El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva podría iniciar desde este miércoles una desescalada del conflicto diplomático con la Argentina, con la confirmación informal de que el embajador Julio Bitelli, llamado a consultas en Brasilia tras los ataques del presidente Javier Milei contra el mandatario brasileño, regresará a Buenos Aires. Aunque no lo dicen de manera oficial, fuentes diplomáticas sugirieron que el retorno se producirá, aunque sin precisar fechas, dando a entender que esto se producirá con mayor celeridad o no dependiendo de las señales de moderación que brinden desde el lado argentino.

La decisión toma forma en el marco de una segunda reunión entre Bitelli y el canciller Mauro Vieira, prevista para este miércoles. La primera había tenido lugar el domingo por la tarde, horas después de que Milei calificara a Lula de “ladrón” y “presidiario” durante la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) en São Paulo, donde participó como invitado estelar y respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre.

A través de un comunicado, el canciller Vieira calificó los dichos del mandatario argentino de “provocación sin precedentes” y, además de convocar a Bitelli, citó al embajador argentino Daniel Raimondi a dar explicaciones.

El encuentro de este miércoles tenía un propósito diferente al del domingo: el gobierno brasileño quería evaluar las reacciones registradas en Argentina tras la convocatoria del embajador a consultas, así como las acciones posteriores de Milei. La percepción en Brasilia es que el llamado a consultas generó una fuerte ola de apoyo a Brasil dentro de Argentina, con muestras de solidaridad de parlamentarios y sectores de la sociedad civil. Según pudo saber Infobae, desde Itamaraty se comunicaron con algunos referentes que escribieron notas formales a la Cancillería de ese país para agradecer el gesto.

“Sospechamos que va volver, aunque no tenemos confirmado cuándo”, respondieron desde Brasil a este medio, sin ofrecer plazos concretos, pero confirmando que hay una intención manifiesta de hacer una desescalada del conflicto. La sensación que prevalece en el gobierno brasileño es que, si Argentina mantiene la moderación, el retorno de Bitelli a sus oficinas podría producirse antes de lo previsto al inicio de la crisis.

Aun así, desde una oficina diplomática avisan: “La decisión depende del Presidente Lula”. La aceleración de ese regreso podría darse si Milei ofrece un gesto concreto de reconciliación. Si no, en Brasil no descartan que la vuelta del embajador pueda materializarse después de los comicios presidenciales, ya que el presidente argentino ha realizado demostraciones políticas antes de los comicios y que podría hacerlo después.

El primer gesto concreto del lado argentino llegó de la mano del canciller Pablo Quirno, quien este miércoles descartó en declaraciones radiales cualquier posibilidad de ruptura de relaciones diplomáticas con Brasil. “No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan”, afirmó Quirno en declaraciones a Radio Mitre, en un tono marcadamente distinto al de los días previos. El jefe de la diplomacia argentina también tendió un puente con el representante brasileño: “Tenemos la más alta estima por el embajador Bitelli, y de alguna manera esperamos que luego de estas consultas retorne al país lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral que tenemos”. Estas declaraciones configuraron un gesto que habría sido determinante en la decisión diplomática para que Bitelli vuelva al país.

El domingo, un día después de su discurso en São Paulo, Milei volvió a cargar contra el gobierno brasileño: afirmó en Radio Mitre que Brasil era responsable “del 25 por ciento de la campaña antiargentina” desplegada en redes sociales durante el Mundial de fútbol en Estados Unidos. Pese a ello, en el entorno del Presidente reconocen que ya no hay incentivos para seguir escalando la situación diplomática.

El vocero presidencial Adrián Ravier había sido el primer funcionario argentino en dar señales de querer descomprimir la tensión. “No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que coexisten y de hecho se tienen como socios comerciales principales”, afirmó el portavoz durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada el martes. Ravier justificó los dichos de Milei como diferencias “ideológicas” y “políticas”, y aseguró que Argentina “nunca ha llevado esas diferencias al plano diplomático”.

La respuesta del lado brasileño no se limitó a los canales formales. El ministro de Hacienda Dario Durigan calificó a Milei de “payaso”, el vicepresidente Gerardo Alckmin tildó sus dichos de “lamentables” y advirtió que esa “grosera actitud” perjudica a la Argentina. El propio Lula optó por la ironía cuando la prensa le preguntó por los insultos del mandatario argentino: “¿Quién es ese tipo?”, respondió ante las cámaras en las puertas de Itamaraty. El partido oficialista PT, a su vez, presentó una demanda judicial para investigar el financiamiento del viaje de Milei a São Paulo, aunque la Casa Rosada sostuvo que se trató de un viaje de carácter “oficial”.

En paralelo al conflicto diplomático, Milei y Quirno viajaron a Lima para asistir a la jura de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú. Allí, la comitiva argentina y el canciller brasileño Vieira coincidieron en el Congreso peruano, aunque no hubo contacto público entre ambas delegaciones registrado por las cámaras oficiales.

Las fuentes diplomáticas brasileñas consultadas por Infobae señalaron que, si bien Brasil no tiene intenciones de romper el vínculo con Argentina, la reconstrucción del diálogo no se producirá en el corto plazo. “Se nota el esfuerzo. Pero se insiste en una equivalencia de actitudes que no corresponde a la realidad. Necesitamos identificar a las personas dentro del gobierno para reconstruir la relación en el mediano plazo. Antes de octubre no va a pasar, pero después es indispensable”, afirmó una fuente diplomática brasileña a este medio.

Uno de los factores que complica la reconstrucción del vínculo es la ausencia de interlocutores confiables dentro del gobierno argentino. Hasta el año pasado, Brasil contaba con múltiples canales al interior del Ejecutivo: Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Daniel Scioli —exembajador en Brasil durante la presidencia de Alberto Fernández— oficiaban como puentes. Los cambios en el gabinete hacia finales de 2025 dejaron sin funcionarios con experiencia y trayectoria en la relación bilateral.

El trasfondo del conflicto es más profundo que el episodio reciente. La tensión entre ambos mandatarios se remonta a 2023, cuando Lula manifestó abiertamente su preferencia política en la campaña presidencial argentina, con apoyo explícito a Sergio Massa. Esa intervención consolidó un antagonismo personal que se proyecta también sobre las elecciones brasileñas del 4 de octubre, en las que Lula buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro. Desde ambos equipos reconocen que, con los dos presidentes en campaña y con diferencias ideológicas irreconciliables, cualquier chispazo puede volver a encender la hoguera.

“Cristina es una gran candidata”, ironizó ante Infobae una fuente de Gobierno, horas después de que la dos veces presidenta hiciera pública una carta en la que defendió su inocencia tras la condena en la causa Vialidad, denunció una supuesta proscripción política y anunció que presentará el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

En línea con un argumento que el presidente Javier Milei suele repetir, la Casa Rosada se cuidó de inmiscuirse en la causa judicial, pero aseguró que la habilitación para que la exvicepresidenta compita no perjudicaría a La Libertad Avanza en la carrera por la reelección del mandatario en 2027.

“Nos conviene no interferir con la justicia porque de hacerlo, especulando por una cosa u otra, quedamos involucrados directa o indirectamente. Que la Justicia defina y políticamente nos prepararemos para lo que sea, con el hecho consumado. No operamos ni a favor ni en contra”, planteó ante este medio un referente territorial libertario.

En la administración oficialista entienden que Cristina Kirchner conserva un alto nivel de rechazo e incluso la definen como “el cuco”. Por eso creen que una eventual habilitación para competir en los próximos comicios presidenciales —una posibilidad que hoy no consideran factible, pese al reclamo de un sector del peronismo— podría resultar funcional al oficialismo, aunque aclaran que “no motorizarán” ningún escenario. Sin embargo, luego de que la defensa de CFK brindara una conferencia para pedir suspender la inhabilitación a ejercer cargos públicos, otros funcionarios ni siquiera contemplan ese escenario.

Al mismo tiempo, hay quienes creen que el planteo de la titular del Partido Justicialista no prosperará, y consideran que su accionar impacta directamente en la interna peronista, que parecería no encontrar pronta resolución, en particular en la tribu que lidera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Al que peor le cae esto es a Kicillof. Ella no lo odia a Milei, lo odia a Axel”, sostuvo un funcionario al respecto.

“Es una discusión abstracta. No está habilitada ni lo estará. Está presa”, replicó otro interlocutor que transita a diario la Casa Rosada en referencia a la exvicepresidenta que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

En Balcarce 50 creen que el peronismo no kirchnerista prefiere que Cristina Kirchner permanezca inhabilitada para dar curso a la reorganización del espacio y a la aparición de nuevas representaciones. “Ni el propio peronismo quiere que esté habilitada. Los que quieren reformar al partido y que surja una nueva alternativa no la quieren más que presa y que no pueda competir porque impide la renovación”, leen en las filas violetas.

Por estos días, en el oficialismo no ven factible que el principal partido opositor logre saldar las diferencias que fragmentaron la unidad y vaticinan que se materializarán incluso durante el proceso electoral. “Las diferencias entre Kicillof, Máximo y Cristina hoy son irreconciliables. No van a acordar”, sostuvo un funcionario ante este medio.

En ese diagnóstico también advierten cambios en el comportamiento del electorado kirchnerista. “Hay una metamorfosis en el voto K, que se acerca más a Bregman y los que son por derecha podrían mutar a Milei. Habrá que ver”, plantearon desde uno de los campamentos violetas. “El problema del PJ es que solo tiene para ofrecer el pasado por delante. Axel representa eso. Hoy es el que más mide en el PJ y aún así no gana”, aportó además otra fuente libertaria.

Por su parte, desde la mesa chica de Milei consideran que el Gobierno podría tensionar la coexistencia peronista si el Congreso aprueba la eliminación o eventualmente la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), incluida en la reforma electoral. Suprimida la herramienta ordenadora, garantizan que las diferencias en el PJ se multiplicarían, lo que daría lugar a un debate más encarnizado por las candidaturas.

“El problema son los incentivos. El diseño institucional puja para un lado o para el otro: si logramos bajar las PASO hay incentivos para que se maten”, expresaron.

A más de un año de la elección, en La Libertad Avanza creen que solo la irrupción de un candidato “blando”, en una eventual segunda vuelta, podría complicar los planes de la administración libertaria, que ya activó el operativo reelección de Milei. “Hoy ese candidato no existe”, celebran.

Apurado por los tiempos del proceso, el Gobierno se encuentra preparando la estrategia judicial que utilizará en los próximos días en el marco del juicio en los Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de revertir el último fallo que le ordenó pagar más de 390 millones de dólares en compensaciones por la decisión que se tomó durante la administración de Cristina Kirchner.

A la defensa en cuestión, que deberá ser presentada en el corto plazo, la está diseñando el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la situación, el escenario más probable es que el Poder Ejecutivo recurra a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la suspensión de la pena dictada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia.

Fue ese tribunal de Washington el que rechazó el recurso que había interpuesto la Argentina y dejó así firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que actualmente reclama el dinero.

Sin embargo, las autoridades nacionales aseguran que ir a la Corte no es la única alternativa y que ”existen otras herramientas legales” que también están evaluando.

De hecho, por estas horas en la Casa Rosada se está elaborando una estrategia amplia que permanece bajo un estricto secreto para evitar que la parte demandante tenga tiempo de contrarrestarla.

Otra de las posibilidades que está manejando el equipo de Amerio es la de pedir una revisión del fallo ante la misma Cámara de Apelaciones.

De todas formas, si bien existe una fecha límite para actuar antes de tener que abonar la millonaria cifra, “todavía quedan varios días más” para planificar la defensa.

El procurador del Tesoro viene, junto con la secretaria de Legal y Técnica, de conseguir un importante triunfo en un juicio similar por la expropiación de YPF.

A principios de junio, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria que había solicitado Burford Capital y, de esta manera, favoreció a la Argentina y le evitó tener que pagar 18 mil millones de dólares.

Las autoridades nacionales ven en esa victoria un precedente favorable para el país y un ejemplo a replicar ahora: “Es el mayor juicio de la historia ganado por un Estado”, destacan los que participaron del proceso.

El caso por Aerolíneas Argentinas y Austral comenzó poco después del 2008, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner logró aprobar en el Congreso una ley para nacionalizar ambas compañías, que estaban hasta ese momento en manos de la española Marsans.

En una primera instancia, el grupo damnificado protestó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial.

En 2017, el Ciadi resolvió a favor de la firma europea y estableció una compensación de 320 millones de dólares más intereses, aunque nunca llegó a recibir ese pago y transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF.

Sin embargo, el bufete vendió posteriormente esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la obligación de pagar más de 390,9 millones de dólares, lo que representa una de las condenas económicas más elevadas que enfrenta actualmente el Estado argentino en tribunales internacionales.

Durante los 16 meses previos a la confirmación del fallo, el Gobierno no pagó ninguna suma de la condena y es por eso que Titan aceleró su ofensiva judicial.

El trasfondo económico del conflicto remite al estado financiero de Aerolíneas y Austral antes de su estatización. Marsans había adquirido ambas compañías en 2001 por el valor simbólico de un dólar.

Desde ese momento, el Tesoro de España tuvo que aportar aproximadamente 750 millones de dólares para sostener a las dos empresas, que acumulaban pasivos cercanos a 890 millones de dólares.

Durante la gestión de Marsans, se vendieron activos relevantes, como oficinas en ciudades clave —Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas—, además de simuladores de vuelo, y se eliminaron rutas hacia Europa.

Con el cambio de Gobierno a nivel local, la compañía aérea comenzó una etapa de saneamiento y logró registrar ganancias durante dos años seguidos, además de operar sin aportes del Tesoro.

De todos modos, el Gobierno de Javier Milei plantea la privatización de la firma, algo que por lo pronto no pudo conseguir en el Congreso.

Al inicio del mandato, de hecho, durante la discusión de la Ley Bases, la empresa se incluyó en la lista de bienes del Estado que serían vendidos, pero la oposición obligó a que sea retirada.