Pese a su salida del cargo, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni mantiene la custodia oficial por cuestiones de “seguridad”, según confirmó esta mañana el portavoz presidencial, Adrián Ravier, en la segunda conferencia que brindó en Casa Rosada. Importantes fuentes de Gobierno precisaron a Infobae que la medida fue solicitada por el exfuncionario a raíz de las denuncias y “ataques” que se registraron contra su familia que habría presentado ante la Justicia.

“No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, expresó el propio Adorni aquel sábado a la tarde, en el que hizo pública su carta de salida al cargo en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La línea argumental fue respaldada por el presidente Javier Milei, quien repudió el episodio y admitió que aceptó su renuncia “indeclinable” porque “con los hijos no se jode”.

En Balcarce 50 aseguran además que la familia Adorni recopiló los ataques y amenazas para presentarlas posteriormente ante la Justicia y así mantener el esquema de custodia previsto para determinados funcionarios. Si bien se habla de un plazo de un año, desde el Ministerio de Seguridad evitan dar precisiones de períodos temporales al sostener que es información que hace a la seguridad del exjefe de Gabinete.

Para la tarea, la cartera que comanda Alejandra Monteoliva, a cargo de la coordinación de los operativos que velan por cada funcionario, destinó efectivos de la Policía Federal Argentina, aunque desde la Casa Rosada detallan que el despliegue es menor. “Es un servicio más reducido que el que tenía”, plantearon ante este medio.

Desde el entorno del exministro coordinador revelaron que mantiene la custodia, algo que aseguran le costó acostumbrarse, por estrictos motivos de protección, como lo hicieron otros exfuncionarios como la actual senadora Patricia Bullrich. Sin embargo, también evitan hablar de plazos.

En el oficialismo confirman que la legisladora también cuenta con el servicio y lo atribuyen al nivel de exposición que mantiene. “Patricia debe ser una de las personas con más riesgo del país, fue dos veces ministra de Seguridad Nacional”, justificaron a Infobae.

Asimismo, quienes frecuentan al exfuncionario por estos días, en los que permanece recluido en su departamento de Caballito con su familia, aseguran que se maneja con su auto personal y aclaran que ya no cuenta con los vehículos oficiales de la Policía Federal Argentina que utilizaba para los traslados durante su época en la gestión.

Esta mañana, el flamante vocero también especificó que la auditoría interna para analizar potenciales irregularidades durante la gestión de Adorni, luego de que tres empleados del área declararan por haber realizado compras a su nombre, la lleva adelante en la Justicia y negó que haya un proceso propio de la administración.

“No es que tenemos internamente, en Casa Rosada, un mecanismo aparte del que ya está llevando adelante la Justicia. No hay un mecanismo nuestro”, puntualizó. Sus dichos llegan luego de que el propio Ravier haya confirmado, durante la primera conferencia de prensa que brindó el pasado martes, que el oficialismo investigaba el área.

En la previa a su salida, se conoció que tres empleados de la Jefatura de Gabinete habían realizado compras a nombre de Adorni. Por un lado, su secretaria privada, Gisela Kosckis, quien declaró en Comodoro Py y admitió haber realizado compras en ropa de blanquería. También el coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace, Luis Enrique Aluju, que al igual que la directora de Actividades Presidenciales en la subsecretaría de Vocería y Comunicación, Laura Schiuma, prestó su tarjeta de crédito para comprar proyectores, monitores y equipamiento gamer.

La CGT ya definió cómo será el esquema del plan de lucha “a la francesa”, con eje en movilizaciones callejeras, que comenzará el 22 de este mes con una marcha ante el Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados.

La resolución se adoptó en la primera reunión de la comisión organizativa de las protestas, que se hizo en la sede de Azopardo 802, con participación de dirigentes de la CGT, de las dos CTA y de representantes de las confederaciones sindicales de la industria, del transporte, la energía, la alimentación y las comunicaciones.

Según la agenda acordada, luego de la marcha del 22 se realizará el 7 de agosto una marcha de San Cayetano y se seguirá, en fechas por definir, una concentración ante el Ministerio de Economía en rechazo del endeudamiento familiar, la participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria (el 2 de septiembre), una acción para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina, en noviembre próximo y otra marcha cuando se realice la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Esta agenda de medidas, se acordó en la reunión, será el “camino” que llevará a una gran protesta nacional, como un paro general de actividades, con la incorporación de otros sectores de la sociedad para darle más fuerza.

En la reunión, se coincidió en no esperar a que termine el Mundial de Fútbol para comenzar con el plan de lucha y buscar la solidaridad de otros sectores sociales a los reclamos sindicales. El que lo planteó fue Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT): “Vayamos a lo práctico. Empecemos con los jubilados y no puede pasar de julio -dijo- La segunda movida tiene que ser la de Economía y la tercera tiene que ser al Ministerio de Desarrollo por la salud. Ahí ya tenemos la agenda de protesta social de los próximos 20 o 30 días y después nos volvemos a juntar”.

Por eso el 22 de julio se hará una marcha en favor de los jubilados, que se movilizan todos los miércoles ante el Congreso, y una concentración ante el Ministerio de Economía en adhesión a los trabajadores y dueños de pymes que se endeudaron para mantenerse. Como se enfatizó en el encuentro de la CGT, “tenemos que denunciar el plan económico de Milei y la política de endeudamiento que sostiene este gobierno”.

De la misma forma, más de algunos paros que se dispongan en determinadas actividades, se priorizará la presencia en la calle, la realización de asambleas en los lugares de trabajo y “acciones disruptivas” como la entrega de folletos explicativos de los reclamos en estaciones de trenes y aeropuertos en todo el país.

Será una manera, además, de eludir los límites que impone la Ley de Modernización Laboral a las huelgas en los servicios esenciales y el descuento del día no trabajado a quienes acaten el cese de actividades.

El cotitular de la CGT Jorge Sola (seguros) propuso, entre otros puntos, la presencia de 15 a 20 dirigentes por gremio para acompañar conflictos o temas puntuales, tanto en el AMBA como en el interior, y reuniones con las delegaciones regionales de la central obrera.

En ese sentido, distintos sindicalistas plantearon acciones en todo el país y en forma conjunta con entidades empresariales provinciales. Allí fue cuando Rodolfo Daer (Alimentación) propuso hacer una movilización el 2 de septiembre, día en que se celebra el Día de la Industria, con el fin de visibilizar los problemas que atraviesan empresas y trabajadores del sector.

Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy, líder de la CTA Autónoma, sumó una propuesta: pensar en cómo “capitalizar” la visita del Papa a nuestro país en noviembre, para lo cual planteó realizar “una gran marcha y paro antes de la llegada” del Sumo Pontífice.

Otra idea aprobada por las 3 centrales obreras fue una movilización con los movimientos sociales el próximo 7 de agosto, en el Día de San Cayetano, que será organizada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que lidera Alejandro Gramajo.

Además, según la CTA Autónoma, “se reafirmó a importancia de fortalecer la solidaridad con cada conflicto que se está llevando adelante en todo el país y alentar las movilizaciones conjuntas que vienen realizando las centrales en las provincias, promoviendo plenarios, asambleas y acciones coordinadas que amplíen la participación, fortalezcan la organización y consoliden el plan de lucha de alcance nacional”.

A este esquema de protestas se sumará el paro nacional docente que se impulsa desde la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, conducida por Sergio Romero (UDA), que se concretaría en agosto próximo y al que se sumarán CTERA y otros sindicatos del sector.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió este lunes a intendentes de distintos sectores políticos para hacer un repaso de la situación económica y financiera que atraviesa la gestión bonaerense. Se trató de una charla netamente económica de la que participaron los intendentes de Avellaneda, Magdalena Sierra; de Colón, Waldemar Giordano; de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; de Ezeiza, Gastón Granados; de Lezama, Myriam Mongay; de Navarro, Facundo Diz; de Pilar, Federico Achával; de Pellegrini, Sofía Gambier; de Quilmes, Eva Mieri (interina); de Rivadavia, Juan Martínez; de Tres Arroyos, Pablo Garate; de Veinticinco de Mayo, Ramiro Egüen; y de Zárate, Marcelo Matzkin, quienes habían llegado a La Plata para la firma de leasing a través del Banco Provincia.

Según contaron algunos intendentes que participaron del encuentro, el gobernador volvió a enfatizar sus críticas al modelo económico del gobierno de Javier Milei y, en ese esquema, ponderaron la posibilidad de sostener la política de leasing. “Con nada, por lo menos tenemos esta herramienta. De otra manera no podría comprar todas las camionetas que vamos a comprar si no es con estos créditos el Banco”, planteó un intendente al salir de la firma que se llevó adelante en el Salón Dorado de la Gobernación.

“Frente a un gobierno nacional que ve a los bancos públicos como instituciones a erradicar, en la provincia creemos exactamente lo contrario: nuestra banca permite acompañar a los bonaerenses y amortiguar los efectos de la crisis que generan las políticas económicas de Milei”, describió el gobernador ante intendentes.

También les pidió a los intendentes que paguen el sueldo de los trabajadores municipales a través del Banco Provincia, mecanismo que fortalecería a la banca pública bonaerense. Los jefes comunales alertaron sobre el nivel de endeudamiento que tienen las familias, incluso muchas con el propio Banco; algo que reconoce el titular de la entidad Juan Cuattromo y que, en algunos casos, lleva a situaciones complejas de sobreendeudamiento en el marco informal y los métodos de cobrabilidad de esa mora. Básicamente, los ajustes de cuenta.

“Mientras el sector privado están en proceso de achicamiento, el Banco Provincia sigue expandiéndose con un único objetivo: atender las necesidades de nuestro pueblo”, expuso el mandatario bonaerense.

Según se informó oficialmente, con la “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing, los municipios pueden acceder a financiamiento para adquirir maquinaria, equipamiento médico y de seguridad, vehículos y bienes destinados a obras públicas y servicios urbanos.

Interna de lado y la lupa sobre la Nación

Como contó Infobae, Kicillof definió correrse públicamente de los cruces de la interna; aunque la dinámica de la discusión puertas adentro rige los días dentro del peronismo. En pos de su construcción política, el mandatario reunió este lunes a intendentes de distintos espacios políticos. Si bien se trató de un encuentro de carácter institucional, había representantes del Frente Renovador, del MDF y de La Cámpora. También vecinalistas, del PRO y de la UCR.

A los suyos, el gobernador le bajó la orden de no contestar lo que considera acusaciones de distintos espacios del peronismo. “El enemigo es Milei”, repite puertas adentro. En esa línea se mueve el ministro de Gobierno, Carlo Bianco, que hace las veces de vocero de la gestión bonaerense y, también, de los asuntos políticos.

Este lunes, en su habitual conferencia de prensa, el funcionario deslizó que los municipios que firmaron los acuerdos con el Banco Provincia “responden a distintas fuerzas políticas y eso implica que hasta el último día de gestión nosotros vamos a seguir llevando adelante lo que nos pidió el Gobernador, que es trabajar con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, no importa la fuerza política que gobierne, no importa si son municipios del conurbano, del interior, no importa si son municipios chicos, grandes”.

“El gobernador Kicillof sigue gobernando para todos los bonaerenses, para todos los municipios. Lamento decir, a diferencia del Gobierno nacional todavía no nos contestó ni el Whatsapp, ni la nota formal, ni nos dio una reunión, ni nada de eso“, agregó Bianco; quien la semana pasada solicitó una reunión formal con el nuevo Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.

Buenos Aires también viene reclamando que la Nación le autorice la toma de créditos con organismos multilaterales como la CAF o el BID para la ejecución de obra pública. Denuncian que Santilli y Caputo no dan el aval como sucede con otras provincias y que se debe meramente a una cuestión política. En una reciente entrevista con Infobae, Santilli planteó que “cuando Buenos Aires tenga que rollear deuda, la Nación va a estar. Esa es la posición política y filosófica del Presidente. Me reuní con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, con quien tenemos diferencias muy importantes. Sin embargo, encontramos un acuerdo respecto de la caja jubilatoria, por ejemplo”.

“¿Dialogar para qué? ¿Para una foto? Si el propio Kicillof no fue al Pacto de Mayo. No quiere bajar impuestos; al contrario, los aumenta. La presión fiscal sobre la industria en la provincia de Buenos Aires es 34% más alta que en Córdoba y 30% más alta que en Santa Fe. No quiso acompañar la ley de reiterancia, que apunta a terminar con la puerta giratoria. No acompaña la ley penal juvenil, que ya resolvió prácticamente todo el mundo. No acompañó el RIGI y, de esa manera, la provincia pierde inversiones. Entonces vuelvo a la misma pregunta: ¿dialogar para qué? Si es dialogar para chamuyar y para sacarse una foto, no. Él es quien no quiso avanzar en ningún acuerdo“, consideró Santilli sobre el pedido del gobierno bonaerense.

La dinámica es reconocida por los intendentes. Muchos jefes comunales tienen diálogo subterráneo con Santilli o con dirigentes de su entorno. Sin embargo, admiten que en lo público, la línea del gobierno “es confrontar” y no habrá foto acuerdista ni en el corto ni el mediano plazo.