La condena contra Cristina Kirchner quedó firme en junio de 2025 y, agotadas las instancias judiciales argentinas, la defensa anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, ese organismo no puede anular la sentencia ni ordenar su libertad: su intervención se limita a evaluar si el Estado argentino vulneró garantías del debido proceso.

El fallo de la Corte Suprema agotó las vías judiciales internas, un requisito para acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde la presentación apuntará a garantías procesales, aunque una eventual opinión favorable no suspenderá la pena.

En su resolución, el máximo tribunal descartó cuestionamientos por falta de imparcialidad, supuestas violaciones al debido proceso y errores en la valoración de las pruebas, al sostener que los planteos defensivos no desvirtuaban los fundamentos previos.

El trámite ante el Comité prevé que el organismo reciba los argumentos de la parte denunciante y luego solicite la respuesta del Estado argentino a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras analizar ambas posiciones, el cuerpo emitirá una opinión.

El trámite ante el comité, de todos modos, no tendrá una definición cercana. Cualquier resolución definitiva del organismo demandará un proceso de análisis y tratamiento que insumirá varios años.

Función y alcance del Comité de la ONU

Tras la decisión de la Corte de dejar firme la condena contra CFK, los abogados de la expresidenta presentaron una “Comunicación Individual” ante la ONU, planteo que abrió una instancia internacional de revisión sobre estándares procesales, no una nueva discusión sobre los hechos del caso ni sobre la culpabilidad o inocencia de la exmandataria.

El organismo está integrado por 18 expertos independientes y emite observaciones y recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio, aunque suelen citarse como antecedentes en debates jurídicos e institucionales y pueden ganar relevancia política e internacional.

Según el alcance que tiene ese órgano, sus pronunciamientos son “observaciones” o “dictámenes”. No se trata de sentencias judiciales de cumplimiento obligatorio directo para revertir una condena penal, aunque sí pueden generar responsabilidad internacional para el Estado y tener peso político y jurídico.

Por ende, el organismo no puede anular la sentencia penal dictada por la justicia argentina: su intervención se limita a evaluar si el Estado violó garantías del debido proceso, un examen cuya tramitación podría demorar varios años.

La función del comité se concentra en determinar si hubo afectación de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre esos puntos puede analizar la independencia de los jueces, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Lo que no hace ese organismo es volver a juzgar el expediente. Tampoco reevalúa pruebas ni dicta un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de la persona condenada. Las decisiones del Comité no son vinculantes como una sentencia nacional.

Si el comité concluyera que existió una violación de derechos humanos, podría recomendar al Estado argentino medidas de reparación, reformas legales o revisiones institucionales. Ese eventual dictamen, aun con ese alcance, no sustituye la decisión de los tribunales nacionales.

El antecedente de Lula y el caso de la OEA

La estrategia de la defensa busca apoyarse en un antecedente internacional ya utilizado en la región. El caso de Luiz Inácio Lula da Silva aparece como la referencia central del planteo.

En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que la causa Lava Jato contra Lula había vulnerado sus derechos políticos y las garantías de un juicio imparcial. Ese antecedente es el que intentan replicar los abogados de la expresidenta, reforzados por juristas internacionales vinculados con aquel caso.

La diferencia, según surge de ese precedente, es que la anulación de las condenas de Lula no fue ordenada por el comité sino que la dispuso el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil por fallas de competencia jurisdiccional, mientras que el pronunciamiento de la ONU operó como un fuerte respaldo político y jurídico internacional.

Ese punto delimita la expectativa real del trámite iniciado por la defensa de Kirchner. Aun en el escenario de un dictamen favorable, la intervención del organismo internacional no equivaldría por sí sola a dejar sin efecto la sentencia argentina.

La presentación ante la ONU también condiciona otra vía posible en el plano internacional. Las normas del derecho internacional impiden litigar en simultáneo el mismo caso en múltiples foros multilaterales.

Al optar formalmente por la comunicación ante ese comité, la defensa debe desistir de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del sistema regional de la OEA. Esa incompatibilidad entre vías obliga a elegir un único canal para el reclamo internacional.

La diferencia entre ambos sistemas no es menor. A diferencia del mecanismo de la ONU, el sistema interamericano cuenta con un tribunal judicial formal, la Corte IDH, cuyas sentencias suelen ser vinculantes y tienen mecanismos de revisión local dentro de la jurisprudencia argentina.

El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley del Libro, que establece un precio de venta uniforme para los ejemplares en todo el país. En ese contexto, librerías y referentes del sector expresaron su rechazo a la iniciativa al considerar que favorecería a las grandes empresas, afectaría a las editoriales pequeñas e independientes y priorizaría la comercialización de los títulos con mayor rentabilidad.

En diálogo Panorama, por LU2, el librero bahiense Enrique Martinelli defendió la vigencia de la Ley del Libro. “Esta ley se sancionó en 2001, la 25.542, porque el mercado se estaba desvirtuando y, en cierta manera, se manejaba de forma muy leonina”, sostuvo.

“Con esta ley, el librero no fija el precio; lo único que hace es discutir su rentabilidad con la editorial y, de esa manera, nadie sale dañado. Hay una organización que permite que se mantengan las librerías independientes, chicas, medianas y grandes, sin verse afectadas. Todos coincidimos en que la ley no debe derogarse porque realmente funciona, y funciona muy bien. Estamos a favor, desde quien vende el papel hasta el último librero independiente”, afirmó.

Mientras que desde el Gobierno sostienen que no debería existir ningún tipo de restricción en el mercado para la comercialización de productos, incluidos los libros, Martinelli consideró que la Ley del Libro surgió precisamente para evitar la desprotección del sector.

“¿Para qué tocar algo que funciona? No es una cuestión de ideología ni de que nosotros queramos manejar el precio de los libros. Ya tenemos el ejemplo de Chile: cuando derogó la ley e incorporó el IVA al libro, muchas librerías independientes, el 80 %, terminaron cerrando. Lo que decimos es que nos vamos a ver afectados en la cantidad de títulos que podremos ofrecer al público, porque solo se van a editar los que sean comercialmente rentables”, aseguró.

Martinelli advirtió que una eventual derogación de la ley podría tener consecuencias para toda la cadena del libro. “Liberar el mercado lleva a la desregulación del sistema, porque solo se va a priorizar la publicación de aquello que sea rentable. Eso va a reducir inmediatamente en un 50 % la cantidad de títulos que tenemos a la venta. Las grandes editoriales se van a dedicar únicamente a publicar libros que aseguren ventas”, afirmó.

En ese sentido, explicó que las editoriales dejarían de apostar por obras de menor circulación. “Una editorial que hoy publica 69 títulos pasará a hacerlo solo con aquellos que sean rentables. Entonces corremos riesgos todos. Acá no hay nadie que se vea favorecido“, puntualizó.

Quienes impulsan la derogación de la Ley del Libro sostienen que la medida contribuiría a reducir el precio de los ejemplares. Sin embargo, Martinelli rechazó esa posibilidad y aseguró que el principal componente del costo es el papel.

“Hoy el papel es el que determina el mayor costo y eso no va a cambiar. Nosotros hacemos la diferencia con la variedad de ejemplares, los descuentos bancarios y la atención que le damos al cliente. Si se desregula el precio, las editoriales se van a volcar a vender solo aquello que les genera ganancias y eso va a tener un impacto directo en las pequeñas y medianas editoriales, además de reducir la oferta que nosotros podamos hacerles a los lectores”, sostuvo.

El librero también remarcó que la Ley del Libro permitió ordenar el funcionamiento del sector. “La ley vino a poner orden en el mercado, porque antes de 2001 era un descalabro; era tierra de nadie, aunque la gente no lo advirtiera. El libro tenía un precio, pero todo estaba gobernado por las editoriales grandes, en detrimento de las más chicas”, señaló.

“Queremos que las editoriales independientes y las librerías chicas, medianas y grandes sigan existiendo. Si uno analiza lo que ocurrió desde 2001 en adelante, la ley permitió la creación de un gran número de editoriales que antes no existían”, concluyó.

Fuente: La Nueva.

Vale la pena recordar que durante la última parte del reportaje que le hicimos ayer, Hernán Arranz, quien en ese momento se encontraba en La Plata, anunciaba que sobre el mediodía, un grupo de jefes comunales tenía pactada una reunión con el gobernador.

“En verdad vamos a presentar y discutir temas que nos son comunes. Queremos plantearle un gobernador una serie de temas de nuestro territorio”.

El encuentro efectivamente se llevó a cabo. Fueron 11 intendentes que han conformado, de cara al 2027 y la campaña electoral que se viene, la llamada “Liga de Intendentes Peronistas”.

Y entre ellos está el jefe comunal de Bahía Blanca, Federico Susbielles. Hicieron su presentación pública ante los medios luego de la reunión con Kicillof y señalaron que “el objetivo es consolidarse como un nuevo espacio de articulación política dentro del oficialismo provincial y participar de la mesa de decisiones de cara a las elecciones 2027, donde el justicialismo intentará sostener la Provincia y ganar terreno a nivel nacional”.

La reunión llevada a cabo en la sede del gobierno provincial se extendió durante cerca de tres horas. Además de abordar cuestiones políticas, los jefes comunales del interior bonaerense analizaron la situación económica y social que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Según indicaron desde Casa de Gobierno, el armado cuenta con el aval del mandatario provincial y presidente del PJ bonaerense.

Es que, la Liga de Intendentes representa una ampliación del denominado Grupo AFA, integrado inicialmente por intendentes del Conurbano bonaerense cercanos al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. Ese núcleo original estaba conformado por Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

Con la incorporación de nuevos dirigentes, el espacio quedó integrado además por Federico Susbielles (Bahía Blanca), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Juan de Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Mariel Fernández (Moreno), y alcanza un total de once intendentes del peronismo.

De acuerdo con la información difundida por los propios jefes comunales que integran la Liga de Intendentes, la intención del nuevo agrupamiento es convertirse en una cuarta representación dentro de la mesa política del oficialismo bonaerense, que actualmente está integrada por el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio liderado por Kicillof, La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, y el Frente Renovador, de Sergio Massa.

Fuentes: propias y Dipuvtados Bonaerenses