Un plenario de comisiones del Senado avanzó esta tarde con el dictamen del proyecto ya aprobado por Diputados que impone una nueva ley de discapacidad y deja atrás la actual emergencia en el área, que vence a fin del corriente año. Entre los puntos más importantes del texto se mantiene la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

La firma del despacho ocurrió en las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Población y Desarrollo Humano de la Cámara alta. La primera es comandada por el libertario Agustín Monteverde (Capital Federal), mientras que la segunda es presidida por la cristinista Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien aseguró: “Hay personas que nos han dicho de agregar esto o lo otro, pero el 31 de diciembre vence la ley y es fundamental que le demos sanción. Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura”.

Su colega de bloque, Carlos Linares (Chubut), retiró su propuesta para prorrogar la emergencia y habló de una “gran desesperación en todo el colectivo, que se está jugando hace rato”. Además, deslizó que la iniciativa en cuestión “es lo más cercano que tenemos, pero no es lo ideal”. En esa línea, manifestó: “Es mucho lo que falta y quiero ver qué viene en el Presupuesto 2027. Ahora, tenemos que despejar la incertidumbre”.

Por su parte, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), expresó que la norma “busca dar una respuesta permanente y genera previsibilidad después de muchos desencuentros”, con el fin de evitar “una pelea permanente por este tema”. La porteña resaltó la necesidad de “controles”, con “pensiones que están muy por la media de cualquier pueblo tiene”.

Bullrich calificó como “muy importante” la no incompatibilidad entre incapacidad y empleo”, para que “puedan ser integradas y no elegir empleo y pensión, que generaba un doble problema”. Mismo caso en los “beneficios a empleadores” y la apuesta por la “transparencia” del nuevo sistema. En ese sentido, advirtió sobre la “enorme duda” en pensiones entregadas “como si fuese un plan social”.

A contramano de la mayoría de bloques y, pese a la urgencia relacionada con el tema, la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba) reclamó modificaciones. No cayó bien en el resto de los presentes del plenario -más tarde, la apoyó el ahora ex kirchnerista catamarqueño Guillermo Andrada-, dado el apuro para dar una señal y el consenso obtenido en Diputados, que se replicaría en el Senado.

Tras su discurso, se sumó la cristinista Juliana di Tullio como máxima autoridad de dicha bancada en el convite. La bonaerense aprovechó la ocasión para criticar a Bullrich. Contestó el libertario Bruno Olivera Lucero (San Juan). El ida y vuelta continuó con otros legisladores y la disputa se elevó luego de las palabras del mileísta Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos). No es la primera vez que genera una situación de ese estilo. Tampoco se perdió su momento su colega de espacio Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), quien mandó a siesta eterna -desde marzo- a la comisión de Trabajo que lidera. Más de siete meses.

El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado. Por pedido de los aliados en la Cámara baja -el Gobierno y el oficialismo tuvieron que ceder en casi todo allí-, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

También se garantizó que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). En tanto, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y se previeron compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclaró que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo del proyecto se introdujeron mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.

Velas encendidas frente al Palacio de Tribunales, el himno entonado a coro y una consigna que se repitió durante toda la noche: “No permitamos que se apague la universidad”. Así se vivió la Marcha de las Velas que protagonizaron docentes, nodocentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno nacional no aplica desde hace más de un año.

La columna partió desde Plaza Houssay al caer la tarde y se extendió hasta Plaza Lavalle, donde se encontraban preparados un pizarrón y bancos, listos para una clase abierta de Derecho Constitucional.

La convocatoria fue impulsada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA). También se sumaron autoridades de la universidad, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintos centros de estudiantes.

Entre los presentes se contaron el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobbitti; y el diputado Ricardo Alfonsín.

Pasadas las 17, Plaza Houssay —rodeada por las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Médicas, Odontología y Farmacia— comenzó a llenarse de pecheras verdes. Los miembros de ADUBA y APUBA fueron los primeros en llegar. Cerca de las 18, la columna avanzó por la calle Paraguay. Hizo una parada en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, donde se entonó el himno nacional argentino. La bandera negra con la inscripción “Defendamos la UBA” volvió a encabezar la marcha, como lo viene haciendo en varias movilizaciones previas.

A diferencia de la última Marcha Federal Universitaria, celebrada en octubre, cuyo acto central frente al Congreso terminó antes de lo previsto en medio de la lluvia y de varios incidentes, esta jornada transcurrió sin contratiempos. Al llegar al Palacio de Tribunales, los manifestantes prendieron sus velas y las depositaron en la valla de seguridad del Palacio de Justicia. Antes de las 20.30, cuando la plaza ya estaba vacía, el personal de seguridad de la Corte Suprema las apagó y las retiró.

El trasfondo del conflicto tiene su propio peso. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, cuando anularon el veto presidencial inicial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo la promulgó en octubre de 2025 mediante el Decreto 759, pero condicionó su ejecución a que el Parlamento estableciera las fuentes de financiamiento y asignara las partidas presupuestarias correspondientes.

El argumento oficial es que la ley incumple la normativa de administración financiera: el artículo 5 de la ley de ejecución presupuestaria establece que, cuando una disposición no asigna los fondos adecuados, se promulga y se suspende en el acto.

La respuesta judicial no tardó. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto que frenó la norma y ordenó su aplicación inmediata, con especial énfasis en los artículos 5 y 6, referidos a la actualización salarial de docentes y nodocentes y al refuerzo de las becas estudiantiles. La Cámara Federal confirmó la medida cautelar y la Corte Suprema la dejó firme.

Aun así, el Gobierno apeló en todas las instancias. En la víspera de la marcha de octubre pasado, Cormick fijó multas de $ 100.000 diarios para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento. La Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió provisionalmente esas sanciones y abrió una nueva instancia de revisión.

Fue frente al Palacio de Tribunales donde el abogado constitucionalista Pablo Luis Manili, que representa al CIN, tomó la palabra y ofreció una clase abierta junto al profesor Cristian Cao, catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA.

Para cumplir la ley, sería necesaria una actualización de los salarios del 33%. En cuanto al presupuesto, los rectores estimaron que, para ajustarse a la norma, harían falta $ 11 billones, mientras que el proyecto oficial para 2027 contempla apenas $ 7,3 billones, una diferencia de casi el 50%.

El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue sin ajustarse a los requerimientos de la Ley de Financiamiento Universitario, con una brecha de casi $ 3,7 billones respecto de lo que los rectores consideran necesario para cumplirla.