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Política Nacional

Los partidos gastaron 770 millones de pesos en las campañas para las PASO

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Los partidos políticos, agrupados en varias alianzas, declararon que gastaron más de 770 millones de pesos en las campañas electorales presidenciales y de legisladores nacionales para las PASO del 11 de agosto pasado.

Así lo revela un informe del Observatorio para el Control de Gastos de Campaña de la ONG Poder Ciudadano que suma los gastos para las fórmulas presidenciales, más los de senadores y diputados nacionales. La alianza electoral que dice que más gastó fue Juntos por el Cambio (Mauricio Macri-Miguel Pichetto) con 321 millones, seguido por El Frente de Todos (Alberto Fernández-Cristina Kirchner) con 139 millones, señala el informe de la ONG que tiene como director ejecutivo a Pablo Secchi.

Se estima que el Estado ya desembolsó “unos 4 mil millones” para los gastos logísticos para la organización de las PASO. Esta cifra sale de estimar que el costo de las PASO fue “el 40 por ciento de los 10 mil millones previstos en el presupuesto para organizar todas las elecciones nacionales de este año”, explicó un experto a Clarín. Entonces, las PASO costaron en total 4.770 millones de pesos.

La oficina de presupuesto del Congreso estimó que la emergencia alimentaria aprobada por ley costará unos 10 mil millones de pesos. Es decir, que las PASO insumieron la mitad de esa ley reclamada por los movimientos sociales.

De todos modos, los informes de gastos e ingresos de campaña falta aún que sean auditados por el equipo de contadores de la Cámara Nacional Electoral que dirigen los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via para determinar si son cifras reales o “dibujadas”.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas por el ex presidente Néstor Kirchner para evitar fugas de candidatos y decidir todo dentro del Frente para la Victoria y, además, lograr más participación de la sociedad en las internas de los partidos. Pero este último objetivo no se logró, ya que prácticamente no hay competencias internas sino candidatos avalados por consenso. El gobierno de Mauricio Macri intentó, el año pasado, derogar las PASO pero no consiguió los votos necesarios en el Congreso.

El gasto de 770 millones surge de la información presentada en los informes que los partidos políticos presentaron ante los juzgados federales con competencia electoral. La información analizada abarca los informes presentados a la Justicia Electoral hasta el 7 de octubre de 2019, representando el 72.4% del universo total de rendiciones obligatorias para las agrupaciones partidarias para esta instancia electoral, explicó Secchi.

El informe precisa que los partidos declararon ingresos por 772.000.000 y gastos por 774.000.000.

Los ingresos de ese total provinieron de un aporte del gobierno de 477.000.000 millones. Este se divide en 157 millones de aporte extraordinario y 320 millones para imprimir las tradicionales boletas sábana que el peronismo se resiste a cambiar por una boleta única con todos los candidatos. El resto fueron así: 250 millones provenientes de donaciones privadas y otros 44 millones de transferencias de otros distritos partidarios.

En cuanto a los gastos se dividieron así: 377 millones en gastos operativos de campaña, 387 millones en publicidad, 459.000 de transferencias a otros distritos y 8.660.000 en “otros gastos”.

En cuanto al ránking de los ingresos lo encabeza al alianza Juntos para el Cambio (Mauricio Macri) que declaró 321 millones; el Frente de Todos (Alberto Fernández), 142 millones; El Frente de Izquierda de los Trabajadores (Nicolás Del Caño), 52 millones; Consenso Federal (Roberto Lavagna), 42 millones; UNITE (José Luis Espert), 30; el Movimiento al Socialismo (Manuela Castañeira), 28 millones; el Frente Nos (Juan José Centurión), 22 millones; y el Frente Patriota (Alejandro Biondini), 8 millones, entre otros. Los gastos declarados por estas alianzas son prácticamente iguales a los ingresos.

Fuente: Clarín

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Reconversión de empresas: advierten que “importar barato y vender caro es un negocio de corto plazo”

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El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas presentó un informe titulado “Menos industria y más lucro” en el que analizó el presente de distintas grandes empresas industriales de Argentina frente a la apertura importadora que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Analizaron los casos de Lumilagro, Adidas y Essen, entre otras firmas, que se reconvirtieron, cerraron líneas de producción y despidieron trabajadores, logrando de todos modos aumentar sus ganancias.

El economista e integrante del instituto, Gustavo García Zanotti, precisó esta mañana en diálogo con Radio Altos que con información aduanera evaluaron la situación de diversas compañías que en los últimos años avanzaron en una reconversión de su negocio.

“Si bien han cerrado alguna línea de producción y despedido personal, todas han incrementado su dinámica comercial a partir de la apertura importadora. Los mismos bienes que antes se producían en Argentina, pasaron a ser importados”, remarcó.

Según expuso, las importaciones crecieron en los últimos dos años a partir de la apreciación cambiaria y la reducción de aranceles, es decir, impuestos para proteger a la industria nacional: “Lo que está ocurriendo es que estas empresas están importando barato, a costo de países del sudeste asiático, muy barato a costo chino, y venden en nuestro país precio argentino”.

Allí se genera, indicó, una diferencia entre el costo unitario de importación y el valor de venta final de los bienes que le generan una ganancia bruta, en algunos casos importante, a las empresas.

Señaló que importar a bajo costo no se traduce en que las y los argentinos podrán comprar esos productos a precios más baratos que si se fabrican en nuestro país.

Como ejemplo, mencionó que el termo que Lumilagro trae de China tiene un costo unitario de importación de 5,8 dólares, alrededor de $8000, y en la tienda oficial la empresa lo vende a $44.000 sin impuestos. “Esa diferencia es la ganancia bruta unitaria: trae el producto a costo chino y lo vende a precio argentino”.

García Zanotti alertó sobre un problema que se está generando respecto a que esas ganancias que están obteniendo son a corto plazo. “Hay que ver hasta qué punto es sustentable en el tiempo porque si en el medio se despiden trabajadores, disminuirá el empleo a nivel agregado y por ende caerán los ingresos de todos los trabajadores golpeando a la demanda local en su conjunto”, subrayó.

Y agregó: “en un futuro cuando ese consumidor ya no tenga más trabajo, no tenga más ingresos, no podrá comprar y las empresas importadoras no podrán seguir vendiendo lo mismo”.

En ese punto, insistió en que se trata de un negocio a corto plazo, pero que en el futuro para el conjunto de los argentinos será un problema.

Sumado, dijo, a que Argentina perderá capacidades tecnológicas productivas que acumuló durante décadas. “La línea de producción que cerró o la olla que fue un emblema para la industria nacional y se empezó a importar, es irremplazable, son capacidades tecnológicas que se fueron acumulando durante un montón de décadas y que hubo incluso muchas veces transferencias tecnológicas por parte de agencias estatales como puede ser el CONICET o el INTI. Detrás hay tecnología y hay trabajo argentino que se destruyen porque hay un negocio de corto plazo de importar barato y vender más caro”, concluyó.

Fuente: Frente al cano.

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Especialistas cuestionan el ajuste en el SMN: “es parte de una campaña de desguace del Estado”

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizará este jueves 30 de abril un paro de actividades convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en la antesala del fin de semana largo por el Día del Trabajador.

La medida se da en medio del conflicto que viene escalando en las últimas semanas y que combina despidos, reformas y tensiones con el Gobierno nacional en un nuevo round de su política de desmantelamiento de servicios públicos claves.

En ese contexto, el vicepresidente del Centro Argentino de Meteorólogos, Juan Rivera dijo en Pulso Informativo que se trata de “una situación lamentable en la cual en este pseudo proceso de modernización se está tapando está intención de desmantelarlo“.

No obstante cuestionó que no hay ningún tipo de reemplazos para el personal despedido que se encarga de hacer mediciones en todo el país. “Ya hay muchas estaciones que no reportan información valiosa, sobre todo en horario nocturno que es el momento en el día en el que se dan procesos climáticos severos”, advirtió.

Sobre los dichos de Sturzenegger, que justificó la medida al hablar de maquinaria obsoleta, el especialista estimó que el SMN tiene una de las 100 computadoras más avanzadas del mundo para tener mejores pronósticos. Además se utiliza el mismo instrumental que países como Suiza, Alemania o Japón, es decir tienen estándares de calidad.

“Corremos con esa suerte de tener estas máquinas paradas y un sistema de radares de fabricación nacional sin personal para analizar esos datos que previenen fatalidades“, enfatizó también.

En la comparativa con otros países, detalló que “los planteles meteorológicos son estables o han tendido a crecer en el mundo. Incluso han logrado más presupuesto porque estamos en una época de cambio climático con frecuentes fenómenos graves”.

“A contramano de lo que pasa acá, internacionalmente han mostrado crecimiento y desarrollo en cuanto a sus sistemas de alertas. Para darse una idea, la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial es ex directora del SMN, por eso podemos decir que nuestro servicio es de vanguardia y reconocido en el mundo, pero no lo ven así quienes nos gobiernan”, deslizó Rivera.

Sobre el personal local dijo que “son totalmente falsos los dichos del ministro Sturzenegger” porque para ser observador de la atmósfera se requiere un año y medio de capacitación; y hoy hay más de 150 egresados. “No es solo leer el termómetro, es interpretar el estado del tiempo y todo un sistema de códigos que se deben volcar a la sede central para elaborar pronósticos y alertas”, subrayó.

“Es información científica para la soberanía nacional que se usa para las campañas a la Antártida, para la navegación comercial fluvial, la aeronavegación y hasta los pasos fronterizos, se usa en todas las actividades del país“, añadió.

Básicamente, opinó, “esto es parte de una campaña de desguace del Estado porque a alguien no le gustó que el SMN pertenezca a la elite mundial, porque somos un centro de formación y calibración instrumental”.

“Molesta que esos éxitos se hayan logrado en un gobierno de distinta bandera política, por lo que ahora se busca deteriorarlo aunque no se sabe bien con qué objetivo. Que Argentina pierda esta bandera no se entiende pero es parte de hacia adónde apuntan las relaciones internacionales del país, sumado al cierre del desarrollo tecnológico. Buscan bajar la bandera del lugar que tiene para depender de extranjeros”, concluyó.

Fuente: Frente al cano.

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Malvinas: medios británicos reflejaron los dichos de Villarruel sobre los isleños en medio de la creciente tensión diplomática

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La vicepresidenta de ArgentinaVictoria Villarruelles exigió a los habitantes de las Islas Malvinas que “vuelvan a Gran Bretaña” si “se sienten ingleses”, en una serie de publicaciones en X que los principales diarios británicos recogieron de inmediato. Las declaraciones llegaron en un momento de máxima tensión diplomática: días antes, la filtración de un memorándum interno del Pentágono había puesto sobre la mesa la posibilidad de que Washington retire su respaldo histórico a la soberanía del Reino Unido sobre el archipiélago.

“Hoy más que nunca, las Malvinas son argentinas”, escribió Villarruel en X. “La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre estados, por lo tanto el Reino Unido debe discutir bilateralmente con Argentina el reclamo que mantenemos por razones legales, históricas y geográficas. Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino; no son parte de la discusión“, añadió la vicepresidenta. En respuesta a un usuario que sostenía que “los isleños son argentinos”, Villarruel replicó: “Si se sienten ingleses, que vuelvan a los miles de kilómetros de distancia donde está su país.”

El detonante inmediato de la escalada fue la filtración, publicada el viernes 25 de abril por la agencia Reuters, de un memorándum interno elaborado por Elbridge Colby, principal asesor de política del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El documento, que circuló en los niveles más altos del Pentágono, listaba opciones para castigar a los aliados de la OTAN que se negaron a respaldar las operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán. Entre esas medidas figuraba la revisión del apoyo diplomático de Washington a lo que el texto denominó “posesiones imperiales europeas”, con las Islas Malvinas mencionadas de forma explícita.

La filtración sacudió a Londres. El portavoz oficial del primer ministro Keir Starmer respondió con contundencia: “La posición del Reino Unido es clara y no va a cambiar. Es una postura histórica e invariable, y así permanecerá.” La canciller Yvette Cooper fue más directa: “Las Islas Malvinas son británicas. La soberanía recae en el Reino Unido y la autodeterminación, en los isleños. No podríamos ser más claros”, declaró Cooper, citada por el Daily Mail. La tensión de fondo tiene raíces en la guerra de Irán: el gobierno de Starmer, que se negó a sumarse a los ataques ofensivos aunque autorizó el uso de bases británicas con fines defensivos, acumuló fricciones con la administración Trump desde el inicio del conflicto.

Fue en ese contexto donde el presidente argentino Javier Milei tomó la iniciativa. A fines de la semana pasada, el mandatario publicó en X que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. El 43° aniversario de la guerra, el 2 de abril del año pasado, Milei había sido más explícito sobre su estrategia: “Cuando se trata de la soberanía sobre las Malvinas, el voto más importante es el que se hace con los pies, y esperamos que algún día los malvinenses decidan votar con los pies por nosotros. Por eso buscamos ser una potencia”, declaró entonces, según consignó el Daily Mail. Un año antes, el mandatario había admitido públicamente que las islas estaban “en manos del Reino Unido” y prometió recuperarlas por vías diplomáticas, reconociendo que no había “solución instantánea”.

The Telegraph reveló además una dimensión militar del conflicto diplomático que pasó casi inadvertida: Washington presionó al gobierno británico para que aceptara un acuerdo mediante el cual Estados Unidos armaría a Argentina con cazas F-16. Según tres fuentes citadas por el rotativo londinense, el Foreign Office recibió presiones en reuniones bilaterales. “Hubo reuniones en el Reino Unido y a Gran Bretaña se le dijo en términos inequívocos que así sería el trato”, relató una de las fuentes al diario. Argentina ya recibió una entrega de F-16 estadounidenses procedentes de Dinamarca a fines del año pasado, en lo que el Telegraph describió como “un ejemplo poco frecuente de aliados occidentales que arman a Buenos Aires“. El Reino Unido mantiene una prohibición estricta sobre la exportación de armas o componentes a Argentina debido a la disputa de soberanía.

El canciller argentino Pablo Quirno aprovechó la coyuntura para publicar en X que Argentina renueva “su voluntad de retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”. El gobierno de las Islas Malvinas respondió con una declaración en la que afirmó tener “plena confianza en el compromiso del gobierno del Reino Unido de defender nuestro derecho a la autodeterminación”, y recordó que el 99,8% de los votantes, con una participación del 92%, optó en el referéndum de 2013 por permanecer como territorio de ultramar británicoArgentina no reconoce la validez de ese plebiscito.

La oposición conservadora británica cerró filas con el gobierno. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, comparó la posición de la administración Trump con sus comentarios sobre la anexión de Groenlandia: “Es una absoluta tontería. Las Islas Malvinas son británicas. La soberanía es soberanía británica”, declaró. Desde el partido Reform, su líder Nigel Farage tiene previsto viajar a Argentina en otoño para transmitirle a Milei en persona que mantener las Malvinas bajo bandera británica es “no negociable”, según informó el Daily Mail.

La guerra de las Malvinas de 1982 costó la vida a 255 militares británicos, tres isleños y 649 soldados argentinos, tras diez semanas de combates que concluyeron con la rendición de las fuerzas de Buenos Aires ante la fuerza de tareas enviada por Margaret Thatcher. En aquel conflicto, Estados Unidos bajo la presidencia de Ronald Reagan respaldó a Gran Bretaña, un antecedente que hoy adquiere nueva relevancia ante la posibilidad de que la administración Trump revierta esa posición histórica.

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