En el comienzo de una semana corta, el Gobierno vuelve a impulsar el proyecto para cambiar la ley de Inocencia Fiscal y permitir que los grandes contribuyentes también puedan adherir al régimen, con la esperanza de que las esquirlas del caso Manuel Adorni no enturbien las negociaciones.

Se trata de una de las tres medidas, junto a la reforma política y la normativa sobre Zonas Frías, que el presidente Javier Milei planteó días atrás como las primeras metas del oficialismo en esta nueva etapa tras el cambio de jefe de Gabinete.

El texto en cuestión ya está listo desde junio pasado y plantea una serie de modificaciones al sistema que el propio Poder Ejecutivo logró aprobar en el Congreso a finales del 2025.

Aunque ya fue reglamentada, la herramienta no generó el impacto que la Casa Rosada esperaba y es por eso que la cúpula libertaria decidió ampliar el universo de beneficiarios.

El nuevo proyecto, de hecho, fue consensuado con todos los colegios y agrupaciones de contadores del país, los cuales previamente habían cuestionado algunos aspectos de la ley original.

El cambio más importante que plantea ahora el Gobierno tiene que ver con quiénes pueden acceder al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que actualmente es solo para aquellos que tienen ingresos menores a $1.000 millones al año y un patrimonio inferior a los $10.000 millones.

La iniciativa es para que también se permita la adhesión de grandes contribuyentes a esta modalidad, aunque con alcances restringidos en cuanto a los beneficios y presunciones fiscales.

El oficialismo deberá llevar ahora el tema al Congreso, como parte del primer paquete de propuestas tras la salida de Adorni del Ejecutivo.

El propio -ahora- ex jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, realizaron en mayo el trámite ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para inscribirse en el régimen de inocencia fiscal.

De esta forma, el entonces funcionario accedió a la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente, sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.

La decisión fue fuertemente cuestionada por la oposición debido a que el ministro coordinador en ese momento ya estaba siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Con Adorni afuera del Gobierno, las autoridades nacionales esperan que esa situación no sea un impedimento a la hora de tener que negociar con el resto de los bloques.

“A esta altura eso ya no está influyendo, por lo menos no en lo que respecta a la dinámica política”, sostuvo a Infobae un integrante de la cúpula libertaria.

Por el momento, sin embargo, el proyecto no comenzó a ser discutido con los otros espacios parlamentarios y tampoco tiene el respaldo de las provincias, que no fueron consultadas sobre este asunto.

“No conozco qué es lo que quieren modificar y tampoco me vino a hablar nadie por ese tema“, explicó un gobernador aliado de la Casa Rosada, que esperará a ver el texto final antes de tomar una posición.

Aunque Milei ya lo planteó como una meta a corto plazo, el Ejecutivo aún no envió la iniciativa al recinto y aún no definió por qué Cámara entrará, aunque este medio pudo saber que la opción más segura por estas horas era que ingresara por Diputados.

De todas estas cuestiones conversará la mesa política en su siguiente reunión, todavía sin fecha confirmada. Si bien el próximo encuentro estaba previsto para el martes, finalmente se suspendió porque ese día, a las 13:00, la selección argentina juega contra Egipto por los octavos de final del Mundial.

Los especialistas en la materia están presionando para que las modificaciones se traten lo antes posible, teniendo en cuenta que el vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025 está previsto para fines de julio.

Es que, el retraso en la sanción de la nueva ley deja en suspenso a quienes evalúan adherir al régimen, por lo que los expertos advierten que la demora podría dejar contribuyentes fuera del sistema y desalentar a quienes buscan certezas antes de exteriorizar fondos.

Quienes opten por la modalidad simplificada deberán mantener la condición de residentes fiscales durante todo el período fiscal. Si ARCA detecta la pérdida de esta condición, podrá excluir al contribuyente del régimen y habilitar procesos de verificación, fiscalización, determinación de oficio y aplicación de sanciones. Esta disposición apunta a garantizar la integridad del sistema y la correcta aplicación de los beneficios del régimen.

Para los Grandes Contribuyentes Nacionales, la adhesión a la modalidad simplificada solo tendrá validez para la presentación de la declaración jurada y el pago correspondiente, sin acceso a otros efectos, presunciones o ventajas que ofrece el régimen para el resto de los pagadores de impuestos.

El proyecto también contempla la eximición de las multas previstas en los artículos 45 y 46 de la Ley N° 11.683 para quienes hayan cancelado o regularizado el tributo y los intereses antes de adherir al régimen, salvo que esas sanciones ya se encuentren firmes.

Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) tendrá la obligación de dictar la normativa complementaria en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial.

Los agónicos 120 minutos que necesitó la Selección Argentina para imponerse ante la sorpresiva Cabo Verde alteraron los planes de la administración libertaria que había programado la primera reunión de mesa política con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y el desembarco del secretario de Comunicación, Fabián Fernández, para el martes a las 13. Al menos, así lo comunicaban a la prensa desde varios despachos el pasado viernes, en la previa al partido.

Con la clasificación a octavos, los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán el paso a cuartos contra Egipto en la misma fecha y hora en la que el reducido círculo discutiría la agenda legislativa, por lo que Karina Milei, quien había convocado a la instancia, resolvió postergar el horario, según confirmaron dos fuentes a Infobae.

“Se canceló por el partido”, reveló uno de sus integrantes para graficar la resolución que conformó a más de uno. Si bien existe la promesa de reeditar el encuentro esta semana, por más corta que sea, incluso hay versiones de concretarla el mismo martes, pero en otro horario, al cierre de esta edición, a última hora del domingo, todavía no había precisiones.

La suspensión fue apenas una consecuencia del calendario deportivo. El verdadero objetivo de la reunión era comenzar a delinear la nueva etapa política que atraviesa el Gobierno. La administración continúa reacomodándose internamente tras la salida de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, quien durante meses fue la voz de los Milei y uno de los principales exponentes del discurso “anticasta”.

La incorporación de nuevas figuras dota al Gobierno de un estilo político diferente. Tanto Santilli como Fernández y, en particular, Adrián Ravier desde la Vocería Presidencial, buscan imprimir una mayor vocación de diálogo y consolidar un perfil negociador hasta ahora poco habitual en la gestión.

“Los cambios no fueron por convicción sino por la situación de Manuel (Adorni). Una vez ocurrido eso, es como en el fútbol: vos haces cambios en función del plantel que tenes y el esquema se adapta a los jugadores con los que contas”, expresó una fuente libertaria ante este medio.

No obstante, en Balcarce 50 sostienen que los tres flamantes funcionarios son parte del reordenamiento político iniciado con las modificaciones instrumentadas. Este martes a las 10, Ravier volverá a pararse frente a la prensa acreditada con la templanza que lo caracteriza, leerá las respuestas que escribió su equipo y dedicará varios minutos para explicar los principales puntos económicos que el mandatario aspira a resaltar.

En paralelo, Santilli trabaja en los tres ejes prioritarios que estableció desde su nombramiento: el primero consiste en retomar la dinámica de gestión, empantanada a raíz del caso Adorni; el segundo, en recuperar la agenda mediática; y el tercero, en impulsar las reformas que el presidente Javier Milei diseñó. Entre ellas figura la electoral, una de las claves que mencionan en el oficialismo para concretar los deseos reeleccionistas del libertario.

Ante la necesidad de anotarse éxitos legislativos, en Balcarce 50 cambiaron la receta y ensayan una faceta de mayor diálogo y de construcción de puentes con los distintos actores: los aliados legislativos y los gobernadores. De ellos, 13 de los 24 mandatarios estuvieron presentes en la jura del ex legislador del PRO.

“Siendo el cuarto jefe de Gabinete, el Gobierno no podría hacer una apuesta que no fuera segura. Este tiene que ser el último del primer mandato. No había lugar para especular o probar algo extraño. Se fue a la segura”, explicó un alfil violeta luego de una nueva salida en la coordinación ministerial, la tercera tras las forzadas renuncias de Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni.

La apuesta de La Libertad Avanza es doble y deberá combinar la necesidad de sancionar las reformas con la chance de consolidar los planes electorales para 2027. Este fin de semana, Karina Milei -que parece haberse reordenado luego de la salida de su ladero- reiteró ante la militancia, en Misiones, que trabaja por otros cuatro años para su hermano.

A la compleja tarea está dedicada la mesa política, pero en particular, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el propio Santilli, quienes activaron incipientes contactos con los gobernadores. “No hay apuro para sacar la reforma electoral. Tiene que estar antes de diciembre, pero estamos bien de tiempos”, planteó ante Infobae un importante funcionario.

El plazo establecido, con el receso del Congreso incluido, parece ser el mes de agosto, según revelaron al menos tres fuentes del reducido círculo político.

Asimismo, uno de los interlocutores violetas reveló ante este medio que evalúan la posibilidad de condicionar los potenciales acuerdos electorales en función de los apoyos que reciba el Ejecutivo para la sanción de la reforma que aspira a eliminar las elecciones PASO. Aunque, por ahora, todas son ideas en evaluación.

Como contó Infobae, también se plantearon alternativas sobre la mesa como las llamadas “colectoras”, o “adhesiones” como contraponen algunos gobernadores, que les permita al menos suspender las primarias.

Pese al incierto panorama, el optimismo reina entre los alfiles negociadores y en el oficialismo creen que la estrategia desplegada, que en 2025 enfrentó a los dos sectores de la interna, es compartida. “Los votos están, falta algún que otro gobernador, pero será cuestión de entendernos”, garantizaban desde el karinismo. “Los mismos que antes se negaban a los acuerdos reconocen que ahora hay que evaluar distinto. Si hacemos las cosas de manera razonable, no hay razón para que no estemos todos tirando para el mismo lado”, aseveraron por su parte desde el caputismo.

Con las energías recuperadas, o al menos con la intención de demostrarlo, el Presidente -que suspendió su viaje a Estados Unidos- visitará la provincia de Tucumán el próximo miércoles para conmemorar un nuevo aniversario de la independencia argentina, y lo hará escoltado por Santilli, pero también por varios miembros del Gabinete. Milei será recibido por el gobernador local, Osvaldo Jaldo, uno de los más reticentes a la eliminación de las PASO, y no se descarta la presencia de otros mandatarios provinciales.

La batalla entre el Gobierno y la CGT se sigue intensificando: la administración libertaria apelará el fallo judicial que suspendió la aplicación de artículos de la reforma laboral que afectan la caja del Sindicato de Camioneros, mientras el martes próximo se reunirá por primera vez la comisión cegetista que organizará los paros “a la francesa” que se realizarían en agosto.

En la central obrera se vivió como un triunfo la sentencia del juez laboral Herman Mendel que ordenó la suspensión inmediata de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 407 que reglamentó esa norma en el convenio colectivo 40/89 del Sindicato de Camioneros.

Los puntos suspendidos por Mendel tienen que ver con la “caja sindical”, es decir, aquellos incluidos en el convenio colectivo firmado por Hugo Moyano que quedaron limitados por la reforma laboral: el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas.

Mendel fue titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30 hasta el martes pasado, día en que firmó el fallo que favoreció al gremio de Hugo Moyano, y al día siguiente, 1° de julio, efectivizó su renuncia al cargo, como anticipó Infobae, que había sido aceptada por el Poder Ejecutivo el 22 de mayo último.

En la Casa Rosada volvió a estallar la bronca contra la justicia laboral luego del fallo de Mendel, el mismo magistrado que en marzo pasado frenó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, incluido en la Ley de Modernización Laboral, al hacer lugar a una demanda presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato.

Pero Mendel no fue el único que en las últimas semanas dejó a salvo de la reforma laboral varios artículos del convenio colectivo de un gremio: el 17 de junio pasado, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24, Leonardo Gabriel Bloise, hizo lugar a un pedido del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), que lidera Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, y ordenó a las cámaras empresarias del sector que sigan cumpliendo con los aportes sociales y solidarios previstos en el convenio, pese a las restricciones contempladas en la Ley de Modernización Laboral.

El magistrado sostuvo que los pagos a obras sociales y fondos de capacitación “benefician indirectamente a la comunidad de trabajadores” y no pueden suspenderse de forma unilateral por parte de las empresas.

El eje de la disputa es la vigencia de las contribuciones solidarias y los fondos para capacitación fijados en los artículos 64 y 65 del convenio colectivo de trabajo 683/2014: el sindicato denunció que la Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, la Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas y la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines buscaban dejar de realizar esos aportes alegando que la Ley 27.802 había cambiado las reglas para los convenios vencidos.

Las entidades empresariales, según consta en el expediente, podrían considerar que esas cláusulas “han perdido vigencia como consecuencia del vencimiento del plazo previsto por el CCT 683/2014”, y que sólo subsisten las condiciones individuales de trabajo, como salarios y vacaciones, y el juez Bloise enfatizó que esa interpretación dejaría a los trabajadores sin los recursos para prestaciones sociales, ayuda escolar, becas y otros beneficios colectivos.

Tanto la presentación judicial de Camioneros como la de Empleados del Vidrio sintonizan con la estrategia de la CGT, anunciada la semana pasada, de que cada sindicato impugne en los tribunales las restricciones que prevé la Ley 27.802 sobre la ultraactividad, el principio jurídico que hasta esa norma sostenía la vigencia de un convenio colectivo de trabajo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo.

En la práctica, de esa forma se evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

La nueva ley, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen cuando vence el convenio colectivo.

Los recientes fallos de la justicia laboral dejan a salvo justamente las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo que afectan la “caja sindical” y que, de manera obligatoria, implican un descuento en los salarios de los trabajadores, sean afiliados o no, que va de manera directa a las arcas de los gremios.

La limitación de las cuotas solidarias es una vieja obsesión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que calificó esos aportes como “peajes sindicales” y por eso defendió la incorporación en la reforma laboral de un artículo (idéntico al del DNU 70) que condicionaba el pago de esos montos al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que rechazaba la CGT porque complicaba los fondos destinados al financiamiento de los sindicatos.

Por presión sindical, y para que la reforma laboral pudiera ser sancionada, el ala política del Gobierno (Martín y Lule Menem, más Santiago Caputo, con el apoyo del secretario de Trabajo, Julio Cordero) accedió finalmente a eliminar la obligación del “consentimiento explícito” y propuso dejar intactas las cuotas solidarias, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2% de los salarios, que se incluyó en la versión aprobada por el Congreso.

Mientras celebra los últimos fallos de la justicia laboral, la CGT avanzará esta semana con la organización del esquema de paros “a la francesa” que fue aprobado para retomar el plan de lucha contra el Gobierno.

Este martes, en la sede de Azopardo 802, tendrá lugar la primera reunión de la comisión creada por la central obrera para definir cómo se desplegarán las medidas de fuerza sectoriales y rotativas en un período extenso, que concluiría con un nuevo paro general, el quinto que se realizará desde el 10 de diciembre de 2023.

La mesa organizativa estará integrada por uno o dos miembros de las confederaciones sindicales (industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones), más dirigentes de la CGT y de las dos CTA.

¿En qué consiste el “modelo francés” de protestas? Está inspirado en el que se aplicó en 2023 contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron: en lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada.

Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones diarias, hasta llegar a una medida general que abarcó a todos los gremios.

Ese sistema es el que estrenará la CGT para seguir su ofensiva contra el Gobierno y para llevarlo adelante se buscará la opinión de las regionales cegetistas de todo el país y de otros sectores, como el de las pymes, los jubilados y la educación. De allí surgirán los detalles de las medidas y la fecha en que comenzarán, aunque será después del Mundial de Fútbol, que finaliza el 19 de julio, y todo apunta a que el mes clave será agosto.