Desde las frenéticas sesiones extraordinarias de diciembre pasado y del reciente febrero, el Senado no encuentra una agenda real gracias al Ejecutivo libertario, que se demora en enviar proyectos anticipados tiempo atrás por Javier Milei, y las bancadas aliadas ya piden precisiones para no regalar espacio a un golpeado kirchnerismo que, por diversas tropelías y disparatadas internas de la Casa Rosada, busca recuperar sin éxito algo de protagonismo. “Traigan leyes”, es la frase que sale desde sectores dialoguistas y resume el estado actual de la Cámara alta.

“En lo inmediato, no veo sesión. La semana que viene es corta -Malvinas y Pascuas- y no sólo no hay iniciativas a la vista, sino que los dictámenes del jueves pasado tampoco podrían tratarse el próximo miércoles, debido a que no tendrán los siete días reglamentarios y es imposible que la oposición peronista habilite con dos tercios”, reconocieron a Infobae desde un bloque dialoguista clave en cuanto a votos.

El paquete de medidas que presentó la semana pasada La Libertad Avanza en la Legislatura porteña no tiene como único objetivo retomar la agenda política como respuesta al escándalo que generó Manuel Adorni, aunque no deja de ser un tema que preocupa a algunos integrantes del bloque. También es una muestra de diferenciación del espacio violeta con el PRO. Es que los propios adversarios de Jorge Macri lo ven confluyendo en una alianza con los libertarios para la elección de 2027. “Eso no va a ocurrir”, aclararon a Infobae los legisladores alineados con Javier Milei.

“Queremos un Estado más ágil, que los porteños no sientan trabas para invertir, bajar impuestos y terminar con la burocracia de trámites”, repitió constantemente Pilar Ramírez, la presidenta del bloque libertario porteño, durante la presentación del paquete de proyectos. Junto a otros cuatro legisladores repasaron los puntos críticos de la gestión actual aunque, por momentos, aclaraban que no era su idea confrontar con el PRO. “Que hay un problema con la recolección de basura lo reconoció el propio Jorge Macri”, apuntaron entre comentarios irónicos sobre la “copia” del Gobierno porteño a sus proyectos, como denunciaron con los créditos hipotecarios.

Lo llamativo fue que mencionaron al peronismo, con la salvedad de las profundas diferencias, como posible aliado para aprobar el paquete de medidas que incluye una reforma impositiva, institucional y de seguridad. “El año pasado eran los primeros en querer bajar impuestos”, bromearon los libertarios. Saben que es la agenda que —por ahora— predomina entre los porteños. Pero en ningún momento mencionaron al PRO como socios para esas transformaciones. Hasta se quejaron por las veces que Macri no ayudó a construir las mayorías necesarias para aprobar medidas durante el año pasado.

Esos gestos coinciden con la estrategia que implementarán en los próximos meses: una marcada diferenciación con el PRO. “Vamos a empezar a tomar más distancia, pero siendo una oposición seria”, adelantaron a este medio. De hecho, como respuesta al caso Adorni tienen otro dardo: la causa de Jorge Macri por presunto lavado de dinero en Miami que se reactivó recientemente por un fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el sobreseimiento. “En Uspallata no tienen mucho para festejar”, dicen.

Aunque no lo reconocen, la preocupación por las consecuencias que pueda provocar la investigación sobre Adorni por el viaje a Punta del Este en avión privado y la compra de viviendas existe. En las filas porteñas también evitan referirse a la conferencia de prensa que brindó el jefe de Gabinete, en la que se lo vio enojado y nervioso ante las preguntas incisivas de los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Hay quienes dicen que Adorni nunca fue muy aceptado por sus modos y la falta de compromiso en la campaña electoral de 2025. Recuerdan que aparecía poco en las recorridas y visitas a los medios de comunicación. Los más perceptivos deslizan que “se la veían venir” que el ex vocero terminara en un escándalo como este.

¿Pilar Ramírez va a ser la candidata de La Libertad Avanza para la Ciudad? Con Adorni en el ojo de la tormenta y Patricia Bullrich molesta por los manejos internos de los libertarios para la pelea por suceder a Macri, las miradas se posan sobre la dirigente cercana a Karina Milei. Sus intenciones son claras, pero hay quienes creen que todavía “le falta” para encarnar esa disputa, sobre todo en conocimiento público. Tampoco nadie quiere dar por terminadas las posibilidades del jefe de Gabinete. “En política no se puede dar por muerto a nadie”, repiten.

Otros dicen que los hermanos Milei no van a tener otra opción más que volver a convencer a Bullrich de que compita por la Ciudad y enfrente a Jorge Macri. En su entorno repiten que está “como empacada” en que se quedará los seis años que le quedan en el Senado. Que ni siquiera habla de ser candidata a presidenta en un futuro, que entiende que es el tiempo de Milei aunque no coincide con algunos manejos verticalistas.

En el equipo de la senadora también buscan mantener la cautela porque las encuestas la muestran con mejor imagen que el Presidente y saben que eso puede despertar celos y malestar. “A veces pedimos a los encuestadores que le bajen puntos”, confiesan puertas adentro. Saben que el malestar social por la pérdida de poder adquisitivo y el miedo a la falta de empleo es uno de los problemas que tiene que resolver el Gobierno para encarar las próximas elecciones.

La postura de La Libertad Avanza de alejarse del PRO abre un escenario de incógnitas para el resto de las fuerzas que buscan hacer pie en la próxima elección. Si Milei no quiere aliarse con los Macri, el oficialismo local no tendrá otro remedio que buscar ayuda entre los radicales y los espacios que buscan revivir Juntos por el Cambio. Pero también habrá otro capítulo con la irrupción de Horacio Rodríguez Larreta, que recientemente oficializó su candidatura y obligó al resto de los partidos a subirse a la campaña adelantada.

El diputado nacional Máximo Kirchner, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de Declaración para que el Congreso exprese su beneplácito por el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revocó la sentencia de primera instancia en el caso YPF. Según el comunicado de prensa, el texto enfatiza que el resultado constituye “el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital” y valida internacionalmente la soberanía argentina sobre la principal empresa petrolera del país.

El proyecto, fechado el 27 de marzo de 2026, señala que la revocatoria judicial frenó una “extorsión financiera” que, en palabras de Kirchner, “pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos/as por un monto superior a los 16.100 millones de dólares”. El legislador destaca la continuidad de la estrategia legal del Estado nacional frente a litigios con fondos especulativos y recuerda el acto de expropiación de YPF realizado en 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, según se expresa tanto en el comunicado como en los fundamentos del proyecto.

La iniciativa parlamentaria reconoce la expropiación de YPF como “la recuperación de la soberanía hidrocarburífera” y denuncia la diferencia de criterios entre administraciones pasadas. En los fundamentos del proyecto se afirma: “Mientras que en 2026 celebramos un fallo favorable por resistir y agotar las instancias judiciales, en 2016 la administración de Mauricio Macri optó por un acuerdo apresurado”, en referencia al pago de USD 9.300 millones a fondos buitres, que Kirchner interpretó como una decisión política orientada al acceso al mercado financiero, en detrimento de la defensa de la inmunidad soberana.

Entre los puntos destacados, el proyecto solicita expresar beneplácito por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a favor de la Argentina en el caso YPF. Según el texto ingresado al Congreso, la revocatoria judicial resguardó al país de un perjuicio estimado en más de 16.100 millones de dólares y, siempre según el proyecto, obliga a revisar críticamente la política de endeudamiento adoptada en 2016.

En la presentación, el bloque de Unión por la Patria atribuye el origen de la reciente victoria legal a “la valiente y necesaria decisión tomada en el año 2012 por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

“La recuperación del 51% de las acciones de YPF no fue un capricho ideológico, sino un acto de supervivencia energética. Como bien señala el análisis del caso, para el año 2011 la gestión de Repsol había llevado al país a una crisis de reservas y a la pérdida del autoabastecimiento”.

El texto destaca que la Ley 26.741 declaró de interés público el abastecimiento hidrocarburífero y que priorizar el derecho administrativo nacional sobre los estatutos societarios privados permitió el desarrollo estratégico de Vaca Muerta. En los fundamentos se sostiene: “Sin esa expropiación, la Argentina no sería una potencia energética emergente que es hoy, sino un rehén de dividendos girados al exterior”.

La redacción del proyecto subraya la continuidad conceptual de la defensa estatal a través de distintas administraciones: “Las distintas gestiones de la administración nacional continuaron la línea argumental definida desde el comienzo, en cuanto a que las disposiciones de un estatuto societario no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país”.

En uno de los pasajes más directos del proyecto, Kirchner dirige una crítica a la actual conducción del país: “Es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que solo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional que se venía sosteniendo”.

El dictamen de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, al que alude el proyecto, “reconoce que los actos soberanos de un Estado, realizados mediante leyes del Congreso Nacional de acuerdo a la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico argentino, no pueden ser considerados por tribunales extranjeros por debajo de los estatutos de sociedades comerciales ni de los contratos comerciales privados”.

Crítica a la gestión Macri en el pago a los fondos buitres

En el tramo final del proyecto de declaración, Kirchner exige una revisión política de los actos vinculados a los fondos buitres durante el gobierno de Mauricio Macri, y realiza una comparación con el caso YPF: “Si en 2016 se hubiera mantenido la resistencia jurídica y política que se sostuvo en el caso YPF, la Argentina podría haber evitado el ciclo de endeudamiento posterior. Pagar en 2016 fue una decisión ideológica y de ‘mercado’; resistir en el caso YPF fue una decisión de ‘Estado’”, según fundamenta el texto presentado.

Adicionalmente, la propuesta califica la sentencia de 2023 de la jueza Loretta Preska como “motivada políticamente” y describe las órdenes de la corte como intentos de “asfixia financiera” contra la autonomía argentina, según consta en los fundamentos legislativos. El proyecto reivindica la defensa judicial como política de Estado más allá de los cambios de administración y afirma: “Este fallo, que revoca la sentencia de primera instancia, pone freno a una extorsión financiera que pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos/as por un monto superior a los 16.100 millones de dólares”.

De acuerdo al proyecto, la decisión judicial “es el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital. Al expresar nuestro beneplácito, no solo festejamos un ahorro de miles de millones de dólares, sino que reivindicamos el derecho de la República Argentina a decidir sobre sus recursos naturales y su marco normativo interno sin tutelajes coloniales de tribunales extranjeros”.

Firman el proyecto de declaración, junto a Kirchner, los diputados Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Gabriela Estévez, Teresa García, Mario Manrique, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Vanesa Siley y Julia Strada.