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Política Nacional

Los partidos gastaron 770 millones de pesos en las campañas para las PASO

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Los partidos políticos, agrupados en varias alianzas, declararon que gastaron más de 770 millones de pesos en las campañas electorales presidenciales y de legisladores nacionales para las PASO del 11 de agosto pasado.

Así lo revela un informe del Observatorio para el Control de Gastos de Campaña de la ONG Poder Ciudadano que suma los gastos para las fórmulas presidenciales, más los de senadores y diputados nacionales. La alianza electoral que dice que más gastó fue Juntos por el Cambio (Mauricio Macri-Miguel Pichetto) con 321 millones, seguido por El Frente de Todos (Alberto Fernández-Cristina Kirchner) con 139 millones, señala el informe de la ONG que tiene como director ejecutivo a Pablo Secchi.

Se estima que el Estado ya desembolsó “unos 4 mil millones” para los gastos logísticos para la organización de las PASO. Esta cifra sale de estimar que el costo de las PASO fue “el 40 por ciento de los 10 mil millones previstos en el presupuesto para organizar todas las elecciones nacionales de este año”, explicó un experto a Clarín. Entonces, las PASO costaron en total 4.770 millones de pesos.

La oficina de presupuesto del Congreso estimó que la emergencia alimentaria aprobada por ley costará unos 10 mil millones de pesos. Es decir, que las PASO insumieron la mitad de esa ley reclamada por los movimientos sociales.

De todos modos, los informes de gastos e ingresos de campaña falta aún que sean auditados por el equipo de contadores de la Cámara Nacional Electoral que dirigen los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via para determinar si son cifras reales o “dibujadas”.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas por el ex presidente Néstor Kirchner para evitar fugas de candidatos y decidir todo dentro del Frente para la Victoria y, además, lograr más participación de la sociedad en las internas de los partidos. Pero este último objetivo no se logró, ya que prácticamente no hay competencias internas sino candidatos avalados por consenso. El gobierno de Mauricio Macri intentó, el año pasado, derogar las PASO pero no consiguió los votos necesarios en el Congreso.

El gasto de 770 millones surge de la información presentada en los informes que los partidos políticos presentaron ante los juzgados federales con competencia electoral. La información analizada abarca los informes presentados a la Justicia Electoral hasta el 7 de octubre de 2019, representando el 72.4% del universo total de rendiciones obligatorias para las agrupaciones partidarias para esta instancia electoral, explicó Secchi.

El informe precisa que los partidos declararon ingresos por 772.000.000 y gastos por 774.000.000.

Los ingresos de ese total provinieron de un aporte del gobierno de 477.000.000 millones. Este se divide en 157 millones de aporte extraordinario y 320 millones para imprimir las tradicionales boletas sábana que el peronismo se resiste a cambiar por una boleta única con todos los candidatos. El resto fueron así: 250 millones provenientes de donaciones privadas y otros 44 millones de transferencias de otros distritos partidarios.

En cuanto a los gastos se dividieron así: 377 millones en gastos operativos de campaña, 387 millones en publicidad, 459.000 de transferencias a otros distritos y 8.660.000 en “otros gastos”.

En cuanto al ránking de los ingresos lo encabeza al alianza Juntos para el Cambio (Mauricio Macri) que declaró 321 millones; el Frente de Todos (Alberto Fernández), 142 millones; El Frente de Izquierda de los Trabajadores (Nicolás Del Caño), 52 millones; Consenso Federal (Roberto Lavagna), 42 millones; UNITE (José Luis Espert), 30; el Movimiento al Socialismo (Manuela Castañeira), 28 millones; el Frente Nos (Juan José Centurión), 22 millones; y el Frente Patriota (Alejandro Biondini), 8 millones, entre otros. Los gastos declarados por estas alianzas son prácticamente iguales a los ingresos.

Fuente: Clarín

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La Provincia aprobó un protocolo único para el manejo de muestras de ADN en causas penales

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este lunes la aprobación del “Protocolo Unificado de la provincia de Buenos Aires para la Recolección, Conservación y Remisión de Muestras para Análisis de ADN”, a través de la Resolución 2060, firmada por el ministro Javier Alonso.

El documento fue elaborado de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la Provincia, con el objetivo de establecer los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad y la eficiencia de los métodos utilizados en el levantamiento, la recopilación y la preservación de evidencias genéticas.

En la elaboración del protocolo intervinieron, además, la Superintendencia de Policía Científica, la Dirección de Pericias y Estudios Forenses de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal y el Departamento de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales, dependiente de la mencionada secretaría de la Procuración General. También tomaron intervención la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

El protocolo establece además una serie de requisitos destinados a reforzar la trazabilidad, preservación y valor probatorio de las evidencias genéticas. Entre otras disposiciones, fija criterios uniformes para la capacitación y protección del personal, la utilización de materiales adecuados, el embalaje y rotulado individual de las muestras y el mantenimiento de la cadena de custodia durante todo el proceso.

Como regla general, los laboratorios admitirán inicialmente hasta cinco evidencias dubitadas por remisión, seleccionadas según su posible utilidad para el esclarecimiento del hecho, y podrán rechazar aquellas que no cumplan con las condiciones de embalaje, identificación o documentación establecidas.

La guía también contempla procedimientos específicos para escenas del crimen, allanamientos, muestras de referencia y delitos contra la integridad sexual, con especial énfasis en la prevención de la contaminación de las muestras y, en estos últimos casos, en la protección física y psicológica de la víctima y su consentimiento para la toma de evidencias.

Fuente: Agencia DIB

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Nación actualizó los aranceles de las prestaciones por discapacidad

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El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El incremento es del 2,1% para las prestaciones correspondientes a agosto, porcentaje calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SND), que modificó los valores establecidos previamente por la Resolución 2227/2026 para julio, cuando se había aplicado una actualización del 1,9%. Y produce en un contexto de reclamos vinculados con los pagos a prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad.

El aumento se aplica de manera uniforme a todas las modalidades incluidas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin diferencias según el tipo de servicio. Los nuevos valores rigen para las prestaciones brindadas durante agosto.

La normativa también mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones realizadas en la zona patagónica. El beneficio por zona desfavorable alcanza a las provincias del sur del país y contempla las características geográficas y las dificultades de acceso que pueden incrementar los costos vinculados con la atención y los servicios de apoyo.

Discapacidad: los aumentos para las prestaciones

Entre los nuevos valores establecidos, para la Categoría A, correspondiente a las prestaciones de mayor complejidad, el arancel de un Centro de Día con jornada doble pasó de $1.078.908,97 a $1.101.566,06.

En la Categoría B, el arancel para un Hogar con CET permanente quedó establecido en $2.824.518,71, mientras que la Residencia Permanente alcanzó los $1.133.384,56.

Para la Categoría C, que reúne prestaciones de menor complejidad relativa, el valor correspondiente al Hogar Permanente quedó fijado en $1.383.759,91 y el de la Residencia Permanente en $1.047.812,39.

Fuente: Agencia DIB

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Pilar Ramírez cruzó a Jorge Macri por el cambio en la gestión porteña: “No somos celosos, pero tiene que ser por convicción”

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A poco más de un año para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y con las negociaciones iniciadas entre La Libertad Avanza y el PRO, la legisladora libertaria Pilar Ramírez apuntó contra el cambio en las políticas que llevó a cabo Jorge Macri.

En diálogo por Splendid 990, la titular de LLA en la Ciudad respondió ante la pregunta sobre si el jefe de Gobierno porteño copia las políticas de la administración nacional y dijo: “A veces le falta reconocernos el copyright. Pero el orden para este gobierno es una prioridad, pero por convicción”

Este presidente fue el que terminó con los piquetes, el que terminó con los acampes. El PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires hace veinte años. Y si no hubiera sido porque este presidente o porque este espacio político, que es La Libertad Avanza, decidió terminar con esos desórdenes, nada de eso hubiera pasado”, agregó.

Y siguió: “Jorge Macri no sé si tiene el orden como prioridad, no sé si es una convicción o es un focus groups o es una foto, porque el orden tiene que primar en todos los aspectos de la ciudad de Buenos Aires. Pero si él entiende que las políticas de La Libertad Avanza que nosotros impulsamos son el camino correcto y que así lo expresaron los porteños el año pasado, bienvenido sea, porque va a mejorarle la vida a los porteños. Nosotros en ese sentido no somos celosos, pero tiene que ser por convicción”.

Las declaraciones de Ramírez se producen en el marco de una estrategia territorial que LLA viene desplegando en el distrito gobernado por sus aliados del PRO. Esta semana, la legisladora recorrió junto a Karina Milei la fábrica de muebles Fontenla, en Villa Lugano, donde conversaron con sus dueños sobre producción industrial, empleo y obstáculos para invertir. La semana anterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, la había acompañado en una visita a la cadena de heladerías Lucciano’s en Las Cañitas, donde el cofundador y CEO, Christian Otero, ponderó el avance económico de los últimos años: la compañía casi duplicó sus tickets, de 3,5 a 6,5 millones, durante el año pasado.

En ese marco, sobre la posibilidad de un acuerdo electoral más amplio con el PRO de cara a 2027, Ramírez fue clara en sus condiciones. Señaló que todavía hay temas en los que ambos espacios no coinciden, como la reforma política, la suspensión de las PASO y la ley de bases porteña, sobre las que el jefe de Gobierno no se pronunció. “Yo lo que sostengo es para qué un acuerdo, porque todavía hay cosas en las que no nos hemos puesto de acuerdo”, planteó, y añadió que cualquier entendimiento deberá esperar al año electoral.

También identificó los principales problemas que observa en la gestión de la Ciudad: el contrato de recolección de residuos sin relicitar desde hace veinte años, basado en un modelo que Barcelona utilizó en los años 2000 y que hoy considera superado, y la demora de más de ocho meses para abrir un comercio. Como alternativa, propuso avanzar hacia la termovalorización y señaló que el Estado porteño presenta estructuras duplicadas, como el caso del Ministerio de Espacio Público y las mismas facultades replicadas bajo la Jefatura de Gabinete.

Consultada sobre una eventual candidatura a jefa de Gobierno, Ramírez descartó estar pensando en eso. Definió a Karina Milei como “el corazón de La Libertad Avanza” y la describió como una persona que “llega a las ocho de la mañana y son las once de la noche y sigue trabajando”. Sobre las perspectivas electorales nacionales, fue categórica: “Obviamente que va a ganar el presidente Milei y va a seguir profundizando este modelo que va a llevar a la Argentina a ser grande otra vez”.

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