El crédito en pesos al sector privado mostró un comportamiento errático en los últimos meses y ese freno condiciona la posibilidad de un repunte sostenido de la economía y del consumo de las familias. En un contexto de morosidad en niveles récord, las consultoras proyectan un tenue crecimiento del financiamiento en moneda local para el segundo semestre del año.

La caída en la demanda y la oferta de préstamos reflejó, desde mediados de 2025 hasta la actualidad, el impacto simultáneo de la aceleración inflacionaria, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la suba de las tasas de interés, tanto para individuos como para empresas.

La mora bancaria se multiplicó casi por cuatro en el último año y el 12,7% de los créditos tomados por las familias se encontraba en situación irregular para fines de mayo, último dato oficial disponible. La situación se complejiza por el deterioro de la capacidad de pago de los hogares, que limita la fuerza de cualquier recuperación y profundiza un círculo vicioso que restringe el acceso a financiarse.

A partir de junio de 2025, el costo del dinero para los particulares subió en paralelo a la inflación que, aunque comenzó a moderarse en el segundo trimestre de 2026, todavía erosiona los presupuestos familiares. Los bancos se muestran cautos a la hora de otorgar nuevos créditos, frente al aumento de los incumplimientos.

El resultado de este proceso es la caída sostenida en los principales indicadores de crédito al consumo: tanto los préstamos personales como las líneas de tarjetas registran caídas interanuales y una contracción acumulada en los últimos ocho meses. Las entidades financieras priorizan la recuperación de la cartera en mora y exigen condiciones más estrictas para aprobar nuevas operaciones, lo que restringe aún más el acceso al financiamiento para las familias.

La elevada morosidad, que alcanzó en mayo su nivel más alto en casi 25 años, obliga a los bancos a mantener tasas activas elevadas para compensar el mayor riesgo de incobrabilidad. Este escenario refuerza la tendencia contractiva del crédito al consumo y dificulta la salida del estancamiento, incluso en un contexto donde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registra mejora en la liquidez y baja de la tasa de inflación esperada.

Según Invecq Consultores, la fuerte expansión del crédito entre comienzos de 2024 y mediados de 2025 resultó clave para explicar el rebote económico, especialmente en los sectores ligados al consumo interno. Ese ciclo se interrumpió abruptamente a partir del desarme de las LEFI y la tensión preelectoral de julio de 2025, que incrementó la volatilidad de las tasas de interés y, junto con el endurecimiento de los encajes, impulsó un salto en las tasas activas. El crédito pasó de crecer a un ritmo del 6% mensual en términos reales a quedar prácticamente estancado, alternando meses de leve crecimiento con otros de contracción.

Según ese análisis, el proceso de normalización de encajes encarado por el BCRA entre febrero y abril de 2026 ayudó a reducir la volatilidad y permitió que algunas tasas pasivas bajaran del 50% al 20% de tasa nominal anual (TNA). Sin embargo, las tasas activas en préstamos personales y tarjetas de crédito -que representan cerca de la mitad del stock de crédito en pesos- permanecen en torno al 65% y 85% (TNA), respectivamente, frente a una inflación esperada inferior al 30% interanual.

Este aumento del spread entre tasas pasivas y activas responde, principalmente, al fuerte salto de la morosidad. “En bancos, la mora pasó de 2,7% en enero de 2025 a 12,1% en abril de 2026 según el BCRA; en mayo volvió a subir levemente”, detalló la consultora.

Un informe de Qualy muestra que el financiamiento bancario total a las familias se ubicó en $43,1 billones al cierre de junio, reflejando una caída mensual del 1,9% y un retroceso interanual del 4,4 por ciento. Al comparar el desempeño actual con agosto de 2025, el ajuste en el crédito al consumo alcanza el 8,8%, con una baja más pronunciada en tarjetas de crédito (11%) y en préstamos personales (6,2 por ciento).

Según esta consultora, “esta persistente retracción refleja no solo el encarecimiento del costo financiero y la cautela de las entidades bancarias, sino fundamentalmente la falta de tracción de la demanda ante presupuestos familiares deprimidos y erosión en la capacidad de repago”.

Además, la firma advierte que la restricción presupuestaria obliga a las familias a priorizar gastos esenciales y postergar el cumplimiento de obligaciones financieras, lo que acelera el incumplimiento de pagos y dispara la morosidad por encima de los registros observados en años previos.

Un informe de Economic GPS de PWC resalta que “la mora en la cartera de préstamos al sector privado alcanzó un pico en el primer cuatrimestre de 2026”. Bajo esta perspectiva, una vez tocado el máximo, la convergencia al promedio de largo plazo (2,7%) puede demorar entre siete y doce meses.

Mientras tanto, los bancos mantienen criterios restrictivos de otorgamiento que limitan la expansión crediticia en el corto plazo. En junio, el stock de préstamos en pesos y dólares al sector privado se ubicó en el 12,3% del Producto Bruto Interno (PBI). El dinamismo, según PWC, se concentra en el segmento en moneda extranjera, mientras que el desafío sigue siendo que el de pesos logre acoplarse a esa tendencia.

First Capital Group reveló que en junio el crédito en pesos al sector privado volvió a crecer en términos reales tras cinco meses de retroceso, impulsado por operaciones comerciales. Según Guillermo Barbero, socio de la consultora, “luego de cinco meses de retroceso, por fin alcanzamos un mes con variación positiva en términos reales; si bien el incremento anual es modesto, se produce al sexto mes un cambio en la tendencia. Nuevamente fueron las operaciones comerciales las que superaron la barrera de la inflación y compensaron el magro desempeño de las carteras asociadas con los particulares”.

El saldo de préstamos personales ascendió a $21,2 billones, con un alza nominal del 0,9% mensual y del 30% anual. Sin embargo, el ajuste por inflación arroja una baja del 1% en el mes y del 2,9% anual, acumulando nueve meses consecutivos de retroceso real. “El nivel de tasas es todavía muy alto en relación a la inflación esperada, esto pone freno a la demanda de nuevas operaciones. Por otra parte, la irregularidad de la cartera ha restringido mucho la oferta por parte de las entidades financieras; en la actualidad se encuentran más abocadas a recuperar los ratios de mora antes de avanzar comercialmente”, explicó Barbero.

El contexto salarial podría modificar parcialmente el escenario en el segundo semestre. Según PWC, “los salarios nominales se negocian con referencia a la inflación pasada. En un contexto donde la inflación desacelera, los acuerdos paritarios cerrados sobre la base de registros inflacionarios más altos comenzarían a generar ganancias reales de poder adquisitivo”. Si ese proceso se sostiene, existe la expectativa de que aumente la demanda de pesos y, con ella, la de financiamiento, lo que aliviaría las tensiones sobre la deuda de corto plazo y favorecería la estabilidad del sistema.

En el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central, se proyecta que la intermediación financiera en pesos retomará su senda de crecimiento en los próximos meses, acompañada por una mejora en la actividad económica y baja en las expectativas de inflación.

Invecq advierte que, aunque el ritmo de incumplimientos comenzó a moderarse, los actuales niveles de tasas de interés hacen poco probable un repunte fuerte del consumo interno, aun si el crédito inicia una recuperación gradual.

La evolución de la morosidad, el repunte del salario real y la respuesta de las entidades bancarias seguirán siendo determinantes para definir el margen de recuperación del financiamiento al sector privado y su potencial para impulsar la economía en la segunda mitad del año.

En este escenario, el acceso al crédito seguirá condicionado por la capacidad de pago de los hogares y la estabilidad de los ingresos.

El Gobierno por ahora no encuentra solución a su intención de modificar la ley electoral. No cuenta con los votos necesarios en el Senado de la Nación ni con el apoyo interno suficiente para defender con ahínco los cambios propuestos.

El eje principal de la discusión es la continuidad o no de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Ejecutivo las quiere eliminar con el argumento del costo, pero en la oposición miran de reojo y esperan. En el marco de las negociaciones, a un sector de quienes habitan en Balcarce 50 se les ocurrió que una moneda de cambio para los gobernadores sería la posibilidad de habilitar una lista colectora por distrito, algo que históricamente fue criticado por los mismos sectores que hoy la impulsan.

El otro conflicto que enfrenta el oficialismo es que algunos de los propios tampoco creen que sea una solución. La propia Patricia Bullrich reconoció que las colectoras eran “un retroceso” y que no le “gustan”. Unas horas más tarde revisó esas afirmaciones y las matizó al señalar que, aunque no le gusten, “no encontramos un sistema mejor”.

“Hay diferentes opciones sobre la mesa, que van desde eliminar las PASO, que no sean obligatorias ni tampoco cerradas para los afiliados de los partidos y que cuenten con un financiamiento del Estado que se vaya diluyendo con el tiempo, y las colectoras”, reconoció esta semana a la salida de la reunión de Labor Parlamentaria para la sesión prevista para el 16 de julio.

El problema con el que se encuentra La Libertad Avanza es que, descontado que no contaba con el apoyo del peronismo, sus aliados de la UCR y el PRO, así como los partidos provinciales, tampoco se muestran muy interesados.

“Van a poner a jugar candidatos en todas las provincias y quieren que los gobernadores les solucionen los problemas”, dijo un senador de la oposición. “Parece poco probable que puedan tener una resolución en el corto plazo”, agregó.

Ese es el clima que reina en el Senado de la Nación, donde la prioridad del Ejecutivo es avanzar con la aprobación de zonas frías. Por eso, todo lo que el oficialismo tiene para llevar a la mesa de negociación lo está poniendo en ese proyecto, que es del cual tiene pensado sacar los 300.000 millones de pesos para financiar la ley de presupuestos universitarios.

A ese conflicto se suman gobernadores que ya avisan que no prestarán sus votos para la habilitación de colectoras. Esta semana, en el marco de los actos por el Día de la Independencia, el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo le hizo saber al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que no está de acuerdo con esa figura electoral. La negativa se suma a la de otros mandatarios como Hugo Passalacqua (Misiones) e Ignacio Torres (Chubut).

En los despachos de los aliados en el Senado el tema pierde preeminencia. Lo que ayer era un eje central de la discusión hoy cedió relevancia. Muchos le recuerdan al oficialismo que el acuerdo inicial establecía que todo cambio referido al modelo electoral debía cerrarse antes de que terminara el primer semestre. Ahora, advierten, el Gobierno deberá esperar hasta el último trimestre del año para una decisión al respecto. Lo que los bloques aliados les comunican a los emisarios del oficialismo implica que es poco probable que para finales de noviembre, en pleno debate del Presupuesto 2027, se encuentre una resolución. El punto a considerar es que la ley que envíe el Ejecutivo el próximo 15 de septiembre deberá incluir el gasto para llevar adelante las elecciones de 2027.

Javier Milei concentró en los últimos días toda su atención política en un solo objetivo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. No solo ocupó buena parte de la reunión de Gabinete del jueves —pese al feriado—, sino que también se convirtió en el eje casi excluyente de su actividad en redes sociales, entre tuits propios y reposteos sobre el tema.

La iniciativa, aseguraron en Gobierno, fue ideada por el propio Milei, con los lineamientos que había expuesto semanas atrás en un discurso ante la Fundación Faro, con foco en dos puntos centrales. Por un lado, el artículo 3 de la Carta Orgánica vigente —el que habilita el mandato múltiple, introducido en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont. Por otro, los adelantos transitorios al Tesoro, que el Gobierno busca directamente prohibir.

El plan oficial es que la iniciativa ingrese por el Senado y no por Diputados, lo que deja buena parte de su suerte en manos de las gestiones de Patricia Bullrich, pero sobre todo de los gobernadores, a quienes Milei viene mimando desde hace varias semanas.

“Fue un privilegio discutir esto con tres ex presidentes del Banco Central”, les dijo Milei a sus ministros durante la reunión de Gabinete del jueves, en referencia a Caputo, Sturzenegger y Bausili. El encuentro se organizó a instancias del propio Presidente, que quería transmitirles en persona a los ministros los detalles del proyecto que, aseguran quienes lo rodean, es hoy su prioridad excluyente.

En el Gobierno adelantaron que el proyecto probablemente sea girado por el Senado —aunque todavía no está confirmado— y que llegaría en un paquete de tres o cuatro leyes. En Casa Rosada calculan que el envío podría concretarse la semana próxima. Antes, buscan reunir a la mesa política y volver a convocar al Gabinete, además de medir el nivel de consenso real que tiene la iniciativa en la Cámara alta.

Milei planea un anuncio formal, con bombos y platillos, alto despliegue comunicacional y posiblemente con un nombre de marketing que le dé mayor visibilidad. “Es una reforma estructural”, repitieron en el entorno presidencial. E insistieron en que no hay una especulación política detrás: “El Presidente no toma decisiones económicas por motivos políticos”, sostuvo un colaborador de la cúpula.

El consenso para la iniciativa aún es un misterio y pocos en la dirigencia aliada se refirieron al tema. “No leímos siquiera un borrador”, dijo un alto referente de PRO. Un funcionario de confianza de Milei fue elocuente: “Nada sale como uno quiere, siempre tenés que negociar con la política”, aunque aclaró que “no es un proyecto que genere polémica”. El único punto de fricción, según reconocieron, podría ser el artículo vinculado al “shutdown” del financiamiento al Tesoro: “Quizás eso puede tener un poco más de picante”, admitieron. Más allá de los resultados, festejaron que el Gobierno haya retomado la iniciativa: “El oficialismo propone nuevamente la agenda”, se entusiasmó un alto funcionario.

Sobre el origen de la idea, en el Gobierno fueron categóricos: se trata de una iniciativa personal de Milei, que trabaja junto a Caputo, Sturzenegger y Bausili. “Básicamente es blindar la baja de la inflación”, explicaron, al detallar que buscan impedir que el Banco Central emita dinero sin respaldo —una conducta que planean directamente tipificar como delito— y prohibir el financiamiento al Tesoro.

“Faltan detalles que durante este fin de semana se pulirán”, agregaron.

En Balcarce 50 no descartan que Milei les pida a sus ministros del equipo que le lleven el proyecto nuevamente a la residencia este fin de semana, mientras la iniciativa permanece en lo que definen como “etapa final de redacción”.

El martes, Milei ya había convocado a Caputo, Bausili y Sturzenegger a Olivos para avanzar en la redacción del proyecto. Y, pudo saber Infobae, no se descarta una nueva convocatoria en los próximos días: “Que no extrañe que los llame de raje”, señaló una fuente con acceso directo al Presidente.

Más allá de la discusión sobre la Carta Orgánica en sí, la reforma se despliega en un paquete más amplio. “Son tres proyectos, que también pueden ser cuatro, si tenés que cambiar algo asociado a la ley penal”, explicaron en el Gobierno, en referencia a la tipificación como delito de la emisión sin respaldo. El cuarto proyecto podría estar vinculado a la elección de las autoridades del Banco Central. “Es un paquete de reformas”, dijeron.

En el oficialismo sostienen que será difícil que la oposición —con excepción del kirchnerismo y la izquierda— no la acompañe: “Darle mayor independencia al Banco Central… no hay muchas maneras de discutir que eso es algo bueno”, deslizaron.