Ni el vertiginoso año pasado, ni un Congreso de receso y con guardias mínimas calman las ansiedades ya extremas relacionadas con la reforma laboral, sobre la que se aguardan definiciones concretas para finales del corriente mes o inicios de febrero, en el escenario más optimista. Mientras casi todo el mundo mira hacia Venezuela, la propuesta de modificaciones a la regulación del trabajo en la Argentina tuvo, ante los primeros movimientos de la oposición para bloquearla, a aliados que piden a la Casa Rosada no repetir los errores de diciembre último, los cuales significaron un freno repentino de la misma, pese a haber obtenido dictamen en la Cámara alta.

“Si el Gobierno no complicaba a Diputados con la derogación de leyes sobre universidades y discapacidad que incluyó en el Presupuesto 2026, los votos de reforma laboral estaban en el Senado”, aseguró a Infobae un dialoguista que siguió de cerca las negociaciones. En esa línea, agregó: “Por eso no sorprendió lo que ocurrió luego con las normas que sí se sancionaron. Recuerdo en la sesión del 26 -de diciembre- que, salvo por los que relataban escenarios ficticios, el resto ya sabía ocho horas antes que había un piso de 40 votos. Y fueron varios más. ¿Sabe por qué? Porque el Ejecutivo dio muestras de cumplir con la palabra. Hasta los peronistas lo reconocieron más tarde”.

En el oficialismo también hubo un puñado de integrantes de la bancada que comanda Patricia Bullrich que -con mucha discreción- sugirieron avanzar, en línea con un sector de la Casa Rosada. “Nos favorece todo el orden que impuso la gestión económica y eso da mayor previsibilidad. Dicho esto, la Argentina es un país donde no hay que perder ninguna chance y creo que hubo, hasta lo que ocurrió con el Presupuesto 2026 en Diputados. Es decir: estuvo bien Bullrich en detallar la situación completa al Ejecutivo para tomar una decisión razonable. El inconveniente que se presenta ahora es que regalamos semanas a un kirchnerismo enojado, aunque golpeado. Y nunca se sabe. La CGT ya está haciendo lo suyo y no la juzgo, pero tampoco me hago el distraído”, sentenció un libertario a este medio.

Las normas que se dictaminaron y no arribaron al recinto de la Cámara alta fueron la reforma laboral y los cambios en la ley de glaciares. Allí, Bullrich maneja un interbloque de 21 legisladores. Para el quorum y activar el recinto, se necesitan 37. Por ende, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Y nada es fácil para la administración de La Libertad Avanza a la hora de hablar del Congreso.

Agenda en espera

Junto a la reforma laboral y los cambios en glaciares, otro despacho que aguarda a febrero es el de estabilidad monetaria. En la Cámara baja, este tema no preocupa en demasía a los bloques -en general-, y muchos prefieren dejarlo en la parrilla hasta marzo, cuando Javier Milei inicie un nuevo período de sesiones ordinarias.

Uno que nada debajo de la línea de flotación y podría generar rispideces es el del Código Penal, que ya estuvo incluido en el temario extraordinario de diciembre y no se presentó en mesa de entradas. Tampoco se conoce la modalidad. El oficialismo deslizó a través de una bicameral, algo no aceptado por diversos espacios. Lo más probable es que, al ser un texto pesado y que llevó mucho tiempo calibrarlo, se debata con tranquilidad una vez que Milei pase por el Congreso, en marzo. Allí, el jefe de Estado anunciaría el envío de más iniciativas.

Tras algunas semanas de demora, la firma Autovía Construcciones y Servicios S.A del  grupo Cartellone se hizo cargo de la concesión de la denominada ruta “Del Mercosur”con especial impacto en la localidad bonaerense de Zárate.

Uno de los requerimientos exigidos en el pliego para el primer año era la obligación de la empresa de hacer arreglos y mantenimiento de la calzada, previo a la implementación de los peajes, ante el deterioro del asfalto que se agravó con la inacción de Vialidad Nacional.

La exigencia había generado desinterés en las habituales empresas ligadas al rubro al punto que el gobierno de Javier Milei tuvo que habilitar una línea de créditos  a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para seducir a los interesados, un desembolso que aún no terminó de materializarse en su totalidad.

En ese marco, la empresa sacó este miércoles algunas máquinas para reparación de la rotonda de ingreso a Zárate y el Puente Zárate, junto a un puñado de trabajadores.

La postal fue celebrada por el intendente pro- libertario Marcelo Matzkin quien destacó el  inicio “de las reparaciones que son urgentes dado el grave deterioro de la ruta 12 y afirmó que con la pivatización“empezamos a dejar a de atrás el mal estado de las rutas”.

Al mismo tiempo pidió por los avances en la “concesión y reparación de la ruta 9” que muestra un fuerte deterioro.

El corrimiento de los peajes por ahora en “stand by”

La quita de las cabinas de peaje iniciada por la empresa y algunas gestiones del municipio de Zárate habían ilusionado con la posibilidad de concretar un corrimiento de los lugares de peaje que dividen a la localidad por estar dentro y no en el límite del territorio y requieren de engorrosos trámites de los vecinos para gestionar permisos que los eximan del pago.

Pese a las expectativas, la empresa tendría decidido colocar el sistema de Telepase en el mismo lugar donde se encontraban las cabinas.

“Uno pide todo y es la empresa después del contrato que tienen. Por el momento utilizan las mismas instalaciones” sostuvo Matzkin días atrás en conferencia de prensa, con cierta resignación.

En base a los movimientos de la empresa, todo hace suponer que el Partido de Zárate seguirá dividido.

Es que las  cabinas de peaje sobre Ruta 12 dividían al partido en dos, zona continental y zona insular. Para acceder a los recreos de la isla o para ir y venir, se debe pedir un pase extraordinario siendo residente zarateño, explica el sitio local La Voz de Zárate.

La propuesta municipal era llevar las cabinas de peaje hacia el Paraná Guazú, el límite físico entre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos pero la demolición de las garitas fue sólo para instalar un nuevo sistema electrónico de peaje.

De mantenerse la situación, los vecinos tendrán que volver a gestionar un pase extraordinario y adecuarse a este sistema electrónico si no quieren tener multas.