza los recorridos acompañada por otros choferes. “Estoy con compañeros, no estoy sola manejando todavía. Pero bueno, para mí es lo mismo”, explicó.

Así, Jésica comenzó a concretar un sueño que había empezado a tomar forma cuatro años atrás y que hoy se convirtió en una realidad. Su incorporación no solo marca un nuevo capítulo en su historia laboral, sino que también representa una oportunidad para que otras mujeres puedan imaginarse ocupando un lugar al volante del transporte público bahiense.

A días de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional dispuso la ampliación temporal de las Reglas de Protección Aeroespacial, un protocolo que habilita el uso de la fuerza como último recurso contra aeronaves de origen externo declaradas hostiles.

Por medio de la publicación del Decreto N° 1334/2026 en el Boletín Oficial, se confirmaron nuevas restricciones al tránsito aéreo y una coordinación reforzada entre autoridades civiles y militares. El objetivo declarado es proteger los actos papales que tendrán lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.

De esta manera, la norma amplía las reglas aprobadas en 2016 para las Zonas de Operaciones Restringidas TMA Baires y TMA CBA. Se trata de los espacios que comprenden sectores de alta circulación aérea alrededor de los aeropuertos y las ciudades de Buenos Aires y Córdoba.

Como punto central de las modificaciones, las autoridades habilitaron “el uso de la fuerza por parte de los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores de origen externo declarados ‘hostiles’”.

En este sentido, el uso de la fuerza implicará “el empleo del poder de fuego disponible por parte de la aeronave interceptora contra la estructura del vector incursor, con el objeto de anular su capacidad de vuelo impidiendo la continuidad de su trayectoria”. Asimismo, deberá contemplarse un plan para minimizar el riesgo de daños a la vida y/o bienes en la superficie.

Para que eso ocurra, el decreto exige la comprobación de un “acto hostil”. La definición abarca desde un ataque armado, el uso o la amenaza inminente de usar una aeronave como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.

Entre los indicios que pueden ser evaluados como hostiles figuran la presencia de armamento o la persistencia, pese a las advertencias, de una trayectoria, una altura o una velocidad compatibles con un ataque contra un blanco determinado.

No obstante, la declaración de hostilidad corresponderá al comandante conjunto aeroespacial, una vez confirmada la situación. Pero la aplicación de la regla que habilita el empleo de armas deberá contar con la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti, una atribución que el presidente Javier Milei delegó para este operativo y que no podrá ser transferida a otra autoridad.

También deberán intervenir medios militares que estén bajo el comando o control operacional de la autoridad de ejecución, que tendrán el objetivo de evitar la afectación de un interés vital o de un objetivo de valor estratégico.

Por otro lado, el decreto diferencia de manera expresa el tratamiento de las aeronaves civiles. Ante el incumplimiento de una instrucción, la respuesta prevista es la interceptación y la orden de aterrizaje en el lugar que se indique.

En línea con esto, establecieron que el Comando Conjunto Aeroespacial dirigirá la respuesta operativa y deberá coordinar con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las restricciones que se apliquen a los vuelos. La ANAC, a su vez, deberá adoptar las medidas necesarias y aportar el apoyo requerido por el mando militar.

La norma no establece una prohibición general de vuelos, pero sí habilita a las autoridades a graduar las limitaciones según el escenario y a desviar aeronaves civiles fuera de un área afectada si fuera necesario para preservar la seguridad operacional.

En este sentido, remarcaron que “cada evento irregular configurará una degradación de la situación aeroespacial en la zona afectada, a los efectos de la aplicación de las Reglas de Protección Aeroespacial”.

Así, en caso de detectarse una irregularidad en una de las zonas restringidas, el Comando Conjunto Aeroespacial podrá asumir distintos niveles de conducción sobre el área y sobre los servicios de navegación aérea de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

El primer nivel será el control por coordinación. En ese escenario, el mando militar informará al supervisor del servicio de navegación aérea para que adopte medidas y, cuando sea posible, desvíe vuelos civiles de la zona involucrada.

En un segundo nivel, denominado control total bajo subordinación directa, los controladores continuarán con sus tareas habituales, aunque deberán aplicar las restricciones que ordene el Comando Conjunto.

El nivel más amplio es el control total integral, el cual permite despejar el área de aeronaves civiles para que operen exclusivamente medios militares y deja toda autorización de vuelo bajo control militar, según lo dispuesto previamente. La decisión sobre qué nivel aplicar quedará en manos del comandante conjunto aeroespacial y dependerá de cada situación.

Por último, las autoridades informaron que el gasto del operativo será cubierto con partidas asignadas al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto.

Luego de que se desatara una polémica por el artículo que proponía gravar con Ganancias las inversiones realizadas a través de CEDEARs, el Gobierno nacional resolvió retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera. De esta manera, quedará trunco el tratamiento de la iniciativa en Diputados.

Tanto desde Casa Rosada como desde el bloque de diputados libertario confirmaron a Infobae que la totalidad del proyecto será retirada. Así, cada uno de los articulados volverá a ser revisado antes de que sea tratado por ambas cámaras.

Horas antes, se había confirmado que solo iba a ser eliminado el artículo que contenía la propuesta de modificar el tratamiento tributario de los certificados de depósito argentinos, conocidos como CEDEARs. Se trata de los instrumentos que se negocian en el mercado local, pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan fuera del país.

La decisión había sido confirmada por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. “Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar”, escribió el funcionario en su cuenta de X sobre el traspié. Aunque en un comienzo se interpretó que iba a ser solo ese artículo, en la Casa Rosada se decidió de manera posterior el retiro de la totalidad de la iniciativa.

Este medio pudo confirmar de numerosas fuentes que hubo una intencionalidad de diferentes áreas del Gobierno de que se realizara esa medida. Afirman que no se trató de un error de revisión del proyecto: de hecho, la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, a cargo de María Ibarzábal Murphy, había advertido sobre las particularidades del artículo de los CEDEARs. Con el comentario hecho, el Ministerio de Economía dio el visto bueno de la iniciativa, la cual no pasó desapercibida.

Esto fue ampliamente debatido semanas atrás. Una de las reuniones más importantes se dio el mes pasado en una reunión de la Mesa Política a la que asistió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien es uno de los autores intelectuales de la integralidad del proyecto. En ese encuentro también hubo comunicaciones por videollamada con autoridades del Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“No es que se charló, se debatió bastante durante media hora. Cada cual tenía sus posiciones y después se dejó a merced de lo que decidieran las partes que estaban planificando el proyecto”, comentó una de las personas que está al tanto de lo que se conversó ese día. El presidente Javier Milei supo que eso estaba siendo debatido.

El objetivo del apartado era que las operaciones con esos certificados tuvieran el mismo régimen impositivo que la compra directa del activo extranjero al que representan. De esa forma, las ganancias obtenidas con inversiones en compañías o instrumentos del exterior habrían quedado alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.

Según explicó el tributarista Sebastián Domínguez a este medio, la alícuota que podría haberse aplicado era de 15%. La medida contemplaba los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que el Congreso aprobara el proyecto.

El capítulo que generó controversia proponía reemplazar un inciso del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bajo el criterio de “transparencia fiscal”, el tratamiento tributario habría dependido del activo subyacente y no del vehículo elegido para realizar la inversión.

En la práctica, una persona que invirtiera desde la Argentina en una empresa extranjera mediante un CEDEAR habría recibido el mismo trato fiscal que quien adquiriera esa acción de manera directa en el exterior.

Qué cambios buscaba impulsar el proyecto

El proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que había sido enviado este lunes a la Cámara de Diputados, reunía 240 artículos que buscaban introducir cambios en el mercado de capitales, los mecanismos de crédito, el sistema de garantías y determinadas disposiciones tributarias. La iniciativa retomaba medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en julio y apuntaba a flexibilizar regulaciones de distintas actividades del sector financiero.

Entre sus ejes figuraba la incorporación de tecnologías de registros distribuidos, como blockchain, para la emisión, guarda, transferencia y negociación de valores negociables. Además, el texto preveía que esos instrumentos pudieran operar fuera de los sistemas tradicionales de depósito centralizado, con exigencias de seguridad, trazabilidad, identificación del emisor y supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por otro lado, la propuesta contemplaba la creación de los “Otros Ámbitos de Negociación Autorizados”, una categoría que pretendía incluir plataformas digitales, aplicaciones y sistemas administrados por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales habilitados. Así, las transacciones efectuadas en esos espacios iban a tener la misma validez jurídica que las realizadas en mercados autorizados.

La reforma también delimitaba las atribuciones del Banco Central y de la CNV. La autoridad monetaria conservaría el control sobre pagos, liquidaciones y compensaciones que involucren pesos o moneda extranjera, mientras que el organismo regulador del mercado quedaría a cargo de la emisión, el registro y la negociación de valores negociables tokenizados.

Por otra parte, el Ejecutivo proponía ampliar el universo de activos que pueden respaldar un crédito. La lista incluía activos virtuales, derechos de propiedad intelectual, acciones, participaciones societarias, créditos contractuales, existencias, ingresos futuros y fondos depositados en cuentas bancarias o de proveedores de servicios de pago. Asimismo, para concentrar los datos de esas garantías, se proponía la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías.

También estaban en marcha modificaciones para pagarés, cheques, tarjetas, warrants, fideicomisos, fondos comunes de inversión y facturas de crédito electrónicas destinadas a pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el proyecto buscaba habilitar cláusulas de actualización e indexación en pagarés, admitir títulos electrónicos para los cobros con tarjeta y permitir que los fondos comunes inviertan en activos virtuales, bajo las condiciones que establezca la CNV.