La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) alertó que en los últimos días crecieron las consultas de vecinos que manifestaron haber recibido llamados telefónicos de personas que se presentan falsamente como representantes del Municipio y ofrecen gestionar o brindar información sobre el subsidio de $800.000 destinado a damnificados por la inundación.

El director de la entidad, Pablo Daguerre señaló que “según los casos recibidos, los estafadores manifiestan que llaman para informar o gestionar el supuesto beneficio y advierten a la persona que, si no ingresa a su Cuenta DNI, la misma será bloqueada.”

“Posteriormente, se produce un segundo llamado en el que los delincuentes se presentan como representantes del Banco Provincia, aseguran que la cuenta no está bloqueada y vuelven a solicitar la verificación de datos personales”, agregó.

En algunos casos, luego de obtener información de la víctima, le comunican que tiene asignado un supuesto turno para la semana siguiente en la Municipalidad, buscando darle mayor credibilidad a la maniobra.

Alertan que se trata de una modalidad que utiliza la suplantación de identidad y la generación de temor o urgencia para obtener información de las personas.

Ante estos llamados, se recomienda:

• No brindar datos personales, bancarios ni claves.
• No informar contraseñas, códigos de seguridad ni códigos recibidos por SMS o WhatsApp.
• No ingresar a Cuenta DNI, home banking u otras aplicaciones siguiendo instrucciones de una persona que llama telefónicamente.
• No descargar aplicaciones ni permitir el acceso remoto al teléfono.
• No confiar en una llamada simplemente porque quien se comunica conoce algunos datos personales.
• Ante la duda, cortar la comunicación y verificar directamente con el organismo o entidad correspondiente utilizando sus canales oficiales.

Desde la OMIC remarcaron que la urgencia y la amenaza de un supuesto bloqueo de cuenta son mecanismos habituales para impedir que la persona pueda detenerse a verificar la información.

Si recibís un llamado de estas características, no sigas las instrucciones del interlocutor. Cortá la comunicación y verificá la situación por canales oficiales.

“La OMIC continúa recibiendo consultas y casos relacionados con estafas digitales y telefónicas, con el objetivo de fortalecer la prevención y brindar herramientas a los consumidores para evitar ser víctimas de estas maniobras”, concluyeron.

El Gobierno amplió el bloqueo de celulares en cárceles provinciales para las jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional, una medida que habilita la inhabilitación de equipos, tarjetas SIM y líneas activadas dentro de penales con el objetivo de impedir que esos dispositivos sean usados para planificar o coordinar delitos desde el encierro.

La decisión quedó formalizada este jueves en la Resolución 734/2026 del Enacom, publicada en el Boletín Oficial. La norma extiende a los establecimientos penitenciarios provinciales un mecanismo que ya regía para las unidades federales.

Según el texto oficial, las empresas de comunicaciones móviles deberán bloquear tres elementos de cada dispositivo detectado: el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, asociado a la SIM; y la línea telefónica vinculada. El alcance abarca aparatos que se activen tanto en el área de detención como en sectores de acceso restringido al público dentro de los establecimientos alcanzados.

La medida no operará de manera automática ni quedará librada a las compañías. De acuerdo con el Boletín Oficial, cada bloqueo requerirá una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación, que además será el único canal para comunicar a las prestadoras los pedidos efectuados por las provincias adheridas.

Ese punto responde de manera directa a cómo funcionará el sistema: una provincia no podrá ordenar por sí sola la inhabilitación ante las telefónicas, aunque se haya sumado al protocolo. La cartera nacional concentrará el envío de datos y la activación del procedimiento en todas las jurisdicciones que se incorporen.

La incorporación de los penales provinciales se produjo después de una presentación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom. Esa cartera advirtió sobre la problemática del uso de teléfonos dentro de las cárceles bajo administración provincial y pidió una norma complementaria que las incluyera de forma expresa.

De acuerdo con Diario Uno, la ministra de Seguridad mendocina Mercedes Rus planteó la necesidad de contar con un respaldo legal claro para integrar a los penales subnacionales al esquema preventivo. Por ende, la provincia impulsó una licitación pública para adquirir plataformas integradas de localización, inhibición selectiva y georreferenciación.

Hasta ahora, el procedimiento estaba limitado al sistema penitenciario federal. La resolución modificó el artículo 5 del régimen aprobado en 2016 para el bloqueo de terminales con denuncia de robo, hurto o extravío, y sumó esta nueva facultad vinculada a los establecimientos penitenciarios.

El procedimiento exige trazabilidad y límites técnicos

La resolución dispone que la tecnología utilizada deberá ajustarse para evitar que el bloqueo afecte las comunicaciones fuera del perímetro penitenciario. Esa exigencia ya estaba presente en normas previas sobre inhibidores y fue reiterada para impedir que la restricción alcance a vecinos, comercios o usuarios ajenos al penal.

Las prestadoras también deberán registrar y conservar todas las gestiones realizadas. Según el Boletín Oficial, esa información tendrá que resguardarse con criterios de integridad y trazabilidad, y quedar disponible para usuarios y autoridades que la requieran.

En los considerandos, el Enacom vinculó la decisión con la necesidad de reforzar estrategias para prevenir, disuadir y neutralizar conductas delictivas intramuros asociadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones. El organismo recordó además que la Ley 24.660 prohíbe en su artículo 160 las comunicaciones telefónicas a través de equipos móviles dentro del sistema penitenciario.

La ampliación a las provincias se conoce meses después de un caso judicial: el 21 de febrero de 2026, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó decomisar los teléfonos de cuatro detenidos acusados de integrar la Banda del Millón, investigados por el homicidio de una jubilada en San Isidro y señalados como organizadores de robos violentos desde sus celdas.

La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, puso en duda competirá por la Jefatura de Gobierno porteño en 2027 para que el PRO pueda buscar la reelección en ese distrito, con la idea de que eso aporte que el presidente Javier Milei y Mauricio Macri sellen una coalición rumbo a las elecciones presidenciales.

Este jueves, el Gobierno convocó a una reunión en la Casa Rosada con el PRO para comenzar a hablar de un acuerdo electoral para 2027. De un lado estarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Eduardo “Lule” Menem. Del otro, los diputados y dirigentes macristas Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

“¿Qué es lo primero que va a venir a pedir el PRO en la reunión? La Ciudad de Buenos Aires. Hay que ser realistas. ¿Y nos vamos a poner obcecadamente a decir que ‘no’? Entonces no querés una coalición”, señaló Bullrich, al ser consultada por una posible candidatura porteña suya.

Según la senadora de LLA, la base de una negociación con sectores aliados es con “todos aquellos que manejan una provincia o un distrito”, como los “cinco gobernadores radicales y los tres del PRO” y “sean parte de una coalición”. “Y en esos distritos habría que respetar el principio de continuidad”, remarcó. “¿Qué me voy a poner a pensar en la Ciudad de Buenos Aires cuando está en plena discusión este acuerdo político? Yo vengo de ganar la Ciudad por el 51% de los votos siendo candidata a senadora. Tengo todas las posibilidades de serlo, pero también soy consciente de la necesidad de una coalición“, puntualizó, en declaraciones a la señal latinoamericana de noticias DNEWS.

En ese contexto, la ex candidata presidencial consideró que esta construcción es “estratégica para la Argentina”, porque permitiría fortalecer “una coalición” de cara a las elecciones presidenciales. “Es importante para la gobernabilidad presente, pero también para el futuro porque los inversores y los ahorristas están preguntándose qué va a pasar en las elecciones del año que viene”, dijo.

“Empezar a generar un acuerdo político es importante, con el PRO y también con el radicalismo y con algunas fuerzas provinciales. Eso nos va a dar mucho más espacio de gobierno y de certeza, que va a influir positivamente en el ciclo económico que tiene que arrancar a mayor velocidad”, dijo Bullrich.

Desde su mirada , “la no reelección de este proyecto sería algo muy negativo”, en relación a la continuidad de La Libertad Avanza por cuatro años más, y que una victoria opositora de un sector del peronismo que quiere “destruir todo” sería “un gran retroceso para la Argentina”.

Por lo tanto, evitó pronunciarse sobre una definición de una candidatura presidencial propia: “¿Qué pasaría? No lo puedo pensar demasiado. Tengo que pensar que tenemos que lograr que este proyecto reelija. En el caso mío, no tengo una idea sobre mí, no tiene demasiado sentido. El sentido es que este equipo se tiene que agrandar cada vez más y coalicionar. Después, puedo decir: “Bueno, yo quise ser presidenta, la peleé, la luché y la puedo volver a luchar”, pero es como en otro momento y otra etapa”.

El impacto del caso Adorni entre los aliados

La senadora nacional aseguró que “el caso Adorni” generó “un cansancio en los aliados” del Gobierno, que se molestaron porque la Casa Rosada no resolvió la salida del ahora exfuncionario con mayor celeridad. Según la senadora, eso llevó al oficialismo a buscar nuevos acuerdos políticos de cara a 2027.

“Creo que nos generó un cansancio de parte de los aliados, que decían qué pasa que no resuelven este problema que tienen. (El caso Adorni) fue como un tapón para la posibilidad de avanzar en temas importantes, tanto los que planteaba el Gobierno como algunos que planteaba la oposición, que también tienen que ser discutidos. Eso generó un cansancio de parte de los aliados parlamentarios también”, dijo la senadora.

En ese marco, Bullrich consideró que la permanencia del ex jefe de Gabinete hasta su renuncia fue “un proceso que nos demoró mucho, que nos ponía siempre al borde de una situación institucional muy compleja”, ante los intentos de moción de censura.

“En distintas ocasiones plantee, tanto privada como públicamente, que se debía tomar una determinación. Adorni estaba en una situación que lo que hacía era paralizar la función gubernamental y también la función parlamentaria. Se tardó un tiempo, eso nos complicó y luego vino el Mundial y eso trabó muchísimo”, insistió.

En ese marco, la senadora consideró que “no hay duda” de que la coalición entre La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo aún “no está bien construida”. “El año pasado perdimos los acuerdos políticos que se habían tejido en el Congreso y estuvimos al borde del precipicio, mirando para abajo. Entonces, es evidente que la fortaleza política te ayuda muchísimo a que la economía se ordene más rápido”, concluyó.