A través de una publicación en X, el canciller de Israel Gideon Sa’ar agradeció al presidente Javier Milei la decisión de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” y solicitar la incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

En el mensaje, el funcionario recordó brevemente los atentados ejecutados contra la Embajada de Israel en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. “Agradezco al presidente de Argentina @JMilei su decisión, en la víspera de la fiesta de la libertad, de declarar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista”, manifestó.

En paralelo, destacó los avances en esta materia que anteriormente tomó el Gobierno. “Esta decisión se suma a su declaración de Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas y sitúa a Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista Iraní y sus proxys”.

Además, calificó a Milei como uno de “los líderes más destacados de nuestra generación” que “demuestra una vez más claridad moral y un compromiso inquebrantable con los valores de la libertad y la lucha contra sus enemigos”.

La distinción se hizo sobre la publicación que había compartido en la misma red social la Oficina del Presidente, a la medianoche. En la misma, escribieron: “La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”.

Luego de que los hechos fueran investigados judicialmente, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. A partir de esto, se ordenó la inclusión de la fuerza iraní en el RePET, en conjunto con las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular del CGRI, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes.

La Guardia Revolucionaria fue creada en 1979 tras la revolución islámica y evolucionó hasta convertirse en una estructura central del sistema político iraní. Funciona como un cuerpo paralelo a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y fuerte influencia en la toma de decisiones estratégicas.

Además de su capacidad militar, la Guardia tiene presencia en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus actividades y sostener su estructura. Su poder excede lo institucional y se proyecta como uno de los pilares del régimen.

Su brazo más relevante en el exterior es la Fuerza Quds, encargada de coordinar operaciones fuera de Irán. A través de esa unidad, el régimen articula vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, consolidando una red de influencia regional.

Ese despliegue internacional constituye uno de los fundamentos para su inclusión en listados de terrorismo por parte de distintos países. Estados Unidos la declaró organización terrorista en 2019, en una decisión que sentó precedente al involucrar a una estructura estatal.

En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria se consolidó como el principal instrumento de la respuesta iraní frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Desde esa estructura se coordinaron ataques con misiles y drones contra distintos objetivos en la región, reforzando su papel en la escalada bélica.

La escalada también se reflejó en su conducción. Parte de su cúpula fue alcanzada por ataques selectivos, lo que derivó en cambios internos y en una mayor centralidad de la organización dentro del régimen iraní.

En este contexto, vuelve a tomar relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y uno de los funcionarios iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Su rol refuerza el vínculo entre esa estructura y la agenda judicial argentina.

Al Gobierno se le están acabando las opciones para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada el año pasado por parte de la oposición. La Cámara Contencioso Administrativo Federal publicó este martes un fallo que ordena al Poder Ejecutivo Nacional a aplicar esa normativa de manera inmediata, remarcando que la medida no representaba un impacto fiscal sustancial y que el Estado debía priorizar el derecho constitucional a la educación pública universitaria.

Con la decisión judicial firmada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, el Gobierno debe decidir cuál será el próximo paso: implementar las partidas presupuestarias y los desembolsos que prevé la Ley o apelar a la última instancia posible antes, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Dar marcha atrás no es una opción”, aseguró a Infobae una fuente gubernamental que tiene una incidencia total en la decisión final. La postura predominante en el Gobierno es, por estas horas, apelar a la última instancia posible, el máximo tribunal, para ganar tiempo mientras intentan avanzar en el Congreso con su proyecto de ley universitario, el cual implica menor inversión presupuestaria que el que rige actualmente.

Los equipos legales de la Presidencia de la Nación, la Procuración del Tesoro y, principalmente, el del Ministerio de Capital Humano, están evaluando la factibilidad de realizar este movimiento. El responsable de la interlocución con las universidades es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien responde a la ministra Sandra Pettovello. Este tema en particular es uno que tiene interrelación total con la política fiscal que ejecuta el ministro de Economía, Luis Caputo.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, recordó que “el PEN debe cumplir con la ley” y que la omisión podría constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”. Añadió que aunque el Estado recurra a la Corte Suprema, la propia jurisprudencia del alto tribunal sostiene que las medidas cautelares no son sentencias definitivas y, por lo tanto, escapan a su competencia.

“¿Hay más?”, le preguntaron a Manuel Adorni hace exactamente una semana en Casa Rosada. Su respuesta fue tajante: “No”. Mintió. El lunes por la tarde se conoció que dos jubiladas le vendieron un departamento tasado en 230 mil dólares en la mejor zona de Caballito. Cada una le prestó 100 mil para que se los comprara. Adorni ocultó esa información a sus jefes. En realidad, a “El Jefe”, Karina Milei, hoy su principal -y quizás único- sostén para estar en el cargo. Mientras la Justicia citaba a la escribana que escrituró la vivienda, organizaciones sociales hacían un escrache en la puerta del barrio cerrado de Exaltación de la Cruz donde Adorni se compró una casa de fin de semana. En Caballito, mientras tanto, docentes de la Universidad de Buenos Aires hicieron una clase pública. Demasiada exposición para un Gobierno que quiere detener una avalancha judicial y de información que aparece minuto a minuto. Este mediodía Adorni iba a dar una nueva conferencia de prensa. La idea era mostrar iniciativa para cerrar el escándalo. Los nuevos datos publicados hicieron que haya un cambio de planes. El próximo 29 de abril el jefe de gabinete debe ir a realizar el informe de gestión al Congreso. Ya se anotaron más de 4900 preguntas de los diputados. Apenas unos diputados. ¿Llega?

Por encima del escándalo Adorni, la causa Libra sigue siendo para los hermanos Milei el gran agújero que impacta en el corazón del poder. El domingo pasado, una extensa investigación de Mariel Fitz Patrick en Infobae consignó que una hora antes del posteo que publicó el Presidente promocionando una estafa, hubo 6 llamadas entre las 17:53 y las 18:58, de las cuales 5 fueron entre el broker Mauricio Novelli y el Presidente, y la sexta entre Novelli y Karina Milei. Después, y hasta la medianoche del mismo día, hay 13 llamadas más: 4 con Milei, 7 con su hermana y 2 con Santiago Caputo. Los llamados no frenaron. Al día siguiente, 15 de febrero, desde la madrugada hasta casi la medianoche, se registraron 9 llamadas de Novelli con Caputo y 5 con Karina Milei.

En uno de los tantos audios, el 2 de noviembre del 2024, tres meses antes del escándalo, Novelli habla de un pago mensual a “Kari”: ““Qué hacés, Ara? ¿Cómo andás? Eh, sí, no hay problema. Coordínalo ahí con, con Camilo, ¿viste? Yo mañana a la ofi no voy, pero obviamente ustedes pueden ir sin problema. Eh, tiene que cobrar, o sea, hay que sacar lo de Derek, ¿viste? Que son los 800 siempre de, de todos los meses. Eh, y bueno, ahí se sumaría lo tuyo y también ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle, ¿viste? A, a Karina. Así que si querés, mañana coordínate para un pedido donde sumen los 800 más los 400 tuyos…. más los 4.000 , digo, de, de, de Karina y listo”.

Un funcionario de Casa Rosada dialogaba con este cronista cuando miró su celular y observó el dato de la baja en la pobreza. La comparación de la agenda fue inmediata: “Baja la pobreza pero se habla de Adorni”, reconoció. El dato del INDEC le dio un nuevo aire al Presidente. La pobreza cerró el año en 28,2%. La comparación es con el registro del segundo semestre de 2024, que había sido de 38,1%. Se trata del nivel más bajo desde el primer semestre de 2018 (27,3%, durante el gobierno de Mauricio Macri). El dato duro contrasta con testimonios de primera línea. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, contó en Infobae en Vivo que en su municipio hay 600 comedores. En total son 400 familias las que buscan un bolsón de comida por día. Además, reconoció el problema de presupuesto: “Tenemos un retraso de 8 meses en el pago a proveedores”. ¿Y la provincia de Buenos Aires auxilia a los distritos? Desde La Plata se transfiere el pago para alimentos en escuelas, por un lado, y a través de Desarrollo de la Comunidad (a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque y Santiago Fidanza). ¿Podría haber más? Según el gobierno de Axel Kicillof, es imposible por el recorte de fondos de Nación. Estiman una deuda de más de 12 billones de pesos. La provincia recurrió a la Corte Suprema, ya hubo una audiencia en marzo y el tribunal fijó otra para el 21 de abril, focalizada en la deuda de la ANSeS con el sistema jubilatorio provincial.

Dentro de los sectores que están perdiendo con el nuevo modelo macroeconómico la preocupación de la actividad se trasladó al temor -creciente- por el estiramiento en la cadena de pagos. Sin estar rota, lo cual sería aún más preocupante, el pago diferido de cheques y el pedido de prórroga para abonar a proveedores comenzó a ser tema de conversación. Una financiera que tiene como clientes a este tipo de PYMES lo explicó a Infobae: “Aparecen cada vez más empresarios con cheques a 30 o 60 días que no los pueden aguantar. Algún proveedor no paga, otro lo estira y la empresa tiene que salir a ‘reventar’ el cheque en alguna cueva”. ¿Qué tasa de interés se paga por estos días? Uno de ellos le contó a este medio que abonó 0,37% por día, lo que le dió una tasa del 11,1% al mes. “Es cierto que es lo que se cobra. Pero el riesgo de que el cheque esté sin fondos lo corremos nosotros”, aclaró un tomador de cheques. “Reventas el cheque y con esa tasa que te cobran el margen se va a cualquier lado. No es sostenible mucho tiempo, a menos que repunte la actividad”, agregó otro.

Más allá de la excelente noticia que fue el fallo de Estados Unidos por YPF, vale ir al detalle de la “célebre página 50”. Allí la justicia de Estados Unidos aclara que la Argentina violó el estatuto de YPF aunque la ley local esté por encima. Dice el texto: “En definitiva, ninguna de las partes involucradas en estos dos casos discute que la República violó los Estatutos de YPF. La República lo hizo tras limitar su margen de maniobra con un requisito de oferta pública de adquisición y promocionar repetidamente estas protecciones en su folleto de salida a bolsa y en los documentos presentados ante la SEC en la década de 1990. Petersen II, 895 F.3d en 200. Su razón para hacerlo era, claramente, asegurar a los inversores privados —muchos de ellos radicados en Estados Unidos— que estarían protegidos en caso de que la República decidiera renacionalizar la mayor compañía de petróleo y gas del país si las circunstancias económicas y políticas cambiaban, como ocurrió a principios de la década de 2010. Es muy probable que la República no hubiera podido recaudar 1.100 millones de dólares con los ADR de YPF que cotizan en la Bolsa de Nueva York sin estas protecciones para los inversores. Y su negativa a respetar esas protecciones dos décadas después de haberlas establecido genera dudas sobre la seguridad de la inversión extranjera en el país en general”.

Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales, resumió ante este medio: “Eso será analizado por años y terminará perjudicando a Argentina en el largo plazo. No inmediatamente, pero es muy importante la conclusión de los jueces”.