Después de una semana de catarsis por la sesión que derivó en una descremada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el oficialismo libertario paró la pelota en el Senado y, en vez de apurarse para ir rápido al recinto, se dispone a preparar un encuentro de cara a finales del corriente mes: algunos temas -por ahora- esperarán, mientras que otros sin conflicto ya se sumaron a la carpeta y, lo que falta, es una iniciativa de peso para justificar el convite.

La resolución que tomó La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, apunta a no repetir lo ocurrido días atrás y evitar resentir la relación con los aliados. Durante la semana que termina, las explicaciones que oyó Infobae desde diversas bancadas dialoguistas estuvieron relacionadas con diversos motivos: las críticas -camino más fácil para desviar la lupa- al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; datos económicos que empiezan a preocupar a legisladores -el peronismo aprovechó para meter bocado y recuperar protagonismo-; y movimientos que se empiezan a escanear sobre el futro electoral -y laboral- en un puñado de bloques.

Bajo este escenario, lo primero que aparece en fila para una eventual sesión es el nuevo lote de pliegos judiciales de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja). A esto se le sumará un ramillete de convenios internacionales que pasó sin inconvenientes el filtro legislativo. La duda que persiste es qué proyecto de los considerados “fuertes” para el Ejecutivo quedará listo para ser aprobado por el pleno.

Una iniciativa que ya está con despacho rubricado -y luz verde de Diputados-, pero que oficialistas y aliados coinciden -con picardía- dejar en stand by en las últimas horas es la denominada “Hojarasca”, una de las criaturas de Sturzenegger para dinamitar normas vetustas. Se agrupan en seis categorías: leyes superadas por posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Entre las normas a derogar figuran las de azotes -del siglo XIX-, de microfilmación, de mochileros, y de regulaciones sobre laboratorios públicos que, según la administración central, nunca crearon nuevos establecimientos ni asignaron fondos. “No hay apuro para acelerar y hay otras cuestiones pendientes”, manifestó a este medio un radical, a mitad de la semana. No obstante, un oficialista dijo que le parece “demasiado” frenar por una discusión más política que técnica este tema, aunque reconoció el malestar.

Por otra parte, el miércoles se reanudó, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General el análisis del Súper RIGI, cuyo objetivo es atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que el Gobierno considera “industrias del futuro”. Ante un kirchnerismo que criticó la iniciativa y dialoguistas que se mostraron dubitativos, La Libertad Avanza traerá la semana próxima al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con el fin de blindar el texto. Podría ser una visita tensa o de riesgo ante una oposición que se enfoca, con mayor atención, en cómo llega la sociedad argentina a fin de mes.

Otra ley que interesa es la de Salud Mental. Infobae contó, al término del mes pasado, la circulación de un semáforo con los ítems que más y menos consenso presentaban, más allá de que todo continúa en revisión constante. Son 14 puntos. La mitad, se encontraban en verde; cinco, en amarillo; y dos, en fuerte conflicto. En el último lote aparecían las obligaciones de familiares y representantes legales, que sería lo que mayor trifulca genera hasta el momento. Un cuarto proyecto es el referido a Sociedades, de Sturzenegger, aunque en el sondeo realizado por este medio no sumó tantos adeptos, más allá de la consideración positiva de algún dialoguista que la sigue de cerca.

Hace menos de un mes, el Gobierno tenía todo listo para avanzar con la suspensión de las PASO en el Congreso en septiembre, con la posibilidad de acordar listas colectoras, el sistema que permite que los gobernadores aliados enganchen sus listas de legisladores en la del presidente Javier Milei, quien buscará su reelección en 2027. Sin embargo, algunos mandatarios provinciales empezaron a mostrar ciertas dudas. “Falta confianza”, advirtieron a Infobae quienes, además, adelantan que se tratará de una negociación hasta último momento.

La derrota del oficialismo con la Ley de Tierras abrió un nuevo capítulo en el vínculo con los gobernadores. Algunos de los aliados le bajaron el pulgar, incluso siendo una medida que apoyaban y que beneficiaba a sus territorios. “Cuando las cosas están mal explicadas, las cosas salen mal”, dijo Juan Pablo Valdés a este medio, quien responsabilizó a La Libertad Avanza por la mala comunicación. El canciller Pablo Quirno aseguró que un extranjero podría comprar un municipio o una provincia. Eso, sumado al rechazo social de la mano de figuras del espectáculo como Tini y Emilia Mernes, generó una situación incómoda para los mandatarios provinciales.

Pero antes de lo que sucedió en el Senado con la Ley de Tierras, el Gobierno había iniciado una etapa de acercamiento con los aliados, sobre todo con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. En esos días, la suspensión de las PASO era prácticamente un hecho, ya que contaban con el apoyo de la UCR y el PRO. ¿Qué es lo que cambió? Un sector del radicalismo comenzó a poner en duda su apoyo al proyecto que, entre otras cosas, los dejaría sin una herramienta clave para dirimir liderazgos, sobre todo si surgiera un candidato a presidente que pudiera representar a la centroderecha.

Al no tener un candidato definido a presidente, la implementación de las colectoras aparecía como la solución al dilema que viven los gobernadores radicales en sus provincias: un alto nivel de apoyo a la figura de Milei, un electorado compartido y la ausencia de una figura que irrumpa y lidere una alternativa a La Libertad Avanza. Pero algo sucedió en los últimos días que hizo que un sector de la UCR se ilusione con la posibilidad de pelear por la Presidencia.

“El tema se enfrió”, reconocen algunos correligionarios sobre la suspensión de las PASO. Otros son más tajantes y consideran que el Gobierno perdió tiempo con la salida de Manuel Adorni, más el operativo frustrado para recibir a la Selección argentina y la impericia para aprobar la Ley de Tierras. “Tenían que haber avanzado cuando estaban los votos y se colgaron”, describen. Esa nueva mirada no implica que eventualmente apoyen la reforma electoral, pero sí aclaran que el Gobierno no tendrá la negociación tan fácil como se creía.

En la Casa Rosada saben que cuentan con el apoyo del PRO, más aún después de las paces que hicieron Karina Milei y Mauricio Macri para conformar una mesa política para avanzar en una alianza electoral. Tanto Rogelio Frigerio como Ignacio “Nacho” Torres mantienen su apoyo para suspender las internas, según dijeron a Infobae. Junto con el partido amarillo, el radicalismo referenciado con Alfredo Cornejo y los gobernadores del norte y la cordillera, La Libertad Avanza planea aceitar el vínculo para llegar a un acuerdo de cara a 2027.

Pero hay un calendario que apremia. El Gobierno quiere que el futuro de las PASO se resuelva en el Congreso en el mes de septiembre para cumplir con la exigencia de la Cámara Nacional Electoral, que requiere un cronograma para octubre. Los libertarios confían en que no habrá inconvenientes. Si bien reconocen el desacierto con la Ley de Tierras, mencionan como ejemplo de buena sintonía con los aliados el dictamen que se logró en Diputados para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal.

“¿Por qué lo vamos a apoyar ahora? Falta mucho”, dicen los dirigentes vinculados en las negociaciones electorales. Son los mismos que mencionan la necesidad de aprobar el proyecto de Zonas Frías, que reduce los subsidios al gas, para avanzar con Zonas Cálidas, que creará una especie de “semáforo” de tarifas, por zona geográfica, según la temperatura. Es por eso que el Gobierno tiene como objetivo acelerar esas conversaciones y en los próximos días tendrán reuniones con mandatarios de la UCR. “Hay plafón para avanzar en acuerdos”, confían.

La última reunión de “Radicales, estamos a tiempo”, el espacio que congrega a dirigentes históricos como Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez y Mario Negri, entre otros, planteó la necesidad de que la UCR tenga un candidato a presidente, para no repetir el fracaso de la estrategia electoral de 2023. Además, defendieron las PASO que, según su mirada, “el intento de eliminación es una trampa para favorecer el protagonismo kirchnerista en 2027”.

Lo que pareció una exigencia casi imposible de cumplir se convirtió en una esperanza con algunos brotes verdes. Entre las autoridades partidarias evitan dar un nombre, pero reconocen que “trabajan para construir una alternativa” y hasta insisten en que, para eso, las PASO son indispensables. “Vamos a trabajar para tener candidatos en todos lados”, insisten.

La mayor frustración que viven los radicales es que no logran hacer pie a nivel nacional, pese a las buenas gestiones en varios municipios del interior y en las cinco provincias que gobiernan. Entre los militantes surgen los nombres de Maximiliano Pullaro, Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo como los principales exponentes para pelear por la Presidencia, aunque en sus entornos no muestran ningún signo de interés para dar esa pelea, por lo menos por ahora. Solo el gobernador correntino se animó a hablar de un candidato presidencial correligionario: “Podríamos tener al hombre que pueda representar los intereses de los argentinos”.

La disputa entre Axel Kicillof y Javier Milei suma otro capítulo alrededor de la obra pública. Un informe del exsenador provincial Marcelo Daletto, a partir de datos del ministerio de Economía, ubica a Buenos Aires y a Nación entre los distritos que menor proporción de recursos destinaron a gastos de capital: 6,6% y 3%, respectivamente, del gasto total durante 2025.