Pasaron dos años desde la última vez en que las organizaciones sociales realizaron cortes en rutas de todo el país. Ayer volvió a suceder. ¿La razón? El Gobierno eliminó el plan “Volver al Trabajo”, una asistencia de 78 mil pesos por mes que cobraban cerca de un millón de personas. En el proceso de “reconvertir el plan en trabajo”, esa cantidad de gente no pudo ingresar al mercado laboral.
El total de la asistencia representa 680 millones de dólares al año. Los cortes de ruta se sintieron —y con fuerza— en Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán y la provincia de Buenos Aires, además de los accesos a la Capital Federal. Para dimensionar el impacto del recorte, en Chaco cobraban ese “salario” 47 mil personas (ayer se abonó el último pago), lo que implica más de 3 mil millones de pesos que saldrán de la economía.
“Ahora nos miran a nosotros, pero ese impacto en la economía lo van a sentir los gobernadores”, argumentó Eduardo Belliboni (Polo Obrero) ante la consulta de Infobae. El ajuste y la caída de la actividad económica son hoy los principales problemas que enfrenta la gestión de Javier Milei, más allá de los ruidos políticos y judiciales de funcionarios clave.
Ante esa caída fiscal, el ministro del Interior, Diego Santilli, se apresuró a llamar a gobernadores aliados para adelantar fondos y permitirles cerrar sus cuentas. Los frentes salariales están abiertos en prácticamente todas las provincias. Según el registro del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en 18 provincias aún no hubo acuerdo en paritarias de planta permanente. Además, otras 17 no cerraron paritaria docente, 15 tampoco con el sector de la salud y 10 con las fuerzas de seguridad.
Las transferencias automáticas cayeron un 8,1% y el consumo no encuentra piso. Un ejemplo ilustra la situación: un empresario gastronómico de la zona norte del conurbano bonaerense relató a este cronista que tiene dos restaurantes bajo la misma marca, uno en una zona de clase media ajustada y otro en una de clase media alta. “El primero cayó un 40% interanual y perdí plata por primera vez en 20 años, sin contar la pandemia. El segundo no da abasto por reservas realizadas”. Dos países que conviven.
El martes, mientras los mandatarios provinciales se sacaban la foto en Casa Rosada con Santilli para llevarse fondos frescos, en despachos cercanos se seguía el minuto a minuto del escándalo de Manuel Adorni. Además de nuevos préstamos que aparecieron en las últimas horas —los detalles, ya que lo general sí fue mencionado en su declaración jurada—, esta mañana se presentará ante el fiscal Gerardo Pollicita la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
Según pudo saber Infobae, esta mujer, que conoce a Adorni desde hace más de 25 años, lo hará con documentos para certificar que su trabajo fue realizado correctamente. También presentará los préstamos de quienes le vendieron las propiedades al ahora funcionario. La pregunta clave será conocer los plazos establecidos para la devolución de 200 mil dólares y si estos son acordes al flujo de ingresos del jefe de Gabinete.
El jueves deberán presentarse Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito en el que vive Adorni y le prestaron 200.000 dólares. Para el lunes fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, quienes le facilitaron 85.000 y 15.000 dólares, respectivamente.
También resulta interesante observar el accionar judicial. El juez que lleva esta causa es Ariel Lijo. Otra investigación sensible para el Poder Ejecutivo, la de los créditos del Banco Nación a funcionarios, también recayó en Lijo. Dos meses atrás, el 11 de febrero, tras un año de subrogancia, el juez Sebastián Casanello dejó la investigación por ANDIS. La causa pasó a manos de… Ariel Lijo. El juez federal tiene mucho por hacer.
El problema político que se suma es la falta de un vocero sólido para defender al Gobierno en un momento de tensión social. Manuel Adorni sabía hacerlo como ningún otro. Controlaba lo discursivo en medio del desorden. Eso ya es pasado. Por eso, algunos intentan convencer —hasta ahora sin éxito— a Karina Milei de que es momento de soltarlo.
“Estamos perdiendo tiempo. No salimos de esa agenda y se suman otros temas que nos obligan a estar a la defensiva. Ni hablar de la imposibilidad de dar entrevistas. ¿Qué hacemos cuando lo imputen?”, planteó un funcionario con despacho en Casa Rosada.
Balcarce 50 es hoy el epicentro de las noticias y de las internas, más allá del acto de censura al quitar acreditaciones a periodistas. Al igual que en 2012, cuando Jorge Lanata impulsó la campaña “Queremos preguntar”, 14 años después la consigna vuelve a resonar.
Esa sucesión de malas noticias llevó al Presidente a redoblar la apuesta y afirmar que “no odiamos suficiente a los periodistas”. Para llevar esa idea a la acción, el informe sobre supuestos pagos de la inteligencia rusa a periodistas para desprestigiar a su Gobierno fue tomado como una oportunidad por el oficialismo, que pasó a denunciar “traición a la patria” por parte de algunos medios de comunicación.
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