Luego de que el ministro de Economía Luis Caputo informara sobre la adjudicación de la gestión de dos sectores de la red vial nacional por un periodo de 20 años, con empresas que se encargarán de las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) advirtieron que no es la solución para mejorar las rutas argentinas.
El Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, que incluye a la ruta 3 desde CABA hasta Bahía Blanca, estará a cargo del consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA. Resultó ganador con una tarifa para el peaje de $997 + IVA.
El coordinador de CONADUV, Ing. Ricardo Lasca, confirmó que a los 2 peajes ubicados en la Autopista Richieri y otro en Cañuelas, se sumarán otros 5: “Es decir, va a haber 8 estaciones de cobro para hacer solamente 650 kilómetros de Capital Federal a Bahía Blanca”.
Sostuvo que se trata de un falso peaje y que en realidad es un impuesto al tránsito que afecta al usuario vial y a toda la comunidad porque los aumentos en los costos del transporte por los peajes, se trasladarán a todos los productos.
“Es lamentable. Esto ocurrirá en el resto de la red vial que se va a concesionar. A las actuales cabinas de peaje, que son 39, se agregan más de 50, es decir, va a haber un peaje cada 90/ 100 kilómetros en toda la red concesionada que se está implementando. Es un disparate total”, aseveró.
Planteó que es inviable el sistema por el bajo caudal de tránsito en las rutas: lo que se recaudará se gastará en el costo operativo del cobro y no se volcará a los caminos.
“Eso es lo grave de estas nuevas concesiones, que solamente se van a limitar los concesionarios a cortes de pasto y bacheo, o sea, un maquillaje. No se prevé ampliar la red, ni hacer autopistas, autovías o multitrochas para evitar los choques frontales que es lo más grave para quienes transitamos la red vial”, subrayó.
No dudó en afirmar que este sistema de concesiones, que se comenzó a implementar en la década del 90, implica inversión cero y riesgo cero para las empresas.
Y sumó como cuestión grave, que está al margen de la Constitución Nacional porque no está garantizado el camino alternativo, además de la doble imposición por el cobro del impuesto a los combustibles. Indicó que el Gobierno nacional recauda tres mil millones de dólares por año por ese gravamen, pero los fondos “son desviados a cualquier cosa, menos para hacer obras viales”. “¿Se imaginan la red vial que tendríamos si esos fondos se administraran como corresponde? Estaríamos con autovías, autopistas por todos lados, generando mano de obra, inversión, una baja en el costo de transporte, menos accidentes y siniestros viales”, enumeró.
Lasca criticó además que las y los usuarios viales no sean parte del proceso ni de los controles. Expuso que a lo largo de los últimos años han presentado desde el comité que lidera proyectos para mejorar la red vial argentina, pero siempre fueron “cajoneados”.
“Esto es una gran caja política y son cómplices todos los gobiernos de la década del 90 a la fecha. Es una gran caja para la parte contratista, para el club del peaje que se creó en los 90 y para los amigos del poder. Uno paga para matarse en las rutas”, alertó.
Por último, volvió a manifestar que las empresas concesionarias, los fondos que recaudarán por el cobro del peaje, no les alcanzarán más que para hacer tareas de bacheo, cortes de paso y señalizaciones, pero no habrá obras de envergadura.
“La plata está señor Milei, manéjenla y adminístrenla como corresponde. No tenemos que pagar peajes porque para eso pagamos el impuesto a los combustibles. Acá hay una doble imposición. En materia de seguridad vial se necesitan tres patas: control, educación e infraestructura, y actualmente no se hace absolutamente nada. No les importa ni siquiera la vida de la gente porque hay más de 4000 muertos por año y 100.000 heridos en siniestros viales”, concluyó.
Fuente: Frente al cano.
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