La resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, generó un cimbronazo político que tomó por sorpresa incluso al Gobierno. Ahora, la oposición busca aprovechar el revuelo que generó la liberación total de la venta de tierras a extranjeros para volver a la carga con la derogación del mega decreto que desreguló amplios sectores de la economía al inicio de la gestión de Milei.

El mega DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Pero al nunca haber convocado a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.

En aquel momento, los bloques dialoguistas y los gobernadores jugaron en sintonía con el Gobierno para evitar la derogación. Uno de los principales argumentos era que había que darle al Gobierno “las herramientas necesarias” para llevar adelante su plan de gestión y además el decreto derogaba, entre otros puntos, leyes cuestionadas como la de alquileres.

Ahora, desde Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas buscarán capitalizar la trascendencia pública que alcanzó el rechazo a la venta ilimitada de tierras a extranjeros y la derrota que sufrió el oficialismo en el Senado (tuvo que quitar el capítulo entero del paquete de Inviolabilidad de la Propiedad Privada) para derogar todo el DNU 70.

El mega decreto eliminaba una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, eliminaba las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberaba las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y desregulaba el mercado aéreos y la venta de tierras.

Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advierten que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal. En ese sentido, ya trabajan en diferentes estrategias para bloquear la arremetida opositora. Según dejaron trascender, una posibilidad sería volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado y ahora deberá discutirse en Diputados. De esta forma le darán una salida a los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas para sentar posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin tener que avanzar contra el DNU 70. Otra posibilidad similar sería incluir un nuevo capítulo en la ley de Defensa de la Soberanía que empezó a tratarse este miércoles en comisión.

Por su parte, la oposición evalúa convocar a una sesión el próximo miércoles 7 de octubre o el 14. Muchos consideran que es vital aprovechar el shock político que generó el fallo de la Corte, pero otros advierten que la semana que viene podría haber algunas ausencias clave ya que muchos viajarán a Brasil por las elecciones presidenciales.

“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros. Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”, planteó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria.

En la misma línea, Martín Lousteau dijo: “En agosto, la movilización social y el rechazo político frenaron en el Senado el proyecto que buscaba poner límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Ayer, la Corte volvió a dejar vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que habilita la compra de tierras sin los límites que el Senado buscó establecer. En 2024 voté en el Senado contra el DNU 70/2023 porque es inconstitucional. Lo sigue siendo. Ahora, en Diputados tenemos la oportunidad de revertirlo”.

“El DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados, de no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo”, coincidió Elisa Carrió.

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se refirió al fallo de la Corte Suprema que dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites de tierras a extranjeros y pidió que la Cámara de Diputados rechace el capítulo en el DNU 70.

En diálogo con Infobae al Mediodía, la ex diputada explicó cómo fue la maniobra que permitió al oficialismo reflotar la Ley de Tierras: “Ellos mandan la ley y la pierden en diputados. ¿Cuál es la trampa que pasó en el Senado? Que en eso los aliados tuvieron que ver. En vez de rechazar en el Senado la parte de limitación a las tierras extranjeras, la sacaron del temario. Entonces se cayó. Ahí fueron cómplices los aliados, porque vos tendrías que haberla rechazado”.

Y explicó: “Si hubieran rechazado por diputados y por senadores el capítulo de tierras, esto ya no estaba vigente, pero al sacarla de la discusión, quedó vigente el DNU en ese capítulo de tierras. Lo que tienen que hacer los diputados ahora es sacar el rechazo al DNU en la parte de tierras”.

Carrió detalló la lógica constitucional que, según su lectura, explica por qué el decreto sigue en pie. Si el Poder Ejecutivo convierte una norma de un DNU en un proyecto de ley, la somete al Congreso y esa cámara la rechaza, esa parte del decreto queda derogada de manera implícita. El problema, subrayó, es el camino inverso: cuando una cámara decide no tratar el asunto en lugar de votarlo en contra, el decreto permanece válido. “No hubo rechazo de ambas cámaras”, sintetizó. Esa ausencia de pronunciamiento formal fue, en su análisis, lo que mantuvo vigente el artículo cuestionado.

El fallo que reactivó esta discusión fue dictado este martes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El tribunal revocó una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, en marzo de 2024, había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023 —el que elimina las restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de ciudadanos o empresas del exterior— tras un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

Sin embargo, la Corte no se expidió sobre el fondo del asunto. El fallo se limitó a señalar que el CECIM carece de legitimación activa para litigar en este caso: el tribunal sostuvo que la soberanía territorial es una competencia estatal y no un “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, por lo que la organización civil no puede representar ese interés ante la Justicia. El propio pronunciamiento aclaró que no implica un juicio sobre la validez constitucional del decreto ni restringe las facultades del Congreso para analizarlo y rechazarlo.

Esa aclaración no frenó la reacción opositora. Según consignó Infobae, líderes de distintos bloques comenzaron a articular una estrategia para voltear el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados, donde hasta ahora no habían conseguido los votos necesarios. Los decretos de este tipo deben pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y ser rechazados por mayoría simple en ambas cámaras. El Senado ya había votado en ese sentido, pero la Cámara baja no había completado el trámite.

Ante ese escenario, en el Gobierno de Javier Milei evalúan una salida por vía legislativa: incorporar la regulación de la compra de tierras a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y aguarda tratamiento en Diputados. La idea, según fuentes libertarias citadas por este medio, es negociar con los aliados un límite del 15% del territorio rural para las adquisiciones extranjeras. “Creemos que deberíamos abrir la negociación con los aliados sobre ese proyecto. Hay que resolver la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya está en Diputados”, indicó una de esas fuentes El objetivo sería dispersar la presión sobre el decreto y dejar el debate de las tierras dentro de un proyecto propio, con condiciones más favorables para el oficialismo.

Para Carrió, el problema es de otra magnitud. En sus declaraciones, advirtió que lo que está en juego con las restricciones fronterizas es la integridad territorial de la federación. “Vos tenés las provincias en un Estado federal, tenés la nación, poderes de la nación y tenés poderes de la federación. Entonces, vos no podés dar esa libertad”, señaló. En ese marco, citó declaraciones del empresario tecnológico Peter Thiel —quien habría mencionado la intención de realizar “experimentos” con este modelo— y advirtió que el interés externo sobre el territorio argentino no es nuevo: “Lo hicieron en Islas, tienen el modelo, ahora van a tomar la Argentina como experimento”.

Sobre Patricia Bullrich, Carrió fue directa. Recordó que cuando la actual senadora libertaria integró su espacio político, “planteó la nulidad de todos los decretos y habló de la independencia de la justicia”. Reconoció que Bullrich tiene buenas intenciones y vocación de cambio, pero cuestionó sus métodos y su concepción del poder. “Hay personas que nacieron para el poder”, afirmó, y aclaró que entre ambas persisten “enormes diferencias”.

El Gobierno enfrenta, fragmentado y con las cabezas del Ejecutivo fuera del país, el ataque de la oposición al DNU 70/2023, desatado a partir del fallo de la Corte Suprema que dejó sin vigencia la Ley de Tierras.

A priori, la estrategia de control de daños quedó en manos de los primos Menem, que coordinan con Karina Milei durante su estadía en Francia. Pero los movimientos todavía están en vilo y no se ejecutan, a la espera del regreso de “el Jefe” y en un contexto de constante fuego cruzado con Patricia Bullrich y diferencias con el sector que comanda Santiago Caputo.

Ayer, mientras los opositores duros de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas buscaban los votos para convocar a una sesión especial contra el decreto más importante del Gobierno, en el bloque de Diputados que controlan los Menem dejaban trascender que evaluaban reintroducir en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que se aprobó en el Senado con cambios y resta que se debata en Diputados) algún tipo de restricción (“mínima”, aclararon) a la compra de tierras. El objetivo, decían, es “desactivar” el tratamiento (y eventual caída) del DNU de desregulación.

En principio, festejaban haberse adelantado a Bullrich en la reacción. “Debe ser la primera vez”, decían. No habían visto que la senadora ya había cruzado -nuevamente- a Federico Sturzenegger por haber incluido el capítulo de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (aquel que tuvieron que dar de baja para evitar que se cayera entera la batería de medidas). “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, la citó La Nación durante un evento por el 30° aniversario de la Constitución porteña.

La contraoferta oficialista se daba sin mayor consenso interno entre las otras patas políticas del oficialismo.

Aunque acallado, está latente el enfrentamiento entre los Menem y los Caputo. Y el oficialismo viene de la disputa de la semana pasada entre los encargados de la política y Economía por el recorte en el área de Discapacidad del Presupuesto.

Santiago Caputo busca evitar reeditar los conflictos, se enfoca en el tema Malvinas, que en su entorno destacan como propio, y evita meterse en otros temas que provoquen escozor. Pero hay matices.

En el sector de Karina la esperanza está puesta en que los aliados se sientan incentivados a oficializar un límite del 15% a la venta de tierras en lugar de ir por la derogación total del DNU. Pero la presión es fuerte, señalan otros: las dos CTA convocaron a movilizarse el martes 6 de octubre, a las 15, frente a la Corte Suprema. La CGT repudió el fallo y exigió a Diputados rechazar el decreto. Y es sólo el principio. En la Casa Rosada auguran un nueva oleada de descontento social.

Más allá de los planteos legislativos, el gran mea culpa interno del Gobierno con la Ley de Tierras hace pocas semanas fue por el aspecto narrativo con el que se encaró. Y en todos los despachos terminaron admitiendo que el oficialismo perdió la discusión en la opinión pública: hasta Tini Stoessel se le volvió en contra.

A esto se suma la preocupación por la crispación social, asociada a los últimos indicadores económicos, y a una oposición que, frente a un Gobierno debilitado por la baja de la actividad y la suba de la pobreza, se pone más hostil en el Congreso.

Ante un contexto cada vez más complicado, siguen determinados a evitar que el poder de Bullrich crezca internamente en LLA: no le van a dar el lugar que pide por encima de mesa política, donde deciden Karina y los Menem. Fue suficiente con que la sumen a los encuentros de los martes, señalan en Balcarce 50. Lo electoral y otras decisiones clave se tomarán independientemente de lo que piense y se le comunicarán cuando estén resuelta.