En cuestión de semanas, el Gobierno confía en que conseguirá la sanción del proyecto de Modernización Laboral. Todo eso sin saber cuál será el texto final que migrará desde el Senado a la Cámara de Diputados: hay sugerencias de la oposición en materia de convenios o artículos minoritarios que podrían aplicarse al mismo momento de la votación. Pero no está claro si aquello también sucederá con el capítulo que tiene la rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas. Si atenúa la forma de su aplicación, tendrá los votos. Si no lo hace, será rechazado.
Los incentivos que el Gobierno propone son algo difusos. Por un lado, tratan de convencer a los gobernadores de que voten ese apartado argumentando que con la reforma laboral habrá un revulsivo en la registración del empleo y, con ello, una mayor recaudación. Perder para ganar más adelante. Pero más de un integrante de la mesa política de la Casa Rosada coquetea con la posibilidad de que se caiga para que la recaudación no disminuya.
Como trasfondo, los datos de enero de ARCA revelaron que la recaudación volvió a caer en términos reales por sexto mes consecutivo. “Los gobernadores no saben lo cortos que estamos con los números y que con una baja de Ganancias también nos la estamos jugando”, afirmó al respecto una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo.
“Si Ganancias no sale y la reforma laboral igualmente termina dinamizando la economía, el beneficio para nosotros va a ser doble”, razona un gobernador. Con eso sobre la mesa, ninguno de ellos se va a jugar si el oficialismo no cambia su postura.
Como trasfondo de esta cuestión está la lucha por las diferentes gobernaciones en las elecciones de 2027. Los mandatarios provinciales consideran que ya fueron ajustados lo suficiente por parte de Nación y que los pedidos de contribución a la causa libertaria ahora están enmarcados en un juego de suma cero.
Pese a todo, existen ciertos gestos de camaradería con el Gobierno. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, dos dirigentes que no se caracterizan por su condescendencia con Milei, no recibieron a la CGT en su gira federal para tratar de frenar la reforma laboral. Al igual que la gran mayoría de los gobernadores, tampoco fueron al fallido encuentro en el CFI que pretendía debatir la posición de las provincias ante el proyecto libertario.
Sean como sean votados los capítulos, en el círculo rojo libertario aseguran que la votación en general será afirmativa en ambas cámaras. Ante esta cuasi-certeza, los responsables de la rosca judicial en la Casa Rosada ya están visualizando la próxima pelea que se viene: la de la judicialización de la reforma.
“Todas las reformas que hemos sacado nos las judicializan. Sabemos que van a venir por el proyecto. En todos los casos no consiguieron ganar, salvo en los temas más laborales”, afirma una fuente inobjetable. Cerca del Presidente marcan que se trata de un caso espinoso. Afirman que hay una simbiosis entre jueces y estudios laborales que junto al sindicalismo van a trabajar para suspender los efectos de la reforma. Culpabilizan a la Justicia laboral por haber afectado con sus medidas “en cinco puntos del PBI” a la Argentina.
Creen que después de las etapas de apelaciones va a terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente presidida por Horacio Rosatti y con Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti como los otros dos integrantes del cuerpo.
Las líneas que el Poder Ejecutivo construyó con la Justicia han tenido como revisor último al asesor presidencial Santiago Caputo. A Javier Milei no le interesa este tipo de rosca. Al igual que el submundo de la Inteligencia, prefiere mantenerse lejos. Lo único que le pide a los suyos es no opinar ni tener injerencia sobre fallos judiciales más allá de los recursos legales. “Eso nos permitió sostener las reformas que queríamos”, afirman. En la Corte reconocen esta política marcando que en los últimos dos años han trabajado con libertad sin presiones.
“Hay uno o dos de los ministros de la Corte que últimamente están teniendo un criterio más moderno y dinámico. Una forma de pensar que entiende que se puede proteger a los trabajadores y permitir que los empresarios puedan contratar gente más fácilmente. Sería ideal no llegar a la instancia de tener que hablar con la Corte, porque en cualquier parte del mundo te presentan una cautelar de este estilo y debería rechazarse inmediatamente”, argumenta un funcionario.
En el Gobierno no revelan a qué integrantes del máximo tribunal se refieren. Hay antecedentes que permiten construir qué afinidades hay con cada juez de la Corte.
Lo cierto es que hay que estar muy atentos a los movimientos que podrían ocurrir en los próximos meses. Un sector de la mesa chica libertaria cree que puede articular una nueva alianza estratégica con otro de los ministros de la Corte Suprema. Un pacto que busca cambiar el eje copernicano actual.
Mientras tanto, en Casa Rosada creen que la paralización de la reforma laboral no va a ser exitosa y que la Justicia, más temprano que tarde, la dejará habilitada. “En general en la Justicia saben que la sociedad los está mirando, porque ganan millonadas y de lo único que hablan es de sus privilegios”, marcan.
La frase, igualmente, tiene sus matices: por decir un caso, el Poder Ejecutivo convalidó un incremento anual para los fondos del Consejo de la Magistratura de un 280%. Cuentan que hubo un integrante de este órgano que se enteró del incremento que iban a tener y le dijo con regocijo a un funcionario del Gobierno: “Este año que se viene vamos a tener plata”.
Son movimientos que miran con recelo en un sector de la Administración Pública Nacional: el de los Directores Nacionales, Directores Generales y Coordinadores. Varios de ellos se enteraron que el incremento de Ministros, Secretarios y Subsecretarios no llegó a sus categorías, por lo que siguen con el mismo salario que diciembre de 2023. “Nos tienen para el congelamiento pero no para el aumento”, se queja, en extrema reserva, uno de ellos.
Volviendo a la reforma, el área que tiene la competencia para defender el proyecto libertario es la Procuración del Tesoro, la cual depende del Ministerio de Justicia. El ministro Mariano Cúneo Libarona volvió a finales de enero y por el momento sigue en su cargo. Los hermanos Milei no volvieron a hablar con el funcionario sobre su continuidad, aunque está tallado en piedra que en algún momento abandonará su cargo para poder priorizar sus afectos.
Quienes volvieron a hablar para mostrarse juntos fueron el ministro del Interior, Diego Santilli, con el presidente bonaerense del PRO, Cristian Ritondo. La postal solo fue publicada por este último, que detalló que el encuentro tuvo como objetivo hablar sobre la reforma laboral y la edad de imputabilidad, “una de las principales preocupaciones de los vecinos de la provincia de Buenos Aires”.
¿Qué sentido tuvo la foto? En el entorno del funcionario mileísta marcan que Ritondo no deja de ser un actor clave en el Congreso con el que debe articular estrategias para la Cámara de Diputados. En el PRO dieron a entender que la foto ratifica a Santilli “como un amarillo en el Gobierno”.
“Es socio y amigo de Cristian y se pretende llevarlo de candidato dentro de una alianza con La Libertad Avanza”, afirman en el macrismo, donde afirman que no hay margen como para no armar una coalición electoral que compita con el peronismo kirchnerista en la Provincia. Al no haber balotaje, gana el espacio que tiene más votos.
No es la primera vez en el año que Ritondo se muestra con una persona fuerte del Gobierno. En enero fue fotografiado junto a Santiago Caputo, con quien mantiene una amistad de años. No es la misma relación que tiene con el sector de los Menem, que lo acusa de haber querido quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, algo que se vio abortado luego de la victoria libertaria en octubre.
En el karinismo indican que no tienen “porqué autorizar o no una foto” con Ritondo. “No hay tanto misterio. El Colo es alguien que tiene una cuota del electorado al que sin dudas hay que aspirar y es un potencial candidato a la Gobernación”, indica una fuente inobjetable del entorno de la hermanísima, desde donde no desmienten que el año próximo se active una carrera por los nombres para la boleta provincial, pero que “no se va a limar” la figura del ministro.
Cada espacio político está con sus respectivos planes. Ritondo está en proceso de renovar su presidencia partidaria en la Provincia. Quiere a Soledad Martínez como su vicepresidenta primera y plasmar la estructura de Santilli, Guillermo Montenegro y de otros dirigentes, como el actual senador provincial Pablo Petrecca, uno de los principales alfiles PRO que se dio de baja de la alianza con LLA el año pasado para competir con su propio espacio, Somos.
Es por ese mismo antecedente que en el partido libertario, comandado en la Provincia por Sebastián Pareja, están ejecutando una política de construcción diferente desde las elecciones de octubre. Aunque no descartan una coalición electoral, marcan que estarán mirando de cerca cómo se comportan los aliados del Gobierno en la votación que habrá en la Legislatura bonaerense sobre la reelección de los intendentes. “Ese va a ser el punto de inflexión. Si la votan, habremos arrancado mal”, afirma un operador de LLA.
En la plana mayor de La Libertad Avanza creen que el diálogo con Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Abad (UCR) debe complementarse con tratativas directas con la mayoría de los intendentes para evitar fugas en una eventual coalición. Además de con Petrecca, el PRO tuvo otros casos de escisiones como con los hermanos Passaglia (San Nicolás de los Arroyos) y Javier Martínez (Pergamino); así como otros radicales y vecinalistas.
“Lo sucedido en el 2025 nos dice que los pactos por partido no aseguran fisuras y que debemos hablar mano a mano con cada uno de los actores. No vamos a permitir que se nos siente una persona, arregle para sus amigos y después otros arreglen individualmente en su territorio”, ratifican en La Libertad Avanza.
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