Una delegación del Partido Justicialista (PJ) compuesta por Felipe Solá, ex canciller argentino y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires; Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria y ex senador nacional; y Franco Metaza, parlamentario del Mercosur, participará en el aniversario y Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores (PT), que se llevará a cabo los días 6 y 7 de febrero en Salvador de Bahía, Brasil.

La presencia de los dirigentes argentinos busca llevar la campaña “Cristina Libre” al principal foro político del oficialismo brasileño, en un contexto marcado por la cercanía ideológica y la historia reciente de ambos partidos.

El encuentro del PT, que este año celebra 46 años de existencia bajo el lema “Cuando el pueblo cree, Brasil sucede”, tiene como objetivo definir los ejes de la campaña para la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se trata de un evento estratégico para el futuro político de Brasil y su proyección regional, donde la participación de representantes del PJ argentino adquiere un carácter simbólico, dado el paralelismo entre la situación judicial de Cristina Kirchner y la vivida por el propio Lula años atrás.

Durante el Congreso, los enviados del PJ se integrarán en mesas de trabajo y debates organizados por el PT para compartir la experiencia argentina y difundir la causa de la campaña “Cristina Libre”. Este lema remite a la actual situación de la ex presidenta, quien cumple prisión domiciliaria tras una condena en la causa conocida como Vialidad. La campaña promueve la denuncia de una supuesta proscripción política, tomando como referencia internacional la campaña “Lula Livre” que movilizó a sectores progresistas brasileños y de otros países durante el encarcelamiento del actual mandatario de Brasil.

La relación entre el PJ y el PT se ha consolidado en los últimos años, atravesada por las experiencias judiciales y políticas de sus dirigentes más emblemáticos. La visita de Lula da Silva a Cristina Kirchner el 3 de julio de 2025, en el departamento de San José 1111 en Buenos Aires, reforzó este vínculo. El presidente brasileño fue el primer líder internacional en visitar a la ex mandataria en prisión domiciliaria, tras la autorización del Tribunal Oral Federal N° 2. La cita, de carácter privado, se desarrolló bajo estrictas condiciones judiciales y contó con la presencia de figuras como el diputado Eduardo Valdés y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

La visita de Lula fue interpretada como una muestra de solidaridad personal y política, además de un gesto destinado a proyectar la situación de CFKr más allá de las fronteras argentinas. En ese momento, fuentes cercanas a la ex presidenta consideraron el encuentro como “muy sentido desde lo personal y lo político”.

Lula, que también atravesó un proceso judicial que lo dejó fuera de la carrera presidencial en 2018, recuperó su libertad tras la revisión de su condena y volvió al poder tras vencer a Jair Bolsonaro en 2022.

La campaña “Cristina Libre” busca replicar la estrategia que logró instalar el reclamo por la libertad de Lula en el debate internacional. En más de veinte países existen comités de solidaridad y expresiones de apoyo a la ex mandataria argentina, con pronunciamientos de presidentes, expresidentes y organismos políticos internacionales. La expectativa de los organizadores es que la presencia de la delegación argentina en el Congreso del PT contribuya a fortalecer la articulación entre los dos partidos y a sumar respaldo internacional a la causa de Fernández de Kirchner.

El Congreso del PT se desarrolla en un momento de tensión política en Brasil y la región, tras la reciente asunción de Lula da Silva en la presidencia pro tempore del Mercosur. El mandatario brasileño ha manifestado reiteradamente su apoyo a Cristina Kirchner, tanto en declaraciones públicas como en el mensaje que transmitió durante su visita a San José 1111: “Sé lo importante que es este reconocimiento en los momentos más difíciles”, expresó a través de sus redes sociales.

La agenda compartida entre el PT y el PJ incluye el seguimiento de los procesos judiciales, el fortalecimiento de las redes internacionales de solidaridad y la defensa de la participación política de los líderes progresistas.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se encamina a convertirse en el próximo presidente del PJ bonaerense en el marco de un acuerdo entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el cristinismo. En las últimas horas se aceleraron las reuniones para llegar a un esquema de consenso antes del cierre de listas partidaria del próximo domingo.

A la par de un consenso macro que involucra la figura de Kicillof, todavía resta la conformación del consejo del partido. Allí, las negociaciones siguen. Por lo pronto, habría cierto consenso para que la vicepresidencia primera sea para la actual vicegobernadora, Verónica Magario. Mientras que la vice segunda y la secretaría general para el cristinismo o figuras cercanas a ese espacio.

Las reuniones seguirán en los próximos días. Quiénes están a cargo de las negociaciones se muestran optimista para llegar a un esquema de consenso que incluya a todos los sectores. Por estas horas, lo que se tiene que terminar de definir es cómo será esa distribución. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) están preparando nombres para el consejo del partido. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, es quién baja la directiva dentro del kicillofismo.

El miércoles se reunió con intendentes y referentes de la Quinta sección electoral. Este jueves recibió a representantes de la Séptima sección en su despacho. Uno de los planes es respetar a quien ya tiene presencia dentro del esquema partidario: que siga, ya sea como consejero o congresal nacional.

En las distintas reuniones que se mantuvieron estos días, Kicillof trasladó a sus negociadores -entre los que están principalmente los ministros Gabriel Katopodis, Andrés Larroque, Carlos Bianco-, además del diputado provincial, Mariano Cascallares; que podría aceptar quedar al frente del PJ siempre y cuando haya garantías. Esas garantías, entienden en La Plata, son tener el respaldo del kirchnerismo a la gestión de su gobierno. Pero en el corto plazo también está el 2027.

En la tarde de este jueves, desde la gobernación bonaerense, dejaban correr que el consenso para que el mandatario provincial sea el presidente partidario avanzaba. Con la idea de que el partido acompañe los lineamientos de la gestion, tal como ocurre en todas las provincias con gobiernos peronistas. Esto es lo que pidió el MDF en el contexto de las conversaciones por la presidencia del partido. Y luego comenzó a generarse el consenso interno para que Kicillof sea quien lo presida.

La semana pasada, desde la actual conducción del partido advirtieron que Máximo Kirchner iba a proponer que en un marco de acuerdo y para evitar una interna, sea Kicillof quien lo suceda. En un primer momento, la jugada del diputado nacional no cayó nada bien en el entorno del gobernador; ya que se entaron por los medios. Sin embargo, con el correr de los días la novedad se convirtió en negociación política y efectivamente se avanzó en un esquema de entendieminto.

La posibilidad de que Kicillof quede al frente del PJ bonaerense no es nueva. De hecho, algunos intendentes se lo trasladaron tiempo atrás, cuando el mandatario reunió a todos los jefe comunales que reportan en el MDF en un encuentro casi furtivo en medio del Parque Pereyra Iraola, el 31 de octubre úlitmo. En esa cumbre, a una semana de la derrota electoral del peronismo en las elecciones a diputados nacionales y el mismo día que Cristina Kirchner difundió una carta responsabilizando al gobernador por la estrategia electoral adoptada -es decir el desdoblamiento electoral y el resultado que había obtenido el peronismo-, algunos inendenetes del corazón kicillofista le sugirieron ir por el PJ de la provincia que gobierna, ya que en septiembre Fuerza Patria había ganado la elección provincial por casi 14 puntos.

En tanto que quien evidenció la posición del cristinsimo fue la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza. En los últimos días, la legisaldora mantuvo algunas reuniones en sus distritos abocadas al PJ quilmeño. Ella seguirá como presidenta del partido en su municipio. En ese marco, bregó por “la unidad del partido”.

Este miércoles se reunió con distintos gremios y detalló que “el partido, en sus distintos órdenes, El partido, en sus distintos órdenes, tiene que encontrar síntesis, abrazar a todos y todas aquellas que creemos que lo fundamental es enfrentar al actual modelo nacional y acumular fuerzas contra las políticas de Milei que dañan a nuestro pueblo, como el proyecto de flexibilización laboral que quieren tratar en el Congreso nacional”.

La legisladora también enfatizó que “ninguno de nosotros es tan importante como el colectivo que conformamos y que tiene que seguir ampliándose de cara a los desafíos que deberemos enfrentar”. Toda una señal interna. Pese a que suben las acciones para que Kicillof sea el futuro presidente del justicialismo en la provincia que gobierna, en el kirchenrismo advierten que quien presida el PJ no podrá omitir el reclamo por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner. Otro mensaje para Kicillof, no solo en lo que refiere al PJ bonaerense, sino también a la proyección que pueda llegar a tener para 2027.

El Gobierno oficializó una decisión que ya habían anticipado a finales de 2025: la reestructuración integral del IOSFA y la creación de dos nuevas entidades autárquicas, separando de forma definitiva la cobertura de salud de los militares y la de los policías federales. El anuncio, que impacta directamente sobre más de 500 mil beneficiarios, responde a demandas históricas de ambos sectores y marca un punto de inflexión en la gestión de la salud pública para las fuerzas de defensa y seguridad.

Las autoridades tomaron esta decisión con el objetivo de enfrentar la crisis financiera que atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La deuda que mantiene ronda los 200 mil millones de pesos. Desde el Gobierno consideran que estos problemas operativos derivan de irregularidades en la gestión de las administraciones anteriores.

Entre las poblaciones más golpeadas por el deterioro de la entidad se encuentra Punta Alta, donde, según datos de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de los 77.000 habitantes, 42.000 dependen de IOSFA y llevan meses sin acceder a servicios básicos de salud.

Frente a este diagnóstico, el ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en busca de alternativas viables para rescatar a IOSFA del colapso. La reorganización planteada consiste en una división estructural del organismo.

De esta manera, la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) nace como ente autárquico con personería jurídica propia, bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Su ámbito de acción se extiende a todo el territorio nacional, con la misión central de “brindar cobertura para la atención médico asistencial y social a la totalidad de la población beneficiaria”, de acuerdo con el Programa Integral de Prestaciones que apruebe su propio Directorio. El decreto estipula que las prestaciones jamás podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio aprobado por el Decreto N° 492/1995, ni a futuras actualizaciones.

La OSFA contará con un directorio integrado por representantes de cada una de las fuerzas armadas. Esta estructura garantizará, según el Ejecutivo, una conducción especializada y alineada con las necesidades particulares de cada institución militar. El Ministerio de Defensa ejercerá la fiscalización y el control de la nueva obra social, actuando como autoridad de aplicación y responsable último de su funcionamiento.

En paralelo, se establece la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) como ente autárquico dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Su principal objetivo es la cobertura médico-asistencial y social para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y eventuales futuras incorporaciones de otras fuerzas federales.

Esta desarrollará sus funciones a nivel nacional, bajo estrictos parámetros de control por parte del Ministerio de Seguridad Nacional.

El Directorio de la OSFFESEG estará integrado por cinco miembros titulares, todos serán designados y removidos, en caso de ser necesario, por el Ministerio de Seguridad. La presidencia recaerá en una persona con probada idoneidad y antecedentes técnicos en gestión pública o privada. El decreto exige que todos los miembros demuestren competencia y formación en administración, así como experiencia en organismos complejos.

La OSFA Tendrá como afiliados titulares al personal militar en actividad, personal civil de las Fuerzas Armadas, empleados directos de la obra social, retirados y pensionados. A ellos se suman los beneficiarios incorporados, que int tegran el grupo familiar primario del titular, incluyendo cónyuge o conviviente, hijos menores de 21 años y, bajo ciertas condiciones, hijos mayores hasta los 25 años que cursen estudios formales. Según lo dispuesto, el directorio podrá autorizar la incorporación de afiliados adherentes, siempre que no posean otra cobertura de salud y cumplan con los requisitos de sustentabilidad financiera.

Mientras tanto, la OSFFESEG incorpora como titulares al personal con estado militar de Gendarme en actividad, personal policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina, personal civil en relación de dependencia en ambas fuerzas, empleados de la propia obra social y personal retirado o pensionado de ambas instituciones. El grupo familiar primario de cada titular también accede a la cobertura, con condiciones similares a las fijadas para la OSFA. Además, el Directorio de la OSFFESEG tiene la facultad de admitir nuevos afiliados adherentes, siempre que se acredite la viabilidad financiera y se trate de personas sin otra cobertura.

Ambas obras sociales contarán con una estructura financiera basada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas y aranceles de adherentes, ingresos por ventas de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones. El porcentaje de aportes y contribuciones se calculará sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos de los haberes, excluyendo asignaciones familiares, gastos y viáticos.

El decreto establece que tanto OSFA como OSFFESEG deberán destinar al menos el 80 % de sus recursos a la prestación de servicios de salud, mientras que los gastos administrativos y de funcionamiento no podrán superar el 8 %. Si existiera un excedente y todas las obligaciones de salud y administrativas estuvieran cubiertas, hasta un 12 % podrá dirigirse a otras prestaciones sociales.

A su vez, autorizaron al directorio de cada institución a formular el reglamento interno, proponer estructuras orgánicas y normativas administrativas, aprobar programas médicos, presupuestos anuales y balances, contratar personal y servicios, fijar políticas de inversión y presentar informes de gestión ante sus respectivos ministerios.

Además, aclararon que ambos equipos de trabajo estarán sometidos a auditorías internas bajo la Sindicatura General de la Nación y deberán cumplir rigurosas normas de incompatibilidad para evitar conflictos de interés.

En esa línea, establecieron que el mandato de los miembros será de cuatro años, con posibilidad de reelección. De manera obligatoria, todos los integrantes deberán acreditar competencia y experiencia en la gestión pública o privada, especialmente en áreas de administración y salud.

Para garantizar la continuidad de servicios, el decreto prevé la transferencia ordenada de activos, personal y derechos desde el IOSFA hacia las nuevas entidades. Durante la transición, un administrador designado por el Ministerio de Defensa y una Comisión Especial Ad-Hoc —con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía— supervisarán el traspaso, incluyendo la restitución de bienes, la cancelación de pasivos y la definición de toda la normativa complementaria necesaria.

El proceso contempla la preservación de las prestaciones actuales y la protección de la población afiliada a lo largo de toda la transición. Las sedes centrales de ambas nuevas obras sociales estarán ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde operarán sus sistemas y servicios a nivel nacional.

Desde el Gobierno señalaron que la decisión responde a “circunstancias excepcionales que tornan necesario y urgente adoptar medidas inmediatas de reorganización institucional, financiera y operativa del sistema de cobertura de salud”, ante el “desequilibrio estructural y desfinanciamiento que atraviesa el IOSFA”. El Ejecutivo remarcó que la reestructuración permitirá “asegurar la continuidad, regularidad y calidad de las prestaciones médico-asistenciales y evitar una afectación actual o inminente del derecho a la salud de los afiliados”.