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Política Nacional

Los partidos gastaron 770 millones de pesos en las campañas para las PASO

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Los partidos políticos, agrupados en varias alianzas, declararon que gastaron más de 770 millones de pesos en las campañas electorales presidenciales y de legisladores nacionales para las PASO del 11 de agosto pasado.

Así lo revela un informe del Observatorio para el Control de Gastos de Campaña de la ONG Poder Ciudadano que suma los gastos para las fórmulas presidenciales, más los de senadores y diputados nacionales. La alianza electoral que dice que más gastó fue Juntos por el Cambio (Mauricio Macri-Miguel Pichetto) con 321 millones, seguido por El Frente de Todos (Alberto Fernández-Cristina Kirchner) con 139 millones, señala el informe de la ONG que tiene como director ejecutivo a Pablo Secchi.

Se estima que el Estado ya desembolsó “unos 4 mil millones” para los gastos logísticos para la organización de las PASO. Esta cifra sale de estimar que el costo de las PASO fue “el 40 por ciento de los 10 mil millones previstos en el presupuesto para organizar todas las elecciones nacionales de este año”, explicó un experto a Clarín. Entonces, las PASO costaron en total 4.770 millones de pesos.

La oficina de presupuesto del Congreso estimó que la emergencia alimentaria aprobada por ley costará unos 10 mil millones de pesos. Es decir, que las PASO insumieron la mitad de esa ley reclamada por los movimientos sociales.

De todos modos, los informes de gastos e ingresos de campaña falta aún que sean auditados por el equipo de contadores de la Cámara Nacional Electoral que dirigen los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via para determinar si son cifras reales o “dibujadas”.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas por el ex presidente Néstor Kirchner para evitar fugas de candidatos y decidir todo dentro del Frente para la Victoria y, además, lograr más participación de la sociedad en las internas de los partidos. Pero este último objetivo no se logró, ya que prácticamente no hay competencias internas sino candidatos avalados por consenso. El gobierno de Mauricio Macri intentó, el año pasado, derogar las PASO pero no consiguió los votos necesarios en el Congreso.

El gasto de 770 millones surge de la información presentada en los informes que los partidos políticos presentaron ante los juzgados federales con competencia electoral. La información analizada abarca los informes presentados a la Justicia Electoral hasta el 7 de octubre de 2019, representando el 72.4% del universo total de rendiciones obligatorias para las agrupaciones partidarias para esta instancia electoral, explicó Secchi.

El informe precisa que los partidos declararon ingresos por 772.000.000 y gastos por 774.000.000.

Los ingresos de ese total provinieron de un aporte del gobierno de 477.000.000 millones. Este se divide en 157 millones de aporte extraordinario y 320 millones para imprimir las tradicionales boletas sábana que el peronismo se resiste a cambiar por una boleta única con todos los candidatos. El resto fueron así: 250 millones provenientes de donaciones privadas y otros 44 millones de transferencias de otros distritos partidarios.

En cuanto a los gastos se dividieron así: 377 millones en gastos operativos de campaña, 387 millones en publicidad, 459.000 de transferencias a otros distritos y 8.660.000 en “otros gastos”.

En cuanto al ránking de los ingresos lo encabeza al alianza Juntos para el Cambio (Mauricio Macri) que declaró 321 millones; el Frente de Todos (Alberto Fernández), 142 millones; El Frente de Izquierda de los Trabajadores (Nicolás Del Caño), 52 millones; Consenso Federal (Roberto Lavagna), 42 millones; UNITE (José Luis Espert), 30; el Movimiento al Socialismo (Manuela Castañeira), 28 millones; el Frente Nos (Juan José Centurión), 22 millones; y el Frente Patriota (Alejandro Biondini), 8 millones, entre otros. Los gastos declarados por estas alianzas son prácticamente iguales a los ingresos.

Fuente: Clarín

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El Senado debate la nueva ley de discapacidad y hay dudas por el número para el dictamen

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Tras el festín de concesiones que la Casa Rosada le concedió a la oposición dialoguista y también al kirchnerismo para no perder en Diputados, el Senado intentaría dictaminar mañana -de haber número- la nueva ley de discapacidad. El objetivo principal es dejar atrás la emergencia que vence a fin del corriente año, en un área más que delicada y que trajo varios dolores de cabeza al Gobierno.

El plenario que miró hacia un costado la semana pasada y ahora buscará analizar la iniciativa es el de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Población y Desarrollo Humano. La primera es la de cabecera -tiene la responsabilidad de convocar- y la preside el libertario Agustín Monteverde (Capital Federal), mientras que la segunda es comandada por Alicia Kirchner (Santa Cruz).

La propuesta en cuestión, que obtuvo una mayoría de dos tercios en la Cámara baja -es decir, con casi nulas posibilidades de cambio alguno-, mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. En Diputados logró 236 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, tras descartar el ajuste que aún aparece en la versión original del Presupuesto 2027.

Puntos principales

El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.

Por pedido de los aliados, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

También se garantizó que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud).

Por otro lado, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y se previeron compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclaró que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo del proyecto se introdujeron mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.

En Diputados, una de las legisladores del oficialismo que se cargó la negociación al hombro fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado. No obstante, con el Ejecutivo en medio de insólitas internas y tras la pésima apuesta en el capítulo del Presupuesto 2027, el mileísmo tuvo que bajar los brazos y aceptar la mayoría de las condiciones dialoguistas para no dañar a Martín Menem. Sólo así se frenó la imposición cristinista de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre del año próximo.

Durante la sesión ocurrida en octubre, el oficialismo sí pudo patear la discusión sobre endeudamiento: regresó a comisión y, hasta ahora, no hay novedades ni movimiento alguno relacionado con el tema, que parece quedar en el olvido tras meses de crisis promocionadas por operadores de turno ante un problema que, no obstante, continúa a la vista.

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La visita del Papa también impacta en el Congreso: apuran el tema de discapacidad y renace el proyecto sobre ludopatía

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El Senado acaba de poner en marcha el trámite que, finalmente y después de muchas batallas, permitiría sancionar la ley sobre discapacidad antes de que concluya el período de sesiones ordinarias, a fin de mes. Mucho más comprometido en materia de fechas, el proyecto sobre ludopatía y apuestas online fue rescatado del olvido y podría ser tratado en la Cámara alta si los legisladores cumplen el compromiso expuesto ahora, a casi dos años de la aprobación en Diputados. Son dos temas reclamados por organizaciones civiles, especialistas en la materia y espacios opositores. Y también, desde hace rato pero con mayor eco en estos días, por la Iglesia Católica: la visita del Papa expone así su impacto político también en el Congreso.

Se trata de dos movimientos que, sin son coronados, quedarán expuestos como marcas concretas en una agenda que el Gobierno no vislumbraba cuando trascendió el viaje regional del Papa, que incluye a Uruguay en el inicio y a Perú en el final. Por entonces, se especulaba únicamente sobre el efecto enorme de la simple presencia de León XIV, sin considerar su mensaje amplio en un cuadro social como el de la Argentina.

Los días posteriores, pasada además la incertidumbre por la intervención quirúrgica que debió enfrentar el Papa, colocaron el foco en los puntos que viene destacando desde los primeros días de su pontificado, entre ellos los efectos del manejo de la IA en términos de poder, la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad y hasta el arte desde el punto de vista ontológico. Estarán presentes en su actividad pastoral. Y le darán marco a otros gestos, como la visita al Cottolengo Don Orione.

La confirmación de esa actividad, cuyo relieve creció en espejo con la incomodidad que se dejaba trascender desde pliegues del oficialismo, se produjo en momentos en que seguía abierto el debate sobre la emergencia en el área de discapacidad. El ruido había tenido un pico cuando llegó al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que incluía un ajuste intolerable incluso para legisladores oficialistas, dedicados a negociar una nueva iniciativa con socios y dialoguistas. Ese tejido le permitió a LLA amortiguar la ofensiva de la oposición más dura, que motorizaba la prórroga de la emergencia en el sector, resistida por el Gobierno, judicializada y cumplida sólo parcialmente.

Llegó en ese contexto la sesión de Diputados convocada por LLA y aliados luego de hacer fracasar el intento previo de la oposición. La Iglesia, para entonces, había realizado varios gestos a modo de reclamo para que el tema -en rigor, el panorama para el año que viene- fuera despejado y se asumiera el pago de las deudas, algo demandado por organizaciones del sector, desde familiares hasta prestadores. Hubo incluso un encuentro convocado por el ministro Mario Lugones al que asistieron integrantes de la Pastoral Social y de la Conferencia Episcopal Argentina.

El cuadro legislativo ya estaba cruzado por la cercanía de la visita papal. Y representantes de la Iglesia ratificaron su posición ante legisladores libertarios y de la oposición el día previo al tratamiento del tema en el recinto de Diputados, hace poco más de diez días. Al final, el oficialismo hizo concesiones ante la demanda de aliados para garantizar la efectividad de una nueva ley. Las tratativas incluyeron a espacios de la oposición y el texto -que toma en buena medida los puntos centrales de la emergencia- fue aprobado con 237 votos a favor. Esa postal, fuera de lo común, expuso una mayoría que no dejaría margen para contratiempos.

El interés se corrió entonces hacia la otra ala del Congreso. En principio, está previsto tratar el tema de discapacidad en plenario de comisiones, este miércoles. La agenda incluye más de un “expediente”, pero se supone que el texto aprobado por abrumadora mayoría en Diputados no debería enfrentar inconvenientes en el Senado. La duda, en todo caso, tendría que ver con la convocatoria en una semana de poca actividad legislativa. Los trascendidos indican que la idea es avanzar con el dictamen y sancionar la ley a fines de mes.

Más jugado de tiempo viene el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Es una cuestión sensible -no son novedad las advertencias sobre los efectos de enorme gravedad entre chicos y adolescentes, y su mundo familiar-, sin avance hasta ahora en el Senado. El proyecto fue aprobado en Diputados a fines de noviembre del 2024 y desde entonces, no logró avanzar, a pesar de reclamos y algún intento de abrir el debate.

El jueves último, la sesión de la Cámara alta anotó la aprobación por mayoría total de una moción de preferencia para que la iniciativa sea tratada antes de que pierda estado parlamentario, en el final de noviembre: en ese caso, quedaría en la nada como si no hubiese logrado la aprobación de una de las dos cámaras.

En lo que hace a la Iglesia, la secuencia previa a esa movida en el Senado está a la vista. El 19 de octubre, la Pastoral Social volvió a reclamar una respuesta del Congreso. Y una semana después, el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, reiteró el mensaje en una entrevista: dijo que el Senado estaba “dejando morir” el proyecto y advirtió sobre “intereses muy grandes” que operan para frenarlo.

Se verá ahora cómo se manejan los tiempos para superar la instancia de comisiones y pasar al recinto. No parece fácil, habida cuenta de las trabas registradas durante dos años. El contexto, por cierto, fue cambiando. Y la visita del Papa no es un elemento menor.

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Milei volvió a felicitar a Netanyahu y cuestionó a la izquierda internacional: “No defendemos a Israel por un capricho personal”

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Javier Milei

El presidente Javier Milei recibió el premio Gratitud de la Coalición Latina por Israel, realizada en la Iglesia Visión de Futuro, en Boedo, donde volvió a defender el alineamiento de la Argentina con Israel, felicitó a Benjamín Netanyahu por los resultados electorales y cuestionó a la “izquierda internacional”.

El premio fue entregado por Mario Bramnick, titular de la Coalición Latina por Israel, en reconocimiento al respaldo del Gobierno de Milei a Israel y al pueblo judío, la declaración de Jerusalén como capital israelí y el anuncio del traslado de la embajada argentina.

Antes de referirse al conflicto en Medio Oriente, Milei celebró la próxima visita del papa León XIV al país. “Quiero usar este espacio que reúne a representantes de multiples credos y religiones para celebrar la proxima visita del papa León XIV a la Argentina. La primera desde el paso de Juan Pablo II en 1987”, expresó durante la ceremonia.

El mandatario planteó: “Este acontecimiento servirá para reforzar nuestro compromiso con los valores judeocristianos, que constituyen los cimientos de Occidente y de los cuales emana nuestra grandeza como civilización”.

Luego, sostuvo que la visita papal reunirá a quienes comparten “una ascendencia religiosa común” y remarcó: “Habla de la importancia de la fe en nuestro presente. Presente que, dicho sea de paso, la necesita más que nunca”.

Milei se refirió al escenario político israelí y volvió a felicitar al primer ministro Benjamín Netanyahu por ser el candidato más votado. “Hoy más que nunca es necesario que Israel consolide un liderazgo fuerte y representativo, que le permita afrontar los desafíos de esta nueva etapa”, expresó.

El Presidente ya había saludado públicamente a Netanyahu días atrás, cuando el Likud se impuso como la fuerza más votada en los comicios, aunque sin conseguir por sí solo una mayoría para formar gobierno. En aquel mensaje, Milei afirmó que continuarían como aliados estratégicos.

“No defendemos a Israel por un capricho personal del presidente de la Nación, sino porque hoy es el baluarte de nuestros valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos”, dijo al justificar el alineamiento de su Gobierno con Israel

En ese sentido, señaló: “El terrorismo y el antisemitismo buscan romper con estos lazos y romper con nuestra confianza en los valores que nos unen. La Argentina sabe de qué habla cuando habla de terrorismo, porque lo conoce en carne propia”. Y continuó: “El atentado a la Embajada de Israel en 1992, y el de la AMIA en 1994 dejaron ciento catorce víctimas fatales inocentes. Hoy la Justicia reconoce que fueron crímenes de lesa humanidad y señala la responsabilidad de Irán y de Hezbollah”.

En ese marco, contrastó la política exterior de su administración con la que mantuvieron las gestiones anteriores a nivel nacional. “Mientras otros gobiernos firmaban un memorándum con Irán, nosotros firmamos uno con la democracia liberal de Israel”, afirmó.

El jefe de Estado sostuvo que las organizaciones terroristas reciben apoyo político e ideológico de sectores internacionales. “Los terroristas no están solos. Cuentan con el auxilio de la izquierda internacional, que trabaja día a día para esmerilar la confianza en los gobiernos liberales y allanar el terreno para quienes desde afuera atentan contra nuestro modo de vida”, manifestó.

Además, cuestionó los reclamos de sanciones y embargos contra Israel por sus acciones militares en el conflicto de Medio Oriente. “Cuando una democracia lucha contra terroristas que se esconden detrás de la población civil, solo critican a la democracia porque no puede evitar absolutamente todas las víctimas colaterales”, dijo.

“Cuando Israel lucha por su supervivencia, piden sanciones, embargos y limitaciones. Cuando Hamas extorsiona con rehenes o cuando el terrorismo bloquea las vías navegables del mundo, ellos solo culpan a Israel o a los Estados Unidos por no ceder ante su chantaje, ante su extorsión”, añadió.

El Presidente cerró su discurso con una advertencia: “Tener en claro que quien se mete con Israel, se mete con todo Occidente y que no descansaremos ni un segundo para resguardar el tesoro de nuestra herencia civilizatoria”.

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