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Lorenzo Natali se encuentra “estable” luego de sufrir un ACV

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El actual diputado provincial Lorenzo Natali, permanece internado en el Hospital Privado del Sur tras haber padecido este lunes a la noche un Accidente Cerebro Vascular.

El último parte médico, brindado por el nosocomio durante la tarde del miércoles, señaló que el ex conductor radial se encuentra “estable”. En ese sentido, informaron también que los profesionales clínicos se encuentran expectantes respecto a su “evolución en las próximas horas, que son las mas complicadas”, detallaron

Sobre las acciones que se tomaron respecto a Natali, apuntaron que “le colocaron un drenaje”. Se recuerda que en 2020 le habían descubierto una insuficiencia cardíaca que requirió una operación de urgencia a corazón abierto.

Fuente: Frenteacano.

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El Congreso busca prohibir los celulares en cárceles tras la extorsión que derivó en la muerte de un soldado en Olivos

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El Congreso de la Nación pone bajo la lupa el uso de celulares en las cárceles, esta vez con un proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Silvana Giudici, que busca prohibirlos de manera total y con rango legal, en un contexto marcado por el crecimiento de las extorsiones digitales, las bandas que operan desde el interior de los penales y el caso de una extorsión desde penales bonaerenses que derivó en el suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino, destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos.

La iniciativa propone modificar la Ley 24.660, que regula las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad —incluidos sus derechos, obligaciones y el funcionamiento del régimen penitenciario—, para establecer de manera explícita la prohibición del uso de teléfonos celulares en los establecimientos carcelarios de todo el país. “Los delitos cometidos desde las cárceles deben ser erradicados”, planteó Giudici. Y agregó: “Las estructuras del crimen organizado y también las que se dedican a extorsión o estafas digitales se vieron favorecidas por decisiones que, con la excusa de la pandemia, permitieron el uso de celulares en los penales”.

El proyecto cuenta con el respaldo de más de 50 diputados y apunta a cerrar una brecha que permitió la expansión de delitos complejos con base en las cárceles.

lejos con base en las cárceles

Prohibición total y sanciones más duras

El texto legislativo propone la incorporación del artículo79 bis que establece: “Prohíbase la tenencia, uso, facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio, de dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación, incluyendo teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la transmisión de voz, datos o acceso a redes de comunicación, por parte de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios”.

El mismo artículo dispone: “Queda exceptuado el equipamiento informático instalado y expresamente autorizado por la autoridad penitenciaria competente, en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social, bajo condiciones de uso controlado.”

Es necesario establecer con claridad que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares como parte de las restricciones propias de la pena”, sostuvo Giudici ante una consulta de este medio.

La única excepción prevista en el proyecto de ley que impulsará el bloque de diputados de La Libertad Avanza es el uso de equipamiento informático autorizado para fines educativos, laborales o de reinserción social, siempre bajo control de las autoridades penitenciarias.

Del control a la expansión del delito

El proyecto también repasa los antecedentes recientes. Hasta 2019, el régimen penitenciario mantenía un criterio restrictivo respecto al uso de celulares. Sin embargo, en 2020, en el marco de la pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández, se habilitó su utilización ante la suspensión de visitas.

Según la autora de la iniciativa, esa decisión derivó en un cambio profundo: “Se alteró el sistema de control y eso generó un crecimiento de estafas, extorsiones, amenazas y delitos organizados desde las cárceles”.

Entre los antecedentes se mencionan desde estafas telefónicas hasta la continuidad de operaciones de bandas criminales desde prisión, incluso en casos vinculados al narcotráfico.

El caso que expuso el problema

El punto de inflexión fue el caso de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos.

Gómez atravesaba una etapa de vulnerabilidad emocional lejos de su familia. En ese contexto, inició una conversación a través de una aplicación de citas con un perfil femenino que se identificaba como “Julieta”, de 19 años. Durante varios días intercambió mensajes, audios y fotos sin advertir señales de peligro.

Detrás de ese perfil no había una persona real, sino una organización delictiva que operaba desde los penales bonaerenses de Magdalena y Olmos.

Según se informó oficialmente, la extorsión se inició con la creación de un perfil falso en la aplicación de citas Evermatch, bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. A partir de allí, se estableció un contacto destinado a generar confianza con la víctima, mediante mensajes y el envío de imágenes genéricas que no mostraban rostros.

Una vez consolidado ese vínculo, se activaba el mecanismo central de la estafa: la aparición de una supuesta “madre alterada” y la difusión del denominado “audio del terror”, en el que se acusaba a la víctima de haber mantenido una relación virtual con una menor de 17 años y se la increpaba con insultos y amenazas.

El siguiente paso incluía un llamado telefónico de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien aseguraba que existía una denuncia penal en curso y que era necesario realizar pagos urgentes para evitar consecuencias judiciales graves. Para dotar de verosimilitud al engaño, los estafadores usurparon la identidad de un agente real de la Policía de la Ciudad, identificado como M. N. C., cuya documentación fue utilizada sin su conocimiento.

La escena era completamente falsa, pero estaba diseñada para generar pánico inmediato. Las transferencias de dinero exigidas se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido mediante distintas operaciones para dificultar su rastreo.

Lejos de concluir tras los primeros pagos, la presión continuaba. Las víctimas eran sometidas a nuevas exigencias económicas bajo amenazas reiteradas, con el argumento de que la causa judicial seguía avanzando o que había nuevos costos para “cerrar el problema”.

Según la investigación encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, se trató de una maniobra de extorsión sexual organizada desde el interior de las cárceles, replicada con distintas víctimas.

En el caso de Gómez, la acumulación de deudas y la sensación de no tener salida quedaron reflejadas en la carta que dejó antes de morir, documento que fue central para comprender el alcance del daño provocado por la banda.

La magistrada dispuso peritajes digitales, análisis de cuentas bancarias, rastreo de líneas telefónicas e intervenciones simultáneas en cárceles y domicilios de la provincia de Buenos Aires. Así, se estableció que el núcleo de la organización funcionaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, donde internos utilizaban celulares ingresados ilegalmente para coordinar perfiles falsos, grabar audios, realizar llamadas y administrar el dinero.

Para la diputada Giudici, el episodio marca un límite: “Lo que pasó con Rodrigo Gómez demuestra hasta dónde puede llegar el delito organizado desde las cárceles cuando no hay controles efectivos”.

En ese marco, la ex presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) insiste en la necesidad de una solución estructural: “Es necesario acompañar desde el Congreso con una ley nacional que establezca con claridad y jerarquía que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares”.

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Kicillof recibió a Pablo Moyano luego de las protestas de Camioneros a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro

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El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intervino personalmente y mantuvo una reunión en la sede de la Gobernación con el secretario adjunto de CamionerosPablo Moyano, el secretario gremial Marcelo Aparicio, y los referentes sindicales Damián Comas (seccional La Costa) y Miguel Forte (seccional La Plata) tras una serie de protestas impulsadas por el sindicato en La Plata y Villa Gesell. En esos municipios asoman, con diferente proyección, conflictos con trabajadores de las empresas encargadas de la limpieza y recolección de residuos. Un termómetro que pone en alerta al resto de los jefes comunales y particularmente del peronismo provincial.

El clima de tensión se intensificó luego de que el intendente de Villa GesellGustavo Barrera, dispusiera el cese del servicio de barrido en el centro de la localidad, medida que implicó el despido de cerca de cuarenta empleados de la empresa Santa Elena. En La Plata, se evalúa una reorganización del personal afectado a la limpieza urbana, lo que motivó la advertencia de la seccional local de Camioneros. El gremio sostiene que “no va a haber un solo despido” y reclama la reincorporación inmediata de los trabajadores desvinculados, sobre todo en Gesell. Fuentes del ejecutivo platense aseguraron a este medio que “no hay tal conflicto” y que el único pedido que se le hizo a la empresa -Esur- es que no haya despidos.

Durante la reunión con el gobernador, Moyano expuso la preocupación del sindicato y exigió garantizar la estabilidad laboral de los compañeros en conflicto. Fuentes cercanas al encuentro indicaron que Kicillof se comprometió a buscar una solución urgente y ordenó a los ministros Carlos Bianco (Gobierno) y Walter Correa (Trabajo) conformar una mesa de diálogo con los intendentes y los representantes gremiales. El asunto allí es que el tema no escale a otros distritos. Además, políticamente, también fue un llamado de atención al interior del peronismo, toda vez que tanto el gesellino Gustavo Barrera como el platense Julio Alak son kicillofistas de la primera hora.

En un comunicado posterior al encuentro, Pablo Moyano expresó: “El único compromiso que asumimos es defender los puestos de trabajo, como lo hicimos siempre”. El dirigente agradeció la predisposición del gobernador para atender el reclamo del sindicato, según consta en la comunicación difundida en redes sociales.

Los intendentes argumentan que hay una caída de la coparticipación que reciben los municipios de parte de la Provincia por la caída en la recaudación y que recién en abril recibirán el primer desembolso del fondo prometido por Kicillof por el endeudamiento votado a finales del año pasado en la Legislatura bonaerense. El caso de Gesell parece más complejo, ya que el distrito ni siquiera tiene presupuesto propio porque la oposición no se lo votó. “No podemos pagar más el servicio de barrido. Son veinte cuadras del centro que podemos cubrirlo con el personal municipal”, describieron cerca del jefe comunal. Hasta el cierre de esta nota, desde el Ejecutivo provincial no se habían comunicado con el intendente.

En los actos realizados en Villa Gesell -donde además Pablo Moyano cruzó fuertemente al intendente- Camioneros viene planteando que si se efectivizan los despidos se parará la recolección de residuos en toda la Provincia. Por eso, se sigue con zigilo los movimientos en esta dinámica peronista.

La situación en Villa Gesell también generó posturas encontradas entre el municipio y la empresa concesionaria. Según explicó el gobierno local a Infobae, la rescisión del servicio se ajustó al contrato y la responsabilidad de los despidos recae en la prestadora. El sindicato rechaza ese argumento y exige la reincorporación de los trabajadores afectados.

El gobierno provincial busca evitar una escalada del conflicto y conservar la prestación de un servicio esencial en el territorio bonaerense.

En el caso de La Plata, el conflicto podría desatarse ante la empresa Esur. Días atrás hubo un plenario general del que partició Pablo Moyano. En el gremio hablan de la posibilidad de 150 despidos. “Estamos hablando de más de 150 familias que pueden quedar en la calle de un día para el otro. No lo vamos a permitir”, sostuvo Moyano, quien remarcó que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización.

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Milei envió al Senado los pliegos para cubrir 62 vacantes en la Justicia: quiénes son los candidatos a camaristas, jueces, fiscales y defensores

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Javier Milei envió al Senado la postulación de 50 jueces, cinco defensores, un fiscal y seis conjueces para cubrir 62 de las más de 300 vacantes que persisten en el Poder Judicial de la Nación. “Todos los pliegos de esta primera tanda, firmados por el Presidente”, confirmó el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en su cuenta de X.

Los pliegos, según pudo confirmar Infobae, ingresaron al Senado en dos tandas a lo largo del lunes. La mayoría de los cargos corresponde a tribunales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano bonaerense. Serán girados a la Comisión de Acuerdos, pero no podrán ser tratados hasta que tomen estado parlamentario en una sesión de la Cámara alta. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, señaló que su intención es que el Senado sesione la semana próxima.

De las más de 300 vacantes judiciales existentes, el Poder Ejecutivo propuso cubrir 62 cargos en esta primera etapa, con postulaciones dirigidas principalmente a tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. El proceso requiere que los pliegos sean analizados primero por la Comisión de Acuerdos del Senado y luego tratados en sesión, lo que podría ocurrir la semana próxima, según anticipó la conducción oficialista.

Entre las designaciones se destaca la de Emilio Rosatti, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Es hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y, al mismo tiempo, presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo que elaboró la terna de la que el Ejecutivo lo seleccionó. Desde el entorno del magistrado aclararon que Horacio Rosatti no participó del plenario en el que se votó esa terna, que salió por unanimidad con 19 consejeros, y que el candidato ingresó al Poder Judicial casi diez años antes que su padre.

En la misma tanda figuran Ana María Cristina Juan, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la investigación por el caso $LIBRA; y María Julia Sosa, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires, secretaria del juzgado federal del juez Julián Ercolini.

Los 62 pliegos son un primer movimiento sobre un problema de escala mayor. El 36,5% de los cargos que integran la justicia nacional y federal está vacante. A ese ritmo, según la preocupación que circula en el entorno de la Corte Suprema, ese número podría escalar al 42% en julio. La situación es todavía más crítica en la Procuración que conduce Eduardo Casal: el 46% del Ministerio Público está sin cubrir, y en esta primera tanda Mahiques incluyó un cargo del Ministerio Público Fiscal.

Un dato que no pasó inadvertido: ninguno de los pliegos enviados corresponde a Comodoro Py, el fuero federal donde se investigan los casos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. El 31% de los tribunales de Retiro está vacante y hay siete fiscales federales con trámites jubilatorios iniciados.

El nuevo reglamento que el Senado aprobó el 18 de marzo establecer que los pliegos deberán publicarse con al menos 15 días corridos de anticipación a la audiencia pública y comunicarse a los poderes legislativos provinciales cuando los cargos correspondan a jurisdicciones del interior.

Lo que sigue es la negociación en el Senado —donde el oficialismo no tiene mayoría propia— y la definición de qué viene en la segunda tanda.

Listado completo de pliegos, por jerarquía

Cámara Nacional de Casación

1- Nicolás Grappasonno — Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Cámaras de Apelaciones y Tribunales Orales Federales

2- Emilio Santiago Faggi — Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala 3

3- Lureano Alberto Durán — Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala 3

4- Yamile Susana Bernan — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

5- Santiago Quián Zavalía — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

6- Paula Andrea Castro — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

7- Samanta Claudia Biscardi — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

8- Osvaldo Felipe Pitrau — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

9- Analía Victoria Romero — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

10- Lucila Inés Córdoba — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K

11- Alejandro Javier Catania — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico

12- Juan Pedro Galván Greenway — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico

13- Jorge Djivaris — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal

14- Walter Fabián Carnota — Vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social

15- Fernando Strasser — Vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social

16- María Verónica Micheli — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires

17- Carlos Fabián Cuesta — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires

18- María Julia Sosa — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires

19- Claudio Ricardo Silvestri — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires

20- Pablo Ezequiel Wilk — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, provincia de Buenos Aires

21- Pablo Javier Flores — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires

22- Javier Matías Arzubi Calvo — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín, provincia de Buenos Aires

23- Nicolás Ramón Ceballos — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal

24- Ricardo Santiago Lombardo — Juez de Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal

25- Ivana Sandra Quinteros — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal

26- Nicolás Antonio Pacilio — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal

27- Hugo Fabián Decaría — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal

28- Federico Novello — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Capital Federal

Jueces federales

29- Gerardo Daniel Cacace — Juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa, provincia de Formosa

30- Emilio Rosatti — Juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, provincia de Santa Fe

31- Walter Alberto Rodríguez — Juez del Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Santa Fe, provincia de Santa Fe

32- Ana María Cristina Juan — Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires

33- Diego Allievi — Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10 de la Capital Federal

34- María Laura Ameri — Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 3 de la Capital Federal

Jueces nacionales en lo Criminal y Correccional

35- María Gloria Capanegra — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal

36- Santiago José Jaimes Munilla — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal

37- Pablo Federico Moya — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 de la Capital Federal

38- Laura Fabiana Kvitko — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 de la Capital Federal

39- Santiago Alberto Poncio — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal

40- Paula Fuertes — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal

41- Soledad Eugenia Mariño — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal

42- Ignacio Labadens — Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal

Jueces nacionales en lo Civil

43- Laura Wiszniacki — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62 de la Capital Federal

44- Ezequiel Javier Sobrino Reig — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 80 de la Capital Federal

45- Julián Herrera — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal

46- Juan Martín Balcazar — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 95 de la Capital Federal

47- Germán Augusto Degano — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 de la Capital Federal

48- Javier Alberto Santiso — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal

49- Santos Enrique Cifuentes — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 de la Capital Federal

Fuero Comercial

50- María Agustina Boyajian Rivas — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22 de la Capital Federal

Fiscalías

51- Juan Andrés Moldes — Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico, Fiscalía N° 1

Defensores

52- María Inés Reston — Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1

53- Felipe Alberto Alliaud — Defensor Público Curador, Defensoría Pública Curaduría N° 4

54- Marcela Lorena Sasso — Defensora Pública de Menores e Incapaces, Defensoría N° 3

55- Verónica Mabel Polverini — Defensora Pública de Menores e Incapaces, Defensoría N° 7

56- Lucas Marcelo Bellotti San Martín — Defensor Público de Menores e Incapaces, Defensoría N° 2

Conjueces

57- Lucila Califano — Conjuez de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil con competencia en asuntos de familia y capacidad de las personas

58- Paula Diana Marinkovic — ídem

59- Claudia Inés D’Acunto — ídem

60- Ramiro Santo Fare — ídem

61- Raúl Augusto Montesano — ídem

62- Adrián Jorge Hagopian — ídem

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