El fuerte ajuste en el área de Discapacidad previsto en el proyecto de Presupuesto 2027 que la Casa Rosada envió esta semana al Congreso causó un cimbronazo político que avivó las tensiones con los aliados y desencadenó una serie de reproches internos que tuvieron como principal protagonista a Patricia Bullrich. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que darán marcha atrás con la propuesta del Poder Ejecutivo y adelantaron que están “muy cerca” de llegar a un texto consensuado con los bloques dialoguistas para reemplazar el capítulo de la polémica.

El dolor de cabeza para el oficialismo comenzó el martes por la noche, cuando ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. Durante las horas de la madrugada, los bloques de la oposición revisaron el plan de gastos e ingresos para ver si había alguna novedad sobre Discapacidad.

Durante las últimas semanas la oposición impulsó la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año. Lograron emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.

Para frenar la ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que genere previsibilidad.

Sin embargo, muchos descubrieron el miércoles por la mañana que el proyecto de Presupuesto 2027 contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Entre los que fueron tomados por sorpresa se destacan tanto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado.

La falta de coordinación multiplicó las especulaciones ya que ambos comparten la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.

Cerca de Menem mantuvieron el tono componedor y evitaron el pase de facturas. “El Estado es muy grande y el Presupuesto lo tocan miles de personas”, explicaron y agregaron que el texto se venía trabajando hace cuatro meses y “quedó viejo”. Pero Bullrich, fiel a su estilo confrontativo, pidió que “no la tomen de tonta”, apuntó abiertamente contra Economía y reclamó que temas sensibles como este sean discutidos con anticipación en la Mesa Política.

En concreto, el texto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, establece la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC).

Luego de que bajara un poco la espuma mediática, en la Cámara de Diputados los libertarios retomaron las negociaciones con los bloques aliados y les aseguraron que los artículos originales del Presupuesto sobre Discapacidad serán eliminados. “Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto”, sintetizaron.

Ante la consulta de Infobae, tanto el PRO como la UCR confirmaron que el diálogo se reencauzó, aunque todavía dan algunas señales de desconfianza. “Estamos esperando el borrador final. Vamos a ver qué mandan y terminaremos de definir”, resumieron desde el partido amarillo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará el martes 22 de septiembre a Nueva York, donde buscará fortalecer el vínculo con acreedores y empresarios en medio de las necesidades de refinanciación de la administración bonaerense. La agenda incluirá reuniones con fondos que poseen bonos provinciales, compañías con proyectos en el territorio y una actividad con el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani. De trasfondo, también buscará mostrar una apertura al diálogo frente al mercado y el mundo financiero, en la antesala de las elecciones presidenciales en las que pugna por ser el candidato del peronismo.

La visita coincidirá con la estadía del presidente Javier Milei en Estados Unidos, prevista para participar de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las actividades de ambos dirigentes serán separadas, aunque la simultaneidad volverá a exponer las diferencias entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense.

Kicillof viajará en carácter oficial y la Provincia afrontará los gastos de la misión oficial. Durante su ausencia, la vicegobernadora Verónica Magario quedará a cargo del Poder Ejecutivo bonaerense. Será luego del acto político que encabece este sábado en Avellaneda, en el que se espera que el mandatario haga un pronunciamiento sólido sobre su eventual candidatura presidencial de cara a las elecciones del año que viene.

El martes, el gobernador mantendrá una reunión con fondos de inversión que poseen títulos de deuda de la provincia de Buenos Aires. También se encontrará con representantes de empresas que ya tienen inversiones o analizan desembolsos en el territorio bonaerense.

El contacto con los acreedores se producirá cinco años después del inicio de la negociación que llevó a la reestructuración de la deuda provincial bajo legislación extranjera. El proceso comenzó el 24 de abril de 2020, después de que la Provincia bordeara el default, y cuyo canje se liquidó el 3 de septiembre de 2021.

La operación alcanzó USD 7.148 millones de capital distribuido en 11 series de bonos emitidos en dólares y euros. La Provincia informó que logró reestructurar o modificar el 97,66% de los títulos incluidos mediante el canje y la aplicación de cláusulas de acción colectiva.

El acuerdo inicial, anunciado en julio de 2021, se alcanzó con el principal acreedor de la Provincia y otros inversores institucionales. El entendimiento destrabó una negociación que había atravesado más de un año de negociaciones y diferencias entre grupos de bonistas.

La reestructuración modificó el calendario de vencimientos de los bonos bajo ley extranjera. Los nuevos títulos alcanzados tienen vencimiento en 2037, mientras que las amortizaciones de capital comenzaron en 2024 para algunas series y están previstas desde 2028 para otras.

Según los términos difundidos en aquel momento, el canje redujo en cerca de USD 4.450 millones los servicios de deuda previstos entre 2020 y 2024, equivalentes al 75% de los compromisos originales para ese período. El Gobierno bonaerense calculó un alivio financiero de alrededor de USD 4.600 millones hasta 2027.

En septiembre de 2025, la administración provincial también había anunciado acuerdos con los acreedores que mantenían litigios en tribunales de Nueva York por bonos no ingresados al canje de 2021. El entendimiento replicó las condiciones de aquella reestructuración y contempló la entrega de bonos A en dólares con vencimiento en 2037, además de pagos en efectivo equivalentes a los servicios devengados desde entonces.

La agenda financiera de Kicillof en Estados Unidos se realizará después del último pago semestral de los bonos internacionales. El 1° de septiembre, la Provincia canceló cerca de USD 420 millones, de los cuales unos USD 191 millones correspondieron a amortización de capital y USD 226 millones a intereses.

Con ese vencimiento, el Gobierno bonaerense informó pagos acumulados por alrededor de USD 3.000 millones desde la reestructuración de 2021. El desglose oficial señala desembolsos por USD 910 millones de capital y USD 2.100 millones de intereses.

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, sostuvo días atrás que la administración bonaerense cumple en tiempo y forma con los vencimientos de los bonos internacionales, que se concentran el 1° de marzo y el 1° de septiembre de cada año. “Ya hemos cancelado desde el año 2021 servicios de bonos externos por un total de tres mil millones de dólares”, afirmó.

“Vamos a continuar cumpliendo las obligaciones que tiene la provincia de Buenos Aires, en muchos casos heredadas del gobierno de María Eugenia Vidal, que irresponsablemente había tomado una cuantiosa deuda en dólares, que ahora nosotros nos estamos ocupando, como siempre hizo el peronismo, de pagar en tiempo y forma”, planteó Bianco días atrás. Las declaraciones también buscan operar como una muestra de lo que podría hacer Kicillof con algunas agendas de orden nacional de cara a las elecciones del año que viene, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La búsqueda de interlocución con fondos también ocurre después de que la Legislatura bonaerense sancionara a fin del año pasado un endeudamiento. La norma autorizó al Poder Ejecutivo a tomar deuda por hasta USD 1.045 millones para atender las amortizaciones de la deuda pública.

La ley habilitó, además, endeudamiento por hasta USD 1.990 millones para cancelar o renegociar pasivos, mejorar el perfil de vencimientos, cubrir déficit financiero y financiar proyectos de inversión. La Tesorería General provincial quedó facultada para emitir Letras del Tesoro por hasta USD 250 millones durante 2026.

El miércoles 23, Kicillof participará con Mamdani en un coloquio titulado “Construyendo una economía para la mayoría”. El encuentro podría contar con otros dirigentes internacionales, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Actualmente, Mamdani está al frente de una demanda contra el gobierno de Donald Trump ante la decisión de negar tarjetas de residencia permanente, conocidas como ‘green cards’, a inmigrantes que reciban ayudas públicas. El alcalde demócrata presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, para frenar la medida que entrará en vigencia este viernes.

Luego, el gobernador disertará en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Allí, según la información oficial, Kicillof “analizará las perspectivas de desarrollo del país, las implicancias del aumento de las tensiones geopolíticas y de la fragmentación económica, y las respuestas de los gobiernos y fuerzas políticas de América Latina ante este nuevo escenario”.

Mientras tanto, Milei tiene previsto hablar ante la ONU y buscará una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner sobre la mesa el último reclamo por las Islas Malvinas, hecho en cadena nacional luego de que el líder estadounidense manifestara su voluntad de involucrarse en la disputa diplomática entre Argentina y el Reino Unido.

El Reino Unido declaró este jueves que las acusaciones y sanciones de Argentina contra empresas que operan en las Islas Malvinas son “inaceptables” y “carecen de justificación legal”, y comprometió el respaldo pleno a quienes hacen negocios en el archipiélago. El comunicado oficial se publicó horas después de conocerse los detalles del proyecto de Ley de Soberanía Nacional que el gobierno argentino elevó al Congreso.

En su declaración, Kumaran reafirmó la posición histórica de Londres sobre las Islas: “Son británicas, sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente, y ese derecho forma parte inseparable de su autodeterminación”.

Y amplió: “En las últimas semanas, Argentina ha continuado amenazando a empresas e individuos que suministran bienes y servicios, directa e indirectamente, a las Islas, incluyendo en el sector de hidrocarburos”. En esta línea, la funcionaria remarcó que los cargos “contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal”, según el comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO, por sus siglas en inglés).

Kumaran también recordó que Argentina ya recurrió en otras ocasiones a presiones económicas similares contra los isleños, “sin embargo la economía de las Islas Malvinas continúa prosperando”. “El Reino Unido está en plena sintonía con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra individuos por hacer negocios con Islas es ilegítimo. Estos cargos contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal. Hay enormes oportunidades disponibles para los negocios”, concluyó.

Esta postura oficial de gobierno británico se inscribe en una secuencia de movimientos que arrancó el 15 de septiembre, cuando publicaron conjuntamente el documento “titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”. La guía, dirigida a empresas que operen en el archipiélago o que suministren bienes y servicios de forma directa o indirecta, fijó la posición oficial de Londres ante las acciones legales que Buenos Aires viene ejecutando contra compañías del sector hidrocarburífero.

Ese documento apareció nueve días después de que Argentina presentara denuncias penales contra cinco firmas ligadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas, en la Cuenca Malvinas Norte.

En el núcleo de esa guía, el gobierno británico sostiene que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre el archipiélago y que su legislación interna no se aplica dentro de las islas ni sobre las compañías que desarrollan actividades allí. Además, advierte que no ve base jurídica para que tribunales fuera de Argentina ejecuten las medidas que Buenos Aires adopte contra esas firmas.

El gobierno británico, además, ofreció intervención directa para respaldar a subsidiarias o proveedores bajo presión en terceros países, y recomendó a quienes reciban comunicaciones de las autoridades argentinas que busquen asesoramiento legal independiente. El documento también recordó que sanciones impuestas por administraciones argentinas anteriores estuvieron vigentes durante años sin frenar el crecimiento de la economía insular —Rockhopper Exploration ya había sido inhabilitada por veinte años mediante una resolución de 2013, lo que convierte la situación actual en una segunda vuelta de sanciones para la compañía británica.

La reacción de Buenos Aires fue inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su “más enérgico rechazo” al documento y convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel —país de origen de Navitas Petroleum, una de las licenciatarias del proyecto Sea Lion— para entregarles notas de protesta formal. En su comunicado, la Cancillería reafirmó que los archipiélagos “se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido” y acusó a Londres de pretender promover “actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas”.

“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, advirtió el gobierno.

En otro escalón de la tensión, ayer se conoció la Ley de Soberanía Nacional. La iniciativa, firmada por Javier Milei y también por los ministros de Economía, Luis Caputo, Defensa, Carlos Presti y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca reemplazar la Ley 26.659 de 2011 por un régimen más amplio que ya venía siendo aplicado a través del Decreto 868/2026.

A diferencia de la norma vigente, limitada a la actividad de hidrocarburos, el nuevo texto extendería las restricciones a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, en zonas que Argentina considera bajo su soberanía. Las penas previstas podrían llegar a los 20 años de prisión para determinadas conductas, con multas, inhabilitaciones y prohibición de operar en el país para los sancionados.

Más allá del régimen sancionatorio, la iniciativa incorpora la creación de un Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado e integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, más los titulares de las secretarías de Inteligencia y Legal y Técnica. El esquema apunta a articular de forma permanente las herramientas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia del Estado.

El pasado miércoles, en tanto, la Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion. La decisión cautelar, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, alcanza perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.