La crisis política que se desató a raíz de las denuncias contra Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito no le da respiro al Gobierno. Este jueves, diputados de la oposición convocaron formalmente a una sesión para el próximo 14 de mayo en la que se tratarán los cuatro proyectos que impulsan la interpelación del Jefe de Gabinete para que brinde explicaciones sobre sus viajes y su patrimonio.

El objetivo real de la sesión es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos de interpelación contra Adorni. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación.

Conseguir que las iniciativas tengan dictamen es fundamental ya que sin ese paso reglamentario la oposición necesitaría una mayoría agravada de dos tercios para poder tratar los proyectos “sobre tablas”, es decir, sin pasar por las comisiones correspondientes.

La interpelación es una instancia previa en la que el ministro coordinador deberá responder preguntas de forma exhaustiva y en caso de no evacuar todas las dudas, se abre la posibilidad de avanzar con una moción de censura.

La moción de censura es un mecanismo parlamentario regulado en el artículo 101 de la Constitución Nacional que permite a la Cámara de Diputados expresar su desaprobación respecto a la gestión del jefe de Gabinete. Originalmente fue pensada como una “válvula de escape” ante una crisis política grave que permita frenar posibles abusos, errores o desvíos en la gestión sin descabezar el Poder Ejecutivo. Para que la moción prospere, debe ser aprobada por mayoría absoluta (129 votos). Si luego ambas Cámaras aprueban la remoción, el ministro afectado debe presentar su renuncia.

Cabe destacar que esto no ha ocurrido nunca desde la reforma constitucional de 1994 y el propio Adorni denunció que representaría un claro intento de desestabilización contra el Gobierno.

La bancadas de Unión por la Patria -que no firmó el pedido de sesión y asegura que no fue consultada-, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas ya hicieron públicas sus intenciones de echar a Adorni por la vía parlamentaria. A estos se suman un puñado de legisladores entre los que se destaca la ex libertaria Marcela Pagano, quien incluso denunció penalmente a Adorni. Pero estos espacios todavía deberán sumar una veintena de votos si quieren remover al jefe de Gabinete y, ante ese escenario, los gobernadores una vez más actuarán como el fiel de la balanza.

Por el momento, los mandatarios provinciales especulan con los tiempos y envían señales ambiguas. La jefa del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, pidió la renuncia de Adorni pero confirmó que los legisladores que responden al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no impulsarán la moción de censura.

“Yo no creo que los diputados lo tengamos que destituir. Adorni se tiene que ir solo. Adorni tiene que renunciar por varios motivos. Primero, para hacerle un bien al gobierno que él dice defender”, dijo a la radio provincial “Punto a Punto (90.7 FM)”.

En la misma línea, los diputados de Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora, que también integran el bloque Provincias Unidas, también argumentan que la situación de Adorni debe resolverla la Justicia.

Además, otros espacios como Independencia, que controla el gobernador Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca, vinculado a Raúl Jalil, e Innovación Federal, donde pisan fuerte Gustavo Sáenz y Carlos Rovira, no han mostrado ninguna intención de jugar a fondo contra la Casa Rosada.

De hecho, varios mandatarios provinciales almorzaron con el ministro del Interior Diego Santilli en el marco de la gira que encabezó la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei por San Juan.

“Van a quedar expustos los gobernadores y los republicanos intermitentes”, ironizaba un diputados en referencia a los bloques del PRO y la UCR, aliados del Gobierno

“A esta altura, con el daño que le está haciendo al Gobierno, creo que le terminamos haciendo un favor a Milei si removemos a Adorni, así no lo va a tener que echar él”, concluyó otro de los diputados que lo denunció penalmente.

Los intendentes del conurbano bonaerense buscarán llegar a fin de año con la creación de la policía municipal oficializada y así contar con una normativa propia para hacerse cargo de la administración de una nueva fuerza de seguridad para distritos densamente poblados. Así lo planteó el ministro de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof, Javier Alonso. El funcionario se reunió con un grupo de intendentes de distinta pertenencia política, pero que quieren avanzar con darle un marco legal a las policías municipales. En esa reunión, que se llevó adelante en Escobar, Alonso planteó que “el gobernador se comprometió a enviar un proyecto para actualizar el marco normativo de seguridad, para poder recoger cuáles son los desafíos que tenemos que llevar adelante”.

En esos “desafíos” está la regularización normativa para darle sustento provincial a las fuerzas locales. Un sustento que además incluye el sostenimiento económico. Fuentes del ministerio plantearon que, tras la reunión que Alonso mantuvo con intendentes, lo que sigue ahora es “trabajar durante el próximo mes y entre el ministerio y los intendentes e ir evaluando”. Los intendentes quieren señales claras. No menor fue que del encuentro en Escobar también participó la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila, una funcionaria de bajo perfil pero de extrema confianza de Kicillof.

“Tenemos que ver un marco normativo superior que es la ley provincial, que ordene a todos, otorgue facultades, que otorgue financiamiento, que mejore los presupuestos y que esa garantía sea política de Estado”, explicó el anfitrión, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. En su distrito ya funciona desde marzo del 2025 la Policía Municipal de Escobar. Algo que también existe en varios distritos del conurbano, pero sin una reglamentación “hacia arriba”.

San Isidro es otro caso. Su intendente, Ramón Lanús, también estuvo en la reunión con el ministro Alonso. El jefe comunal, que forma parte del PRO, aseguró: “Desde San Isidro promovemos una ley que institucionalice y fortalezca el accionar de nuestra patrulla. Queremos una Policía Municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales municipales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego”.

De la actividad en Escobar también estuvieron los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Leo Boto (Luján), Nicolás Mantgazza (San Vicente), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Achával (Pilar), Federico Susbielles (Bahía Blanca) y Juan Fabiani (intendente interino en Almirante Brown). La posición es indistinta y alcanza a diferentes espacios políticos. Ramón, que es oposición al peronismo, respaldó la convocatoria del gobierno bonaerense y valoró “que a través del Ministerio de Seguridad, se haya convocado a una reunión a los intendentes que desde distintos espacios políticos venimos planteando una posición similar. Creemos que generar estos espacios, escuchar a los intendentes, es un primer paso importante para todos nuestros vecinos”.

“El gobierno de Kicillof se comprometió a llevar a la legislatura provincial un nuevo proyecto de ley para modernizar la seguridad municipal y formalizar la creación de las policías municipales, poniendo en valor el trabajo de los jefes y jefas comunales que abordamos esta tarea con compromiso e inversión”, detalló el kicillofista Ferraresi, de Avellaneda. Agregó, además, que “mientras el gobierno nacional redunda en los discursos vacíos, en nuestra provincia, las políticas de seguridad son una construcción real que se traduce en acciones que benefician a toda la sociedad.

Durante la apertura de sesiones, Kicillof había anunciado el abordaje de dos temas referidos a la seguridad. Una nueva ley para el personal policial y una “modificación integral” a la ley de Seguridad Pública. Es allí donde va a entrar la regularización de las policías municipales, muchas de las cuales ya funcionan con el sostenimiento de los distritos. Otro tema que regulará los cambios a la ley de seguridad pública es el funcionamiento de los centros de monitoreo. El rol que tendrán los intendentes será clave.

Actualmente, suele ser una demanda recurrente los recursos que destinan los jefes comunales al mantenimiento de patrulleros de la Policía Bonaerense, así como la carga de combustible de las unidades, entre otros aspectos.

Los jefes comunales buscan tener el control pleno y garantizarse recursos para ello. Se presenta como una empresa ambiciosa, toda vez que el gobierno provincial viene desde enero del 2024 con la merma en la transferencia de recursos de parte de la Nación para con la administración de Kicillof.

El control pleno es algo que no lograron cuando, efectivamente, se puso en marcha la Policía Local en la provincia de Buenos Aires. Fue durante el 2014, en la gobernación del hoy funcionario libertario, Daniel Scioli. En ese momento, se impulsó la creación de policías locales. La falta de acuerdos en la Legislatura hizo que el entonces mandatario apurara su creación mediante un decreto. Era para distritos de más de 70 mil habitantes. Luego, producto del desfinanciamiento y un proceso de centralización, en la gestión de María Eugenia Vidal con Cristian Ritondo al frente del Ministerio de Seguridad, se optó por la absorción de esa fuerza hacia la Policía bonaerense.

En la Legislatura están expectantes al envío del proyecto en cuestión. El Frente Renovador, de Sergio Massa, es uno de los espacios que busca seguir de cerca el tema. De hecho, en el proceso anterior de la conformación de las policías locales, fue uno de los sectores que la promovió. Doce años después, algunos de sus legisladores sostienen el tema. Como, por ejemplo, el diputado Carlos Puglielli, que a principio de año presentó un proyecto de ley para crear las policías comunales, una fuerza de seguridad con tareas de prevención y patrullaje, pero para distritos con menos de 70 mil habitantes.

Luego de que el Gobierno detectara varios casos de fraude académico durante los exámenes 2025 para acceder a una residencia médica, el Ministerio de Salud dispuso la creación del Exámen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud (EI). Asimismo, se dieron a conocer los requisitos para poder participar del concurso público.

Por medio de la publicación del Decreto 555/2026 en el Boletín Oficial, se estableció que el Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud (EI) pase a ser la única vía de ingreso a residencias médicas y de otras disciplinas sanitarias en todo el país.

De esta manera, la decisión, firmada por el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, derogó el régimen anterior y redefinió los procesos de selección, cronograma y control para hospitales, instituciones nacionales y organismos descentralizados.

Tras dejarse sin efecto la Resolución Secretarial N° 186/2019 junto con los convenios hasta hoy vigentes, como parte de la reforma, se creó el Comité de Adhesión al Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud (CAEI).

Según establecieron en la norma, este cuerpo estará conformado por un presidente en representación de las instituciones nacionales y un representante de cada entidad formadora adherida, tanto pública como privada. Asimismo, remarcaron que todos cumplirán sus funciones en carácter ad honorem.

De esta manera, dispusieron que el CAEI será responsable de establecer el cronograma y las sedes en las que se realizará la evaluación, especificar la bibliografía que será evaluada, revisar los procesos de validación de lectura y corrección, y llevar adelante las tareas referidas a la coordinación e implementación del examen.

También se aprobó un modelo de convenio de adhesión para que los organismos e instituciones interesadas en participar del sistema unificado. La autoridad para suscribir estos convenios y ejercer el control administrativo pasará a ser responsabilidad de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, área dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización.

A la par, se publicó la Resolución 2012/2026, en donde el titular de la Secretaría de Gestión Sanitaria, Héctor Gervacio Flores, reglamentó el proceso para postularse a las residencias básicas y articuladas. De esta forma, dictaminaron que el concurso nacional se denominará “Concurso Nación de Residencias de la Salud”, abarcando hospitales, instituciones nacionales y organismos descentralizados.

Requisitos

Para participar, el reglamento establece que los aspirantes deben ser ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados. Los extranjeros pueden inscribirse si cuentan con Documento Nacional de Identidad emitido por autoridad argentina o, en su defecto, con un acto dispositivo de la Dirección Nacional de Migraciones que acredite radicación temporaria o permanente; el certificado de residencia precaria no habilita para la adjudicación de un cargo.

En materia de titulación, el documento indica que todos los aspirantes deben poseer título de grado habilitante al momento de la inscripción. Los graduados de universidades extranjeras deben presentar la convalidación expedida por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano o la reválida otorgada por una universidad argentina; en esos casos no se acepta documentación en trámite.

Preinscripción, documentación e inscripción postal

La preinscripción online es obligatoria y se realizará a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA). El formulario generado tiene valor de declaración jurada y debe presentarse de manera impresa al momento de la inscripción. El correo electrónico registrado en esa instancia constituye el domicilio electrónico válido para todas las notificaciones del concurso.

La inscripción puede realizarse en forma personal, mediante persona autorizada o por vía postal. Esta última opción está disponible para quienes residan a más de 75 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en ese caso, la fecha del sello del correo determina el cumplimiento del plazo, y la correcta recepción de la documentación es responsabilidad exclusiva del postulante.

La documentación exigida comprende: formulario de preinscripción del SIISA, DNI vigente, constancia de CUIL/CUIT, título universitario en original y fotocopia, y certificación de promedio general de la carrera. Este último debe expresarse en una escala de 0 a 10 e incluir materias aprobadas y reprobadas. Los promedios emitidos en escalas distintas serán convertidos según una tabla oficial: escalas de 0 a 100 se dividen por 10; de 0 a 50, por 5; de 0 a 20, por 2; y de 0 a 5 se multiplican por 2. A quienes no presenten el certificado en tiempo y forma se les computará un promedio de cero.

Examen y fórmula de puntaje final

El examen consiste en una prueba presencial escrita o digital de 100 preguntas de selección múltiple, con una puntuación de un punto por respuesta correcta. El reglamento prevé exámenes específicos para cada especialidad. Para rendir, los postulantes deben figurar en el listado de habilitados publicado en la web del Ministerio y presentarse con DNI vigente en el lugar, fecha y hora que se determinen.

El puntaje final de cada concursante se obtiene mediante la fórmula (E x 0,5) + P, donde E es la nota del examen y P es el promedio de la carrera —con un máximo de 10 puntos—. A los profesionales que hayan completado su formación de grado en la República Argentina se les suma un plus de 5 puntos al resultado de esa operación.

En caso de empate en el orden de mérito, el reglamento establece tres criterios de desempate sucesivos: mayor puntaje en el examen de selección; mayor cantidad de días transcurridos desde la expedición del título hasta el cierre de inscripción; y, si el empate persistiera, el criterio que defina el Ministerio de Salud. Los resultados se publican en la web oficial y en el SIISA, y los postulantes disponen de 48 horas corridas desde esa publicación para presentar reclamos por la vía que se informe oportunamente.

Según lo dispuesto por el documento nacional, a partir de ahora estarán diferenciados los requisitos entre quienes aspiren a acceder a las residencias básicas y articuladas y aquellos que tengan como meta formar parte de las residencias postbásicas, es decir, aquellos profesionales especializados que tengan interés en profundizar en otra área de mayor complejidad.

Mientras que el reglamento facultó a la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud a resolver cualquier discrepancia que surja durante el desarrollo del concurso, también se publicaron las fechas que conformarán al Cronograma del Concurso Nación de este año.

Qué fechas tener en cuenta para participar del Concurso Nacional de Residencias Médicas

• Publicación de bibliografía de todos los exámenes: 4 de marzo.
• Publicación del reglamento: 9 al 27 de marzo.
• Publicación del cronograma: 9 al 13 de marzo.
• Publicación de los cupos: 25 al 27 de marzo.
• Pre inscripción al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA): 6 al 17 de abril.
• Envío de documentación por correo: 6 al 10 de abril.
• Inscripción presencial (entrega de documentación): 6 al 17 de abril.
• Habilitación: 20 al 24 de abril.
• Publicación del Padrón Provisorio: 27 al 30 de abril.
• Reclamos sobre el Padrón: 4 y 5 de mayo.
• Publicación del Padrón Definitivo: 20 de mayo.
• Examen Postbásicas y Básicas: 30 de junio.
• Examen de Medicina: 7 de julio.
• Publicación de examen y respuestas correctas: 13 al 17 de julio.
• Publicación de notas: 27 al 31 de julio.
• Publicación definitiva ODM: 7 de agosto.
• Adjudicación: 10 al 14 de agosto.
• Entrevista: 17 al 28 de agosto.
• Ingreso a residencias: 1 de septiembre.
• 1° Readjudicación: 28 al 30 de septiembre.
• Entrevista: 28 al 30 de septiembre.
• Ingreso a residencias (1° Readjudicación): 1 de octubre.
• Ingreso a residencias (2° Readjudicación): 1 de noviembre.