El gobierno argentino se prepara para defender ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar su reclamo por la explotación petrolera en aguas circundantes a las Islas Malvinas en las audiencias previstas para los próximos 10 y 11 de noviembre. Según informó la Oficina del Presidente, la comitiva nacional que viajará a la sede en Hamburgo, Alemania, será encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy.

El procedimiento se enmarca en la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para frenar el proyecto Sea Lion, que las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration planean desarrollar en la Cuenca Malvinas Norte, con perforaciones previstas para 2027 y producción comercial en 2028. No se discute sobre la soberanía de las islas, el reclamo puntual radica en los derechos sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales establecidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Además de Ibarzabal Murphy, la representación también estará a cargo del embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que actúa como agente del Estado, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania, como coagente. Esta última designación responde a una lógica geográfica e institucional: Berlín, desde donde coordina el vínculo bilateral, se encuentra a menos de 300 kilómetros de Hamburgo, sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Oyarzábal es uno de los juristas internacionales más experimentados del Servicio Exterior. Abogado por la Universidad Nacional de La Plata y máster en Derecho por la Universidad de Harvard, integra desde 2023 la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (ONU) y fue agente del país en casos previos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el propio tribunal de Hamburgo. Fue además quien lideró la elaboración del escrito con el que el Gobierno inició el procedimiento arbitral contra el Reino Unido el 28 de septiembre, en el marco del Anexo VII de la Convemar.

Pasquali de Fonseca, primera mujer en representar a Argentina ante Alemania, egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) con medalla de oro y el Premio Elena Holmberg a la excelencia diplomática. A lo largo de su carrera ocupó destinos en Canadá, Austria, El Salvador y Noruega, y realizó estudios de posgrado en derecho penal económico en la Universidad de Freiburg.

La delegación se completa con Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación. Las audiencias coinciden con los últimos dos días de la visita del papa León XIV a la Argentina, lo que explica que la comitiva esté integrada por cuadros técnicos y no por funcionarios de primera línea.

Además, y según se informó, el país tendrá un grupo de asesores externos: Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM, representó al país en el caso de la fragata ARA Libertad, en el que el mismo tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque; Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, es una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales; y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

La presentación fue elaborada en conjunto por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.

Las cuatro medidas que pide Argentina

Los pedidos centrales ante el TIDM son cuatro: impedir que el Reino Unido autorice o permita el avance de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte; restringir el uso de información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos; exigir la protección del medio marino; y prohibir el otorgamiento de nuevas licencias mientras dure la controversia. La razón fundamental es que la explotación inminente de recursos del suelo y subsuelo de la zona en disputa produciría un daño irreparable e irreversible a los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.

Según el cronograma establecido por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, el martes 10 de noviembre la delegación argentina expondrá entre las 10 y las 13 horas (hora de Hamburgo). La representación británica tomará la palabra por la tarde, entre las 15 y las 18. El miércoles 11, Argentina tendrá una segunda intervención entre las 10.30 y las 12, y el Reino Unido cerrará el procedimiento entre las 17.30 y las 19.

Argentina cuenta con una representante propia entre los 21 magistrados del tribunal: la jueza Frida María Armas Pfirter, especialista en derecho internacional del mar, elegida vicepresidenta del organismo en octubre pasado.

El Reino Unido, en tanto, designó al profesor emérito Vaughan Lowe como juez ad hoc, en uso de la facultad que la Convemar otorga a los Estados partes para incorporar un magistrado propio al panel cuando ninguno de los jueces permanentes posee su nacionalidad. Lowe, referente del derecho internacional del mar y del derecho de las inversiones, participará de las deliberaciones junto a los 21 jueces permanentes.

Los tres escenarios posibles

Una resolución sobre las medidas provisionales podría conocerse antes de fin de año, según fuentes diplomáticas. El plazo habitual ronda entre dos y cuatro semanas desde el cierre de las audiencias; en el caso de la ARA Libertad, el tribunal tardó un mes desde la solicitud.

Los escenarios posibles que analiza el gobierno argentino son tres, aunque aseguran que ninguno de ellos “implicaría otorgarle validez legal a la explotación británica de los recursos en disputa”. En el primero, el tribunal acepta el planteo argentino en su totalidad y ordena al Reino Unido cesar la actividad: Londres ya se comprometió a acatar la orden resultante del TIDM, lo que paralizaría la explotación hidrocarburífera hasta la resolución del arbitraje.

En el segundo, el tribunal acoge parcialmente los argumentos de Argentina y rechaza otros, con resultados que dependerán de cada punto específico. En el tercero, el tribunal no hace lugar al planteo por considerar que las condiciones para una medida cautelar no estaban dadas o por falta de jurisdicción prima facie; en ese caso, el arbitraje internacional continuaría y Argentina podría volver a solicitar medidas cautelares ante el tribunal arbitral una vez constituido.

El Congreso de Estados Unidos mantiene al menos tres proyectos presentados por legisladores demócratas que apuntan directamente contra el rescate financiero de USD 20.000 millones que la administración de Donald Trump desplegó en favor del gobierno de Javier Milei antes de las elecciones legislativas del año pasado. Tras la derrota republicana en los comicios de medio término, ese sector tendrá mayoría en ambas cámaras desde enero y se abre el interrogante sobre la factibilidad de otra asistencia en 2027.

El paquete legislativo demócrata -que si no se aprueba antes deberán ser presentados nuevamente con la nueva conformación parlamentaria- busca restringir o prohibir el uso del Exchange Stabilization Fund (ESF), el fondo de emergencia del Departamento del Tesoro que el secretario Scott Bessent utilizó para instrumentar una línea de intercambio de divisas con el Banco Central argentino y la compra directa de pesos. Deberá volver a presentarse

El primero y más abarcador de los proyectos es la No Argentina Bailout Act, presentada el 1° de octubre de 2025 por la senadora Elizabeth Warren, con apoyo de Rubén Gallego, Tim Kaine, Chris Van Hollen, Cory Booker, Tina Smith y Bernie Sanders. El texto, disponible en el registro oficial del Congreso, prohíbe de forma expresa que el ESF se utilice para brindar apoyo financiero directo o indirecto a la Argentina, incluyendo líneas de swap, compras de pesos o deuda soberana, y cualquier instrumento de crédito.

Además, fija como plazo de vigencia de la prohibición el 10 de diciembre de 2027, fecha en que concluye el mandato presidencial de Milei, y obliga a rescindir en un plazo de siete días todo contrato vigente que contravenga la norma.

Cuando Warren solicitó su tratamiento inmediato por consentimiento unánime, el senador Tim Scott (republicano) objetó ese tratamiento. “Este proyecto afectaría la capacidad del Tesoro de respaldar a un aliado clave en América del Sur, una región que esta administración ha riorizado con acierto. Argentina es la tercera economía de América Latina y un socio sólido en los objetivos de seguridad y economía de Estados Unidos. Eliminar la facultad del Tesoro para usar el Exchange Stabilization Fund para apoyar a este aliado es innecesario”, sostuvo, según consta en los registros.

Warren respondió desde el mismo recinto: “En su campaña presidencial, Trump prometió poner a ‘America First’, no a Argentina primero. Ahora mismo, las familias estadounidenses están luchando para pagar el supermercado y el alquiler porque sus tarifas caóticas y otras políticas económicas desastrosas”.

En la Cámara de Representantes, la ofensiva demócrata avanzó en dos frentes distintos. El 17 de noviembre de 2025, April McClain Delaney presentó la American Farmers First Act, con la firma de Chrissy Houlahan, Glenn Ivey, Haley Stevens y Andrea Salinas.

El proyecto replica el mecanismo de bloqueo del ESF, pero agrega otra capa: ordena que los fondos recuperados por la rescisión de los contratos con Argentina sean redirigidos al Departamento de Agricultura para compensar con un pago único a los productores agropecuarios perjudicados por la pérdida de mercados de exportación durante el año comercial 2025.

El argumento de fondo es que, días después de que el Tesoro anunciara el auxilio financiero, la Argentina eliminó retenciones a las exportaciones agrícolas y cerró ventas de al menos 20 cargamentos de soja —aproximadamente 1,3 millones de toneladas— a China, según documenta la carta formal que 56 legisladores demócratas enviaron a Bessent el 20 de octubre de 2025.

“Mientras los agricultores estadounidenses sufren, Brasil batió récords en sus exportaciones de soja a China y Argentina sigue el mismo camino después de capitalizar la promesa de rescate de la administración Trump”, sostiene ese documento.

El tercer proyecto es la Argentina Bailout Oversight Act, presentada el 18 de diciembre de 2025 por Nydia Velázquez. A diferencia de los anteriores, no bloquea fondos sino que encomienda a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno una auditoría completa de la crisis financiera argentina de 2025 y de la intervención del Tesoro.

El 20 de octubre de 2025, antes de que se presentara esta iniciativa, 56 legisladores demócratas encabezados por Linda Sánchez y Terri Sewel firmaron una carta formal a Bessent en la que reclamaron transparencia sobre los términos del swap.

La representante Maxine Waters, máxima demócrata en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, emitió un comunicado oficial el 14 de octubre de 2025 —el mismo día en que Trump recibió a Milei en la Casa Blanca— en el que cuestionó tanto el contenido del acuerdo como el proceso que lo habilitó. “Hoy, mientras varios millones de trabajadores federales están a punto de perder sus cheques de pago y millones de familias estadounidenses ven cómo se disparan las primas de su seguro médico, Donald Trump recibió al presidente de Argentina para almorzar en la Casa Blanca y anunciar el rescate del gobierno de Estados Unidos a la Argentina”, sostuvo Waters, según el comunicado oficial del comité.

“Este acuerdo se está haciendo sin un voto del Congreso y con cero transparencia de la administración Trump para entender qué significa esto para los contribuyentes estadounidenses. Lo que sí sabemos es que los donantes de Trump y los amigos del secretario del Tesoro Bessent hicieron malas apuestas comprando deuda argentina, pero ahora verán ganancias inesperadas gracias al rescate de Trump”, agregó la legisladora en el mismo documento.

Desde el Senado, Brian Schatz fue igualmente directo en su intervención en el pleno, recogida en el Registro del Congreso. “El rescate para Argentina es particularmente absurdo. Argentina no es un socio clave de seguridad o economía. Es una economía que está en tan mal estado que no hay garantía de que alguna vez recuperemos nuestro dinero. Es una pésima inversión de cualquier manera que se mire”, afirmó Schatz.

El senador electo El-Sayed, el vínculo con Warren y la postura anti-Milei

La derrota republicana del 3 de noviembre sumó una voz adicional al bloque crítico. Abdul El-Sayed, senador electo por Míchigan y primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos, publicó el 27 de septiembre de 2025: “No deberíamos rescatar al líder radical de extrema derecha de la Argentina. En cambio, deberíamos financiar Medicaid en casa”. Warren fue una de las principales promotoras de su campaña al Senado.

En tanto, el Servicio de Investigación del Congreso (CRS), el organismo de análisis oficial del Capitolio, publicó un informe sobre los términos del swap y las condiciones del programa económico argentino. El documento -publicado en enero de 2026- identificó tres escenarios legislativos posibles: ampliar el swap por acuerdo bipartidista; prohibirlo por mayoría simple; o mantenerlo con controles más estrictos, endureciendo la normativa que obliga al Tesoro a notificar al Congreso si las operaciones de swap superan los seis meses de vigencia.

El CRS también aclaró que, aunque Trump mantendría poder de veto sobre cualquier prohibición —lo que obligaría al Congreso a reunir dos tercios en ambas cámaras—, la apertura de comisiones investigadoras tiene por sí misma efectos sobre el clima de negocios.

Análisis del sector privado

El impacto de las elecciones en EEUU también fue evaluado desde el sector privado. El jueves, la Cámara de Empresas Estadounidenses en Argentina (AmCham) publicó el informe “El nuevo Congreso de Estados Unidos y su impacto en la agenda económica con Argentina”, en el que identifica cuatro ejes de la relación bilateral que el nuevo equilibrio de poder podría condicionar: el comercio preferencial y las inversiones en minerales críticos del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco (ARTI), la cooperación en seguridad marítima en el Atlántico Sur, el apoyo ante el FMI y el antecedente del swap de 2025.

“La conducción de la política exterior y comercial seguirá en manos del Poder Ejecutivo, pero el nuevo Congreso tendrá más herramientas para revisar aranceles, acuerdos y programas de apoyo financiero a otros países, incluida la Argentina”, señala el documento de AmCham. La entidad subrayó que el nuevo escenario “refuerza la necesidad de institucionalizar la relación bilateral, para que no dependa de los ciclos políticos de ambos países”.

En otras palabras, se planteó que el triunfo demócrata podría condicionar el vínculo comercial y el apoyo financiero. Consultado en Infobae en Vivo, Alejandro Díaz, CEO de la Cámara, señaló que las inversiones de EEUU en Argentina “van a depender del recorrido que tenga el país”.

Entre diversos sectores económicos y políticos coinciden en un punto: el nuevo Congreso no tiene la capacidad unilateral de desactivar el financiamiento a la Argentina, pero sí las herramientas para encarecer su costo político.

El mismo jueves, Gary Litman, vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, expuso en el 16° Foro de la consultora ABECEB en Buenos Aires y advirtió que “la habilidad de Estados Unidos de rescatar a otros países se ve reducida” ante un Congreso dividido.

“En particular, la Argentina ha dependido mucho de la capacidad de las instituciones financieras internacionales para brindar asistencia. Y con un gobierno dividido, la capacidad de asistir en momentos de crisis de liquidez o en otros shocks es más limitada. Las decisiones van a ser más lentas”, afirmó Litman.

Más allá de las especulaciones, la administración Trump ratificó públicamente su postura. En una entrevista antes de las elecciones, Bessent confirmó que repetiría una operación similar si Argentina lo requiriera. A su vez, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, también reafirmó el compromiso bilateral tras conocerse los resultados del 3 de noviembre.

“Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina. Nuestro compromiso con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y junto al presidente Javier Milei, estamos construyendo una alianza histórica basada en la libertad, la confianza y las oportunidades para ambos países”.

“Esta relación trasciende los partidos políticos porque responde a intereses fundamentales de ambas naciones. Fortalecer a la Argentina también fortalece a Estados Unidos. Más inversiones, más comercio, más empleo y mayor seguridad para ambos pueblos. Mi compromiso personal es seguir trabajando para transformar esta alianza en resultados concretos”, agregó en X.

El domingo por la noche se verá una imagen muy poco habitual en la política de la Argentina, y mucho menos en los últimos años.

Por primera vez, los diputados y senadores de todos los bloques recibieron sin distinción la invitación para participar de la gala que se realizará el domingo por la noche en el Centro Cultural Palacio Libertad —ex CCK—, donde se registrará el último de los actos de León XIV en su rol de jefe de Estado del Vaticano.

“La invitación llegó por protocolo a todos”, dijo un diputado de la oposición a Infobae. “El que no va es porque no puede o porque no quiere, no porque no fue invitado”, agregó la misma fuente de uno de los bloques de la oposición.

Desde el peronismo, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, certificaron que la invitación llegó a los correos de todos sus miembros y, aunque aseguran que asistirá la mayoría, no estará la totalidad presente. “Somos un bloque de 92, por lo que el ‘todos’ es muy amplio; quizás alguno no pueda viajar, pero la invitación fue para la totalidad”, explicó una alta fuente del bloque de Unión por la Patria.

Por el lado del bloque del Senado del peronismo, la confirmación es, por lo menos hasta ahora, que asistirán 15 de los 22 senadores que conduce José Mayans. “Algunos no están o no pueden viajar”, explicaron.

La invitación que llegó a las casillas de correo de cada uno de los diputados y senadores señala que está dirigida al legislador o la legisladora junto con su cónyuge, con el fin de participar del “Encuentro de Su Santidad el Papa León XIV con las autoridades, los integrantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático”.

Quienes no fueron invitados al evento son los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández. Sí estará presente la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien ocupará su espacio protocolar, algo que no sucedía —sin tener en cuenta la apertura de sesiones ordinarias— desde el 1 de noviembre de 2024, durante el acto de egreso de la Policía Federal Argentina.

Por el lado del mundo empresario, en la lista aparecen Marcos Galperin (Mercado Libre), Eduardo Eurnekian (Corporación América), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Eduardo Elsztain (IRSA), Alberto Roemmers (Laboratorio Roemmers), Mario Montoto (Cámara de Comercio Argentino-Israelí), Daniel Hadad (Infobae), Francisco de Narváez (Grupo de Narváez) y Daniel Vila (Grupo América).

En el mismo correo se establece que el ingreso al Palacio Libertad comenzará a las 16:30 del domingo —horario previsto para que aterrice en Aeroparque el Papa— por la esquina de la avenida Madero y la avenida Corrientes. La acreditación se realizará con DNI físico o a través de la aplicación Mi Argentina.

Un detalle no menor en todo el convite, que claramente fue organizado bajo los lineamientos de ceremonial y protocolo de la Santa Sede, es que el correo donde figura la invitación oficial —en la que el presidente Javier Milei oficia de anfitrión— incluye un código de vestimenta.

En el caso de los hombres que asistan, deberán hacerlo con un estricto código de traje oscuro y corbata oscura. En el caso de las mujeres, deberán hacerlo con vestimenta oscura, con la espalda y los brazos cubiertos. La única salvedad que hace el protocolo para las mujeres es que no se requiere el uso de mantilla ni cubrirse la cabeza.

La idea del oficialismo es que el encuentro pueda representar un mensaje de unidad ante la mirada del Sumo Pontífice. Por eso circularon invitaciones entre los representantes del Parlamento, los gobernadores y los empresarios cercanos a las ideas del presidente Javier Milei. Entre los invitados aparece la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien la cúpula del Poder Ejecutivo nacional mantiene un enfrentamiento abierto.