La CGT descartó un paro general para este miércoles y sólo se movilizará hacia la Plaza de los Dos Congresos para protestar contra la reforma laboral, pero hay sindicatos que decidieron un cese parcial de actividades para que la gente concurra a la concentración y otros, de impronta combativa, resolvieron una huelga de 24 horas.

Un sector crucial como el transporte, por ejemplo, tendrá una postura dispar ante la concentración de la CGT, pero en general habrá un funcionamiento normal, como es lógico, para ayudar a movilizar a los manifestantes hasta la zona del Congreso y luego para el regreso a sus casas.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decidió este lunes que no hará un paro de 12 horas, como llegó a analizarse, sino ceses de actividades parciales que aún no están definidos.

El titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), lo explicó en una conferencia de prensa realizada tras el encuentro de sus dirigentes: “Vamos a declarar un cese de actividades a partir de las 13 horas, que se va a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo como en el marítimo y portuario y en los subtes”.

“Nosotros queremos garantizar que la gente llegue. Cada sindicato va a establecer la modalidad que más le convenga. Algunos tendrán dos horas, otros tendremos cuatro, algunos tendrán tres -detalló-, pero, de esa manera, vamos a garantizar la mayor afluencia de compañeros para expresar nuestro rechazo frente al Congreso Nacional. O sea, no es un paro de media jornada, no es un paro”.

Eso significa que por la mañana y hasta las 14.30, hora prevista para la movilización de la CGT, los medios de transporte funcionarán con sus diagramas habituales, aunque algunos sindicatos podrían hacer al final de la tarde una huelga parcial. Los metrodelegados, por ejemplo, evalúan parar 2 o 3 horas tras la concentración.

En esta posición, tal como se decidió, se ubican los sindicatos que integran la CATT: Camioneros, pilotos, aeronavegantes, personal aeronáutico de tierra, viales, marítimos, portuarios, fluviales y subterráneos.

Por fuera de la CATT, decidieron no parar dos sindicatos clave que agrupan al personal de los trenes: La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, que dirige Sergio Sasia. Por eso no habrá problemas para quienes usan este medio de transporte ya que ni siquiera parará una seccional combativa como la de Oeste, liderada por Rubén “Pollo” Sobrero.

Tampoco dispondrá ninguna paralización de actividades la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, por lo que este miércoles estará garantizado el servicio de colectivos en el AMBA.

Por otra parte, hay sindicatos que decidieron movilizarse este miércoles hacia el Congreso Nacional y también concretar paros de actividades, como los que integran el nuevo frente gremial ultraopositor, impulsado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros, entre otros.

Se trata del mismo sector que ya comenzó un plan de lucha contra la reforma laboral sin el aval de la CGT (pese a que la UOM ocupa la Secretaría Gremial de la central). El jueves pasado hicieron una movilización en Córdoba y este martes realizarán otra en Rosario.

Los metalúrgicos, liderados por Abel Furlán, confirmaron que este miércoles efectuarán un paro de 24 horas, con abandono de tareas a las 10 para que los trabajadores del sector puedan movilizarse hacia el Congreso.

De la misma forma, el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, llamó a todos los trabajadores “a parar igual”, aunque la CGT no haya convocado a una huelga general, y explicó que “tienen cobertura legal para hacerlo”.

“Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica -aseguró-. Frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores, sería un error grave privarlos de ejercer el derecho de huelga”.

El dirigente, de impronta combativa, señaló: “Tenemos que paralizar todas las actividades este miércoles para impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores. Los mandatarios que avalan esta reforma están firmando su propia sentencia de muerte y las de sus provincias”.

También anunciaron paros que se realizarán este miércoles organizaciones gremiales alineadas con la izquierda como el Sindicato Unico del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA), entre otras.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró en una entrevista con Infobae en vivo que la reforma tributaria “es igual de importante que la reforma laboral”. El mandatario provincial subrayó la necesidad de modificar el sistema impositivo del país y planteó que el debate no debe limitarse a una sola de las grandes transformaciones en discusión: “Quiero tener una discusión de reforma impositiva integral de la Argentina, que creo que nos la debemos. Yo arrancaría por los impuestos distorsivos que tiene la Argentina, que son horribles”.

Durante el primer programa de Infobae al Regreso, Frigerio diferenció el capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo nacional, al calificarlo de “apéndice” y señalar que carece de vinculación directa con la modernización de las normas laborales. Para el exministro del Interior, el núcleo del problema radica en la estructura tributaria: “En las provincias tenemos ingresos brutos, sellos, los municipios muchas veces cobran tasas que son impuestos, y el gobierno nacional tiene dos impuestos tremendamente distorsivos que no se cobran en ningún lugar del mundo, prácticamente, que son las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque”.

Según detalló el gobernador entrerriano, su gestión en la provincia de Entre Ríos se propuso reducir la carga impositiva y avanzar hacia el equilibrio fiscal. “En Entre Ríos yo bajé los impuestos, mis impuestos cayeron todos en términos reales, estoy bajando todo lo que puedo y, a la par, pasé del déficit que encontré al equilibrio fiscal, bajé la deuda en términos de ingresos y logré también llevar adelante una suerte de RIGI provincial, un RINI, Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones, donde todas las inversiones nuevas no pagan ningún impuesto, ni provincial ni municipal, durante quince años”, remarcó el gobernador.

El gobernador puso énfasis en la presión fiscal que enfrentan quienes tributan en el país: “Para el que paga impuestos, que no son todos, la presión impositiva es altísima”. Su propuesta es que la reducción de impuestos se aborde de manera coordinada entre nación, provincias y municipios, bajo el espíritu del último pacto fiscal que lideró como funcionario nacional.

Al referirse a la reforma laboral, Frigerio la calificó como “un antes y un después para la Argentina”, pero insistió en que el capítulo fiscal no debe ensombrecer el objetivo principal: “Lo importante de la reforma laboral no es este último capítulo. Este es un capítulo que suma, que se podría discutir perfectamente en una reforma impositiva integral, que yo apoyo esa discusión, que además tiene que venir acompañada de un acuerdo fiscal de los tres niveles de gobierno”.

En tanto, el mandatario provincial describió la situación de las provincias tras el proceso de descentralización fiscal y la magnitud de sus responsabilidades en salud, educación, seguridad y justicia. “La verdad que de un día para el otro, las provincias tuvieron que hacerse cargo de la gran mayoría del gasto público”, relató. “Ahora se está atacando, pero el déficit fiscal es la madre de todos los problemas macroeconómicos de la Argentina. No pongamos nunca en duda eso, nunca más, y privilegiemos el equilibrio fiscal por encima de cualquier cosa. Pero además, bajemos los impuestos”.

En cuanto al impacto de la reducción del impuesto a las ganancias, Frigerio aclaró que la medida afecta a todos los niveles de gobierno: “El impuesto a las ganancias baja los ingresos de todos los niveles de gobierno. De la nación, de las provincias y de los municipios”.

El dirigente subrayó que el país necesita una discusión amplia sobre su esquema fiscal: “La Argentina tiene que reducir su presión impositiva y, a mi juicio, tiene que arrancar con los impuestos distorsivos, los más distorsivos que tiene Argentina, que son: impuesto al cheque, retenciones a las exportaciones y, en el caso de las provincias, ingresos brutos y secundarios”.

Durante el diálogo, el exministro también abordó la problemática de la “industria del juicio”, a la que atribuyó la desaparición de numerosas pymes. “Es tremendo el tema de la industria del juicio. Tremendo. La cantidad de pymes que han desaparecido por la industria del juicio es dramático”, enfatizó.

Sobre la gestión del gobierno nacional, Frigerio evitó las críticas frontales y manifestó su deseo de que a la administración de Javier Milei le vaya bien. “Tengo muchas ganas de que este gobierno le vaya bien porque le va a ir bien a los argentinos, le va a ir bien a los entrerrianos. Y estoy trabajando desde hace dos años con esa idea y con esa lógica, más allá de la especulación personal, partidaria, electoral”.

A lo largo del diálogo, el gobernador de Entre Ríos insistió en la necesidad de que los principales temas de la agenda pública sean debatidos en el Congreso y celebró el giro hacia la discusión de reformas estructurales. A su entender, “modernizar las normas laborales que en la Argentina están estancadas de hace décadas” constituye un paso relevante para el país. Además, expuso que el régimen de incentivos provincial ya permitió comprometer inversiones por doscientos millones de dólares y la generación de casi dos mil puestos de trabajo nuevos.

El mandatario provincial concluyó su intervención destacando que la salida del populismo y la recuperación del crédito dependen tanto del equilibrio de las cuentas públicas como de la capacidad para avanzar en reformas institucionales y tributarias profundas, en línea con los desafíos que enfrentan la economía y la sociedad argentinas.

Arrancan este jueves 48 horas intensas en el Senado. Con algún cambio de temario para atender últimos pedidos presidenciales, el oficialismo avanza sobre terreno firme para coronar proyectos destacados de su agenda -reforma laboral y régimen pernal juvenil-, pero no ocurre lo mismo con la modificación de ley de glaciares. Llega con inquietud en este caso y eso altera la difundida idea de un tejido que aseguraría número de sobra para toda iniciativa del Gobierno. Olivos tiene para celebrar, aunque no cuenta con una alianza inalterable que garantice alineamiento mecánico. Los votos se negocian proyecto por proyecto.

El panorama del Congreso termina de exponer así un cuadro que explota el Gobierno, con beneficios y también con costos, y que a la vez puede provocarle algún disgusto. La crisis de partidos -esta semana, con capítulo fuerte del peronismo en el Senado- opera a favor de Olivos, en general. Al mismo tiempo, es un ejercicio costoso de acuerdos -especialmente, con los gobernadores- y cada tanto, por eso mismo, expone una realidad complicada por razones de interés provincial o sectorial, antes que por posicionamiento político/ideológico.

Es el caso del proyecto para modificar la ley de glaciares, que en caso de avanzar este jueves en el Senado integrará la lista de Diputados en sesiones ordinarias. Es probable que la votación esté marcada por fisuras en casi todos los espacios, incluido el interbloque del peronismo/K, golpeado por las últimas deserciones. La posibilidad cierta de sumar un par de votos de esas filas mantiene abierta la expectativa del oficialismo.

Según fuentes de buen olfato, jugarían a favor de la sanción –más allá de su origen o encuadramiento político– representantes de provincias que empujan y consideran favorable a sus economías la modificación de la ley. Corre para todos. El oficialismo apuesta al caso de senadores del San Juan y Catamarca que integran el interbloque peronista. Al revés, por cuestiones de fondo pero también por razones locales, descontaría votos de aliados. Un ejemplo: socios de LLA de provincias como La Pampa, que anota cruces de facturas con Mendoza.

En un tablero marcado por cuestiones de esa naturaleza, el oficialismo registra dificultades serias para contar con apoyo en bloque o al menos mayoritario de la UCR y también del PRO. Suma provinciales diversos y también el finalmente consagrado espacio del peronismo disidente, un logro que anota la operación violeta -y en especial, Patricia Bullrich– y que significó la vicepresidencia de la Cámara para Carolina Moisés.

Esa movida en dos tiempos -la fractura del interbloque del peronismo/kirchnerismo y la consagración de la legisladora jujeña sin atender a la primera minoría- alimentó un estado de celebración, casi de euforia, por los resultados que viene cosechando el oficialismo en esta etapa de sesiones extraordinarias. La votación de autoridades fue contundente. Y la reforma laboral, luego de negociar puntos o dejarlos de lado -lo más reciente, la baja del artículo sobre licencias por enfermedad- se impuso de manera sobrada en Diputados y mañana sería sancionada con comodidad en la otra ala del Congreso.

Esos resultados -también, el régimen penal juvenil- generaron una lectura por encima incluso del impacto político de tales logros legislativos. En el imaginario violeta, algunos anotaron la proyección de una mayoría sólida y garantizada para avanzar con todos los proyectos del Ejecutivo y también, con las ambiciones, entre ellas la ampliación e integración de la Corte Suprema. Desde el circuito próximo a Olivos se hicieron trascender especulaciones en ese sentido.

En lo inmediato, desde el Gobierno ya anticipan algunos títulos de los proyectos para después del 1° de marzo. Y en esa lista por ahora informal se destaca una iniciativa sobre fondos o presupuesto para las universidades públicas y un texto para sobre licencias médicas, algo que en su versión original fue desechado para allanar el camino de la reforma laboral. En los dos casos, parece difícil el trámite legislativo si no es en base a acuerdos con socios y aliados y, en cuanto a los reclamos universitarios, sin un entendimiento con el consejo de rectores.

Son temas singulares. El de las licencias médicas tiene el antecedente mencionado: la poda y, al mismo tiempo, las internas en el propio oficialismo por la letra y la oportunidad del artículo. No parece razonable el sentido casi de revancha que tiñe la versión de algunas fuentes del oficialismo, en base a la lectura sobre el “envalentonamiento” violeta por los últimos éxitos legislativos. Esos avances fueron expresión de negociaciones y las votaciones, notables, sumaron apoyos pero no mayoría al estilo de la “escribanía” K.

El otro ejemplo tiene capítulo previo y tiempos diferentes. El Gobierno necesita resolver en algún momento su respuesta frente a la ley de financiamiento universitario, vigente luego del rechazo legislativo al veto presidencial. El tema está en la Justicia, sin buena perspectiva para el Gobierno más allá de recursos de abogados. Por supuesto, si los negociadores coronan un acuerdo con las universidades, pasaría sin sobresaltos la prueba del recinto.

En un punto, los resultados del Congreso aportan al discurso del oficialismo, que busca fundir avances plenos y hasta logros matizados en un todo triunfal. Acaba de ocurrir con los números del EMAE, que muestran un global desempeño positivo y también renglones preocupantes, como la sostenida baja o frío en actividades como la industria y el comercio. La reacción oficialista frente a tales señalamientos es descalificarlos por K.

La intención de mostrarse avasallante y con un armado uniforme en el Congreso coloca en lugar destacado, como contrapartida, cualquier sobresalto legislativo. El tratamiento de la reforma a la ley de glaciares viene teñido por esa pincelada, que por lo demás relega la discusión de fondo sobre un tema delicado como los presupuestos de protección de glaciares y ambiente periglacial. El último señalamiento sobre los cuidados del caso fue hecho por la Iglesia Católica. No es un tema menor y supera la economía inmediata. Como sea, si se limita al número de votos, aún una aprobación ajustada expondría el mal cálculo -y discurso- que confunde alianzas con mayoría automática.