La Justicia federal volvió a frenar el intento del Gobierno de avanzar con la transformación del Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, resolvió prorrogar por seis meses la medida cautelar que suspende los efectos del Decreto 116/2025, norma dictada por el Poder Ejecutivo nacional que dispuso el cambio en la estructura jurídica de la principal entidad bancaria pública del país.
La decisión judicial mantiene bloqueada la implementación de la reforma al menos hasta septiembre de 2026 y obliga al Poder Ejecutivo a abstenerse de adoptar cualquier medida administrativa o reglamentaria tendiente a avanzar con la conversión del banco estatal en sociedad anónima, mientras se mantenga vigente la cautelar.
El Banco de la Nación Argentina es la mayor entidad financiera pública del país y uno de los actores centrales del sistema financiero argentino. Según datos del propio banco, su participación en el financiamiento productivo alcanza sectores estratégicos como el agro, las pequeñas y medianas empresas y el comercio exterior. Por el volumen de activos y su rol en la economía, cualquier modificación en su estructura jurídica impacta directamente en la política financiera nacional.
La resolución fue dictada en el marco de una causa iniciada por trabajadores del Banco Nación que cuestionan la legalidad de distintas decisiones vinculadas a un eventual proceso de privatización o transformación institucional de la entidad. El expediente continúa en trámite, con recursos pendientes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que el conflicto judicial sigue abierto.
La medida cautelar que frena el decreto del Gobierno fue dictada originalmente el 13 de marzo de 2025 por Ramos Padilla, quien suspendió los efectos de la norma durante seis meses. Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la decisión el 5 de junio de 2025, rechazando los planteos del Estado nacional y del Banco Nación para revertir el fallo de primera instancia.
Al acercarse el vencimiento de ese plazo, en septiembre de 2025 el juzgado prorrogó la cautelar por otros seis meses, extensión que también fue revisada y confirmada por la Cámara Federal en octubre del mismo año. Ante el próximo vencimiento, los demandantes solicitaron una nueva extensión, argumentando que el litigio principal aún carece de una resolución definitiva y que el decreto sigue formalmente vigente. Ramos Padilla concedió la prórroga solicitada.
En su resolución, el magistrado explicó que las medidas cautelares buscan evitar que el paso del tiempo o la ejecución del acto cuestionado frustren el resultado práctico del proceso judicial. Señaló que la implementación del decreto podría generar consecuencias institucionales o jurídicas de difícil reversión si la Justicia finalmente resolviera en contra de la decisión del Poder Ejecutivo.
El juez precisó que el análisis sobre la continuidad de la cautelar debe considerar el estado actual del expediente y el riesgo de que el acto impugnado produzca efectos irreversibles. En este caso, subrayó que el proceso principal aún no cuenta con una sentencia firme y que existen recursos en trámite ante instancias superiores, lo que demuestra que el litigio continúa bajo revisión judicial. Por ese motivo, concluyó que levantar la cautelar en este momento podría tornar ilusorio el resultado del proceso, especialmente dada la magnitud institucional de las decisiones sobre el Banco Nación.
El expediente judicial se inició en junio de 2024, cuando un grupo de trabajadores del Banco Nación presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional y contra la propia entidad bancaria. Los demandantes objetaron una resolución del directorio del banco que había contratado al estudio jurídico Liendo & Asociados para asesorar en un proceso de reestructuración institucional, que incluía la posibilidad de transformar el banco en sociedad anónima.
En septiembre de 2024, el juzgado de primera instancia dictó que ni el DNU 70/2023 ni la resolución del directorio habilitaban por sí solos un cambio en la naturaleza jurídica del Banco de la Nación Argentina. Según ese fallo, una modificación de ese tipo solo podría realizarse mediante una ley formal aprobada por el Congreso de la Nación.
El Gobierno planteó que el debate había quedado abstracto tras la sanción de la Ley Bases, que excluyó al Banco Nación del listado de empresas sujetas a privatización. No obstante, el escenario cambió a comienzos de 2025 con la emisión de un nuevo decreto.
El 20 de febrero de 2025, el Gobierno nacional dictó el Decreto 116/2025, que dispuso la transformación del Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima. Los demandantes consideraron esta norma un “hecho nuevo” dentro del expediente judicial, lo que motivó el pedido de una nueva medida cautelar para frenar su aplicación.
Ese planteo dio origen al incidente judicial que terminó con la suspensión del decreto. El expediente atravesó distintas instancias de apelación y recursos presentados por el Estado nacional y el Banco Nación. Esos recursos fueron rechazados por la Cámara Federal de La Plata, pero las partes presentaron quejas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún se encuentra evaluando esas presentaciones.
La resolución firmada por Ramos Padilla no resuelve el fondo del conflicto, pero extiende el bloqueo judicial sobre el decreto del Gobierno por seis meses más. Durante ese período, el Poder Ejecutivo no podrá avanzar con la implementación del Decreto 116/2025 ni adoptar medidas para ejecutar la transformación institucional.
El juez sostuvo que las condiciones que justificaron la cautelar original se mantienen y que no se registraron conductas dilatorias por parte de los demandantes que pudieran justificar su levantamiento. En este contexto, concluyó que preservar la situación actual es la alternativa que mejor resguarda el interés público mientras la causa sigue en revisión judicial.
En la práctica, la decisión mantiene congelado el plan oficial para modificar la estructura jurídica del Banco Nación hasta que exista un nuevo pronunciamiento judicial o hasta que se cumpla el plazo de la nueva prórroga. Mientras tanto, el expediente continuará su curso en los tribunales y podría resolverse finalmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene en estudio los recursos del Estado y del Banco Nación.
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