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Política Nacional

Los partidos gastaron 770 millones de pesos en las campañas para las PASO

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Los partidos políticos, agrupados en varias alianzas, declararon que gastaron más de 770 millones de pesos en las campañas electorales presidenciales y de legisladores nacionales para las PASO del 11 de agosto pasado.

Así lo revela un informe del Observatorio para el Control de Gastos de Campaña de la ONG Poder Ciudadano que suma los gastos para las fórmulas presidenciales, más los de senadores y diputados nacionales. La alianza electoral que dice que más gastó fue Juntos por el Cambio (Mauricio Macri-Miguel Pichetto) con 321 millones, seguido por El Frente de Todos (Alberto Fernández-Cristina Kirchner) con 139 millones, señala el informe de la ONG que tiene como director ejecutivo a Pablo Secchi.

Se estima que el Estado ya desembolsó “unos 4 mil millones” para los gastos logísticos para la organización de las PASO. Esta cifra sale de estimar que el costo de las PASO fue “el 40 por ciento de los 10 mil millones previstos en el presupuesto para organizar todas las elecciones nacionales de este año”, explicó un experto a Clarín. Entonces, las PASO costaron en total 4.770 millones de pesos.

La oficina de presupuesto del Congreso estimó que la emergencia alimentaria aprobada por ley costará unos 10 mil millones de pesos. Es decir, que las PASO insumieron la mitad de esa ley reclamada por los movimientos sociales.

De todos modos, los informes de gastos e ingresos de campaña falta aún que sean auditados por el equipo de contadores de la Cámara Nacional Electoral que dirigen los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via para determinar si son cifras reales o “dibujadas”.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas por el ex presidente Néstor Kirchner para evitar fugas de candidatos y decidir todo dentro del Frente para la Victoria y, además, lograr más participación de la sociedad en las internas de los partidos. Pero este último objetivo no se logró, ya que prácticamente no hay competencias internas sino candidatos avalados por consenso. El gobierno de Mauricio Macri intentó, el año pasado, derogar las PASO pero no consiguió los votos necesarios en el Congreso.

El gasto de 770 millones surge de la información presentada en los informes que los partidos políticos presentaron ante los juzgados federales con competencia electoral. La información analizada abarca los informes presentados a la Justicia Electoral hasta el 7 de octubre de 2019, representando el 72.4% del universo total de rendiciones obligatorias para las agrupaciones partidarias para esta instancia electoral, explicó Secchi.

El informe precisa que los partidos declararon ingresos por 772.000.000 y gastos por 774.000.000.

Los ingresos de ese total provinieron de un aporte del gobierno de 477.000.000 millones. Este se divide en 157 millones de aporte extraordinario y 320 millones para imprimir las tradicionales boletas sábana que el peronismo se resiste a cambiar por una boleta única con todos los candidatos. El resto fueron así: 250 millones provenientes de donaciones privadas y otros 44 millones de transferencias de otros distritos partidarios.

En cuanto a los gastos se dividieron así: 377 millones en gastos operativos de campaña, 387 millones en publicidad, 459.000 de transferencias a otros distritos y 8.660.000 en “otros gastos”.

En cuanto al ránking de los ingresos lo encabeza al alianza Juntos para el Cambio (Mauricio Macri) que declaró 321 millones; el Frente de Todos (Alberto Fernández), 142 millones; El Frente de Izquierda de los Trabajadores (Nicolás Del Caño), 52 millones; Consenso Federal (Roberto Lavagna), 42 millones; UNITE (José Luis Espert), 30; el Movimiento al Socialismo (Manuela Castañeira), 28 millones; el Frente Nos (Juan José Centurión), 22 millones; y el Frente Patriota (Alejandro Biondini), 8 millones, entre otros. Los gastos declarados por estas alianzas son prácticamente iguales a los ingresos.

Fuente: Clarín

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La CGT acusó al Gobierno de buscar “un show” en el Consejo del Salario Mínimo

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La CGT, las CTA y el Gobierno quedaron enredados en un nuevo conflicto luego de la reunión del Consejo del Salario MínimoVital Móvil, que define el sueldo mínimo en todo el país. Las centrales pegaron el portazo y vaciaron esa instancia, ante la negativa del Poder Ejecutivo de realizar el encuentro de forma presencial y la intención de fijar un nuevo ingreso lejos de las pretensiones del sindicalismo.

El salario mínimo está hoy en $376.600, luego de haber sido fijado por decreto en noviembre de 2025. Las tres centrales obreras habían llegado a una propuesta unificada: incrementarlo a $911.000 de manera inmediata y a $993 mil en diciembre. Sin embargo, decidieron de antemano no asistir, porque sabían cuál sería el resultado del encuentro.

La previa ya había entrado en un terreno pantanoso, porque la CGT solicitó formalmente que el intercambio “sea de manera presencial, porque creíamos que ya no se puede sostener la virtualidad”, explicó hoy Jerónimo, al puntualizar sobre uno de los motivo de la discordia. “No hay ninguna excusa para no juntarse presencialmente y verse la cara, y construir un debate y una discusión mucho más transparente y con un grado de credibilidad que refleje lo que realmente demanda el sector del trabajo”, sostuvo el jefe gremial en declaraciones al programa Futuro Imperfecto en radio Con Vos.

Y agregó: “Porque, si no, seguimos aportando a un show que quiere construir el Gobierno, en el que realmente no se discute ni se debate nada. Solamente uno va a terminar de darle la conformación para que ellos terminen unilateralmente decidiendo cuál es el número que mejor les cierre”.

En ese marco de negociación tripartita, encabezada por la secretaría de Trabajo, la propuesta de las cámaras empresarias planteó subas de 1,8% en septiembre 1,7% en octubre, con continuidad de ese esquema hasta abril del año próximo.

El pedido de la CGT, la CTA de los Trabajadores (CTA-T) y la CTA Autónoma (CTA-A) apuntaba a llevar el salario mínimo de $911.202 para julio y a $993.300 para diciembre “mínimamente, para que no sigamos debajo de la indigencia”. Sin embargo, el ajuste propuesto por las empresas apenas llegaba a $468.000 en abril del año próximo. La parte sindical consideró ese ajuste como “irrisorio”.

“Y es ahí cuando nosotros planteamos que no íbamos a convalidar esto y que nos retirábamos”, reveló.

El dirigente, que integra el triunvirato cegetista junto a Jorge Sola y Octavio Argüello, también rechazó las versiones sobre una supuesta intención oficial de llevar el salario mínimo a 1.000.000 de pesos brutos, en el marco de las negociaciones paritarias. Según planteó, esa cifra “no es la realidad de lo que ellos fueron a plantear” en el Consejo del Salario.

Según Jerónimo, esa versión se trata de una maniobra para “distorsionar la cuestión” y señaló que si el Ejecutivo busca construir un piso para las discusiones salariales, las negociaciones deberían partir de una canasta básica de $1.560.000, y no de 1.070.000 pesos.

La CGT evaluará el plan de acción

Tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario, el dirigente sindical anticipó que la semana próxima la central obrera se reunirá para definir los pasos a seguir.

“Seguiremos con nuestro plan de acción, que viene marcando distintos puntos de agenda, como fue la movilización por los endeudados”, indicó Jerónimo.

Consultado sobre la posibilidad de convocar a un paro, respondió que esa medida “nunca se descarta”. De todos modos, insistió que una decisión de ese tipo requiere una construcción previa y un nivel alto de consenso. “Si todos los problemas que tiene la Argentina los resolviéramos con un paro, hubiésemos hecho todos los paros que fueran necesarios. Me parece que no es la salida tampoco”, remarcó.

Y concluyó: “La salida de las resoluciones de los problemas que tiene la Argentina y el mundo del trabajo termina siendo política. Nosotros tenemos un rol institucional que es representar los derechos y los intereses de los trabajadores. Seguimos apelando a la responsabilidad que tiene este Gobierno para construir un ámbito, dialogar y disentir también para resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina”.

Ante el abandono de la parte sindical, lo previsible es que los funcionarios libertarios vuelvan a fijar por decreto el aumento del salario mínimo.

El SMVyM en las últimas décadas fue un valor de referencia importante para la economía, pero en el último tiempo se convirtió en un valor que define apenas los montos de los programas de ayuda social que el Estado otorga a personas en situación de pobreza extrema, o por subsidio de desempleo.

Según una investigación del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el salario mínimo perdió el 40,3 % de su valor entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

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Cautela en el Gobierno tras la advertencia de EEUU de rechazar la postura británica sobre las Islas Malvinas

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El histórico reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas se reactualizó en las últimas horas tras la advertencia de Estados Unidos de rechazar la postura británica sobre el archipiélago si no aumenta el gasto militar, algo que informó ayer The Telegraph.

Sin embargo, la postura del Gobierno es de “cautela y prudencia”, según supo este medio, y analizan que debe leerse en el marco de una estrategia de la administración Trump sobre los aliados de la OTAN, y no como un giro formal en la política exterior estadounidense. Washington mantiene oficialmente una postura de neutralidad sobre la soberanía, aunque reconoce la administración británica.

Según informó el medio británico, altos funcionarios del Pentágono estudian usar la cuestión de las Islas Malvinas para forzar al primer ministro Andy Burnham a elevar la inversión militar hasta el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), tal como exige la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El presupuesto que notificó el Tesoro británico generó una serie de críticas internas en Londres. Priti Patel, diputada del Partido Conservador, publicó en X que “el fracaso del Partido Laborista en comprometerse con el 3% del PBI en defensa nos ha dejado expuestos y ha dañado nuestra relación con nuestros aliados”.

El también conservador James Cartlidge fue más directo sobre la información de la advertencia norteamericana, reclamó un mayor gasto en Defensa y señaló: “Las Malvinas son británicas. Punto final”. El diputado laborista Adam Jogee coincidió en el fondo, aunque desde otro ángulo: “Seamos muy claros: las Malvinas son británicas. Así de simple”.

La ministra de la Mujer e Igualdad, Bridget Phillipson, evitó responder de manera directa respecto a la discusión que involucra a la cuestión de la soberanía sobre Malvinas durante una entrevista en LBC. “Estamos invirtiendo más que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría”, afirmó.

En abril de este año, y a modo de antecedente, Reuters difundió un correo interno del Pentágono que expuso las alternativas que Estados Unidos analizaba ante la negativa de algunos países europeos a respaldar las operaciones militares en la guerra contra Irán. Una de esas medidas, según la agencia, incluía la reconsideración del apoyo diplomático tradicional de Washington sobre la soberanía británica de las Islas Malvinas.

En aquel momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, minimizó el episodio y lo calificó de “un mail con algunas ideas”. En tanto, el portavoz de la oficina del entonces primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, fue contundente: “El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente”.

A su vez, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, afirmó a mediados de este mes que no hubo modificación en la postura de Washington respecto a las islas Malvinas y aseguró que la Casa Blanca continúa siendo neutral. “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, señaló a TN.

Buque británico en Ushuaia

Por otro lado, el canciller Pablo Quirno rechazó este viernes las críticas de la oposición por el amarre de un buque británico en el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego. En un largo texto publicado en X, aseguró que la presencia del buque VS Promise fue contratado por un consorcio petrolero que tiene la autorización del Ejecutivo provincial para operar en aguas argentinas.

“El buque es un petrolero contratado para transportar crudo producido en la Cuenca Marina Austral, en territorio argentino. Venía de Río Cullen (una monoboya en aguas abiertas), donde se carga el petróleo producido en los yacimientos fueguinos operados por Total Energies y sus socios. La propia provincia reconoce que fiscaliza esas operaciones: mide los volúmenes, controla la carga y certifica el origen del crudo que se exporta”, subrayó el canciller.

Desde el entorno del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melellahabían protestado de manera pública el lunes por la autorización de entrada del barco y alegó que existe una ley provincial que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de buques con bandera británica.

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Con una gira patagónica, el presidente de la UCR llamó a “construir una alternativa nacional”

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El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, llegó este sábado a Esquel para acompañar el proceso de renovación de autoridades del radicalismo chubutense. En el marco de una recorrida por el sur, planteó como objetivo “construir una alternativa nacional”, con un guiño a que el partido incida en las elecciones presidenciales de 2027.

La UCR está de pie, está marchando. Estamos construyendo un proyecto político que más temprano que tarde le va a dar a la Argentina un próximo presidente de la República Argentina”, afirmó en un intercambio con la prensa, en el que aclaró que hablar de posibles candidaturas un año antes del período electoral “es poner el carro adelante del caballo”.

El dirigente participó del Congreso y la convención provincial del radicalismo de Chubut en Esquel, donde 66 delegados eligieron a la nueva conducción partidaria, encabezada por el intendente de TrelewGerardo Merino. Durante el encuentro participaron el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, y la senadora nacional Edith Terenzi.

“Ser radical es generar transformaciones como lo hacen nuestros gobernadores, nuestros quinientos intendentes o nuestros vicegobernadores y ministros en gobiernos como el de Chubut”, consideró durante el acto proselitista.

Chiarella llegó ayer a Bariloche para iniciar una gira por la Patagonia andina que incluye Río Negro y Chubut. Por la mañana, se reunió con la diputada provincial Lorena Matzen y el ex intendente Marcelo Cascón, y por la tarde, estuvo en El Bolsón para visitar la Municipalidad y mantener una reunión de trabajo con funcionarios locales, empresarios y vecinos.

Con un telón de fondo partidario, Chiarella subrayó este sábado el hecho de integrar el gobierno de la provincia y llamó a “seguir construyendo este partido centenario y nunca perder protagonismo”. También destacó la presencia de delegados de todos los distritos y la elección de la nueva presidenta de la Juventud Radical, Agustina Barletta.

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