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Reforma laboral: el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas, tras la presión de los bloques aliados

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El Gobierno decidió retirar el artículo 44 de la ley de reforma laboral, tras la fuerte presión y rechazo de los bloques aliados a la limitación de las licencias médicas que había sido aprobada en el debate en la Cámara de Senadores. La decisión se tomó en las últimas horas, luego del rechazo que los bloques aliados habían expresado a sancionar la iniciativa sin hacer modificaciones.

Fuentes parlamentarias confirmaron a Infobae que el artículo será eliminado en la reunión plenaria de comisión que tiene que emitir dictamen mañana en Diputados, con el objetivo de garantizarse la aprobación en la sesión prevista para el jueves próximo. La Casa Rosada tiene por delante una carrera contra reloj para conseguir que la Cámara baja apruebe con modificaciones el proyecto y el Senado, el viernes de la semana próxima, lo convierta en ley.

El artículo en cuestión era el siguiente:

“CAPíTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo

De los accidentes y enfermedades inculpables

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”

La decisión del Gobierno nacional de retirar el artículo sobre licencias médicas del proyecto de reforma laboral marcó un giro en las negociaciones parlamentarias de los últimos días. La medida, resultado de una serie de reuniones intensas con bloques aliados, reflejó la tensión que generó este punto específico dentro de la iniciativa impulsada por el oficialismo. Las conversaciones, que se extendieron hasta última hora, pusieron en evidencia el delicado equilibrio que el Ejecutivo debe mantener para avanzar con su agenda en la Cámara de Diputados.

En el centro del debate se ubicó la propuesta original que establecía modificaciones en el régimen de ausencias justificadas por cuestiones de salud. La eliminación del artículo, confirmada por fuentes oficiales, surgió como respuesta directa a los reclamos de espacios políticos que consideraron que la redacción ponía en riesgo derechos adquiridos de los trabajadores. De acuerdo con lo informado, la postura que adoptó el bloque de Innovación Federal fue determinante para forzar el retiro del texto, ya que anticipó que no acompañaría la medida si no se revisaba su contenido.

Este escenario evidenció el peso político que adquirió el tema en las últimas jornadas, ante la proximidad de la sesión extraordinaria convocada para tratar la reforma. La urgencia por alcanzar consensos puso de relieve la fragilidad de la mayoría oficialista y la importancia estratégica de cada voto. Funcionarios del Ejecutivo, según trascendió, consideraron que priorizar la aprobación general del paquete de cambios era más relevante que insistir en un punto que generaba resistencias insalvables.

El debate por las licencias médicas se intensificó tras la difusión de la letra chica del proyecto, que proponía limitar la cantidad de días de ausencia por motivos de salud y endurecer los controles sobre los certificados expedidos. Legisladores de sectores dialoguistas manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que estas restricciones afectaran a trabajadores con enfermedades crónicas o situaciones especiales. En este contexto, la presión pública de organizaciones gremiales y asociaciones médicas sumó un factor adicional de tensión, acelerando la necesidad de revisar el texto.

La reacción sindical se manifestó en comunicados y pronunciamientos que reclamaron respeto por los convenios colectivos de trabajo y advirtieron sobre eventuales retrocesos en materia de derechos laborales. Voceros de la Confederación General del Trabajo (CGT) señalaron que cualquier intento de limitar las licencias representaba “un ataque a conquistas históricas”. La postura de la central obrera fue replicada por representantes de otros gremios, que coincidieron en la defensa de los marcos legales vigentes.

En paralelo, desde el oficialismo se intentó instalar la idea de que la reforma general no perdería fuerza por la exclusión del artículo en cuestión. Fuentes del Ministerio de Trabajo remarcaron que el objetivo central sigue siendo “modernizar las relaciones laborales y dotar de mayor flexibilidad a las empresas”, pero reconocieron que “la búsqueda de consensos es prioritaria”. La voluntad de allanar el camino para la aprobación del resto de los artículos fue compartida también por los bloques aliados, que destacaron la importancia de avanzar en los aspectos vinculados a la formalización del empleo y la simplificación de trámites administrativos.

El retiro del artículo no implicó, según se explicó, la renuncia definitiva a debatir cambios en materia de licencias. Algunos referentes legislativos anticiparon que el tema podría ser retomado en futuras discusiones, bajo un formato más acotado y negociado. Por el momento, la atención se centra en la votación convocada para las próximas horas, en la que el oficialismo aspira a obtener el respaldo necesario para aprobar el grueso de la reforma.

El escenario parlamentario se mantuvo en estado de máxima incertidumbre, con negociaciones abiertas y contactos permanentes entre los distintos bloques. La dinámica de los acuerdos reflejó el carácter fragmentado de la Cámara de Diputados y la necesidad del Ejecutivo de construir mayorías caso por caso. La eliminación del artículo sobre licencias médicas se convirtió, así, en un gesto de flexibilidad orientado a evitar el naufragio de una reforma considerada clave por el Gobierno.

El futuro de la iniciativa dependerá ahora del resultado de la sesión y de la capacidad del oficialismo para sostener el apoyo de sus socios coyunturales. Mientras tanto, actores sindicales y empresariales se mantienen atentos al desarrollo de los acontecimientos, conscientes de que cualquier modificación en la legislación laboral tendrá impacto directo sobre millones de trabajadores y empleadores en todo el país.

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El Gobierno endurece las medidas de seguridad y control para la marcha contra la reforma laboral en el Congreso

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El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, endurecerá los controles en la marcha piquetera y sindical hasta ahora prevista para el jueves 19 de febrero, fecha en que la Cámara Baja tratará de transformar en ley la reforma laboral que ya tiene media sanción.

Para ese mismo día, la CGT convocó a un paro general al cual se adhirieron los medios de transporte. La principal central de trabajadores, al igual que la mayoría de los movimientos sociales no movilizarán al Congreso. En cambio, sí lo harán las organizaciones de izquierda, los piqueteros, los gremios y sindicatos enrolados en el Frente de Sindicatos Unidos, integrado, entre otros, por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto a las dos CTA, que han convocado a una movilización que intentarán que sea numerosa. A estos se suman algunas organizaciones populares, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete.

Según pudo establecer este medio, la cartera de Seguridad elabora medidas para extremar el control de estos manifestantes, luego de los incidentes registrados el miércoles pasado frente al Congreso, durante una marcha contra la Reforma Laboral. Allí, grupos extremos y encapuchados arrojaron bombas molotov sobre los efectivos policiales.

Por esos hechos de extrema violencia fueron judicializadas 26 personas, entre ellas un menor de 16 años con antecedentes de robo.

Si bien aún está en estudio, entre las opciones que se barajan se incluyen:

-la revisión de mochilas

-regulación del uso de banderas

-control de los vehículos, como camionetas y micros que transportarán a los activistas

-vallado preventivo en la zona aledaña al Congreso de la Nación y la Casa Rosada.

Desde el Ministerio a cargo de Alejandra Monteoliva le explicaron a Infobae que los controles buscan “prevenir riesgos y mantener la seguridad” y que se procurará que las acciones no pongan en riesgo la integridad de los manifestantes ni del personal de seguridad.

También recordaron que, según el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal y el artículo 6, inciso 13, del Decreto 383/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, referente a PFA, la policía solo puede realizar requisas sin orden judicial de personas, efectos personales o vehículos cuando existen circunstancias razonables que permitan presumir la existencia de un delito, no se pueda esperar una orden judicial por riesgo de pérdida de pruebas y la acción se realice en la vía pública o en lugares de acceso público. Requisitos que, para los funcionarios de La Libertad Avanza, se cumplen.

En estos casos, los secuestros deben formalizarse con un acta que detalle los motivos, y la medida debe ser comunicada de inmediato al representante del Ministerio Público Fiscal.

Desde la Casa Rosada descreen del poder de convocatoria que puedan llegar a tener estos grupos. En primer lugar, porque se prevé que el paro de transporte será total y, en segunda medida, porque los gremios más numerosos y las organizaciones sociales como el MTE, el Movimiento Evita y Barrios de Pie, entre otras, tampoco movilizarán, como sí lo hicieron el 11 de febrero. De hecho, más de 30 integrantes de la UTEP fueron detenidos y horas después quedaron en libertad.

En las últimas horas, la mesa nacional de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) resolvió participar “del paro convocado por la CGT de manera activa sumándonos a actividades locales que surjan en los distritos con corte de rutas y ollas populares en todo el país”. Y, con respecto de la convocatoria al Congreso el día jueves, se decidió “acercaremos con una delegacion solo para acompañar, teniendo en cuenta las dificultades logísticas por la confirmación del paro de transporte”.

Los dirigentes de izquierda fueron los primeros en reaccionar ante la decisión de la CGT de no movilizar al Congreso.

Por ejemplo, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, diputados nacionales del PTS-Frente de Izquierda, denunciaron que la conducción cegetista convocó a un paro sin movilización porque buscan “limitar la fuerza que se expresó en las calles el pasado 11 de febrero” y llamaron a “movilizarse masivamente al Congreso y hacer que el paro sea activo para derrotar la reforma laboral”. También proponen acciones en todo el país y organizar caravanas desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y los barrios de la Ciudad para confluir en el Congreso.

Bregman denunció que “producto de la rosca en el Congreso, aún no se sabe si la reforma laboral esclavista se tratará el 19 o el 25. De lo que sí estamos seguros es que hay una bronca bárbara y que a esta reforma hay que enfrentarla y derrotarla de conjunto”.

Del Caño, por su parte, agregó que “la CGT convocó a un paro general por la bronca de millones a su traición escandalosa, pero quieren que sea sin movilización, lo que debilita la fuerza para voltear la reforma”.

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Licencias médicas: el Gobierno activa una carrera contra reloj para aprobar la reforma laboral en extraordinarias

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Con los tiempos justos y después de haber reconocido el “error” en la redacción del artículo 44 de la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei decidió aceptar modificaciones en las licencias médicas y apurar el tratamiento en la Cámara de Diputados y en el Senado, para lograr el principal objetivo político de la Casa Rosada, antes de que expiren las sesiones extraordinarias.

Se trata de una meta ambiciosa, que pondrá a prueba la solidez de las alianzas parlamentarias de La Libertad Avanza en el Congreso. En menos de 10 días, el oficialismo deberá conseguir que el plenario de comisiones de mañana, en Diputados, acepte el cambio en la redacción del proyecto, que el pleno de la Cámara baja lo apruebe este jueves, que el viernes sea enviado al Senado y, con el dictamen que exige el reglamento de ese cuerpo, se acepte discutirlo en una sesión una semana después.

El cronograma ajustado exigirá que los bloques dialoguistas de Diputados y el Senado acompañen el ritmo que necesita el Gobierno para coronar el principal objetivo político que se trazó la administración de Javier Milei: lograr una reforma laboral que no tiene antecedentes en los más de 40 años que tiene la democracia recuperada. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tendrá un rol clave en los días que viene.

La decisión de activar este operativo político se tomó después que la mesa política y los principales negociadores de la Casa Rosada encontraron en el parlamento una fuerte resistencia a aprobar a libro cerrado lo que había llegado del Senado. “No pasa”, fue la respuesta que encontraron los emisarios del Ejecutivo en el radicalismo, el PRO y los representantes de gobernadores aliados.

Lo que “no pasa” es la redacción del controvertido artículo 44. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anoche reconoció que se trató de “un error” propio. Una falla no forzada. Esa declaración vino a cruzar las versiones que habían trascendido durante el fin de semana, que le adjudicaban la inclusión de ese artículo afuera del Gobierno.

“Nosotros no fuimos. Fueron ellos. Que se hagan cargo”, decían anoche referentes de la UCR, el PRO y los partidos provinciales, a quienes Infobae consultó sobre el origen de esa “gaffe” parlamentaria.

A medida que crecía la resistencia a lo que se había aprobado en el Senado, el Gobierno dio marcha atrás con las alternativas que había llevado a la mesa de negociación, como era “arreglar” la redacción en un decreto reglamentario o proponer una ley complementaria que solo precisara los alcances del artículo 44. “No pasa”, fue la respuesta que volvieron a recibir los negociadores, según pudo confirmar este medio.

Después de fatigar celulares durante el fin de semana largo de carnaval, el oficialismo reconoció que podía poner en riesgo los otros 200 artículos de la reforma laboral, que tienen el objetivo de modernizar como nunca antes las relaciones del trabajo en la Argentina. “Esperamos aprobarlo en extraordinarias, pero no dependemos de nosotros mismos”, dijo una fuente parlamentaria la madrugada de este martes.

Es que La Libertad Avanza tiene 95 votos propios, lejos de los 129 exigidos para tener la mayoría en Diputados. Y 21 senadores, más lejos todavía de los 37 que necesita en el Senado. Para coronar el objetivo político de tener la reforma, requerirá de un compromiso de todos los sectores dialoguistas. Además, depende de que la vicepresidente Victoria Villarruel acompañe al oficialismo en apurar los trámites burocráticos del Senado.

El Gobierno ya había dado una señal de que el debate podía complicarse. Por eso amplió un día, al 28 de febrero, las sesiones extraordinarias. Es que el presidente Javier Milei tenía la intención de abrir el período legislativo, el 1° de marzo, con la ley de reforma laboral aprobada. Los negociadores del Gobierno tendrán, en los próximos días, la confirmación de la consistencia real de las alianzas parlamentarias que vienen tejiendo desde la victoria en las elecciones de medio término.

El artículo de la polémica

Hasta ahora, la redacción era la siguiente:

El foco del conflicto es el artículo 44 de la reforma, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado por el Senado establece:

“CAPÍTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo

De los accidentes y enfermedades inculpables

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”

En principio, según lo que trascendió de las mismas fuentes, el Gobierno aceptaría incluir un párrafo final al artículo 44 que establezca que para enfermedades graves, irreversibles y comprobadas de manera fehaciente, los trabajadores cobrarán el 100 por ciento de sus ingresos.

Para el Gobierno, el éxito de esta carrera contra reloj dependerá de contar con la solidaridad de los ajenos.

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