La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, recibió este martes en su despacho a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), quien le solicitó una reunión para limar asperezas en pleno receso invernal. Esto ocurrió tras la caótica semana que sufrió el oficialismo, con una sesión que tuvo que pasar a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto próximo y una denuncia entre empleados de ambas, que incluyó amenazas y mensajes de parte de uno de ellos.

Después de la cumbre, desde uno de los sectores deslizaron a Infobae que el mismo no fue en tan malos términos y que se buscó descomprimir una tensión ya en todo el interbloque que comanda la porteña, que cedió una porción importante del monopolio político que disfrutó desde diciembre pasado, cuando aterrizó en el Senado.

El pico del conflicto se alcanzó por la nueva derrota de Bullrich para aprobar la ley de propiedad privada que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto incluye modificaciones sobre expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y la venta de tierras a extranjeros. El último capítulo tuvo a Villarruel enfrentada al Gobierno -ya algo habitual en la vicepresidenta- y la titular de la Cámara alta taladró los teléfonos de legisladores para que el mismo no tuviera luz verde. De hecho, algunas bancadas manifestaron su enojo a este medio.

Tras un dictamen rubricado en mayo, el articulado fue modificado, al menos, unas 15 veces. Los borradores volaban por los despachos de mareados senadores que, en varias ocasiones, llegaron al recinto sin conocer al detalle la versión final. Hoy están alejadas del foco de atención, pero hay dos comisiones que llevaron el trámite de la discusión y nadie habla de ellas: la de Asuntos Constitucionales, que es cabecera; y de Legislación General. Las presiden dos libertarios: Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez, respectivamente.

Previo a firmar el despacho, Villarruel, kirchneristas y dialoguistas ya habían conseguido dinamitar el capítulo entero relacionado con los barrios populares, uno de los máximos objetivos de la Iglesia, que sentó postura y logró su cometido. Quedó como un detalle del pasado gracias a los 15 borradores extra que germinaron. “No se trabaja así”, planteó días atrás un ofuscado referente a Infobae.

Con la guerra abierta entre las dos mujeres fuertes de la Cámara alta, más chats filtrados a propósito -nunca se dudó de la procedencia- y otras amenazas, la relación quedó llena de toxicidad. Esto fue celebrado por la Casa Rosada, que disfrutó largas horas de una disputa doméstica que le daba a ambas todo a pérdida.

El segundo día del receso invernal tuvo esta tarde a Bullrich y al radical bonaerense Maximiliano Abad entre los pocos presentes que marcó el tablero de la Cámara alta. Son 72 en total. Villarruel también estuvo, aunque no suele respetar el sistema y sólo aparece, con luz encendida, los días de sesión.

Para lo que resta del año, al Senado le queda una abultada agenda que incluye, además de propiedad privada, ley de Sociedades -otra de Sturzenegger-, achicar las zonas frías que quiere el Gobierno -antes de enviar el Presupuesto 2027-, el súper RIGI, eliminar los octógonos en etiquetado frontal, ludopatía, salud mental. Los articulados son complejos en muchos casos y los aliados le dieron a entender a la Casa Rosada que, ahora, también pretenden que avancen sus iniciativas, lo que representará un desafío extra para un oficialismo que, en vez de cerrar grifos de conflicto, abre cada vez más.

El Gobierno se prepara para enviar al Congreso un nuevo paquete de proyectos para desregular diferentes sectores de la economía. Aunque en la Casa Rosada afirman que el paquete es más extenso, hay tres ejes que apuntan a cambiar reglas de funcionamiento en áreas sensibles: una reforma integral del Código Aduanero, una reconfiguración del mercado inmobiliario y un proyecto para modificar el régimen de cabotaje en el transporte por agua entre puertos argentinos.

Los borradores de la reforma del Código Aduanero y la desregulación del mercado inmobiliario se trabajan en el ámbito del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con participación del ministro Federico Sturzenegger. En el caso del cabotaje, la iniciativa se enmarca en una agenda que también involucra al Ministerio de Economía.

En el plano inmobiliario, el foco del proyecto está puesto en redefinir el corretaje: la intención es que deje de considerarse una “profesión liberal” y pase a encuadrarse como un servicio de intermediación comercial. Apunta a modificar el esquema de funcionamiento de los colegios, a habilitar la operación sin restricciones geográficas entre jurisdicciones y a eliminar la obligatoriedad de matrícula en un colegio profesional.

En paralelo, la reforma del Código Aduanero buscaría introducir cambios de fondo en la operatoria del comercio exterior. Entre los objetivos mencionados aparecen la reducción de trámites y burocracia para agilizar el ingreso y egreso de mercaderías, la modificación de controles y dotación de personal, y una revisión de la figura y las penalidades vinculadas al contrabando.

El nuevo paquete desregulación incluye además una reforma de la Ley de cabotaje, que regula el transporte comercial de cargas entre puertos argentinos. La propuesta apunta a ampliar la competencia para reducir costos logísticos y a permitir que buques con bandera y tripulación extranjeras puedan operar servicios de navegación marítima y fluvial dentro del país; además, contempla cambios en el régimen de los prácticos, los profesionales que asisten a los capitanes en maniobras de ingreso y salida de puertos.

El eventual giro hacia un esquema más abierto anticipa un debate con navieras, sindicatos y otros actores vinculados a la marina mercante, por el impacto laboral, registral e impositivo que podría traer un régimen con mayor presencia de embarcaciones extranjeras.

Según pudo saber Infobae, algunos de los borradores que comenzaron a circular esta semana contenían un pedido al Congreso de nuevas facultades delegadas en el marco de una emergencia administrativa. Esta herramienta legal permitiría avanzar con otras desregulaciones de forma más expedita y por decreto. Sin embargo, ante la consulta de este medio altas fuentes gubernamentales desmintieron categóricamente esta posibilidad.

Desde el Ministerio de Desregulación no adelantaron cuándo prevé enviar el nuevo paquete legislativo al Congreso y solo confirmaron que los textos “están en revisión” e insistieron en que las reformas apuntan a “fomentar la competencia” en esos sectores.

El oficialismo ya tiene varias iniciativas que apuntan al mismo objetivo en trámite en el Congreso pero se ha encontrado dificultades para avanzar. La semana pasada la sesión en la que comenzó a tratarse el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada tuvo que pasar a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por falta de apoyo de los aliados, que se negaron a votar la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros apenas un día después de la victoria contra Inglaterra y con las reivindicaciones nacionalistas en el centro del debate público por la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección.

La propia vicepresidenta Victoria Villarruel avivó la polémica al señalar en un chat privado con Patricia Bullrich -luego se hizo público- que esa ley implicaba “vender el país”. También acusó al oficialismo de no darle importancia a la “integridad territorial”

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que también contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego y modificaciones a la ley de expropiaciones, tiene futuro incierto en el Senado donde también deberá tratarse la sanción definitiva de la Ley Hojarasca, que apunta a eliminar leyes obsoletas y regulaciones innecesarias. Por último, aún no comenzó a discutirse la nueva Ley General de Sociedades, la cual generó debate a nivel internacional por las denominadas “sociedades automatizadas” diseñadas para el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Una abultada bandeja de proyectos libertarios frenados, y un recinto trabado y con cuarto intermedio vigente -hasta el 6 de agosto- representan el resumen de la desafiante agenda que tendrá el Senado hasta fin de año. Problemas de fondos no habrá ya que los legisladores obtuvieron, justo antes del receso invernal, un nuevo aumento en sus dietas -más de 12 millones de pesos, en bruto- por estar atadas a la paritaria de empleados, tal como resolvieron todos los bloques, sin grieta, en 2024.

Como iniciativa más fresca quedó la de propiedad privada, ya muy manoseada entre los 15 borradores que aparecieron post dictamen. Fue el motivo principal del cuarto intermedio y es uno de los textos que desea -aunque ya se lo desplumaron al oficialismo- el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hace pocas semanas fue a defender la ley de Sociedades que, por ahora, no muestra guiños concretos desde la oposición dialoguista.

En caso de resolver el embrollo de propiedad privada el 6 de agosto, durante el mismo mes podría ser sancionada la ley denominada “Hojarasca”, que elimina normativas vetustas. De hecho, la misma estaba pensada para dicha jornada, aunque con la posposición del primer proyecto y la dificultad que tiene para avanzar la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich. Todo quedó como una moneda en pleno vuelo. La porteña destinó más energía a otros objetivos personales y noticiables -con irregular éxito- y dejó a su espacio muy expuesto y sin defensa -incluido al propio Javier Milei- en varias ocasiones.

Con otros articulados se comenzó en comisiones con una fuerte promoción y, a los pocos días, quedaron olvidados. Un claro ejemplo fue la remodelación de la ley de salud mental, aunque desde usinas oficialistas deslizaron a Infobae que, tras las vacaciones, empujarían novedades. También lo hicieron con otros temas que aún aguardan respuesta.

El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo. En mayo último disertó la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González, quien aseveró: “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”.

Por otra parte, iniciativas como ludopatía -todos en guionado silencio- y etiquetado frontal -dinamitar todos los octógonos- ni siquiera son mencionadas. Y días atrás fue girado a tres comisiones -mayor dificultad para hallar aliados y firmar dictamen- el súper RIGI, que ya fue aprobado por la Cámara baja y espera su sanción definitiva.

Mientras que la Casa Rosada ahora pretende que Diputados apure las nuevas modificaciones sobre la inocencia fiscal -increíble que una ley sancionada deba ser cambiada a los pocos meses, lo cual denota el nivel de irresponsabilidad con el que se debaten cuestiones sensibles-, en el Senado se asoman ansiedades por la reforma política. Por fuera del inflado show informativo que se despliega desde Balcarce 50, no hay allí un solo indicio de movimiento y un interés único para suspender -ya no eliminar- las PASO. Y nadie cree que exista alguno no antes de octubre o noviembre.

Para esa época, el Gobierno sueña que la Cámara alta achique las zonas frías -facturas de luz y gas más caras en varios distritos- y ahorrar una millonada para enviar, con holgura de cuentas, el Presupuesto 2027 a Diputados. Esto deberá ocurrir a mitad de septiembre. Un abrir y cerrar los ojos para el ritmo que suele tener el Congreso.

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa con la promoción de potenciales articulados para reformar la Carta Orgánica del Banco Central y una eventual normativa relacionada con el shutdown, como en los Estados Unidos, que implica la paralización de áreas de la administración central en caso de que no hubiese acuerdo por la ley de gastos.

De lo que no queda dudas es, más allá de lo voluminosa de la agenda, es que la misma no tendrá luz verde si La Libertad Avanza no ajusta varias de sus tuercas. Entre errores propios -que sin dudar se podrían haber evitado y el lastre -no sirve como excusa- generado por el indefendible exjefe de Gabinete Manuel Adorni, el mileísmo perdió un tiempo más que valioso.

Post receso, los aliados pretenderán aprobar textos propios. La buena predisposición se mantendrá, pero menor margen de acción para el Gobierno, que tendrá que decidir si cede o si, como en 2024 y 2025, busca el choque con toda la oposición. Los articulados ya no interesarán mucho y todo se pesará en la balanza electoral.