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Política Nacional

Los partidos gastaron 770 millones de pesos en las campañas para las PASO

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Los partidos políticos, agrupados en varias alianzas, declararon que gastaron más de 770 millones de pesos en las campañas electorales presidenciales y de legisladores nacionales para las PASO del 11 de agosto pasado.

Así lo revela un informe del Observatorio para el Control de Gastos de Campaña de la ONG Poder Ciudadano que suma los gastos para las fórmulas presidenciales, más los de senadores y diputados nacionales. La alianza electoral que dice que más gastó fue Juntos por el Cambio (Mauricio Macri-Miguel Pichetto) con 321 millones, seguido por El Frente de Todos (Alberto Fernández-Cristina Kirchner) con 139 millones, señala el informe de la ONG que tiene como director ejecutivo a Pablo Secchi.

Se estima que el Estado ya desembolsó “unos 4 mil millones” para los gastos logísticos para la organización de las PASO. Esta cifra sale de estimar que el costo de las PASO fue “el 40 por ciento de los 10 mil millones previstos en el presupuesto para organizar todas las elecciones nacionales de este año”, explicó un experto a Clarín. Entonces, las PASO costaron en total 4.770 millones de pesos.

La oficina de presupuesto del Congreso estimó que la emergencia alimentaria aprobada por ley costará unos 10 mil millones de pesos. Es decir, que las PASO insumieron la mitad de esa ley reclamada por los movimientos sociales.

De todos modos, los informes de gastos e ingresos de campaña falta aún que sean auditados por el equipo de contadores de la Cámara Nacional Electoral que dirigen los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via para determinar si son cifras reales o “dibujadas”.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas por el ex presidente Néstor Kirchner para evitar fugas de candidatos y decidir todo dentro del Frente para la Victoria y, además, lograr más participación de la sociedad en las internas de los partidos. Pero este último objetivo no se logró, ya que prácticamente no hay competencias internas sino candidatos avalados por consenso. El gobierno de Mauricio Macri intentó, el año pasado, derogar las PASO pero no consiguió los votos necesarios en el Congreso.

El gasto de 770 millones surge de la información presentada en los informes que los partidos políticos presentaron ante los juzgados federales con competencia electoral. La información analizada abarca los informes presentados a la Justicia Electoral hasta el 7 de octubre de 2019, representando el 72.4% del universo total de rendiciones obligatorias para las agrupaciones partidarias para esta instancia electoral, explicó Secchi.

El informe precisa que los partidos declararon ingresos por 772.000.000 y gastos por 774.000.000.

Los ingresos de ese total provinieron de un aporte del gobierno de 477.000.000 millones. Este se divide en 157 millones de aporte extraordinario y 320 millones para imprimir las tradicionales boletas sábana que el peronismo se resiste a cambiar por una boleta única con todos los candidatos. El resto fueron así: 250 millones provenientes de donaciones privadas y otros 44 millones de transferencias de otros distritos partidarios.

En cuanto a los gastos se dividieron así: 377 millones en gastos operativos de campaña, 387 millones en publicidad, 459.000 de transferencias a otros distritos y 8.660.000 en “otros gastos”.

En cuanto al ránking de los ingresos lo encabeza al alianza Juntos para el Cambio (Mauricio Macri) que declaró 321 millones; el Frente de Todos (Alberto Fernández), 142 millones; El Frente de Izquierda de los Trabajadores (Nicolás Del Caño), 52 millones; Consenso Federal (Roberto Lavagna), 42 millones; UNITE (José Luis Espert), 30; el Movimiento al Socialismo (Manuela Castañeira), 28 millones; el Frente Nos (Juan José Centurión), 22 millones; y el Frente Patriota (Alejandro Biondini), 8 millones, entre otros. Los gastos declarados por estas alianzas son prácticamente iguales a los ingresos.

Fuente: Clarín

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Adorni busca reactivar la gestión y convocó a una reunión de Gabinete mientras avanza la causa en su contra

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Manuel Adorni

En medio del intento del Gobierno Nacional por retomar la centralidad de la agenda, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión con todos los ministros en la Casa Rosada. Se trata del primer encuentro con todos los titulares de la cartera mientras avanza la causa por enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia.

Según pudo saber Infobae, la convocatoria está realizada para el próximo viernes a las 14 en el Salón Eva Perón. Se estima que participarán todos los ministros y resta saber si también estará presente el propio Javier Milei, quien viajará a Estados Unidos para disertar en el Instituto Milken el próximo miércoles.

Todo se da mientras el Poder Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa para motorizar el Congreso con intención de cumplir con la apuesta del mandatario, quien el 1° de marzo vaticinó “nueve meses ininterrumpidos de reformas”. Hasta ahora, desde la apertura de sesiones ordinarias a la fecha, el oficialismo solo conquistó la media sanción restante para habilitar los cambios en la Ley de Glaciares.

Tras el envío de nueve proyectos, entre los que destacan la reforma electoral, sin los votos necesarios, en los planes de la Casa Rosada figura la necesidad de avanzar en lo inmediato con la Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, y en paralelo, con el proyecto de Propiedad Privada y el tratamiento de varias decenas de pliegos a jueces, defensores y fiscales en el Senado.

El último encuentro del gabinete fue en abril pasado, donde el propio Milei fue quien encabezó la reunión y allí reiteró el respaldo para Adorni, quien ya era investigado por la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En el tramo en el que estuvo presente, el mandatario brindó una breve introducción general en materia política y dio algunos detalles del plan económico, pero además, les encomendó a sus funcionarios que “cumplan los objetivos” trazados en cada ministerio y “recuperen la agenda de gestión”. Además, solicitó de cara al plantel completo que centralicen las demandas de gestión con el ministro coordinador, lo que fue definido por más de uno como una acción “empoderadora”.

Luego, una vez que se retiró tanto el presidente como su hermana, Karina Milei, fue el ministro coordinador quien quedó a cargo del encuentro, en una nueva señal por ratificarlo que se suma a las decenas de gestos que dio el libertario durante las últimas semanas.

Sin embargo, ahora se conoció la declaración del contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las remodelaciones que se llevaron a cabo en la casa que Adorni compró en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. Según dijo ante la Justicia, el ex vocero pagó USD 245 mil en efectivo por las refacciones que se llevaron a cabo.

La cifra se suma a los más de USD 100.000 que gastó en un año junto a su esposa, Bettina Angeletti, y las deudas por 335.000 dólares que debe pagar, en su mayoría, antes de noviembre, todo incluido solamente en el segmento de propiedades.

El testigo se presentó antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, con documentación de relevancia para la causa por presunto enriquecimiento ilícito. También aportó su celular, para permitir que se haga una copia de su conversación con el jefe de Gabinete. Dejó el dispositivo porque borró mensajes, por lo que lo peritarán para recuperar la información.

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, recordó Tabar en diálogo con Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo. Confirmó además que el entonces vocero fue quien le pagó por sus servicios, siempre en efectivo y en negro, sin recibos.

Ya con la obra comenzada, entregó 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones. Según el testigo, Adorni se puso al día poco después, siempre con la misma modalidad de pago.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

En la casa, de unos 400 m², se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

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La UBA alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar por falta de financiamiento

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento que se aprobó el año pasado y alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar.

Ante este escenario, este martes a las 8.30 de la mañana los directores de la red de hospitales universitarios realizarán una conferencia de prensa frente al Hospital de Clínicas.
En ese sentido, señalaron que las instituciones que podrían ver afectado el funcionamiento son: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
De acuerdo a lo que sostienen los universitarios, el Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos bajo la planilla “Hospitales”. No obstante, la gestión de Javier Milei no ha transferido los fondos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, lo que representa una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones de pesos. Estos recursos deberían haberse ejecutado para cubrir insumos, mantenimiento y servicios básicos esenciales para la atención sanitaria.
La situación de los hospitales universitarios de la UBA es crítica: se atienden más de 700 mil personas por año en sus seis centros, lo que da cuenta del alcance y la importancia de su funcionamiento regular. El bloqueo en la transferencia de fondos impacta de manera directa en la provisión de servicios, la continuidad laboral de profesionales y trabajadores, y la posibilidad de sostener la atención a la comunidad.
La parálisis en la llegada de fondos refuerza la tensión instalada en el sistema universitario tras la sanción y puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma fue aprobada en 2025 por una amplia mayoría en el Congreso y ratificada posteriormente por la Justicia, luego de impugnaciones presentadas por el Ejecutivo nacional. A pesar de las garantías legales, los recursos no llegan a destino.
El reclamo de la UBA adquiere especial gravedad porque, según sindicatos docentes y no docentes, el Gobierno estaría incurriendo en una doble falta: el incumplimiento de la ley específica y la desatención de la Ley de Presupuesto vigente. De acuerdo con estos sectores, la situación compromete no solo el funcionamiento de los hospitales, sino también el derecho a la salud y a la educación pública.

Por su parte, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humanointimó a los rectores de las universidades a garantizar el dictado de clases y adoptar medidas en medio de la semana de paro docente que llevan adelante los profesores universitarios. En un comunicado, la cartera dirigida por Sandra Pettovello, mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, solicitó a las autoridades universitarias que informen las acciones tomadas para asegurar el derecho de los estudiantes a la educación, considerando que los paros impulsados por los gremios llegan a extenderse durante varias semanas.

En el documento oficial, se advirtió: “Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”.

El reclamo sobre el financiamiento se da nuevamente en vísperas de la próxima marcha federal universitaria convocada para el 12 de mayo. La movilización fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y se espera una amplia concurrencia en la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del interior.

Uno de los ejes centrales de la protesta es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a fines de marzo. Tras un fallo favorable a las universidades en diciembre, la Justicia volvió a exigir al Gobierno nacional el “cumplimiento inmediato” de los artículos referidos a la recomposición salarial y a las becas estudiantiles. En respuesta, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos.

Al respecto, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, remarcó: “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”.

El vicerrector añadió que esta situación ocurre porque “el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia. La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente”.

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Milei viaja nuevamente a los Estados Unidos con una agenda dedicada a la búsqueda de inversiones

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El Presidente Javier Milei viajará este martes a Estados Unidos para concretar una serie de encuentros con empresarios dedicados a las finanzas y la tecnología, además de exponer en la Conferencia Anual del Instituto Milken.

El cuarto viaje del mandatario a la potencia del Norte en el corriente año comenzará a las 13, cuando tome el vuelo que lo llevará hasta la ciudad de Los Ángeles. Lo acompañarán la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

De acuerdo a lo difundido por Presidencia, arribará a la ciudad norteamericana al otro día, cerca de la medianoche. El miércoles comenzarán sus actividades: tiene prevista una reunión con el presidente del Instituto, Michael Milken a las 14 (hora argentina). Posteriormente mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos.

En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina, que existen gracias a las leyes que impulsó. A las 18 (hora argentina), el economista realizará una disertación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken.

Según se puede leer en la página web de la entidad, el del miércoles es el evento anual más importante ya que “reúne a líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”.

“La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, indican desde la institución.

La comitiva partirá de regreso a la Argentina esa misma jornada en la noche angelina y tiene previsto el arribo a Buenos Aires a las 13.30 del jueves.

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