El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, defendió este domingo el accionar de la Policía de la Ciudad en los operativos frente al Congreso durante la marcha del jueves último y vinculó esa política con su ofensiva contra las usurpaciones en Buenos Aires: dijo que no permitirá que “transformen a la Ciudad en lo peor del Conurbano”, sostuvo que la actuación policial fue “legítima” y afirmó que la clave no está en nuevas normas de propiedad privada sino en la decisión política para hacer cumplir la ley, aunque admitió que una nueva legislación es “bienvenida”.

En el plano partidario, en una entrevista con La Nación+, Macri dijo que el PRO adoptará una postura común porque es “un partido nacional” y advirtió que no hay que “dejarse engañar por el peronismo”. También pidió evitar divisiones entre los sectores que buscan frenar un regreso del kirchnerismo.

Sobre la posibilidad de que Patricia Bullrich le dispute la Jefatura de Gobierno porteño el año próximo, respondió: “Está buenísimo. La competencia saca lo mejor de cada uno de nosotros”.

Al profundizar acerca del trabajo de la Ciudad en el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente, el jefe de Gobierno sumó un dato concreto: aseguró que la Ciudad recuperó 901 propiedades usurpadas y señaló que la última intervención fue en una vivienda ocupada por una familia boliviana que, según describió, alquilaba habitaciones y había montado un taller ilegal con trabajo esclavo.

Macri extendió esa idea a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado. Dijo que, a su juicio, esa garantía “ya está” en la Constitución, aunque consideró “bienvenida” la nueva norma y respaldó la posibilidad de avanzar con desalojos exprés.

El planteo del jefe de Gobierno unificó dos escenas que en su diagnóstico responden a la misma lógica: la violencia en la calle y la ocupación ilegal de inmuebles. En ambos casos, atribuyó el resultado a la firmeza del Estado, a la coordinación con la Justicia y a una decisión oficial de intervenir donde antes, según sostuvo, se toleraba el deterioro.

Al describir la política de desalojos, Macri dijo que la recuperación de inmuebles no se explica por un cambio de leyes ni de jueces, sino por una conducta distinta del Gobierno porteño. “Cuando hay decisión política, se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará sin duda, pero si no hay decisión política después de cada actor involucrado, no alcanza”, afirmó.

En ese tramo, agregó que la ocupación de viviendas no se limita a la vulneración de la propiedad privada, sino que arrastra otros delitos. “En cada lugar que se usurpa se instala el mal. Desde ahí se vende droga, hay trabajo esclavo, se instalan los que roban, los que salen y aprietan gente”, dijo.

Macri también describió el impacto barrial de esas ocupaciones. “Vivir al lado de una vivienda usurpada es una catástrofe. Vivir en la misma cuadra es un problema. Son violentos, son agresivos”, sostuvo.

Según explicó, en cada procedimiento participan la Policía, la Justicia, equipos de desarrollo humano, guardia de auxilio y áreas de rescate animal. Dijo que esa estructura busca actuar frente a eventuales resistencias, proteger a niños y atender riesgos de derrumbe o incendio en propiedades que, de acuerdo con su descripción, suelen estar muy deterioradas.

En esa misma argumentación, insistió en que antes existían las mismas herramientas legales. “Son las mismas leyes, los mismos jueces, lo que cambió es la decisión política”, dijo. Luego, detalló que, cuando el Gobierno muestra voluntad de avanzar, fiscales y jueces acompañan más activamente los desalojos.

Sobre los incidentes del jueves frente al Congreso durante la sesión del Senado por la ley de tierras, Macri dijo que hubo “plena coordinación” entre las fuerzas de seguridad de la Ciudad y las nacionales. Precisó que la administración nacional se ocupa de los “objetivos federales”, como Plaza de Mayo, Casa Rosada, Plaza de los Dos Congresos y el Congreso, mientras la Ciudad toma el segundo y el tercer anillo de seguridad.

En ese marco, rechazó que lo ocurrido pueda leerse como una manifestación pacífica. “Acá estamos enfrentando a delincuentes. Esto no es una marcha pacífica. No se confundan”, afirmó.

Macri sostuvo que las ideas se discuten “dentro del Congreso” y que, si alguien quiere manifestarse afuera, debe hacerlo de manera pacífica. También señaló que varios de los detenidos cuentan con antecedentes. “No es que a los que agarrás son pibes, que es la primera vez que hacen algo de esto. Veinte, treinta, cuarenta antecedentes”, aseguró.

Frente a las críticas de la oposición, el jefe de Gobierno defendió la respuesta estatal y respaldó a la Policía de la Ciudad. “El accionar de la policía es legítimo”, dijo, y añadió que los operativos se realizan con fiscales, centros de comando, cámaras y registros filmados que luego permiten detener y procesar a los involucrados.

En la formulación política más dura de la entrevista, conectó esos hechos con su disputa por el orden urbano. “Nosotros no vamos a dejar que transformen a la Ciudad en lo peor del conurbano”, afirmó. Luego acusó a sectores políticos y sociales de querer “romper la Ciudad” porque “no logran que sus municipios estén bien” ni que “la provincia esté bien”.

Pese a esa reserva, respaldó la iniciativa por su posible efecto práctico. Dijo que garantizar la propiedad privada puede traducirse en “más inversión”, “más desarrollo” y “más acceso a la vivienda”, y vinculó ese razonamiento con su crítica a la derogada ley de alquileres, que, según su lectura, redujo la oferta y empujó los precios hacia arriba.

En la misma respuesta, calificó la media sanción como “un avance” y remarcó que resulta positivo que pueda haber desalojos exprés. De todos modos, volvió a subordinar la eficacia de cualquier norma a la capacidad del poder político para aplicarla.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gobierno sostuvo que la Ciudad pasó de recaudar USD 10 millones por año a proyectar USD 140 millones este año por el cobro de prestaciones de salud a extranjeros, obras sociales y prepagas. Afirmó que todo ese dinero se invierte en el sistema sanitario.

Sobre educación superior, dijo que la universidad pública debe dar un debate “con profundidad” sobre los aranceles y que cada institución puede fijar su postura. Recordó que hay posgrados que ya se cobran y defendió el criterio de reciprocidad para estudiantes extranjeros: “Si un extranjero va a estudiar a otro país y tiene que pagar por los estudios en la universidad, ¿por qué alguien que viene de ese país y estudia en el nuestro tiene que ser gratuito?”.

El decreto 612, que corrigió los alcances de la reglamentación de la reforma laboral, está provocando el resultado que quería el Gobierno cuando aceptó negociar con la CGT esa norma aclaratoria que puso a salvo la caja sindical: se destrabó la renegociación de alrededor de 800 convenios colectivos de trabajo.

Es que la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral restringió aún más las cuotas solidarias y las contribuciones patronales que financian a los sindicatos y comenzó a frenar la rediscusión de los convenios, uno de los objetivos de la administración libertaria que amagaba con naufragar.

Las negociaciones reservadas entre el Gobierno y la CGT se intensificaron a partir del 1° de junio, cuando la publicación en el Boletín Oficial del decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802, en el que sorpresivamente, según los sindicalistas, aparecieron dos puntos que jaqueaban el financiamiento de los gremios.

Por un lado, aquella norma cambió la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo: mientras la ley decía que “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, la reglamentación afirmaba que estaría constituida por el “salario básico convencional”, una fórmula distinta a la original que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Por otro lado, la reglamentación de la reforma laboral establecía un tope del 2% que fija la Ley 27.802 para los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, algo que la norma original sólo fijaba para las cuotas solidarias, que proviene de los salarios de los trabajadores, sean o no afiliados, y va en forma directa a los sindicatos.

Esas “alteraciones” incluidas en el decreto reglamentario de la reforma laboral rompieron lo pactado originalmente entre el Gobierno y la CGT cuando se sancionó la ley y, según los dirigentes gremiales, tuvieron el sello del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el más firme detractor de las cuotas solidarias, a las que califica como “peajes sindicales”.

El efecto de la reglamentación “alterada” de la Ley de Modernización Laboral fue una oleada de presentaciones judiciales de sindicatos que interpretaron que ese decreto iba más allá que lo previsto en la propia norma. Pero, a la vez, lo que produjo fue la renuencia de empresarios y gremialistas a renegociar los convenios colectivos a la luz de esas inesperadas limitaciones.

Por eso no hubo respuesta positiva a las intimaciones enviadas a principios de junio por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que se renegocien los convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán actualizarse en las cláusulas sobre las condiciones de trabajo y las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.

Ese escenario preocupante aceleró lo que venían conversando reservadamente el Gobierno y la CGT, y que se concretó tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete: un decreto que aclarara y corrigiera la polémica reglamentación de la reforma laboral.

Así, el decreto 612 fijó que la base de cálculo para el límite del 2% de las cuotas solidarias no es sólo el salario básico: también incluye todas las sumas remunerativas normales y habituales que se cobran todos los meses y que tienen origen en el convenio colectivo. Es decir, si el trabajador cobra otros ítems fijos además del básico también cuentan para calcular el aporte sindical.

En otras palabras, la nueva norma amplió la base de cálculo de las cuotas solidarias y los aportes empresariales, haciendo que los sindicatos puedan recibir más fondos que con la reglamentación anterior, pero manteniendo el límite del 2% sobre los conceptos habituales y mensuales del salario.

A la vez, en el decreto 612 se excluyeron del tope del 2% que fija la Ley 27.802 los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos que son destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, que también son cruciales para el financiamiento actual de los sindicatos.

Así se explica la tendencia actual que alivia y entusiasma al Gobierno: se destrabaron todas las discusiones para renovar los convenios colectivos y actualmente “todos los sectores están negociando, tanto los que tienen convenio de empresa como los de convenio de actividad”, según resaltaron a Infobae en despachos oficiales.

Todavía no se presentó ningún convenio actualizado ante la Secretaría de Trabajo, pero la misma fuente aseguró que representantes de varias actividades “comenzaron a consultar y manifestaron la intención de avanzar” en línea con la nueva legislación y las charlas bilaterales se mantienen en la órbita privada. Aun así, los cambios pueden demandar meses de negociaciones porque se trata de “acuerdos pensados para durar años”.

En ese sentido, en la Casa Rosada afirmaron que el sector del petróleo ya trabaja en posibles modificaciones en los convenios vinculados con la actividad y lo mismo está sucediendo en Comercio, donde el sindicato que dirige Armando Cavalieri y las cámaras iniciaron conversaciones extraoficiales para renegociar el convenio, aunque las tratativas están empantanadas por diferencias con el sector de supermercados.

Aun con cierta resistencia, los sindicatos comenzaron a aceptar la baja de las cuotas solidarias para adecuarse al tope del 2% que marca la ley. Uno de los que tenía uno de los descuentos más altos era el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), dirigido por Ricardo Pignanelli, que equivalía al 4% de la remuneración bruta. Ahora se analizaría respetar ese límite del 2% para los no afiliados y establecer el 4% de descuento salarial como cuota de afiliación.

El Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, también está negociando en forma reservada una reducción de aportes, aunque en este rubro el pionero fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que encabeza Gerardo Martínez, que antes del decreto 612 ya se había alineado con el tope del 2% para las cuotas solidarias y el mismo porcentaje para la cuota extraordinaria empresarial, que se destina a servicios sociales, culturales y asistenciales.

Mientras, en el Gobierno en el Gobierno hicieron hincapié en una innovación que trajo aparejada la reforma laboral: las nuevas empresas exploran la firma de convenios colectivos propios con los sindicatos de actividad y se perfila una tendencia favorable hacia los convenios por empresa, sobre todo en compañías más recientes.

Aún es una incógnita si el avance en la rediscusión de los convenios colectivos de trabajo permitirá que se extiendan distintas herramientas incluidas en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que se incorporaron en las últimas semanas en algunas actividades: una es el llamado “salario dinámico”, incluido en el acuerdo que rige para el personal doméstico, y otra es el banco de horas, que se pactó en la empresa Mirgor, fabricante de electrónica y autopartes, con el aval de SMATA.

Mientras se espera el texto final de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada —que debe enviar la Cámara Alta a la Baja para su posterior giro a las comisiones—, el bloque de LLA buscará conseguir dictamen en las próximas semanas en dos proyectos que desde la Casa Rosada impulsan por considerarlos necesarios y porque quieren retomar la racha ganadora en el Palacio Legislativo.

Según adelantaron fuentes parlamentarias tanto del oficialismo como de la oposición, la intención del bloque que comanda Gabriel Bornoroni es volver a abrir el recinto el próximo miércoles 26 de agosto con un temario que incluya la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda versión de la ley de Inocencia Fiscal.

La duda en este contexto es si en el temario que trabaja La Libertad Avanza aparece el texto de inviolabilidad de la propiedad privada. “Veremos qué acompañamiento tenemos”, deslizó un diputado libertario. “En principio no va a ser para esa sesión, igual esto no implica que pronto comencemos a trabajar para tenerlo listo”, agregó.

En lo que se refiere a los otros dos proyectos de ley que impulsan el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el riesgo que analiza el oficialismo es que se extienda el clima del Senado y que el peronismo logre seguir articulando junto a otras fuerzas. Y hay algunas señales que así lo indican.

“Están buscando recuperar la iniciativa pero el problema es que está creciendo un contexto más difícil para LLA en el Congreso. Lo del jueves en el Senado es un ejemplo de eso y ahora hay que ver cómo lo transitan, porque lo tienen que procesar”, explicó un diputado opositor. “El clima anti coloso —por Federico Sturzenegger y sus proyectos desreguladores— se está extendiendo y ya no solo abarca a los proyectos que surgen desde esa oficina sino a todo”, añadió.

El otro punto por el cual el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria es que, en los cálculos de la mesa política que se reúne en la Casa Rosada, la aprobación de algunos textos viene retrasada. “Sabemos que el segundo semestre va a ser más difícil. Algunas provincias están acelerando sus procesos electorales y eso complica porque, por un lado, está la estrategia de pintar el país de violeta y, por el otro, salimos a pedirle a esos gobernadores —a quienes les vamos a poner candidatos a competir— que nos acompañen en el Congreso. La discusión de la casta ya no sirve y lo de la alta política no tiene el mismo impacto”, explicó un libertario que hasta ahora no ha tenido discursos grandilocuentes en el recinto.

Por el lado del peronismo ya comenzó la ofensiva, y lo dejó en claro en el Senado. Todas las “tribus” que hoy conviven dentro del espacio y que no logran encontrar un punto de equilibrio que les permita avanzar con una estrategia electoral clara definieron que llegó el momento de tener un eje común en el debate parlamentario.

“Todos trabajaron para hacer caer la ley en el Senado. El que quiera verlo, lo tiene a simple vista en algunos tuits que parecen enigmáticos”, señaló una alta fuente del partido.

La semana próxima no hay llamado a comisiones para dictaminar los proyectos. La Libertad Avanza tiene que asimilar la sesión en el Senado y sopesar los riesgos en Diputados. El Congreso entró de lleno en el último semestre previo a las elecciones de 2027.