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Política Nacional

Los partidos gastaron 770 millones de pesos en las campañas para las PASO

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Los partidos políticos, agrupados en varias alianzas, declararon que gastaron más de 770 millones de pesos en las campañas electorales presidenciales y de legisladores nacionales para las PASO del 11 de agosto pasado.

Así lo revela un informe del Observatorio para el Control de Gastos de Campaña de la ONG Poder Ciudadano que suma los gastos para las fórmulas presidenciales, más los de senadores y diputados nacionales. La alianza electoral que dice que más gastó fue Juntos por el Cambio (Mauricio Macri-Miguel Pichetto) con 321 millones, seguido por El Frente de Todos (Alberto Fernández-Cristina Kirchner) con 139 millones, señala el informe de la ONG que tiene como director ejecutivo a Pablo Secchi.

Se estima que el Estado ya desembolsó “unos 4 mil millones” para los gastos logísticos para la organización de las PASO. Esta cifra sale de estimar que el costo de las PASO fue “el 40 por ciento de los 10 mil millones previstos en el presupuesto para organizar todas las elecciones nacionales de este año”, explicó un experto a Clarín. Entonces, las PASO costaron en total 4.770 millones de pesos.

La oficina de presupuesto del Congreso estimó que la emergencia alimentaria aprobada por ley costará unos 10 mil millones de pesos. Es decir, que las PASO insumieron la mitad de esa ley reclamada por los movimientos sociales.

De todos modos, los informes de gastos e ingresos de campaña falta aún que sean auditados por el equipo de contadores de la Cámara Nacional Electoral que dirigen los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via para determinar si son cifras reales o “dibujadas”.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas por el ex presidente Néstor Kirchner para evitar fugas de candidatos y decidir todo dentro del Frente para la Victoria y, además, lograr más participación de la sociedad en las internas de los partidos. Pero este último objetivo no se logró, ya que prácticamente no hay competencias internas sino candidatos avalados por consenso. El gobierno de Mauricio Macri intentó, el año pasado, derogar las PASO pero no consiguió los votos necesarios en el Congreso.

El gasto de 770 millones surge de la información presentada en los informes que los partidos políticos presentaron ante los juzgados federales con competencia electoral. La información analizada abarca los informes presentados a la Justicia Electoral hasta el 7 de octubre de 2019, representando el 72.4% del universo total de rendiciones obligatorias para las agrupaciones partidarias para esta instancia electoral, explicó Secchi.

El informe precisa que los partidos declararon ingresos por 772.000.000 y gastos por 774.000.000.

Los ingresos de ese total provinieron de un aporte del gobierno de 477.000.000 millones. Este se divide en 157 millones de aporte extraordinario y 320 millones para imprimir las tradicionales boletas sábana que el peronismo se resiste a cambiar por una boleta única con todos los candidatos. El resto fueron así: 250 millones provenientes de donaciones privadas y otros 44 millones de transferencias de otros distritos partidarios.

En cuanto a los gastos se dividieron así: 377 millones en gastos operativos de campaña, 387 millones en publicidad, 459.000 de transferencias a otros distritos y 8.660.000 en “otros gastos”.

En cuanto al ránking de los ingresos lo encabeza al alianza Juntos para el Cambio (Mauricio Macri) que declaró 321 millones; el Frente de Todos (Alberto Fernández), 142 millones; El Frente de Izquierda de los Trabajadores (Nicolás Del Caño), 52 millones; Consenso Federal (Roberto Lavagna), 42 millones; UNITE (José Luis Espert), 30; el Movimiento al Socialismo (Manuela Castañeira), 28 millones; el Frente Nos (Juan José Centurión), 22 millones; y el Frente Patriota (Alejandro Biondini), 8 millones, entre otros. Los gastos declarados por estas alianzas son prácticamente iguales a los ingresos.

Fuente: Clarín

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Reforma laboral y cuentas que no cierran: la mala racha de recaudación borró el debate de fondo

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Nadie, ni el Gobierno, ni las provincias ni los legisladores, discute en estas horas los temas gravitantes de la reforma laboral. El proyecto llegaría al recinto del Senado en apenas cinco días, el miércoles, según la cita impulsada por oficialistas, socios y dialoguistas. Eso mismo supone un acuerdo sobre buena parte del texto -con cambios poco difundidos- y la advertencia, al mismo tiempo, sobre la tensión final en torno del artículo tributario, es decir, el que proyecta una caída de fondos para las provincias. Resultado: una mezcla de confianza por la sanción en general e incertidumbre puntual, alimentada por la mala racha de la recaudación, que lleva seis meses y complica, bastante, los números nacionales y de cada distrito. De las cuestiones de fondo se habla poco y nada.

El cruce de especulaciones y suspicacias sobre la propuesta de rebaja en Ganancias para empresas es tal que van de la mano las alternativas -que las hay en conversaciones entre gobernadores y con operadores violetas- y la posibilidad de una caída de este tema. La ley es un objetivo de máxima para Olivos: la aprobación sería un mensaje fuerte por su sentido político antes que por los efectos prácticos, a medir en el tiempo. El interrogante es hasta qué punto podría llegar esa necesidad. ¿Soportaría Javier Milei un final que pueda ser interpretado como una cesión a los jefes provinciales?

El ejemplo más cercano es la sanción del Presupuesto 2026. El Gobierno celebró públicamente como un éxito el trámite de aprobación sobre el final de diciembre, en pleno vértigo de las Fiestas. Pero hacia adentro, lamentó dejar en el camino el capítulo que incluía el fin de las leyes de emergencia en el área de discapacidad y de financiamiento universitario. Ahora, hay quienes sostienen que Milei no aceptaría ceder con la baja de Ganancias para empresas incorporada al proyecto de reforma laboral.

Visto desde ese punto de vista, se trataría de una lectura sobre el mensaje político antes que tributario al mundo de las empresas. Entre los gobernadores, y en algunos contactos con Diego Santilli -dicen que también con Santiago Caputo-, se plantearon diversas salidas: postergar la aplicación de la baja de Ganancias, escalonarla o sujetarla a una mejora de ingresos que, según el Gobierno, provocaría la misma ley. Después, creció la sospecha de que tal vez Economía preferiría que directamente se caiga ese renglón del proyecto. Parece ilógico, pero para quienes siguen de cerca los números no lo sería.

La recaudación viene cayendo de manera significativa y sostenida desde hace seis meses, por diversos factores, entre ellos el retroceso o el freno del consumo, según el rubro y cada mes. El declive en términos reales arrancó en agosto, con un registro negativo de más de 2 puntos porcentuales, y superó en enero los 7 puntos. Eso impacta directamente en la relación con las provincias. Las transferencias generales disminuyeron sensiblemente en el primer mes de este año y medida sólo la coparticipación, osciló en los 8 puntos.
Los números, incuestionables hasta para la Oficina de Respuesta Oficial, exponen sobre qué tablero se mueve este aspecto de la reforma laboral. Y, según jefes provinciales de buen diálogo con el Gobierno, podría generar una especie de doble señal oficialista: por un lado, la necesidad de sostener el discurso de no admitir cambios sustanciales para coronar su iniciativa en el Senado; y por el otro, una realidad que deja márgenes reducidos para sacrificar recaudación.

A eso se añade un ingrediente político, sobre todo de manejo comunicacional. La decisión de avanzar con la iniciativa sin mucho debate dejó fuera de la agenda pública los puntos de la reforma que hacen a los cambios laborales. Y los avances con otros espacios en ese terreno terminaron de consagrar como tema fundamental el artículo tributario, es decir, los tironeos con las provincias. La resolución de este renglón podría opacar la lectura sobre los puntos centrales de la ley y, en caso de ceder, hasta dejaría un regusto amargo para Olivos.

El texto original incluyó algunos planteos polémicos o de previsible reclamo judicial de los jefes sindicales. Se verá en el recinto si los cambios acordados por el oficialismo en las tratativas con la oposición dialoguista -con Patricia Bullrich negociando aspectos no monetarios del dictamen de comisión- moderaron o no algunos de aspectos más cuestionables.

Según trascendió, habría algunas pinceladas para diferenciar el tratamiento entre pymes y grandes empresas. Un caso sería el del fondo para indemnizaciones que, de hecho, recortaría aportes patronales destinados al sistema previsional para derivarlos al FAL. Existen otros puntos que los jefes sindicales cuestionan y que, según advirtieron, podrían terminar con presentaciones judiciales. La señal política, medida en términos de nivel de consenso, también terminaría siendo un mensaje, en la perspectiva de demandas que podrían abrir el camino a la Corte Suprema.

El oficialismo apuntó, con sentido común, a las necesidades de asimilar en la ley los cambios producidos en el mundo del trabajo. También, manejó el discurso que pega sobre el desprestigio gremial -ganado con creces por buena parte de la dirigencia- aunque, en rigor, no se hable seriamente de una nueva ley sindical que es la que podría contribuir a modificar ese cuadro.

Como sea, en el recinto del Senado terminarán de conocerse los alcances de los artículos que exponen los trazos centrales de la reforma: convenios, banco de horas, vacaciones, servicios esenciales, entre otros títulos. Por el momento, está dicho, todo eclipsado por la pulseada de fondos con las provincias.

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Las delicadas negociaciones en el Congreso reavivaron luchas de poder que el Gobierno busca aplacar

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El gobierno nacional, ante la ausencia de adversarios externos, parece buscar conflictos puertas adentro. Las tensiones que atraviesan el ala sur y el ala norte de la Casa Rosada se replican en otros despachos oficiales, y el triángulo de hierro a menudo muestra fisuras.

En los últimos días resurgió una nueva etapa de desconfianza. Una interna palaciega vinculada tanto al futuro como al pasado, más que al presente.

Durante el reciente encuentro de la mesa política del Gobierno, realizado el miércoles pasado en la Casa Rosada, comenzó a evidenciarse una situación que se gestaba en el interior y ya había sido tema central en conversaciones privadas. La relación entre los principales referentes del oficialismo en el Congreso de la Nación, el diputado y presidente de la Cámara Baja Martín Menem y la senadora Patricia Bullrich, figura destacada de la Cámara Alta, atraviesa un momento tenso.

Menem mantiene un alineamiento con la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, mientras que Bullrich cuenta con un fuerte respaldo del Presidente Milei, aunque desarrolla su propio espacio. Esta última situación reaviva las tensiones.

“Cuando Patricia hablaba, Martín hacía gestos y no ocultaba su malestar”, señaló una fuente que participó del encuentro y que observó sorprendido esos movimientos. “El mundo de Karina no le tiene toda la confianza a Patricia porque tiene juego propio”, agregó en referencia a la hermana del Presidente. “Con la reforma, ella —por la ex ministra— se anota un gol importante y la idea es que vuele, pero no tan alto”, explicó la misma fuente.

Cercanos a la senadora reconocen la existencia de esos recelos, vinculados a su autonomía, aunque minimizan el conflicto asegurando que Bullrich mantiene un buen trato con la Secretaría General de la Presidencia. Sostienen que esa interna es alimentada por antiguos aliados del PRO.

“Con Karina te diría que hay menos problemas que con Santiago y él es más cercano a los amarillos, es el que tiene mejor diálogo ahí”, dijo a Infobae la misma fuente bullrichista.

Y agregó: “Hay muchos que quedaron dolidos porque Patricia no solo se fue del PRO y se afilió a La Libertad Avanza, sino que se llevó legisladores de los bloques amarillos a los violetas, entonces en el macrismo persiste el recelo”.

En un clima de desconfianza, ayer algunos diputados manifestaron su malestar por los cambios que Bullrich afirma que se introducirán en el proyecto y que permanecen “bajo cuatro llaves”. Algunos legisladores expresaron preocupación por no saber con qué se encontrarán ni si tendrán posibilidades en la Cámara Baja. “Ese secretismo complica todo”.

Desde el despacho del presidente de Diputados también relativizaron el conflicto y aseguraron que “no hay problemas, se trabaja muy bien”. Además, subrayaron que la directiva de la Casa Rosada es “evitar” cualquier tipo de internas palaciegas.

En los pasillos del poder sorprende la cantidad de disputas internas que enfrenta hoy el Gobierno, atribuidas a la falta de confrontación externa —la oposición— y a la propia dinámica de búsqueda de poder de cada sector. En público hay fotos conjuntas, sonrisas y abrazos, pero en la intimidad de los despachos esas muestras de cordialidad desaparecen.

Quizás tenga razón un hombre de confianza de Patricia Bullrich quien, frente a esta nueva interna, señaló: “No entienden nada, vamos a meter un golazo ahora, en febrero, y todo pasa. En abril estamos todos durmiendo la siesta y no pasa nada en el Congreso”.

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Con miras a 2027, Karina Milei quiere ordenar la interna de LLA en San Luis: quién podría quedar al frente

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Luego de la fuerte interna del año pasado que generó un conflicto institucional y derivó en la intervención del partido, Karina Milei está tratando de ordenar a La Libertad Avanza en San Luis con el objetivo de convocar a elecciones y definir a las nuevas autoridades locales, con varios dirigentes de peso ya anotados.

Esta provincia fue la última en la que el oficialismo nacional consiguió el reconocimiento legal como fuerza política por parte de la Justicia, a principios de febrero del 2025, pero desde entonces sufrió varios percances.

Es que, en este primer momento, quien quedó a cargo del sello en el distrito fue el diputado Carlos D´Alessandro, quien todavía integraba el bloque violeta y se mostraba leal a la Casa Rosada.

Sin embargo, los roces comenzaron durante el armado para las elecciones legislativas puntanas del pasado 11 de mayo, cuando el dirigente no quiso aceptar a los candidatos que pedía el armador Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.

Al mismo tiempo, también buscó competir en los comicios Rodolfo Negri, un empresario de la salud con buena relación con el gobernador Claudio Poggi y que además es prosecretario de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado.

Ante los enfrentamientos públicos y sin haber podido llegar a un acuerdo, Negri se adelantó e inscribió un frente con el nombre del partido, pero esta decisión no contó nunca con el respaldo de Balcarce 50.

Por su parte, D´Alessandro intentó hacer una jugada similar y denominar a su boleta como “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación que tiene como principal referente al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Finalmente, el primero de ellos debió competir con una lista llamada “Viva La Libertad, Carajo”, mientras que el segundo lo hizo con la marca “Tercera Posición”, que ya existía.

Sin embargo, ningulo de los dos contó con el apoyo de la hermana del Presidente y terminaron quedando muy por detrás, consiguiendo menos del 10 por ciento de los votos en los municipios que se pusieron en juego.

La ruptura terminó de concretarse a mediados de agosto último, cuando el apoderado del espacio a nivel nacional, Santiago Viola, viajó a la provincia para intervenir el sello, que ya no respondía a las órdenes de Casa Rosada.

Casi en simultáneo, D´Alessandro anunciaba que se retiraba del bloque para crear uno nuevo junto a Marcela PaganoGerardo González y Lourdes Arrieta, odos enemistados con los Menem.

Frente a esta situación, y ahora con el escenario más claro, en su carácter de presidenta del partido, Karina Milei ordenó que se reinicie el proceso para recuperar el control de La Libertad Avanza en San Luis.

“Se abrió la afiliación, que es lo que se está haciendo en este momento para sumar afiliados, ordenar todo y, en un plazo lógico, llamar a elecciones y poner nuevas autoridades”, explicó a Infobae una fuente cercana a la funcionaria.

En este sentido, ya hay varios dirigentes con peso en Buenos Aires que aparecen como posíbles autoridades de la provincia: los principales son los senadores Bartolomé Abdala Ivanna Arrascaeta, esposa de Negri.

Los dos tienen intenciones de competir y ya disputaron poder a lo largo del 2025, cuando no pudieron consensuar una lista para presentarla ante la cúpula libertaria, aunque ahora podría haber bandera blanca.

“Entiendo que esta vez pueden ir juntos, sobran los motivos para que eso suceda. Quién irá primero o segundo lo decidirá Karina”, remarcó a este medio una persona cercana a los protagonistas.

En un plano más abajo aparece la flamante diputada Mónica Becerra, ex ministra de Desarrollo Humano de la administración de Poggi y que accedió a una banca en los comicios de octubre por LLA.

Tras haber ganado las legislativas de mayo, el mandatario local optó por no presentar una boleta propia para las nacionales y, en cambio, manifestó públicamente su apoyo a su ex funcionaria.

“No lo digo como gobernador ni como referente de un espacio provincial importante, lo digo como Claudio Poggi, como ciudadano y vecino de San Luis”, remarcó días antes de las elecciones.

De todas formas, en el entorno de la secretaria general de la Presidencia todavía no empoderaron a ninguno de ellos y optan por la competencia, al menos por el momento: “Seguramente se hará la votación interna y veremos quién gana. A menos que haya unidad y vayan con una sola lista”, señalan.

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