“La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”. Las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dejaron en evidencia que la discusión sobre el contenido del nuevo Régimen Penal Juvenil, que se tratará durante las sesiones extraordinarias, no está saldada al interior del Gobierno.

Mientras algunos referentes libertarios dejaron trascender que establecer la edad mínima de imputabilidad en los 14 años permitiría alcanzar consensos más amplios que dejarán al oficialismo muy cerca de tener los votos para sancionar la nueva ley, otros creen que es momento de insistir con la redacción original del proyecto, que proponía bajar el umbral a los 13 años.

El primer proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Allí se discutió durante largos meses y recién en mayo de 2025 un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia acordó un dictamen de mayoría firmado por LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (los últimos dos con algunas disidencias).

Durante esas negociaciones, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica presionaron para fijar la edad mínima en 14 años. También redujeron de 20 a 15 años de prisión efectiva la pena máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Eso posibilitó llegar a un texto consensuado que quedó listo para ir al recinto, algo que finalmente nunca ocurrió.

Con el recambio legislativo, el dictamen perdió estado parlamentario y técnicamente la discusión deberá comenzar desde cero. Algunos sectores del Gobierno se inclinan por “respetar” los acuerdos previos; en cambio, otros creen que la victoria electoral de las legislativas y el contexto generado por algunos crímenes resonantes, como el de Jeremías Monzón en Santa Fe, habilitan a jugar más a fondo.

En esta discusión, la posición que adopten los aliados del Gobierno y los sectores dialoguistas terminará de inclinar la balanza. “El Gobierno está muy bien y viene metiendo goles, es obvio que van a tensar la discusión y proponer otra vez los 13 años. Pero nosotros vamos a seguir sosteniendo que la edad mínima tiene que ser 14 años”, explicó un referente del PRO en Diputados.

Desde la bancada que conduce Cristian Ritondo argumentan que es una cuestión de “prudencia científica y de realidad operativa”. “No hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos. Tanto la Convención de Naciones Unidas, en su observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, y estudios en neurociencias advierten que a esa edad el pensamiento abstracto aún está en desarrollo. Ante la duda, más allá de lo que uno crea, es decir, sin que implique tomar partido, lo más prudente parece ser esperar a que se consolide un criterio científico”, explicaron.

A su vez, advierten que el Estado tiene enormes dificultades para alojar y tratar a los menores que ya están en el sistema: “Sabemos que bajar la edad implica un esfuerzo grande en términos de infraestructura y bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro. La propia Corte Suprema ya alertó al Poder Ejecutivo sobre la falta de infraestructura. Sin lugares adecuados, la ley nacería muerta”.

Por otro lado, el bloque amarillo entienden que será una buena oportunidad para “plantarse” e inaugurar la nueva etapa de “aliados con condiciones”. Cabe recordar que muchos en el bloque PRO aún no superaron el malestar por la ruptura de los diputados bullrichistas y la posterior incorporación a La Libertad Avanza de Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini y Lorena Petrovich.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque oficial de la UCR coincidieron en que “la discusión no debería volver a foja cero porque el tema ya está casi alineado en una de las Cámaras”.

“Por querer jugar a fondo, pueden perder el número que prácticamente ya tienen asegurado para bajar la imputabilidad a los 14 años. El radicalismo quiere que la ley salga, no hay que desaprovechar los consenso que no fueron nada fáciles de conseguir, sería perder el tiempo”, explicaron. Y advirtieron: “Tienen que mirar la composición de la Cámara”.

La advertencia no es menor, ya que sin los 22 votos del interbloque Fuerza del Cambio, donde conviven el PRO, la UCR y el MID, para el oficialismo sería prácticamente imposible llegar al quórum de 129 para el debate en Diputados.

Sobre el final del primer mes del 2026, funcionarios y legisladores se muestran activos con la mente en la agenda legislativa prevista, en primera instancia para febrero, pero con continuidad durante el período ordinario. Si bien los temas a tratar en extraordinarias no son proporcionales a los días para sesionar, el reducido equipo definido por el presidente Javier Milei diseñó una hoja de ruta con prioridades para aprobar con celeridad, que contempla la postergación del tratamiento completo reservado para después del 1° de marzo.

No es novedad la centralidad que tiene la Reforma Laboral en los planes del mandatario, por lo que actualmente lidera la lista de objetivos veranigos que compromete a más de un interlocutor. El ministro del Interior, Diego Santilli, inició a principios de enero una nueva ronda con gobernadores para intentar disipar los reparos provinciales que parecen acumularse contra el capítulo tributario, en especial en la reducción del Impuesto a las Ganancias a las sociedades que afectaría directamente a la recaudación.

Lo propio hacen la jefa de bloque de La Libertad Avanza en en Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con los blosques aliados mientras interamente la mesa política debate si ceder ante los pedidos provinciales o mantenerse firme en la postura que lleva el sello del ministro de Economía, Luis Caputo. “Están en contra de la baja de impuestos. Es sencillamente una locura”, arremetió un integrante de la mesa chica a Infobae.

Sin embargo, se trata de un debate latente que -por ahora- no encuentra una síntensis que conforme a la totalidad de los representantes del Ejecutivo. Hay quienes se inclinan en modificar el dictamen mientras otros contraponen que los cambios podrían discutirse en el recinto. Hasta entonces, no hay nada oficial. “Estamos debatiéndolo. No definimos nada todavía”, sostuvo una fuente inobjetable ante este medio.

En paralelo, luego de una reunión exprés de la mesa política, la administración libertaria resolvió dar lugar al pedido de un puñado de mandatarios aliados, los patagónicos, quienes bregaban por la declaración de la Emergencia Ígnea para hacer frente a los incendios forestales en los bosques del sur, y firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar cambios presupuestarios e incrementar las partidas destinadas al combate del fuego.

El accionar busca auxiliar a las provincias comprometidas por al avance del fuego, pero puede ser leído como un guiño en medio de la búsqueda de apoyos legislativos que despliegan los interlocutores del Ejecutivo que niegan la gestualidad.

Otros de los aspectos claves que aspira a ser debatido y tratado durante el mes de febrero es la adecuación de la Ley de Glaciares. El tema fue planteado directamente por un grupo de gobernadores que lleva a Marcelo Orrego (San Juan) y a Raúl Jalil (Catamarca) a los principales abanderados. El proyecto podría tratarse de conjunto con el articulado que aspira a modificar el régimen laboral y que se trataría en principio, el miércoles 11 de febrero en el Senado.

Un legislador de La Libertad Avanza reveló ante este medio que el oficialismo estudia la posibilidad de aprovechar las fechas del ajustado calentario de febrero para que ambas cámaras sesionen en paraleo. De esta forma, mientras la Alta debatirá la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares, Diputados podría tratar el acuerdo comercial de la Unión Europea y el Mercosur, otro aspecto fuerte del temario.

De espaldas a las trabas del Parlamento Europeo, en Casa Rosada se muestran dispuestos a avanzar con su sanción. A la par, hay quienes maduran la posibilidad de añadir el envío de un proyecto que contemple el ingreso de la Argentina al Board of Peace que fundó el republicano Donald Trump para tratar de forma conjunta, aunque actualemente solo se trata de una idea.

Tras haber postergado la Reforma del Código Penal, y de haber sumado el pasado lunes la Ley Penal Juvenil al listado de pendientes de febrero, hay coincidencia entre la planta de integrantes que el objetivo primordial es instalar el tema, por lo que su sanción definitiva podría quedar para marzo. En el mejor de los escenarios, el oficialismo avanzará con la media sanción en Diputados, cámara con menor carga de actividad, y culminar con su aprobación luego de que el mandatario inagure las sesiones ordinarias con su habitual discurso.

Por estos días, el optimismo reina en Balcarce 50. Los integrantes del equipo legislativo se esperanzan con la sanción de los proyectos del temario que algunos definieron de “amigable”. No obstante agotan las instancias para juntar voluntades con el esquema de prioridades claros.

El pasado jueves, antes de la reunión de mesa política que volverá a juntarse el próximo miércoles, Santilli pasó por la cumbre que celebraban los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), en la Casa de Salta para refozar los apoyos. Casi a la misma hora, en Parque Patricios, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora Patricia Bullrich aunaban esfuerzos para convencer, ante la atenta mirada de Karina Milei, a empresarios de distintos sectores de las bondades de sancionar los cambios en el sistema laboral. Se espera que repitan el conversatorio en la provincia de Santa Fe.

Máximo Kirchner sorprendió este jueves a la noche a su círculo más íntimo de dirigentes cuando propuso que “la mejor manera” de terminar con la interna por la sucesión del PJ Bonaerense es que Axel Kicillof presida el partido.

El líder de La Cámpora hizo propias las palabras del entorno del gobernador, que alega que quien conduzca el PJ debe responder a los intereses del Ejecutivo provincial, y afirmó: “La mejor manera de que el presidente del partido responda a los intereses del gobernador es que esa persona sea el propio Kicillof”.

Además, el actual titular del PJ Bonaerense dijo que sería “lo lógico” para que Kicillof, que tiene intenciones de ser candidato a presidente en 2027, pueda presentar su plataforma de Gobierno desde un cargo institucional dentro del peronismo.

Esta propuesta aún no fue comunicada ni al gobernador ni a ningún interlocutor del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Pero cerca de Máximo Kirchner aseguraron a Infobae que el diputado nacional cedería en la disputa por la sucesión si Kicillof accede a conducir el partido.

Sin embargo, desde hace semanas, el gobernador bonaerense impulsa a su vice, Verónica Magario, como la candidata a ocupar la titularidad del partido en la Provincia. De hecho, luego de un encuentro entre los principales referentes del MDF, deslizaron a este medio que la posibilidad de que Magario acceda a la conducción del PJ “es cada vez más fuerte”.

La reunión se llevó a cabo en La Plata y comenzó cerca del mediodía. De ella, participaron Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaenda), Julio Alak (La Plata), Pablo Descalzo (Ituzaingó); su padre Alberto (ex intendente del distrito); Lucas Ghi (Morón), Mario Secco (Ensenada) y Mariano Cascallares (diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown). Además de los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores), Walter Correa (Trabajo), Javier Alonso (Seguridad) y Javier Rodríguez (Seguridad).

Además, participó el diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno. Pese al hermetismo que sobrevoló alrededor de la reunión; el PJ fue parte del temario. “Se hizo un reporte de cómo vienen las negociaciones y las distintas reuniones que venimos teniendo en distintos puntos de la provincia”, detalló otro integrante del encuentro horas antes de que trascendiera la decisión del actual titular del PJ bonaerense.

De igual forma, ambos sectores siempre plantearon la posibilidad de llegar a un entendimiento respecto dela integración del consejo del partido. Mientras el kicillofismo exige tener mayoría u ocupar cargos claves, como los primeros lugares en los consejeros por sección electoral, además de la Presidencia y una de las vices.

En las últimas 24 horas, las conversaciones entre el MDF y el kircherismo tomaron impulso, gracias al trabajo del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quien apostó, desde un primer momento, a entablar canales de diálogo entre ambos sectores de la interna.

En paralelo, la intendenta de Moreno y referente del Movimiento Evita, Mariel Fernández, quiere ser parte de la negociación y ya manifestó su interés por disputarle el puesto a la vicegobernadora.

El jueves, representantes de Fernández se presentaron formalmente en la sede del PJ para acreditar a los apoderados que la respaldan como candidata a presidenta del partido. Próximamente, según informaron allegados, avanzarán con la presentación de los avales necesarios.

Antes de que se conociera la intención de Máximo Kirchner de impulsar a Kicillof a la conducción, otros referentes insistían en su continuidad al frente del PJ local. Ese fue el caso de la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, quien, en un diálogo con Somos Radio, aseguró: “Queremos un peronismo transformador que se banque discutir no solamente con Milei, con el poder económico, con el poder mediático concentrado. Yo quiero un Kirchner”.

Mientras las negociaciones siguen su curso, la Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia se reunió durante la noche de este jueves para establecer los plazos del cronograma electoral.

De esta manera, resolvieron prorrogar el plazo de vecinimiento para la presentación de los avales hasta el 8 de febrero.